¿Cómo se descubrió el truco? Cito parte del reportaje
El punto final a este debate sobre si la culpa del desabastecimiento la tenían el tubo o las reservas, lo puso la auditoría efectuada por la empresa Gaffney, Cline & Associates (Gaffney), que en junio último, y a pedido del Ministerio de Energía y Minas, presentó el nivel de reservas certificadas. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos: las reservas probadas solo llegaban a 8,8 TCF. Es decir, había 5,3 TCF menos de lo que habían calculado el MEM y el Consorcio Camisea.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, se supo que esta situación se venía repitiendo desde el 2005. Las reservas probadas certificadas eran mucho menores de lo que se había venido anunciando, por eso no se podía firmar nuevos contratos. El riesgo era que hacia finales del 2010 empezarían a presentarse cortes y restricciones en el servicio eléctrico debido a la falta de proyectos de generación, cuya construcción se encontraba paralizada porque las empresas no conseguían contratos de gas.
El siguiente cuadro resume la diferencia grosera entre lo encontrado por Gaffney y lo dicho por el MEM:
¿Y quienes fueron los responsables?Este otro cuadro lo pone más clarito:
El gobierno ha anunciado una investigación pero que solo involucraría a Toledo y al ex Ministro Glodomiro Sánchez. Pero quizás se olvida que también tiene responsabilidad en ello, como se ve en el cuadro. Hace un año, a García se le ocurrió la loca idea de exportar gas a Chile. Y ya para ese entonces, bloggers como Andrés Paredes alertaban:
Camisea no es Tarija. Es un décimo de su volumen cúbico y su potencial energético para con el país aún espera con la esperada conversión de nuestra matriz de producción. Se sabe que muchos lobbies chilenos están presionando a nuestro gobierno para que nuestro gas, que no sobra ni a mediano plazo, sea vendido justamente a nuestro rival comercial en el Pacífico Sur.
El retraso de una verdadera presencia del gas natural en Lima y otras ciudades ya no me parece una coincidencia. Hace diez años, no soñábamos que en el 2008 tuviéramos carros voladores en la ciudad, pero sí al menos instalaciones de gas natural. Ahora comienzo a sospechar porque hay tanta falta de voluntad política en una verdadera conversión de nuestras fuentes de energía, más allá de algunos gestos anecdóticos. Mientras no sintamos la necesidad del gas a nivel de percepción ciudadana y no nos enfrentemos con el verdadero consumo que éste puede tener en el Perú, será más fácil vender nuestras reservas a postores más desarrollados, a cambio de unos reales por la gallina de los huevos de oro.
El pensar que Perú no es capaz de consumir toda su reserva de gas natural a mediano plazo es no pensar en grande. Si vamos a crecer al ritmo que se predice, nos va a faltar energía barata, que la tenemos y que no sobra en la magnitud que algunos lobbies quieren hacernos creer.
Sin duda, la publicación de un libro como este genera varios sentimientos contrarios. Su autor es el principal dirigente de una agrupación subversiva y terrorista, a la que la CVR calificó como la principal responsable de lo ocurrido en el conflicto armado interno vivido en el país. Veamos algunas conclusiones de la CVR:
12. La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.
13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.
14. La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar.
15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes tendencias históricas del país. Poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos.
16. La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos. (…)
20. La CVR ha constatado características terroristas del PCP-SL que se desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches-bomba en las ciudades.
21. La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a <pagar la cuota de sangre» (1982), «inducir genocidio» (1985) y que anuncian que «el triunfo de la revolución costará un millón de muertos» (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas. (…)
28. La CVR señala que, por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, con lo que se incrementaron en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades.
Eso fue Sendero Luminoso. Así lo describió la CVR y por eso es que, en varios pasajes del opúsculo - algunos de los extractos fueron leidos por Rosa María Palacios anoche - Guzmán denosta de ella, del mismo modo como lo ha hecho el abogado Alfredo Crespo, convertido nuevamente en el brazo jurídico del senderismo. Tal vez sea, además de las conclusiones antes mencionadas, porque la CVR rechaza de modo concluyente la amnistía para los miembros de esta nefasta organización:
Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes.
En cuanto a “la solución política y la democratización de la sociedad,” conviene señalar que ambos temas se vinculan estrechamente. El PCP-SL pide una solución política y no militar para enfrentar su derrota en el proceso de la reconciliación nacional. Sin embargo, el PCP-SL no plantea que, para la solución que propone, se requiera la renuncia absoluta a la violencia y la lucha armada como instrumentos de la acción “política” (en el sentido de la mera conquista y control del poder). La verdadera solución política al conflicto no es la que propone una “amnistía política” de los presos que participaron en el conflicto. Mientras que el PCP-SL no haga un reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de su accionar político, está manifestando que su propuesta de reconciliación no está fundada en el interés de la sociedad y de la nación, sino que sigue anclada en sus intereses de grupo camuflando provisionalmente su verdadera estrategia criminal. El PCP-SL ha convertido a la violencia y el terror en parte indesligable de su existencia, y por ello la renuncia que se exigiría a dichos métodos significaría en el fondo solicitarle al PCP-SL que se niegue a sí mismo. Hay que distinguir, sin embargo, entre la organización misma y sus militantes, los cuales, una vez que hayan pagado su deuda con la justicia –si ése fuere el caso – podrán, como cualquier ciudadano, hallarse expeditos para ejercer sus derechos dentro de una sociedad que encuentra que la política es incompatible con la violencia. En relación al “proceso de democratización de la sociedad,” él sólo se dará en la medida en que todas las fuerzas políticas y democráticas del país asuman la tarea de fortalecer la democracia sin recurrir a la violencia. Será en función de la democratización, y por ella, que podrá darse el auténtico proceso de reconciliación y solucionarse el conflicto armado con los remanentes del senderismo que todavía existen en el Perú. El PCP-SL se ha puesto fuera de la ley y de la construcción democrática del país.
Dicho esto, pasemos al libro en cuestión. Hasta ahora no he podido leerlo, pero de lo mencionado por Augusto Álvarez Rodrich en su columna y lo reseñado por Rosa María Palacios, se puede concluir que se trata de un texto bastante aburrido - como la mayor parte de escritos de Guzmán - , compuesto de 3 partes: la infancia de Guzmán, sus escritos de defensa legal y unas cartas de amor a Elena Iparraguirre. Como es de suponer, el líder de Sendero Luminoso no hace deslinde alguno con las acciones demenciales de su organización. Digamos, para un libro como éste, cuyo valor literario es nulo más allá de quien es su autor, el señor Aurelio Pastor, Ministro de Justicia, ha sido un eficiente agente de marketing.
De este modo, surgen varias preguntas legales a dilucidar:
1. ¿Puede un preso publicar un libro? Sí. El hecho de estar en la cárcel no le restringe la libertad de expresión. De hecho, un inocente en prisión como Yehude Simon escribió un libro en Castro Castro. Pero también lo han hecho culpables de delitos. Vladimiro Montesinos lo hizo en la campaña electoral del 2006 - tambien lo ha hecho en otras ocasiones - mientras que otro sentenciado por terrorismo, Víctor Polay Campos, también sacó a la luz su versión sobre el conflicto interno, prologada y comentada por Armando Villanueva del Campo y Javier Valle Riestra, con sendos párrafos a favor de la amnistía. De seguir la lógica del gobierno, ambos deberían estar ya investigados por apología del terrorismo. ¿O no compañeros?
2. ¿Puede el Estado requisar un libro? No. Derecho Constitucional 101. En el Perú no existe la censura previa a un libro, ni se pueden tener obstáculos para la circulación de las ideas. Por tanto, el libro puede circular libremente y, en lugar de pedir su retiro, el gobierno y los demás partidos deberían hacer lo que siempre se les reclamó: combatir ideas con ideas. Quizás deban comenzar por recordarle a los senderistas lo que una entidad creada por el Estado - la Comisión de la Verdad y Reconciliación - dice sobre sus acciones. Ya ve como se pican los defensores de SL.
3. ¿Existe en este caso la apología al terrorismo? De esto se tiene que encargar el juez de la materia, dilucidando si es que aplica el siguiente artículo del Código Penal:
Artículo 316.-Apología El que, públicamente, hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Si la apología se hace de delito contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional, o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Además se le impondrá el máximo de la pena de multa previsto en el artículo 42 e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, y 8 del artículo 36 del Código Penal.
Dado que no he leido el libro, no podría concluir si ese delito existió o no, pero algunos pasajes leidos ayer en Prensa Libre me indican la necesidad de un proceso judicial para aclarar esta controversia legal, pues dichos extractos no están lejos de la apología, si es que ya no lo son. Lo mismo ocurre para quienes dieron los discursos en la pascana senderista del viernes.
Finalmente, ¿ya nos puede explicar el gobierno que estategia seguirá en el VRAE? Porque es allí, en realidad, donde está el verdadero problema.
El fujimorismo fue - mejor dicho, es - un proyecto autoritario, que no cree en la democracia para alcanzar los fines de gobierno y que montó el aparato de corrupción más grande de la historia republicana peruana. Desde una cúpula centrada en Fujimori y Montesinos, se fueron creando varios círculos de cooptación del poder, a través del cual, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la reforma económica, se fueron corrompiendo a personas y estableciendo redes en diversas instituciones. En la década de 1990, la corrupción ya existente se centralizó, se aumentó y contó con mayores recursos para el aprovechamiento de los recursos del Estado.
El autoritarismo del régimen no solo fue un fin en si mismo, sino que se convirtió en un instrumento para evitar cualquier investigación judicial o periodística sobre los delitos cometidos. Asimismo, con el pretexto de la introducción de reformas del mercado al país y con las privatizaciones y concesiones, algunos empresarios y funcionarios estatales en la parte económica también se beneficiaron a través del manejo de información privilegiada o con irregularidades en los contratos de concesión o privatización. Desafortunadamente, este último punto no ha sido suficientemente investigado y sancionado por el Poder Judicial peruano.
Una vez concluido el régimen de Fujimori, las cosas pasaron a otro grado. En el prólogo de Petroaudios, Gustavo Gorriti detalla lo que ocurrió, sobre todo, en relación con las empresas y los espías:
Cuando cayó Montesinos, el centro se disgregó, pero se mantuvo un cierto orden. Como el manejo económico apenas sufrió modificaciones y las grandes empresas pasaron de un escenario bueno a otro mejor, sus estructuras de servicios, desde los estudios de abogados hasta sus compañías de seguridad y sus funcionarios de relaciones públicas, permanecieron igual o crecieron.
Pero ya no había SIN, el árbitro de último recurso, con su costosa y centralizada presencia.
Un contingente de espías técnicamente calificados se encontró sin empleador, mientras que jueces, fiscales, dueños de medios y accionistas de empresas quedaban sin alguien que les dijera qué no hacer, qué hacer y por cuánto.
La adaptación no fue difícil. El arte del lobby se hizo más complejo —aunque siempre dentro del ámbito de lo asequible— y requirió mejores servicios profesionales. Como las empresas y estudios de abogados precisaban mejor información, los espías desempleados con capacidad técnica no quedaron mucho tiempo sin trabajo.
Pero las conexiones también se dieron a nivel de empresarios y espías. Carlos Melendez comenta las consecuencias de esta relación:
Este tipo de empresas terminan jugando roles claves en la toma de decisiones, ya que ofrecen servicios que lindan con el delito (muchas veces pasando los límites de lo permisible, claro está) y que justifican medidas represivas. En una década caracterizada por los conflictos entre intereses privados de grandes empresas extractivas y de organizaciones sociales incapaces de mediar las demandas sociales, el manejo de la información y las “medidas de control social” (sic) resultan claves para la definición de los desenlaces, como sucede a menudo con los conflictos sociales. Ante la imposibilidad del diálogo y la negociación, básicamente por ausencia de intermediación estatal, la oferta de servicios de espionaje y de represión resulta atractiva para tomadores de decisiones que desconocen la lógica social y política de los espacios donde operan sus intereses. Azuzando los temores –como el miedo que meten las Farc o el Chavismo continental–, se justifica la contratación de services de “seguridad de la información”, y las reuniones de los comités de directorio de empresas privadas caen ante la seducción de las exposiciones de marinos en retiro especialistas en vender conspiraciones y prometer “estrategias de defensa” que terminan en un balazo en la pierna a algún dirigente social (caso real).
Por tanto, más allá de las anécdotas y de los faenones, quizás sea necesario pensar en las consecuencias que la corrupción está generando en el país o como se emparenta con otros fenómenos sociales. Con las distancias que median entre el fujimorato y este gobierno, hemos pasado, en aras de un supuesto fin necesario para todos, a otro tipo de corrupción.
¿Cómo la combatimos? Para comenzar, dejando de tener miedo de procesar a quienes estén involucrados en estos temas, sobre todo, cuando cuentan con gran poder económico. Ello nos ayudará a separar a los buenos empresarios de aquellos que no lo son. Y claro, también impidiendo que la seguridad del país vuelva a estar en manos de quienes quieren medrar a costa de ella, sea desde el Estado o desde empresas privadas. Y para ello todos, Estado, empresas y demás actores de la sociedad deberán estar dispuesto a transparentar sus prácticas. Con ello, quizás los peruanos desconfiemos menos de los funcionarios públicos y los empresarios.
Luego del lanzamiento del libro de Gustavo Gorriti, comentamos tanto lo publicado allí como durante este año de destapes sobre este caso. Bonus track: Una nueva revelación del libro de Gorriti.
La primicia la tuvo el blog Huancayork Times, que señala lo siguiente:
¿Y quién es ese tipo de cabeza “brillante”, camisa azul y mano izquierda en alto? El papi de la ministra Nidia Vílchez. El secretario general del Comité Ejecutivo Regional de Junín del APRA, Abdón Vílchez Melo. El mismo que hace unas semanas decía que no tenía nada que ver con un documento remitido a los gobernadores apristas para que aceleren los núcleos ejecutores, y que ahora aparece junto a la gobernadora de Pichanaki, Edith Ocaña Cecilio, en la juramentación de 30 núcleos ejecutores, en el citado distrito de la Selva Central.
Fuentes que estuvieron en el lugar nos informan que el “experto” secretario aprista Abdón Vílchez, en la misma reunión, tuvo a su cargo una disertación sobre los “núcleos ejecutores” (¿?).
Pocos meses como septiembre en los que tantas fechas con recuerdos involucrados se juntan. Pocos meses en los que los sentimientos se encuentran y tantos días seguidos vienen a la memoria con distintas sensaciones.
11 de septiembre de 1973: Para quienes están más a la zurda, es un día de duelo por la muerte de Salvador Allende y el fenecimiento de un proyecto de socialismo en democracia, no exento de contradicciones. Para quienes creemos en la democracia, fue un día triste, dado que se produjo un golpe de Estado que condujo a una de las dictaduras más prolongadas y sangrientas de América Latina, encabezada por un sujeto que no solo mandó a matar, sino que no dudó en robarle plata a su país. Sobre ese sujeto, escribí alguna vez:
La historia ya dio su veredicto. Y no reza ningún elogio para Augusto Pinochet Ugarte. Porque ni toda la plata del cobre justifica arrancar la libertad a alguien. Porque lo equivocado que pudo estar Allende no implicaba acabar con la democracia chilena por 17 años. Porque la estabilidad económica no puede avalar los crímenes cometidos, las violaciones a los derechos de las personas, la plata robada y en cuentas en el extranero. Porque ni lo poco bueno que pudo haber hecho en vida redime a alguien que convirtió a su nación en dos bandos enfrentados sobre su persona.
Sobre Allende, quizás el juicio más equilibrado sea el del politólogo Patricio Navia:
El de Allende fue un gobierno a todas luces desastroso. Es verdad que su deseo de inclusión social respondía a una necesidad del país. Pero el propio Allende reconoció su fracaso. Ese “mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”, refleja tanto su fe y su optimismo en el futuro como su frustración y su derrota. El Chile que murió con el bombardeo a La Moneda fue un país incapaz de solucionar exitosamente el desafío de la inclusión social. Los ambiciosos proyectos de Frei Montalva y Allende explican la actual popularidad de ambos líderes históricos, pero el golpe de 1973 brutalmente atestigua sobre sus fracasos.
11 de septiembre de 2001: Esta mañana preguntaban en Twitter que hacía cada uno de nosotros hace 8 años. Yo lo recuerdo perfectamente: escuchaba el programa de Guillermo Giacosa, cuando mi madre me dijo que pusiera la televisión. Ya se había estrellado un avión cuando luego vimos que impactó otro. Con mi abuela, durante toda esa mañana - no tenía clases en la universidad - veíamos todo el dolor, el drama y el impacto que tuvo ese atentado para todos nosotros.
Han transcurrido 8 años y se puede decir que, a nivel mundial, este acontecimiento ha cambiado el curso del siglo XXI. La conciencia de tener problemas globales, la torpeza del gobierno norteamericano que deterioró sus relaciones internacionales y debilitó su economía, la necesidad de compatibilizar la lucha contra el terrorismo con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre otros temas, han surgido como los ejes de discusión y política de esta nueva centuria.
Ahora, con un nuevo gobierno norteamericano y una mayor conciencia de los errores cometidos, ¿habremos aprendido la lección?
12 de septiembre de 1992: La captura del siglo. Quizás el mayor esfuerzo policial de la historia. Y vale la pena insistir en recordar algunas verdades y desmentir a algunos apropiadores de la historia. Rescato, como cada año, este post de Marco Sifuentes:
Algunos datos viejos pero poco populares sobre la caida de Abimael Guzmán, hace exactamente 15 años (17 años mañana, nota de DTP):
1. No se la debemos a Fujimori. Sáquense esa imagen de Fujimori vencedor del terrorismo de la cabeza (aunque tuvo el buen tino de reforzar a las rondas campesinas). Hace quince años, cuando cayó Guzmán, el Chino estaba absolutamente desprevenido, en un hueving feroz en la selva (a donde solía ir a pescar utilizando aviones militares, es decir, recursos del Estado).
2. Hasta entonces, Fujimori había basado toda su estrategia antisubversiva en los miltares y, en especial, en el Ejército. El fujimorismo miraba con recelo a los policías del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó a Abimael. De hecho, el GEIN fue infiltrado en 1991 por el sanguinario Grupo Colina del Ejército. Cuenta Fernando Rospigliosi:
En 1991, algunos de los miembros del grupo Colina, los mayores Santiago Martin Rivas y Eliseo Pichilingüe, fueron destacados al Gein. Pero los del Gein los echaron al poco tiempo, cuando se descubrió que en realidad no iban a colaborar sino a espiar. Es decir, el choque de las dos estrategias [la del Gein y la de Colina] era concreto, casi físico.
3. El GEIN de Benedicto Jiménez y, en general, la Dincote de Ketín Vidal lograron mantener a raya a los Colina y Montesinos. De hecho, cuando capturaron a Guzmán, no avisaron ni a Fujimori ni al Ministerio del Interior (dirigido por militares durante todo el fujimorato) ni al SIN. Escribe Gustavo Gorriti:
Mientras el SIN de Montesinos prohijaba al escuadrón Colina, el GEIN (que logró mantener lo más lejos posible al SIN) desbarató la dirección senderista y luego arrestó a Guzmán sin causar ni sufrir ni un muerto, ni un herido, en dos años y medio de operaciones. ¿Cómo les pagaron el delito de haber vencido con limpieza? Deshicieron el GEIN, hostigaron a sus jefes y, lo que es peor, trataron de falsificar la historia. Si hay alguna recomposición de Sendero, como dice Fujimori, ya se sabe a quién agradecer.
4. ¿Y quién creó el GEIN? Este es el dato políticamente incorrecto de la historia, pero lo houston es lo houston. Según la Comisión de la Verdad:
En el último año del gobierno aprista se creó dentro de la DIRCOTE el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, dos años después capturaría a Abimael Guzmán Reinoso (…) El 1° de junio de 1990, el GEIN allanó una casa cercana al cuartel general del Ejército, donde hasta pocos días antes se había alojado Guzmán. (…) El GEIN que fue reforzado por el Ministro Mantilla demostró su eficacia, operando con un presupuesto ínfimo en comparación al de otras unidades policiales.
En la casa de Monterrico se halló abundante información sobre la cúpula de Sendero. De hecho, cuando el GEIN allanó la casa, todo indicaba que Guzmán y sus secuaces acababan de escapar. Se salvaron con las justas. Toda nuestra historia hubiera sido muy diferente si Abimael caía entonces, en el penúltimo mes del primer gobierno de Alan García. (Nota de DTP: luego Gustavo Gorriti contó que en los primeros meses del gobierno de Fujimori, Montesinos frustró la captura de Abimael)
Basta de la cultura de la criollada, del bacalao, de la yuca. Basta de la pendejada hecha gobierno en aras de “la paz”, el “modelo” o cualquier otro concepto políticamente correcto que es solo una excusa para pisotear al prójimo. O todos somos iguales o esta cosa que se llama Perú no funciona. Sólo así seremos libres, seámoslo siempre.
Esta foto, tomada por Caretas, nos muestra como quedó el helicóptero derribado en Sinaycocha la semana pasada, acción demencial que le costó la vida a tres miembros de la FAP. Y algunos se nos vino el deja vu en relación con una acción similar que se produjo en 1999, también con el derribo de un helicóptero. La República recuerda lo ocurrido en ese año:
“Dalton” es conocido por haber participado en las “negociaciones de paz” con el coronel EP Eduardo Fournier Coronado, oficial entonces adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y a órdenes de Vladimiro Montesinos. El plan se inició tras la captura de Óscar Ramírez Durand (a) “camarada Feliciano”, el 14 de julio de 1999. El SIN pretendía que lo que quedaba de la columna de “Feliciano” se entregara, entre quienes se encontraba Víctor Quispe Palomino, “camarada José”, y “Alipio”.
El 2 de octubre de ese año, al aterrizar el helicóptero Mi-17 en la localidad de Sanabeni, donde supuestamente continuarían las negociaciones, los senderistas emboscaron a los militares. Fallecieron cinco, mientras que Fournier consiguió escapar con vida.
Porque de lo que no parece caber duda, es que se trataba de una operación conducida por el Servicio de Inteligencia Nacional, ya que era comandada por Eduardo Fournier, un general del arma de inteligencia, que ha trabajado durante años con el ex capitán Vladimiro Montesinos.
Fournier participó hace un año en un montaje del SIN, que pretendió atribuirse la captura de la senderista Jenny Rodríguez Neyra, alias “Rita” (no es la misma “Rita” que fue capturada con Feliciano y que parece fue una pieza clave en el desastroso operativo de Satipo).
En esa ocasión, varios senderistas hartos de los maltratos que sufrían a manos de Rita, la amarraron a un árbol e informaron al destacamento militar más cercano. El 31 de octubre de 1998 Rita, enferma y hambrienta, fue traída a Lima.
Pero los expertos sicosociales del SIN decidieron inventarse una gran victoria. Se llevaron nuevamente a Rita al Huallaga y con Alamo Pérez Luna fabricaron un video donde la captura de la terrorista fue, supuestamente, producto de una brillante operación de inteligencia y de una homérica batalla contra las huestes subversivas. El video del avezado reportero fue difundido en la Revista Dominical el 8 de noviembre de 1998, y allí aparecía el entonces coronel Fournier explicando sus inteligentes planes. ¿Qué planeaba el SIN en Satipo en esta ocasión? No se sabe con exactitud, pero lo que todos conocen son los resultados.
Fournier luego publicó un libro adjudicándose buena parte del mérito de la captura de “Feliciano”, luego que el gobierno de transición le diera de baja. Ha sido de los insistentes del mantra autoritario que señala que “con Paniagua y Toledo se bajó la guardia contra la subversión”. Estuvo muy cercano al fujimorismo y, desde hace meses, es parte de Bien Peruano, la agrupación con la que el general Edwin Donayre quiere lanzar su carrera política.
Hay diez años de distancia, una extraña historia y un nombre común entre la desastrosa emboscada de Anapati, en octubre de 1999, y el trágico derribo hace pocos días del helicóptero Mi-17 de la FAP en Sinaycocha. El nombre es el de Jorge Quispe Palomino, “Raúl”, vinculado con ambas acciones.
Como recordarán, el 2 de octubre de 1999, un helicóptero del Ejército, que llevaba al general Eduardo Fournier y varias otras personas, para negociar la rendición de los senderistas en el VRAE, fue emboscado cuando aterrizaba en Anapati. Los pilotos, junto con varios oficiales y suboficiales, además de un importante ex senderista arrepentido, fueron muertos en el ataque. Mientras los sobrevivientes, incluido el general Fournier, se dispersaban para salvarse, los senderistas capturaron el armamento del helicóptero, especialmente la ametralladora MAG.
La persona que atrajo a Fournier hasta el punto preciso de la emboscada, haciéndole creer que se iba a producir la rendición masiva de los senderistas, fue “Raúl”. (…)
Pocos recuerdan que el jefe senderista que perpetró ambos ataques fue no solo capturado y preso en 1999, sino que logró fingir convincentemente su arrepentimiento y disposición a trabajar para el gobierno de entonces. De hecho, Jorge Quispe Palomino, “Raúl”, colaboró en la captura de “Feliciano”, vivió en un cuartel, vistió el uniforme militar, voló en varios vuelos de reconocimiento, jugó fulbito en el equipo de la gente de inteligencia, cantó yaravíes, rasgando la guitarra, en celebraciones dentro del cuartel, les contó los trucos del movimiento sigiloso y las emboscadas rápidas en el monte, les advirtió de cómo cuidarse de ellas, hasta que ganó por completo su confianza y los hizo sentir que ya lo tenían totalmente controlado. (…)
No está claro, dicen las fuentes, si Quispe Palomino convenció a Fournier, o viceversa, que él podía lograr la rendición de todos los senderistas levantados en armas en el VRAE, pero el hecho es que tanto Fournier como su jefe Montesinos se embarcaron en esa operación de inteligencia.
Quispe Palomino logró que Fournier y el SIN lo dejaran en libertad. No solo eso: consiguió que le dieran un teléfono celular para poderse comunicar con su presunto manejador, Fournier.
Cuando retornó libre al VRAE, Quispe Palomino mantuvo por un tiempo la ficción. Comunicó a Fournier que los estaba convenciendo, pero necesitaba pruebas de buena voluntad. Así, en un primer vuelo, les entregaron pilas, medicinas y ropa. En el segundo vuelo, les dieron comida y se tomaron fotos, pero sin Quispe Palomino, que ya solo hablaba por teléfono satelital.
En la tercera oportunidad, Quispe Palomino informó a Fournier que ya había conseguido la gran capitulación. Exigió que solo llegara un helicóptero. Todo indica que Quispe Palomino dio indicaciones precisas de dónde debía posarse la aeronave en Anapati y una vez que esta quedó bien colocada sobre la mina, la hizo reventar.
¿Qué llevó a Quispe Palomino a actuar una ficción tan convincente de su presunto deseo de colaborar? Luego de escuchar sus feroces críticas a Feliciano, creo que decidió utilizar a las fuerzas de seguridad para librarse de él sin costo interno y hacer posible que su familia asumiera el liderazgo de SL-VRAE. Después, logró engatusar completamente a Fournier y, a través suyo, no solo consiguió recuperar la libertad, sino llevarse un teléfono celular de regalo, que le sirvió para perpetrar la letal emboscada de hace una década, cuyo botín en armas hizo posible la de la semana pasada.
La historia contada por Gorriti nos hace ver varias cosas, algunas para la historia y otras para el presente. En cuanto a la historia, nos deja ver la inoperancia del SIN de Montesinos para la pacificación nacional. El argumento que “gracias al SIN” se logró la derrota militar de Sendero Luminoso se cae a pedazos con este canto a la ineptitud en el que Fournier y Montesinos fueron llevados de la manito por un senderista. Y luego los fujimoristas acusan a otros de ser blandos con la subversión.
Conforme han ido transcurriendo los días, hemos ido conociendo la difícil situación de los soldados que van al VRAE a combatir a los remanentes de Sendero Luminoso que son aliados del narcotráfico.
La Contraloría habría hallado presuntas irregularidades en la adquisición de raciones alimenticias para las tropas del Ejército acantonadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
La denuncia, según el programa Hildebrandt a las 10, involucra a la empresa Prolac S.A., de los hermanos David y Javier Arévalo López, que habría obtenido la buena pro en adquisiciones de menor cuantía para abastecer con 25 mil raciones al Ejército por un millón de soles.
Lo grave, según la denuncia, es que a los soldados se les habría disminuido las raciones alimenticias quitándoles, por ejemplo, 100 gramos de jamonada y reduciéndoles el papel higiénico de dos metros a 1.30 metros.
“Todo esto significa una diferencia de 100 mil soles que va en contra de nuestros soldados y en favor de alguien que se está beneficiando”, manifestó el parlamentario Renzo Reggiardo, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y que indagará esta situación.
Además, el programa presentó raciones que tenían fecha vencida.
Sin duda, este caso no solo merece una investigación de la Contraloría, sino también una explicación clara del Ministerio de Defensa. En lugar de blindar a aquellos militares que violaron derechos humanos en el pasado, el Ministro Rafael Rey debería estar sumamente preocupado en que la lógistica más elemental - estamos hablando de lo básico para sobrevivir, el alimento - llegue a los oficiales y suboficiales que van a arriesgar sus vidas en la zona más peligrosa del país. Hace algunos meses, se creó una Defensoría Militar, para que los derechos de los ciudadanos con uniforme puedan ser defendidos. ¿Funciona realmente?
Otro hecho de estos días también indigna. Este fue recogido por La Primera:
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el vocal Robinson Gonzales, anuló la sentencia de la Sala Penal Nacional, que condenó en enero pasado a 20 años de prisión al marino Andrés Egocheaga, por el cruel asesinato del menor Indalecio Pomatanta.
La relatora de la Sala Penal Permanente, Susana Vera, confirmó la información a los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL). Con este fallo, el proceso retornará a fojas cero y deberá iniciarse un nuevo juicio contra Egocheaga, pese a que la defensa de la familia Pomatanta demostró durante el juicio que el marino comandó el 2 de abril de 1995 la operación militar en la que Indalecio Pomatanta, de 17 años de edad, fue detenido, torturado, rociado con gasolina y quemado vivo.
El titular de este post es la máxima revelación del recientemente aparecido libro de Gustavo Gorriti, Petroaudios, que desde ayer se encuentra en librerías y supermercados. Y la revelación tiene vinculación con la foto de arriba. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes.
Como sabemos, una vez terminado el gobierno de Fujimori y Montesinos, los aparatos de inteligencia quedaron sueltos en plaza. Muchos de los antiguos y actuales agentes de inteligencia pasaron a trabajar a las empresas de seguridad, algunas de ellas vinculadas a marinos en retiro. Ese fue el caso de Elías Ponce Feijoó, quien formó la empresa Business Track, pero también de Wilson Gómez Barrios, vinculado a la empresa Forza (empresa a la que están vinculados Julio Favre y Ricardo Vega Llona, cercanos al Presidente de la República).
Durante la campaña electoral de 2005 - 2006, fuentes familiarizadas con el pensamiento de Ponce Feijóo sostienen que el entonces candidato Alan García lo convocó a la oficina que tenía en el Paseo de la República, cerca del edificio de RPP, “cuando apareció lo de (el audio) de Popi (Fernando Olivera) y (Genaro) Delgado Parker“. Eso fue en octubre de 2005.
Según el mismo relato, García y Ponce Feijoó bajaron al semisótano del edificio y ahí discutieron rivales electorales: “Usted ayúdeme con el comandante que yo me encargo de la Gorda”, habría dicho García. La referencia volumétrica era a la candidata Lourdes Flores, quien entonces tenía más sobrepeso que García.
¿Es o no es su amigo el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas?
–Soy amigo de Giampietri. Hemos trabajado juntos en la zona naval. Soy amigo de Giampietri como de todo el mundo, y también me refiero al presidente García. Los he servido a todos con información que requerían. Si tenía algo que les interesaba se los hacía llegar. Les informaba, y gratis. Todos me han consultado, hasta el presidente García.
¿Qué más sorpresas nos traerá todo este caso? Lean algunas de ellas en el libro de Gorriti. Y también esperen su segunda parte.
BONUS TRACK: Cuarto Poder dio a conocer central de chuponeo cerca del Gobierno Regional del Callao, actualmente en manos de Alex Kouri:
A primera vista, la reforma es impopular. Luego de los escándalos en el Congreso - el último, una denuncia contra la parlamentaria Rosario Sasieta, ver mi opinión aquí (ayer Sasieta comenzó a responder preguntas en Twitter sobre el tema) -, la mayor parte de ciudadanos considera innecesario destinar más plata del Presupuesto Público a pagarle el sueldo a funcionarios que, según muchos, no hacen la labor para la que fueron elegidos y se dedican a custodiar sus propios intereses. Desde un punto de vista técnico, también se cuestiona la arbitrariedad en fijar un número de congresistas, cuando, en realidad, no se debería establecer un tope sino dejar esto a voluntad del legislador cuando sea necesario aumentar el número de parlamentarios.
En realidad, el parlamento peruano es de los menos representativos en términos numéricos. El país está entre los últimos de América Latina en la relación al número de parlamentarios, pese a que somos uno de los primeros en número de población de la región. Claro, ésta no es la única variable para medir al Parlamento, pero es una de las que se debe tomar en cuenta para una reforma política.
De hecho, hay varias propuestas circulando tanto en libros como en blogs. Y creo que es mejor ponerlas a debate para ver que solución nos conviene más. Resumo tres propuestas de expertos y luego una fórmula que propuse hace algun tiempo.
Martín Tanaka: (De su blog Virtú e Fortuna: ver aquí y aquí. Ver más sobre como ser un buen congresista aquí):
- Cambios en la Ley de Partidos Políticos: Establecimiento de mecanismos de control para la existencia de afiliados y comités partidarios. Uso de mecanismos democráticos para elección de autoridades y candidatos. Pérdida de registro por incumplimiento de normas de la Ley. Articulación entre partidos nacionales y movimientos regionales.
- Eliminación del voto preferencial.
- Cambios en el Reglamento del Congreso: Trabajo sobre la base de grupos parlamentarios y agenda legislativa aprobada y debatida públicamente. Fortalecimiento de la Comisión de Ética Parlamentaria. Limitación de la Inmunidad parlamentaria.
- Sobre voto facultativo: En contra, por problemas de legitimidad y representación.
- Sobre la renovación de congresistas a la mitad del periodo: En contra, por generar problemas de gobernabilidad.
- Sanción al transfuguismo con la pérdida de la curul.
Fernando Tuesta (De su libro: Representación Política: las reglas también cuentan. Sistemas electorales y Partidos Políticos. Lima, PUCP - Fundación Friederich Ebert, 2005)
- Bicameralismo: Una Cámara de Diputados para el control político y elaboración legislativa. Cámara de Senadores con función revisora de leyes y nombramiento de organismos constitucionales autónomos.
- Tamaño de circunscripción electoral: Senadores: 3 por cada departamento, hasta que se constituyan las macro regiones. Se considera a Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias como independientes. En el caso de los diputados, se debe tener un diputado por cada 100,000 habitantes: la mitad se elegiría en distritos uninominales (un distrito electoral elige a un diputado) y la otra mitad de modo proporcional. Lima Metropolitana, para el caso de Diputados, se dividiría en cuatro distritos electorales.
- Fecha de elecciones: Presidencial en abril y parlamentaria en mayo. Si hay segunda vuelta presidencial, coincide con la elección parlamenaria.
- Inscripción de partidos políticos: Miembros en la mitad de provincias del país, un iderio, un local nacional. Ya no se requerirían de firmas de adherentes. La ONPE verificará la información entregada.
- Democracia interna: Elecciones para candidatos al congreso 180 días antes de la elección parlamentaria.
Henry Pease (Del libro Reforma del Estado Peruano. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2008):
- Bicameralidad: Cámara de Diputados elegida del modo propuesto por Fernando Tuesta, pero con variantes: departamento de Lima dividido en 5 distritos electorales para diputados. Su labor concentrada más en la fiscalización y simplificar la labor legislativa. Senado en macroregiones, con ciertas materias legislativas reservadas y ratifica altos cargos estatales.
- Fecha de elecciones: No hacer las elecciones parlamentarias y presidenciales el mismo día. Se opta por la reducción del tiempo del mandato parlamentario (Diputados elegidos cada 2 años y medio) o, en último caso, por la renovación por mitades. O, si se mantiene el periodo de 5 años, hacerla en fecha distinta, luego que el Presidente asumió su cargo.
- Fortalecimiento de Partidos Políticos: Elecciones primarias en fecha única y con sistema de elección popular. Vacancia de quienes dejan el partido por el que fueron elegidos. Solo los partidos políticos pueden tener bancadas. Incentivar el financiamiento público de dos modos: a través de la ONPE para los espacios televisivos y radiales y financiamiento directo para formulación de programas y capacitación de cuadros.
- Representación: El Congreso deja de sesionar una semana al mes para que los congresistas radiquen en su circunscripción electoral. Debe tenerse una oficina de apoyo en cada circuncuscripción.
- Voto Voluntario: A favor. Los argumentos a favor de adoptar esta forma de elección se centran en el carácter del ejercicio del sufragio como un derecho, así como la posibilidad de reducir las opciones populistas y estimular la difusión de programas (lo que debe complementarse con una mayor educación ciudadana). Como aspectos en contra, se señala que los partidos más organizados serían los únicos ganadores - ¿y eso no sería mejor para el país? - y que la legitimidad de un elegido con poco porcentaje de votos sería muy baja. Sobre este último argumento debo decir que la legitimidad puede ser mayor en el caso del voto voluntario, dado que quienes eligen son quienes realmente quieren participar en política.
- Bicameralidad: A favor. Cámara de Diputados legislativa, investigadora y de control político. Cámara de Senadores para ratificar tratados, ratificar autoridades políticas y como segunda instancia de antejuicio político. Tamaño: Senado en macroregiones. Diputados en circunscripciones de cada 50,000 electores.
- Cambio de reglas para elegir el Parlamento: Tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños. Diputados elegidos cada dos años y medio y Senadores por 5 años. A ello se suma la implementación de la valla electoral de 5% para las próximas elecciones.
- Ajustes a la Ley de Partidos Políticos: Garantizar la realización de elecciones internas y democráticas para la elección de candidatos y sancionar a los partidos que no presentan información de gastos de campaña. A ello, yo sumaría la veda de inscripción de partidos en el año anterior a las elecciones, a fin de limitar la posibilidad de candidaturas improvisadas o de una sábana electoral como la del 2006. Y claro, ya en el aspecto extrajurídico, mejorar la capacidad de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de los requisitos de la Ley de Partidos para considerar a estas agrupaciones como tales.
Veamos si, más allá de los escándalos, por fin discutimos en serio estos temas.
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