La mayor de las deudoras es una empresa minera puneña y también se encuentra en la lista el club Universitario de Deportes. Independientemente de mi hinchaje crema, lo cierto es que esto es consecuencia de los malos manejos económicos que tuvo el club durante años. Como dicen los chinos, crisis es igual a oportunidad, y esta puede ser la ocasión para que, por fin, el club se convierta en sociedad anónima y se maneje con los criterios modernos de una empresa. El fútbol, además de pasión y entretenimiento, también es negocio.
Tener un sistema de tributación sencillo y con reglas claras es algo que muchos gobiernos buscan, porque favorece el clima de negocios. A esta premisa obedecieron las reformas de principios de los años noventa, que consistieron básicamente en crear una entidad recaudadora fuerte y en reducir el número de impuestos. Pero en los 20 años que han pasado desde la creación de la Sunat el Código Tributario se ha ido abultando y las leyes se han hecho complejas y difíciles de cumplir. de otra parte, nunca se ha dejado de lado la costumbre de dar beneficios tributarios –tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo–, los cuales, si bien pueden ser justos, complican la legislación.
“Otras veces ocurre que la ley no prevé diferentes situaciones y los funcionarios de la Sunat deben aplicarla literalmente”, explica una ex alta funcionaria de la administración. “En cambio, los vocales del Tribunal Fiscal sí pueden aplicar su criterio para resolver un caso”, agrega.
En la misma línea, en torno a las grandes deudas y las dificultades para cobrarlas, refiere César Luna Victoria:
El stock no se explica solo por evasión tributaria. La principal causa es lo que demora un proceso tributario: 7 años. Cuente: 1 de reclamación ante la Sunat, 4 de apelación ante el Tribunal Fiscal, 1 de revisión judicial ante la Corte Superior y 1 en la casación ante la Corte Suprema. El plazo será mayor dentro de poco, porque el Tribunal Fiscal recibe más procesos de los que puede resolver y porque en un par de meses el proceso de revisión judicial será menos especializado.
La cobranza sólo es coactiva al término de la apelación ante el Tribunal Fiscal. Para que el proceso sea revisado judicialmente el deudor debe garantizar el pago de la deuda. La regla está bien: no se puede cobrar hasta que la controversia haya sido resuelta al menos por el Tribunal Fiscal. Lo que está mal es que eso dure 5 años. En ese plazo, el deudor privilegia el pago de otras deudas, se ordena, apuesta por una amnistía, se le aparece la Virgen o, simplemente, desaparece. Por eso es que el 70% del stock es de “no habidos”.
Debe haber una revolución total. ¿Ha visto un expediente tributario? Tiene miles de páginas, fotocopias de todo lo que un auditor pide en la fiscalización. Cada instancia, por responsabilidad profesional, debe revisar estas miles de páginas. Lo ideal es que al final del proceso, la Sunat y el contribuyente “saneen el expediente”, esto es, que se pongan de acuerdo en cuál es la controversia y qué documentos son necesarios para resolverla. Esto construye un expediente ad-hoc y facilita su revisión.
También hay que apoyar al Tribunal Fiscal: salas transitorias para descargar el trabajo. Pero hay otro tema: la gran mayoría de los vocales, sino todos, están “pendientes de ratificación” desde hace años. Como es previsible, tienen el temor de no ser ratificados si molestan al poder político, por eso, dejan los temas calientes “para después”. ¡Que los nombren de una vez!. Los buenos contribuyentes lo van a agradecer, porque ellos tampoco resisten años de procesos sobre deudas que realmente no deben.
Como vemos, se requiere de una reingeniería en la SUNAT. Ello implica simplificar aun más los procedimientos tributarios, fortalecer su institucionalidad y la del Tribunal Fiscal, simplificar las normas para que los ciudadanos estemos más informados sobre nuestras obligaciones dado que la legislación tributaria está en constante cambio y, sobre todo, evitar que el poder político vuelva a tener ingerencia en un organismo que debe ser autónomo y parecerlo.
Sobre una reforma en los tributos, hablaremos en otra ocasión.
Dos perlas más se añaden a la gestión del rector Izquierdo. En estos días, pidió la renuncia de Federico García, cineasta conocido en los años 70s y 80s, quien era director del Centro Cultural de San Marcos. ¿El motivo? Su asistencia a la presentación del aburrido libro de Abimael Guzmán, registrada por el diario Correo. Y el rector le hace caso a Aldo Mariátegui. Lo peor del tema es que el cineasta - conocido por sus ideas de izquierda -, no tiene conexión alguna con Sendero Luminoso. De hecho, García le envió una carta bastante seria a Aldo Mariátegui sobre este tema:
Sr. Aldo Mariátegui
Director del Diario “Correo”
Presente.-
Con sorpresa he leído la página central titulada “El Auditorio de Abimael”, publicada en el diario de su dirección, el día 17 de setiembre, del año en curso, y en cuyo acápite “Académicos sanmarquinos” se informa de manera tendenciosa mi asistencia a la presentación del libro “De puño y letra” de Abimael Guzmán, estigmatizándome como terrorista.
Debo decirle que soy un hombre de convicciones democráticas y he asistido a dicho evento como escritor, intelectual, cineasta y estudioso de la realidad peruana, ejerciendo el derecho que me asiste a la información y a la libre concurrencia a los actos públicos.
A su vez hago un deslinde categórico con Sendero Luminoso, organización con la cual no mantengo ni he mantenido jamás vínculo alguno; sin embargo me es imposible aceptar la cacería de brujas que su diario pretende imponer en el país.
Espero, Señor Director, que publique mi carta, porque es mi derecho como ciudadano peruano.
En realidad, García podría ser cuestionado por otras cosas. Como su propia gestión al frente del Centro Cultural. Vean el comentario de Roberto Bustamante sobre el tema, en el que cita al propio ex director, quien expone sus ideas sobre cultura que bien podían haber sido escritas hace un siglo. Tema debatible, pero, a mi modo de ver, hizo retroceder a la Universidad en una apertura a muestras de vanguardia.
El problema mayor es que a Izquierdo se le pasea el alma. Mientras que bota a su director del Centro Cultural por asistir a una conferencia - por más polémica que esta sea, era su derecho ir -, se le escapan los halcones en su universidad. Vía La República:
Saber lo que pasa en San Marcos sirve para conocer la manera cómo Sendero quiere recuperar espacios dentro del ambiente universitario. El mejor ejemplo es el comedor universitario, un bastión que siempre ha pretendido ser dominado por Sendero. La demora en su remodelación –más de dos años–, producto de una mala licitación, ha ocasionado que se vuelva un caldo de cultivo para la justa protesta de los más de mil estudiantes que diariamente usan sus servicios.
Esa desazón estudiantil también ha sido canalizada por un grupo radical denominado “Comité de comensales”, el cual usa en sus pronunciamientos públicos un discurso radical que convoca a la lucha conjunta de estudiantes y trabajadores. Por ejemplo, en uno de sus comunicados hacen el siguiente llamado a los estudiantes: “Combatir, avanzar y no claudicar”, un lenguaje típico de organización filo senderista.
Pues si el rector quiere deshacerse de los senderistas en su universidad, además del trabajo de inteligencia que debe hacer la Policía, lo que tiene que hacer es quitarle las banderas de revindicación que usan los senderistas para camuflarse entre los justos reclamos de los sanmarquinos. Es decir, hacer que los servicios de la universidad realmente funcionen. Y no solo se trata que el Estado de la plata que no le brinda a las universidades públicas, sino que las autoridades la administren eficientemente. Por ejemplo, lo del comedor en San Marcos es tan escandaloso que Prensa Libre le dedicó un reportaje:
Atención Ministro Chang. Aquí hay un tema que compete directamente a su sector. ¿Tendrá algo que decir?
Hace un par de meses, en una charla en la Feria del Libro, Ricardo Bedoya desmentía uno de los grandes mitos que se han tejido en torno al cine peruano: “las películas peruanas solo tocan terrorismo y ponen calatas”. Y con datos y cifras nos demostró que la afirmación no es cierta.
Lo que si es real es que el cine peruano ha tenido el acierto de abordar, desde diversos puntos de vista, lo ocurrido durante el conflicto armado interno, en cintas de diversa calidad. Desde auténticos bodrios como Vidas Paralelas o Anda, Corre, Vuela, hasta cintas realmente logradas como La Boca del Lobo, La Teta Asustada o La Vida es una Sola, se han enfocados distintos puntos de vista sobre lo ocurrido en el país: la visión militar, los migrantes, las violaciones de derechos humanos, los comités de autodefensa, el impacto de la violencia en las mujeres, en medio de un clima general que todos vivimos y sentimos.
Fabrizio Aguilar ya se había acercado a este tema con Paloma de Papel, cuyo acierto mayor era tocar lo ocurrido en el conflicto a partir de la mirada de un niño y de como, a partir de una pequeña historia, se podían enfocar los hechos y secuelas de una época que no quereremos volver a vivir.
Lo mismo pretendía en Tarata, su nueva película estrenada esta semana. A partir de las vivencias de una familia de clase media que vive entre la evasión, la sobrevivencia económica y los contactos tangenciales con el terrorismo en Lima, el director nos quiere poner en 1992, cuando muchos estaban ajenos a la realidad, a lo que ocurría en la capital - y ojo, no solo en los noventa, Sendero operó desde el inicio en Lima - y a lo que pasaba con otros sectores de la sociedad limeña.
Desafortunadamente, Aguilar no logra resolver bien la película, una buena idea que no es bien plasmada en pantalla. Colocar como personaje central a una persona que se obsesiona por sacar líneas de conducta a partir de las pintas de Sendero Luminoso en la universidad en la que trabaja, sin una razón aparente o una motivación presente, termina siendo un grave error que afecta a la cinta. Sobre todo, cuando se contrasta con el personaje mejor trabajado, el de Claudia (interpretado por, para mí, una sorprendente Gisela Valcarcel), que evoluciona de la indiferencia ante la sociedad y la preocupación cotidiana por armar un negocio, con el giro que en su vida da el atentado de Tarata. Y es que en Claudia se ve lo que en muchas personas se produjo: hasta que no fueron tocadas directamente por el drama de la violencia - sea con amigos o con familiares - no les importó lo ocurrido. He allí el mayor acierto de la cinta.
Pero su mayor defecto es que todo esto queda en una dimensión chata, plana, sin transmitir nada al espectador. Salí de la sala no impactado, sino con la sensación que se contaba una historia ajena, sin conexion alguna con lo que habíamos vivido, más allá de algunos símbolos de la época. De la misma sensación es el columnista Ricardo Vásquez Kunze:
Tarata no es creíble desde el momento mismo en que la calle nunca apareció viva el filme de Aguilar. Nunca hubo un contraste entre la vida de Tarata y su agonía. Simplemente, Tarata no existió en la película que lleva su nombre. Ni una sola escena que haga la calle familiar, querida, cálida o simplemente viva a pesar de los malos tiempos. Y, por lo tanto, ninguna reacción del público ante una bomba que parecía tan fría como un parte policial. Apenas nos enteramos de que Tarata existió por el manido recurso de un letrero humeante entre los escombros de la calle bombardeada.
¿De qué terrorismo nos está hablando el director? ¿De qué calle? ¿De qué Lima? ¿De qué clases sociales? Es imposible reconocer nada del Perú allí. Todo es falso y maniqueo para los que vivimos esos tiempos. Por eso es peligroso que los que no los vivieron terminen de ver la película alzándose de hombros, como si se tratara de un aburrido acontecimiento más en sus vidas.
Creo que nadie niega el compromiso y la necesidad de contar una historia que tuvo Fabrizio Aguilar al dedicar 4 años para armar esta película. El problema es que, al ver la cinta, pocas de las sensaciones que él transmite en las entrevistas que ha dado a raíz de Tarata se plasman en la pantalla. Me sigo quedando con las tres películas que mencioné al inicio, esperando que otra pueda darnos una visión más certera de los limeños que convivimos con el terror durante muchos años.
Segunda Parte: A pedido del público twittero, volvimos al aire, para hablar del alcalde Masías y de nuestros alcaldes en general. Ojo que se vienen las elecciones municipales el otro año.
En la saga de Petroaudios, capítulo Francis Allison, ha aparecido un personaje clave para las investigaciones. Quien lo da a conocer es La República:
Tras mantenerse inubicable desde enero, el contador de Business Track (BTR) José Marko Sandoval Jáuregui se presentó ante la jueza María Martínez y entregó la documentación que permitió conocer que el ministro de Vivienda, Francis Allison, fue asesor de la empresa de chuponeadores.
Hasta ese momento, las autoridades temían que Sandoval hubiera sido sacado del país o silenciado brutalmente. La fiscalía había pedido su testimonio para que entregue las planillas y libros contrables de BTR.
En enero, al ser intervenidos los locales de BTR, el contador dejó la casa que ocupaba en La Molina. Otros testigos habían mencionado que se le había ordenado quemar todos los documentos contables de BTR.
Pero Sandoval guardó toda la documentación y ahora ha entregado esa información a la justicia.El miércoles 9 de setiembre, los documentos entregados por Sandoval fueron revisados en audiencia pública, con la participación de la procuraduría, la fiscalía, la jueza y su personal y los abogados.
Los documentos fueron incorporados al expediente y fue en esas circunstancias que apareció el nombre del ministro Allison. La jueza está constatando cada nombre para ver de quiénes se trata. Habría más agentes de inteligencia al servicio de BTR de los que se conocen hasta ahora.
Sandoval también ha entregado la relación de clientes de BTR, lo que podría permitir descubrir a los que financiaron el espionaje. El contador ha pedido protección para su vida y la de su familia.
Hay varias cosas que comentar a partir de esta revelación. La primera de ellas, es la necesidad de un sistema de protección de testigos clave para este tipo de procesos. Dado que Sandoval es un personaje que recién aparece en esta historia y cuyo papel tendrá que ser aclarado, no se cuentan aún con elementos suficientes para saber si perteneció o tuvo conocimiento de las actividades ilícitas de Business Track, lo que podría ayudarlo a acceder a una colaboración eficaz. Sea cual fuere su rol en la organización, es necesario proteger a una persona que no solo ha aportado documentos valiosos, sino que, además, tendrá que declarar en los juicios orales que se vienen.
Lo segundo a anotar en este caso es que las computadoras de los chuponeadores y de los implicados en los casos de corrupción - como Rómulo León Alegría - no son los únicos elementos a tomar en cuenta. Tal parece que la jueza María Martínez sí está haciendo un trabajo por intentar llegar a la verdad, cuestión que no ocurre en el caso de su colega Jorge Barreto. O, para ser más claro, se prefiere sancionar a los chuponeadores antes que a la red de corrupción, siendo ambas igualmente punibles.
Pues es lo que debería decirle el Presidente de la República a su Ministro de Vivienda, luego de meterlo en un lío gordo por su vinculación con Business Track. Hoy, Perú.21 suelta otro dato contundente:
Hasta cinco días antes de que se difundieran los audios que revelaron los negociados de Rómulo León y Alberto Quimper, el ministro Francis Allison mantuvo una estrecha relación laboral con la empresa Business Track (BTR), responsable de estas grabaciones.
Según información proporcionada a este diario, la relación contractual entre el hoy titular de Vivienda y BTR se inició en setiembre de 2007 y duró hasta setiembre del año siguiente. Es decir, Allison fue asesor legal de la empresa investigada mientras esta realizaba el espionaje telefónico que, en octubre de 2008, ocasionó la caída del gabinete ministerial presidido por Jorge del Castillo.
Por los informes que presentaba al directorio de BTR, Allison recibía un sueldo de US$2,800, que en un año sumó US$33,600. “Hacía informes tributarios, laborales y administrativos. El contrato acabó después de un año, según lo establecido en un pacto previo”, dijo ayer el titular de Vivienda.
Pero, si la asesoría que prestó era tan transparente como él dice, entonces ¿por qué esperó a que estallara el escándalo de su contrato para recién informar al presidente Alan García y al premier Javier Velásquez Quesquén?
Allison respondió que no consideró necesario poner en autos al mandatario al momento de ser designado ministro y que recién lo hizo, en una reunión privada, “hace unas semanas”. Sin embargo, fue el mismo primer ministro quien, sin proponérselo, le enmendó la plana al indicar que fue el miércoles 16 –un día antes de que una revista local publicara su antigua relación laboral– que reveló su contrato con BTR.
El martes, Allison ya sabía que se venía la denuncia, explotada por Caretas el jueves. Pero no declaró a los periodistas de la revista, dado que estaba fuera de Lima. Y el miercoles se lo cuenta a Velásquez Quesquén y, según la versión dada por el Ministro, semanas antes, a Alan García. Sigue flotando en el ambiente la pregunta: ¿Por qué recién ahora nos contó a todos esta historia? Peor aún, ¿por qué estaba en la empresa que a la vez, como hoy sabemos, lo chuponeaba?
Pero todo indica que, por lo menos en este gobierno, no conoceríamos la respuesta. Y es que como recuerdan en el Utero de Marita:
Por supuesto, no pasará nada de nada. Después de todo, el jefe de Business Track, Elías Ponce Feijoó, trabajó para la campaña de Alan García contra Ollanta Humala. O sea que Allison trabajó para Ponce que trabajó para Alan. Y ahora Allison trabaja para Alan. Todo queda en familia.
Ayer Caretas lanzó la primicia: Entre los documentos incautados a la empresa Business Track, involucrada en un caso de espionaje industrial y político, se hallaron recibos por honorarios a nombre del hoy Ministro de Vivienda y Construcción Francis Allison. El monto de estos recibos suma poco más de S/. 62,000.00 y se trata de pagos por servicios legales prestados por el Ministro como abogado, cuando era Alcalde de Magdalena del Mar.
La República cuenta hoy los detalles:
Siete recibos por honorarios profesionales a nombre del ex alcalde de Magdalena, hallados por la jueza María Elena Martínez –del 34 Juzgado Penal– durante la revisión de parte de la documentación de BTR, así lo confirman.
Y aunque según los documentos los servicios se prestaron entre enero y junio del 2008 –antes de que reviente el escándalo–, la suspicacia es inevitable y, quizá, hasta necesaria.
Se trata de recibos entregados entre el 28 de enero y el 25 de junio del 2008, cuyos montos oscilan entre los 8 mil 500 y los 9 mil 500 soles, y que en total suman 62 mil 700 soles en seis meses. Si hubo pagos anteriores o posteriores es algo que no se puede descartar.
Hoy Allison dio sus descargos en varios medios. Recojo parte de lo que dijo en Ideele Radio:
“Hace algún tiempo en una reunión privada con el presidente, le he llevado la documentación y le he explicado el tema. El presidente no se ha enterado por el periódico, se ha enterado por mi propia boca, le he enseñado los documentos, él los ha evaluado y obviamente ha confiado en mí lo cual le agradezco públicamente. Mientras que el presidente y los pobres para quienes trabajo confíen en mí, seguiré trabajando. (…) No me acuerdo la fecha en que le comenté al presidente (Alan García) pero fue hace unas semanas. Además no hay relación alguna entre mi persona y que el gabinete pasado haya sido removido”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Ahora curiosamente luego de un año de juicio donde jamás se me han llamado, sale la información justo cuando soy ministro y justo cuando soy nombrado como encargado de la reconstrucción del sur. Es sospechoso por lo menos, habría que ver quién me quiere bajar la llanta. Yo le digo a la gente que me quiere dañar, que soy un hombre de firmes decisiones y transparente. No me amilano ante nada y ante nadie. Hagan lo que hagan, mientras uno haya trabajado con transparencia y justicia no tengo nada que temer y esconder. Es un tema anecdótico, no legal y repito a mí jamás se me han llamado para ese juicio”, detalló. (…)
“Se trató del ejercicio legal de mi profesión para eso he estudiado Derecho. La Ley Orgánica (de Municipalidades, nota de DTP) no me impide tener otra fuente de ingresos, todo lo contrario, dice que el alcalde no tiene trabajo de dedicación exclusiva. Por eso brindé asesoría de carácter jurídico de manera externa. Lo digo claramente, facturé por ese trabajo y declaré ante la SUNAT todos estos recibos, lo cual esto no es ningún hallazgo. Son actos públicos que el Estado los conoce hace tiempo”, señaló.
Varias cosas quedan flotando en el ambiente:
1. Allison le contó al Presidente su situación recién hace algunas semanas. No lo hizo cuando fue nombrado a mediados de año. Era una buena oportunidad para hacerlo.
3. No es la primera denuncia contra Allison: Recordemos que el ex hombre de confianza de Montesinos, Oscar López Meneses, fue su cliente en un tema con la inmobiliaria Los Portales. Y la revista Poder habló hace poco tiempo de un intento de coima por el tema Taboada, ya cuando era Ministro, tema que el Ministro negó hasta la saciedad, a pesar que el periodista Ricardo Uceda informó que tenía la versión de 4 personas sobre este tema.
4. ¿Que tiene que ver Forsur? En sus descargos, Allison ha sido bastante claro sobre el tema:
“Más bien la pregunta es saber ¿quién saca esa información para perjudicar mi imagen, para intentar dañarme?, esa es la pregunta. Obviamente lo que hay acá es alguien que ha sacado la información para dañarme justo cuando asumo la presidencia ejecutiva de FORSUR, cuando empezamos a reconstruir el sur”, dijo.
Aventuremos una posible - remarco, posible - hipótesis. Recordemos que Julio Favre fue el primer presidente de esta entidad y que no salió precisamente entre aplausos. Y, como refirió ayer Gustavo Gorriti:
Su libro narra la relación del gobierno con el grupo de marinos que realizaba las interceptaciones. ¿Se podría decir que el gobierno de García tuvo su propio aparato de inteligencia, como ocurrió durante el fujimorismo?
No exactamente, porque el grupo de marinos de BTR (Business Track) trabajaba, fundamentalmente, para el sector privado. Lo que sí es evidente es la relación entre el Presidente y el sector privado. La compañía Forza, que aparece en esta historia, tenía dos miembros de su directorio (Ricardo Vega Llona y Julio Favre) en el entorno más cercano de García.
¿Favre tuvo que ver con esto? Por lo pronto, el ex jefe de FORSUR no ha aclarado hasta el momento el rol que cumplió en FORZA, su vinculación con ex miembros de inteligencia naval y con los hechos contados por el libro de Gorriti. Sería bueno que, por su propio nombre, Favre brinde sus declaraciones al respecto.
Humala ha sido sentenciado por los delitos de rebelión, secuestro, contra la seguridad pública, contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas y homicidio calificado. Y el fallo resulta siendo importante por dos razones, una jurídica y otra política.
1. Reafirmar la autoría mediata como criterio de responsabilidad penal. El Comercio resume la autoría por dominio de la organización por la que el líder etnocacerista ha sido condenado:
Para condenar a Antauro Humala por homicidio, la sala le atribuyó la autoría mediata porque él tuvo el control de las acciones de los etnocaceristas y había una estructura de dominio sobre sus seguidores. Además, según había confesado el coprocesado Ludeña, Humala le había ordenado disparar si eran atacados.
La sala también precisó que desde un inicio, el objetivo de Humala al dirigirse a Andahuaylas era alzarse en armas para deponer al entonces presidente Alejandro Toledo, lo cual constituye un claro delito de rebelión. Indicó que la comisaría fue asaltada por cuatro columnas de reservistas armados y que eso fue un hecho preconcebido y no espontáneo como ha querido sostener Humala.
Como lo hemos mencionado en alguna oportunidad en este blog, la aplicación de la autoría mediata por dominio de la organización no es automática. Para ello, se tiene que comprobar la existencia del aparato de poder y, además, la concurrencia de 4 requisitos: a) poder de mando, b) desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, c) fungibilidad del ejecutor inmediato y d) predisposición a la realización del hecho ilícito. Una lectura de la sentencia - ojo, chicos del Poder Judicial, el link puesto no lleva a ningun lado - nos debe permitir confirmar si es que estos criterios han sido tomados en cuenta para determinar la responsabilidad penal de Humala.
La autoría mediata es un instrumento de identificación de responsabilidad que debe usarse con buen criterio, dado que es importante para la determinación de culpabilidad en casos complejos como estos.
2. La sentencia confirma que un intento de rebelión contra la democracia es un delito: Luego del fiasco que supuso la actuación del Poder Judicial en el caso del 5 de abril de 1992 - los ex ministros fueron absueltos y el proceso contra Montesinos y Hermoza por este tema avanza a paso de tortuga -, el hecho que la Sala haya sentenciado a Humala y sus seguidores por el delito de rebelión constituye un importante hito para la consolidación de la democracia en el Perú.
De allí la importancia de una sentencia como esta, complemento de la justicia para los familiares de las víctimas de esta acción armada. Que el Poder Judicial reconozca que el golpismo y la asonada es un acto delictivo es un importante hito para el país. Los que intenten aventuras de este tipo en el futuro, deberán estar conscientes que, tarde o temprano, serán sancionados por este tipo de casos.
Finalmente, una reflexión. Antauro Humala pudo captar entre sus seguidores, principalmente, a licenciados y ex reclutas del Ejército Peruano que no habían podido conseguir trabajo o perspectivas de futuro. ¿Podrá el Estado reformar su servicio militar para que sea un instrumento para que, quienes opten por él, no vean truncado su proyecto de vida si es que deciden no seguir la carrera militar? He aquí una tarea pendiente para prevenir intentos como estos en el futuro.
El próximo año, varios países de América del Sur comienzan a celebrar los respectivos Bicentenarios de su Independencia. La ocasión presenta, en varios de nuestros países, una mezcla de celebraciones, reflexiones históricas y desde las ciencias sociales y obras artísticas que recuerden lo que fue el esfuerzo independentista en nuestras naciones.
De todos los proyectos de Bicentenario, el que más me ha impresionado es el de Chile. Se ha hecho un Proyecto integral con varios componentes:
- Publicaciones y foros de debate sobre temas de memoria histórica y reflexión sobre la nación chilena y sus principales personajes. Los debates se transmiten online y también se editan en DVD.
- Un Programa Regional para involucrar las iniciativas de cada región de Chile en los esfuerzos del Bicentenario.
- Un Programa Internacional destinado a combinar esfuerzos conjuntos de actividades con países que celebran sus bicentenarios en fechas cercanas y para comprometer a los chilenos que viven en el exterior.
- Un Programa Cultural que recoge una historia de las expresiones culturales en Chile, actividades culturales especiales y el fomento de producción cultural alrededor del Bicentenario.
- Finalmente y aquí viene lo más importante, el gobierno Chileno se ha comprometido con Obras, Programas y Proyectos Nacionales, que van desde el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales, pasando por la mejora de la infraestructura deportiva, una red digital rural y la formación de un Museo de la Memoria sobre los años de la dictadura de Pinochet.
¿Y en el Perú? Salvo los esfuerzos aislados de un núcleo de historiadores, la asociación Perú2021 sobre Responsabilidad Social Empresarial y la mención en el Acuerdo Nacional sobre el cumplimiento de metas para el Bicentenario, no hay mucho. Y solo faltan 12 años para esta conmemoración.
Hoy, en su columna de La República, Antonio Zapata nos recuerda la importancia de la fecha:
El verdadero tema es el país, la república y sus dramas. En ocasión del centenario se elaboraron muchos estudios y algunas mentes brillantes, como Jorge Basadre, acuñaron expresiones famosas que marcaron la interpretación sobre nuestro pasado. Entre otras, “la promesa de la vida peruana”, que ubica en el futuro una esperanza de realización, ya que se reconoce una realidad conflictiva y compleja.
El movimiento del bicentenario peruano debe iniciarse en los predios de la historia, pero está destinado a extenderse a todas las disciplinas. En efecto, sólo si se piensa al país desde distintos ángulos puede arribarse a una síntesis fértil y capaz de inspirar una transformación.
La meta real es ese cambio. Hoy casi todos los peruanos tenemos la convicción de que el país funciona de manera muy imperfecta, que todo se podría hacer mejor y que somos una nación difícil. Esa constatación supera el inconformismo existente cien años atrás. Hemos retrocedido en autoestima y eso que no hemos perdido una nueva guerra con Chile.
Y para comenzar, este gobierno, cuyo presidente tiene pretenciones de serlo para el Bicentenario, debería dar las líneas maestras para un Proyecto Bicentenario parecido al chileno y que comprenda, además, el cumplimiento de metas sobre pobreza e inclusión, así como programas concretos para hacerlo.
Quizás tener esta fecha como rumbo común nos pueda ayudar como conjunto de naciones que somos a, por fin, tener una idea más ordenada de lo que somos, queremos y podemos ser como Perú.
Esta es una de las fotos captadas por el periodista Juan Carlos Lujan en la Costa Verde durante la tarde de ayer. A plena luz del día y con la pasividad del Serenazgo de Barranco, miembros de Fuerza 2011, la agrupación de Keiko Fujimori, pintaron varias zonas del Circuito de Playas. También llegó a captar un video con toda la dimensión del hecho y a un sereno pintado en la pared:
Otras imágenes fueron captadas por Luis Torres Montero, del blog Malas Palabras:
Artículo 7º.- Normas y Prohibiciones Generales.-
Es prohibido realizar propaganda política en los siguientes casos y condiciones:
1. En los muros de contención y elementos de seguridad ubicados en las vías de la red arterial metropolitana, en las estructuras de puentes e intercambios viales o peatonales; en cerros, laderas y áreas verdes; en monumentos arqueológicos; en los inmuebles declarados monumentales o de valor monumental con elementos fijos o que afecten su fachada, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3º y el último párrafo del Artículo 4º de la presente Ordenanza. (…) 5. Empleando pintura en las calzadas y muros de bienes de uso público, los de servicio público y en los bienes públicos de dominio privado.
Dado que se trata de infracciones graves, de acuerdo con la misma norma, la agrupación fujimorista debería ser sancionada con una multa. Lo mismo deberá ocurrir con cualquier partido político que incumpla la misma normativa.
Como vemos, el fujimorismo tiene, por el ornato de la ciudad, el mismo respeto que por la democracia y los derechos humanos tuvo su lider cuando fueron gobierno.
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