¿Puede un medio de comunicación morir? De hecho, muchos lo han hecho con motivo de, por lo general, crisis económicas que impiden que el medio se sostenga por más tiempo. Pero también hay casos de medios boyantes económicamente que están muertos en vida, sobre todo, porque han perdido total credibilidad. Y ello ocurre cuando se prestan para la manipulación mediática frente a casos bastante graves.
Esa es la sensación que queda frente al diario más importante de Chile, El Mercurio, luego de ver y leer El Diario de Agustín, película y libro de investigación del mismo nombre que se concentra en la forma como se cubrió desde dicho medio los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
¿Como comenzó todo? Ignacio Agüero y Fernando Villagrán estaban en una conferencia luego de la entrega del Informe de la Comisión sobre Prision Política y Tortura, cuando se tocó el tema del rol que le correspondió a la prensa durante los años de la dictadura. De allí les vino la inquietud para hacer un documental que contara como el medio más importante de su país - considerado por ambos como uno de los actores políticos claves en la sociedad chilena - había callado por convicción o por autocensura sobre graves casos que conocidos en la opinión pública internacional. Le dieron la vuelta a varias ideas, hasta que encontraron la necesaria para contar esta historia: una investigación de estudiantes.
Claudia Lagos Lira, profesora de la Universidad de Chile, fue contactada por Aguero y Villagrán para liderar un equipo de tesistas de la Escuela de Periodismo que tuvieran interés en hacer la investigación. Según me refirió Villagrán, se tuvo que hacer una suerte de casting de los tesistas para ver quienes se quedarían finalmente. A pesar de que estamos ante una investigación elaborada por jóvenes, no se trata de una muestra de pérdida de la inocencia ni mucho menos. Como me comentó Claudia Lagos, los jóvenes investigadores ya sabían lo que era El Mercurio y, digamos, lo que hizo el trabajo fue corroborar sus hipótesis.
¿Qué nos muestran la película y el libro? Se trata del mayor golpe que ha recibido un medio de comunicación latinoamericano a través de una investigación. El Mercurio y su propietario actual, Agustín Edwards Eastman, no solo son mostrados como parcializados tras una posición política - cuestión que está dentro de lo permitido para cualquier medio -, sino que quedan claros los modos a través de los cuales fue parte del engranaje mediático que sostuvo a Pinochet. Queda claro que El Mercurio mintió durante muchos años- con sospechas de pagos de por medio -, se prestó a manipulaciones venidas desde la dictadura y su aparato, que no dijo la verdad en casos como Los 119y Marta Ugarte y que muchos de sus protagonistas no se arrepienten de lo hecho.
Más que represalias, el documental y el libro han generado una suerte de “muerte civil”. El Mercurio es la corporación más importante de la prensa chilena y ha callado sobre lo dicho aquí. Y como indicaron Villagrán y Agüero, es un actor fundamental en la política y la economía, lo que no ocurre en otros países. Para hacer el símil, El Comercio no llega a tener tanto peso como su par chileno en el país del sur.
Uno no puede ver a El Mercurio con los mismos ojos luego de conocer esta historia. ¿Se podrá hacer una investigación así en otros países?
El mensaje presidencial de Fiestas Patrias tuvo como anuncio central la formación de núcleos ejecutores, una fórmula para que comunidades u organizaciones ejecuten obras públicas hasta por medio millón de soles. La plata es entregada por FONCODES, es decir, por el señor de la foto, Carlos Arana. Con ello, quedaba el tufillo de “comenzó la campaña al 2010 y 2011″.
Bueno, ayer el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social le ha dado más capacidades a Arana para ver este tema. Reseña La República:
Según la resolución del Ministerio de la Mujer publicada en El Peruano, Arana –como director ejecutivo de Foncodes– podrá ejecutar proyectos de inversión pública declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como elaborar expedientes técnicos o estudios definitivos.
En sus considerandos, la norma establece que la medida es necesaria, pues el Mimdes recibió cien millones de soles para obras de infraestructura social y productiva en el 2009, a fin de que sean gastados a través de Foncodes.
De este modo, ese ministerio, vía la entidad que dirige Arana, podrá ejecutar obras de agua y saneamiento en zonas rurales, electrificación rural, acceso vial a servicios sociales básicos y a mercados, telecomunicación rural, bajo el modelo del Núcleo Ejecutor.
Agrega que también es necesario delegar facultades a Arana, en su calidad de responsable de planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas, administrativas, operativas, financieras y crediticias de ese programa nacional.
Osea, Arana se convirtió, luego de la Ministra Nidia Vilchez, en el hombre más poderoso del MIMDES. De hecho, Carmen Vildoso en Perú.21 hizo notar un detalle muy importante: hasta el momento está vacante el caso de Viceministro de Desarrollo Social, con lo que, por el momento, por encima de Arana solo está la Ministra.
Pero por aquí no solo van los roches, sino también con la forma como se ha vendido el tema de los núcleos ejecutores. En una extensa columna en Poder, el ex jefe del SNIP Miguel Prialé ha reseñado los límites de la propuesta presidencial:
Sin embargo, es necesario advertir riesgos y desinformaciones sobre los núcleos ejecutores. Primero, no es un mecanismo para agilizar el gasto. Ejecutar los S/. 18.000 millones de inversión que no se han gastado en el 2009 no se logra con pequeñas obras de reparación o remodelación. Eso se alcanzará con obras de mediana y gran escala, y ese es trabajo del Estado directamente. Segundo, no es exacto que en el Estado estas obras menores tendrían “severas exigencias de inversión que demoran años” por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Hoy, para ese tipo de proyectos, las evaluaciones del SNIP se hacen en cinco días y el proceso de licitación es muy rápido. Las exigencias de rendición y supervisión deben ser iguales o más rigurosas para los núcleos ejecutores.
Una mala señal, ciertamente, es encargar esta iniciativa a Foncodes, bajo la conducción de un director con pocas credenciales gerenciales. Esa contradicción con el mensaje de la descentralización popular debe corregirse. Lamentablemente, Foncodes es el que tiene el marco legal para dar plata pública a la población en obras. Lo más sano es que sea una política nacional, para todos los niveles de gobierno, pero con un ente rector regulador nacional.
Un error conceptual es pensar que los núcleos ejecutores son la herramienta para que la plata pública llegue directamente a los más pobres. Es una herramienta, sí, pero no es la más importante. La inversión pública de mayor impacto en las zonas de pobreza extrema la debe hacer el Estado y está concentrada en carreteras, agua potable, electrificación, acceso a buenos servicios de salud, calidad educativa, etc. Por lo tanto, la descentralización popular no debe ser una estrategia de fachada que permita al Estado (el gobierno nacional, regional y especialmente municipal) evitar asumir sus responsabilidades.
Los núcleos ejecutores son una buena estrategia para fortalecer la democracia participativa, especialmente en los gobiernos locales y en los programas del Estado con obras de baja complejidad, pero necesitan un marco legal con reglas de supervisión y rendición simples pero rigurosas. Es necesario eliminar cualquier elemento de duda o desconfianza de intervención política partidaria, y la participación de Foncodes no ayuda a este propósito. Lo más recomendable es que este esfuerzo recaiga en un comité multisectorial con participación de la sociedad civil.
Por tanto, darle más facultades a Arana e insistir con un modelo que prioriza lo electoral antes que las ventajas participativas de la propuesta y sin criterios técnicos no solo ser una estrategia electoral, sino, peor aún, una gran botadera de plata, en la que se ponen varias expectativas que no corresponden a la realidad.
Peor aún, con ello, el doctor García consagra su política de carencia de reformas, sobre todo, para agilizar el Estado, que han caracterizado a toda su gestión. Y luego no quiere que lo critiquemos.
Aguantar el tránsito en Lima es una tarea a la que todos los limeños nos exponemos de modo diario. Y digo soportar porque en realidad manejamos mal, tenemos obras que duran años de años y nuestra cultura vial, incluyendo a los peatones, es realmente caótica. Y esta semana, dos noticias vuelven a actualizar la necesidad de buscar mayores y mejores salidas a los problemas del transporte.
Dos comentarios: 1) Con esto, se estaría cumpliendo lo planteado en el plan de transporte (2004) (en parte). Además, según miguel sadia, este servicio cubriría el 15% de la demanda (casi el doble de lo que hará el tan discutido y dilatado metropolitano). Dato que hay que tomar con bastante reserva. El financiamiento de la caf cubriría el 55% del costo total (549 millones), el resto sería cubierto por las autoridades.
No hay que olvidar otros hechos, que han sido muchos en los mas de 20 años de historia que tiene este proyecto: 1) la municipalidad de lima intento dar en concesión ocho veces el tren eléctrico sin ningun exito; 2) hace ya dos años, diferentes analistas plantearon los problemas respecto al proyecto y su posible expansión hasta san juan de lurigancho (ampliación pedida por el propio garcia); 3) existen varias dudas (en muchos casos respaldadas por estudios) sobre las dificultades de esta ruta, expresadas especialmente en su baja demanda, poca rentabilidad, entre otros aspectos. específicamente, existen estudios, como el del banco mundial del 2005, que señalan las dificultades de este tramo por la poca demanda, que podrian terminar convirtiendose en que sea un proyecto con un alto nivel de subsidio público; y etcetera. problemas no le faltan al tren eléctrico. (habría que preguntarle a garcia por que se decidió por esa ruta y si la anecdota de él paseando en helicóptero buscando una ruta sin rastros de “otros políticos” es cierta)
2) el tren eléctrico no se encuentra bajo la autoridad del municipio de lima, sino bajo una autoridad autónoma y el ministerio de transportes y comunicaciones. ¿el gobierno central entra a participar en el juego del transporte en lima? En la pagina del tren urbano se explica como la “autoridad autónoma del proyecto especial sistema eléctrico de transporte masivo de lima y callao” AATE ha pasado por diferentes instancias. Creada en el primer gobierno aprista con dependencia del ministerio de la presidencia (1986), pasando luego al ministerio de transportes y… , y el 2003 paso a la municipalidad de lima como organismo público descentralizado, para finalmente en un decreto el 7 de junio de 2009 la AATE retorno al ministerio de transportes y comunicaciones. Es decir, bastante reciente su regreso al ministerio de transportes.
Lo planteado aquí vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de terminar con una obra que se ha avanzado a medias, mal y que, en términos técnicos, parece estar destinada al fracaso. Como bien se recuerda, la obra fue impulsada por el primer gobierno aprista y en este segundo periodo pretende completarse, a pesar que no se sabe incluso porque se seleccionó esta ruta para poder activar un tren urbano. Ello, además, sin considerar que Lima, como cualquier metrópoli, debió tener un tren subterráneo, claro, considerando todas las medidas necesarias en una ciudad ubicada en zona sísmica. (Claro, ahora el alcalde nos destroza Lima y luego señala que quiere hacer un metro. No entiendo).
El problema es que no es la única obra que ha tenido problemas de diseño. Y ya no solo hablemos del Metropolitano. Podríamos mencionar, por ejemplo, que el controvertido by pass ubicado en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria. Me pregunto - además de los problemas con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - ¿no era obvio para el alcalde que el mayor flujo vehicular en esa intersección viene por Universitaria? El alcalde, por supuesto, no responde esta pregunta y prefiere estar en un reportaje de programa de mediodía.
Se supone que una medida para solucionar este caos es la revisión técnica, a fin que los dueños de vehículos puedan poner a punto sus autos o, en todo caso, salgan de circulación aquellos que no tienen remedio. El problema está cuando este sistema no funciona. Y en todos los medios sale la multa que INDECOPI le acaba de aplicar a la empresa encargada de las revisiones técnicas por varias irregularidades. Recojo lo que dice El Comercio:
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó ayer a la empresa Lidercon Perú con S/.284.000 (80 unidades impositivas tributarias), tras comprobar que los resultados de las revisiones técnicas que realiza en sus dos plantas de Lima no coinciden.
Según la Resolución 2583-2009-CPC de ese organismo, Lidercon deberá pagar dicha multa luego de comprobarse discrepancias en los resultados de las inspecciones vehiculares en las dos plantas de Lidercon en la capital, según denunció la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
Carla Reyes, coordinadora legal de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, informó que fueron 13 los vehículos inspeccionados. En tres de los casos, las unidades fueron aprobadas en una planta y desaprobadas en la otra. En los diez restantes, hubo discrepancias en algunos puntos de las revisiones.
A ver, si te aprueban en un lado y en otro eso es algo raro. De hecho, Lidercon ha dado de baja a 60 trabajadores porque aparentemente recibieron sobornos por este tipo de operaciones ilícitas. Esto es algo que no solo tiene que investigarse, sino también corregirse. Y la empresa concesionaria nos debería garantizar que todo esto se solucionará en el plazo más breve, tanto por su credibilidad, como por lo que pueda contribuir a solucionar el problema del transporte.
Hoy todos los medios de comunicación toman como una de sus noticias principales al polémico proyecto de Ley sobre el derecho de rectificación presentado por un congresista del partido de gobierno. Este derecho garantizado por la Constitución para que quienes consideren que una información vertida en un medio de comunicación no es exacta puedan solicitar al mismo una aclaración sobre los datos que consideren incorrectos.
Sobre dicho proyecto y la polémica desatada, cabe hacer 4 precisiones:
1. El derecho de rectificación no solo es un derecho constitucional. Constituye también una forma para los periodistas de poder autorregularse, al cumplir reglas de verificación de información necesarias para mantener la credibilidad necesaria en su trabajo. Por tanto, además de un derecho humano que tiene cualquier ciudadano, también es una forma de que la prensa pueda cumplir adecuadamente con su labor.
2. En estos momentos existe una norma que regula el derecho de rectificación, la Ley 26847. Esta norma, como lo ha señalado de modo preciso el Consejo de la Prensa Peruana, tiene reglas bastante claras para el ejercicio de este derecho. Por tanto, estamos ante la sobrerregulación de una materia. Y en cuanto a la inclusión de medios electrónicos, en realidad, tanto esta norma como el propio Código Penal, si toma en cuenta a los mismos, dado que se hace alusión a cualquier medio de comunicación. Una precisión como ésta, por tanto, no era necesaria.
3. El proyecto también yerra en recortar el plazo de 7 a 3 días para que el medio pueda emprender la rectificación, dado que la carta y posibles documentos presentados requieren de un análisis por parte de quienes conforman el medio, sea para la defensa de la nota o para corregir los datos inexactos.
4. En cuanto a la solidaridad con la empresa periodística en el pago de una posible indemnización, como lo han mencionado Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui, los perjuicios son dobles. Se podría presionar a un medio para que bote a un periodista incómodo o el medio podría quedar paralizado por una órden de embargo. Por una u otra manera, es la libertad de prensa la que quedaría dañada.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, consideró como inoportuno e innecesario el proyecto de ley, presentado en la Comisión de Constitución del Congreso, que regula el derecho de rectificación en los medios de comunicación.Recordó que en el primer gobierno del presidente Alan García se respetó irrestrictamente la libertad de prensa, al igual que en el presente periodo.
“Los demócratas somos respetuosos de la libertad de expresión y de opinión; hoy quiero decirles, a nombre del Gobierno, porque de alguna manera lo compromete también, que el Gobierno no ha presentado la iniciativa, y consideramos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna”, dijo Velásquez Quesquén.
Asimismo, señaló que el derecho de rectificación ya se encuentra reglamentado en la Constitución Política, en el artículo 2º, inciso 7.
“En ella están contenidas todas las garantías que los ciudadanos pueden utilizar en caso de que una información inexacta pudiera agraviarlos.”
Indicó que esta propuesta planteada por los congresistas se debatirá en el Parlamento, pero ratificó el respeto irrestricto del Gobierno por la libertad de prensa.
Asimismo, dijo: “El Gobierno reconoce que la función social de control que cumplen el pueblo y los medios de comunicación es muy importante.”
“Adicionalmente, quiero decir que evidentemente la responsabilidad civil de las empresas es innecesaria, porque ya en el Código Civil, en el artículo 1981, está establecido.”
Parece que, finalmente, el proyecto podría quedar archivado. Esperemos al martes, que se debatirá en la comisión de Constitución.
El presidente de la República, Alan García, hizo un claro deslinde de las intenciones del Gobierno en torno a un proyecto de ley presentado por la bancada oficialista que busca regular el derecho de rectificación en los medios de comunicación.
“Mi Gobierno fue, es y será siempre un Gobierno de libertades, un Gobierno de absoluto e irrestricto respeto a la libertad de prensa y de opinión”, afirmó en diálogo con la prensa.
El jefe de Estado descartó que el Ejecutivo tenga temor de las opiniones o necesidad de circunscribir las opiniones de la prensa o de silenciarlas.
“Creo que el componente fundamental de la democracia es la más irrestricta libertad de expresión y la libertad de prensa y así será defendida por mi Gobierno porque es parte de la democracia y del marco legal de nuestra patria”, sostuvo.
El mandatario refirió que todos los peruanos tienen derecho a expresarse con absoluta libertad. “Hay un aspecto, que es que el que se siente afectado debe tener derecho a una rectificación de una manera adecuada y equitativa dentro de un plazo, creo que eso es un aspecto interesante del proyecto”, dijo García.
“Pero que nada que pueda parecer ofensivo a la libertad de expresión o libertad de prensa tendrá cabida en el régimen democrático del Perú”, subrayó.
El viernes 28 se cumplirán 6 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y más allá de las actividades de conmemoración, recordación y performances artísticas, es necesario llamar la atención sobre como va el cumplimiento de las recomendaciones planteadas por la CVR en diversos campos. Hoy hablaremos del complejo tema de los procesos judiciales.
Esta semana en Poder, Ricardo Uceda publicó un completo reportaje en torno a los procesos judiciales que afrontaban militares procesados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. El reportaje de Uceda hacía incidencia en algunas ideas fuerza sobre las que me gustaría explorar: 1. El rol del IF CVR como parte del acervo probatorio en este tipo de casos, 2. el razonamiento que han tenido los magistrados para procesar este tipo de casos y 3. las posibilidades de una “salida política” (léase, amnistía) como “solución” a este tipo de casos.
Sobre lo primero, cabe indicar algunas cosas. Para comenzar, si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación elaboró 47 reportes para el impulso de investigaciones judiciales en igual número de casos, los mismos no fueron elaborados bajo la posición de “vamos a dañar a las Fuerzas Armadas”. De hecho, varias de las ideas fuerza de la CVR fueron tomadas en cuenta por los magistrados en las sentencias a las cúpulas del MRTA y Sendero Luminoso - sobre todo, en este último caso -. Pero también debe quedar claro que el IF CVR no es el único medio de prueba que tienen los magistrados para acusar y resolver sobre este tipo de casos.
El Informe Final de la CVR es un documento público, la CVR fue un organismo creado por el Poder Ejecutivo con un objeto determinado, ya establecido, de eminente trascendencia pública, y quienes la integraron fueron designados por un acto oficial, revistieron la calidad de funcionarios públicos, por lo que las actuaciones que realizaron y la documentación que generó revisten esa naturaleza o carácter. Su valoración dependerá de las características de los hechos que aborda, del ámbito y naturaleza de sus conclusiones, de los aportes que proporcione.
1. Es evidente, por un lado, que, en aquellos hechos respecto de los que insta su judicialización, no podrá darse por probado judicialmente lo que presenta por su sólo mérito. Por lo demás, así lo ha sostenido esta Corte Suprema en la causa número 15982007/Lima, FJ 17°, al señalar que “…las conclusiones del citado Informe [el Informe Final de la CVR] no son vinculantes al órgano jurisdiccional, más allá de reconocer su calificado valor jurídico y fuente de referencia”.
2. Sin embargo, otro será el criterio respecto de hechos contextuales, es decir, de aquellos que se refieran a la situación general del fenómeno subversivo y a la conducta de los agentes del Estado para enfrentarlo. Las características del Informe Final, el material que lesirvió de análisis que recopiló, organizó y comparó y los métodos utilizados su carácter interdisciplinario, científico y las contrastaciones que merecieron las fuentes y base de datos que se construyó al efecto, como consecuencia de la tarea impuesta por la norma de creación permiten otorgarle esencialmente a la constatación de situaciones fácticas que realizó valor probatorio calificado, salvo que prueba concreta o información judicial consolidada enerve su valor lo que no se ha producido en el caso de autos. Este Supremo Tribunal, en la Ejecutoria Suprema número 9182006/Junín, del siete de junio de dos mil seis, Fundamento Jurídico Tercero, asumiendo este criterio, en primer lugar, que declaró el Informe de la CVR tiene el carácter de documento público; y, en segundo, sustentó parte de la declaración de hechos probados en la descripción del plan de ataque al anexo de Pichanaki a consecuencia de lo cual se dio muerte a numerosos miembros de una comunidad ubicada en el citado anexo del Delta del Distrito de Pichanaki.
3. Desde esta perspectiva, la CIDH en numerosos fallos en los que ha sido parte el Perú le ha reconocido mérito probatorio. Así, en la SCIDH Cantoral Huamaní y otros, párrafo noventa y dos, del diez de julio de dos mil siete, precisó: “…esta Corte ha dado especial valor al informe de la CVR como prueba relevante en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional del Estado peruano en diversos caso que han sido sometidos a su jurisdicción”. En la SDCIDH La Cantuta, párrafo doscientos veinticuatro, literal b), dijo: “…el trabajo de dicha Comisión constituye un esfuerzo muy importante y ha contribuido a la búsqueda y determinación de la verdad de un período histórico del Perú. No obstante, sin desconocer lo anterior, la Corte considera pertinente precisar que la “verdad histórica” contenida en ese informe no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad también a través de los procesos judiciales…”.
Sobre el segundo punto, luego de lo que la observación personal sobre este tipo de temas me ha permitido contemplar, no nos encontramos ante magistrados que sean llevados de la mano por las ONG’s en este tipo de temas, como lo mencionan algunos medios de comunicación - como Correo, Expreso y La Razón -. Por el contrario, se trata de jueces y fiscales que mantienen claramente su independencia y que están ávidos de conocimientos sobre las últimas doctrinas penales y procesales penales sobre este tipo de materias. Por tanto, se cumple el requisito de imparcialidad. Lo que se requiere es definir criterios jurisprudenciales únicos sobre determinadas materias, en lo cual, las sentencias emitidas hasta el momento pueden ir formando ciertos criterios, que deben ser complementados conforme avancen estos casos.
Cabe recordar que este tipo de procesos son extremadamente complejos, por varios factores: las presiones políticas y directas sobre estos casos, las dificultades probatorias por ser casos en los que se ha querido ocultar evidencia o ha transcurrido mucho tiempo desde la obtención de la misma, las presiones a los testigos y la carencia de prueba directa que acredite responsabilidad. De allí que sea necesaria la aplicación de las reglas de valoración de prueba indiciaria para estos casos - y, en general, para la mayor parte de procesos penales-.
Finalmente, como señala el propio reportaje de Uceda, ni siquiera los militares tienen consenso sobre una amnistía y, de hecho, muchos no la quisieran. Ya anteriormente he explicado los reparos políticos, morales y jurídicos sobre esta materia. Digamos, internacionalmente, sería un papelón.
Un último tema que se ha venido discutiendo estas semanas es sobre la salida de sentenciados por terrorismo luego de cumplir con sus condenas. Sobre este tema, y otros conexos, dejo con la palabra a Mirko Lauer:
Que alguien acusado injustamente de terrorismo recupere su libertad debe alegrar a la democracia, y la fortalece. El proceso comenzó a difundirse bajo Alberto Fujimori, y fue impulsado por el heroico sacerdote Hubert Lanssiers. En este caso los remanentes del fujimorismo han optado por satanizar la práctica de liberar inocentes.
En cuanto a los culpables de terrorismo que han cumplido su sentencia, nadie tiene por qué aplaudir su salida de prisión, pero criticar el hecho o presentarlo aviesamente como una inconducta pro-terrorista es hacer escarnio de las leyes del país, y de paso de los jueces que determinaron las penas en primer lugar.
De otra parte predicar que existe una suerte de bando pro-terrorista en el sistema institucional y político peruano es una suerte de suicidio conceptual. Además sugiere que estos predicadores se sentirían más cómodos si no hubiera democracia, sino una guerra entre partidarios de la dictadura. La del proletariado vs. la de la familia, por ejemplo.
Así, la noción de que el sistema democrático en todos sus niveles es un tácito frente contra el terrorismo y otras lacras similares se resquebraja. De paso se va introduciendo una cuña entre las fuerzas de la ley que capturan a los terroristas y las fuerzas de la justicia cuya tarea es juzgarlos y dictar sentencia.
Sin duda la policía y los tribunales pueden cometer errores como sindicar y condenar al hombre equivocado. Su rectificación es clave para la confianza del pueblo en la justicia (que es lo primero que el terrorismo busca minar). Como es clave respetar y no denostar aquellos casos en que el proceso tuvo la razón.
Nótese que las capturas decisivas de cabecillas del terrorismo por parte de las fuerzas del orden se dieron todas dentro de marcos legales, y lo mismo vale para la neutralización del terrorismo sobre el terreno. Las ejecuciones extrajudiciales a la postre lograron muy poco, si acaso lograron algo.
Quizás este último mensaje es que el que debería comenzar a quedarnos más claro.
DISCLAIMER: El autor trabaja en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP como investigador en estos temas, pero expresa aquí su posición personal.
La Encuesta del Poder 2009, desarrollada por APOYO y presentada hoy por Perú Económico, registra varios datos dignos de análisis que, al igual que el año pasado, merecen atención.
EL PODER DE DIONISIO: Curioso que este año Dionisio Romero aparezca en el segundo lugar de la Encuesta. Como sabemos, el empresario piurano dejó este año el poder del grupo en manos de su hijo. Pero sigue siendo un símbolo del poder económico del país y tal vez en ello esté la explicación a su presencia como segundo, además de la relevancia que la empresa privada ha adquirido en este periodo de gobierno. Varias preguntas se me vienen a la mente: ¿este poder se pasará de padre a hijo? ¿Por qué la diferencia entre Romero (puesto 2) y el presidente de CONFIEP (puesto 30)? ¿El perfil bajo de los hermanos Brescia, propietarios del grupo económico más importante del país - en términos de facturación -, hace que no sean tan percibidos como poderosos?
APARECEN LOS PRECANDIDATOS: Las cinco personas que aparecen en las encuestas como las de más opción para obtener la Presidencia de la República están entre los 15 primeros puestos. Solo comento el caso de dos de ellos que me parecen relevantes. En el caso de Keiko Fujimori, viene siendo cada vez más claro que ha desplazado a su padre en la percepción de poder. A pesar de ello, Fujimori es el presidiario con más poder (puesto 29). En el caso de Toledo, el crecimiento sostenido de su influencia año a año no solo indica el peso de los ex presidentes, sino también el peso de su candidatura presidencial.
EL PODER DEL PUEBLO: Si para los encuestados “tradicionales” son los empresarios quienes mayoritariamente están en la encuesta junto a los políticos, pasa lo contrario cuando la encuesta pasa al terreno de la opinión pública. Si bien Dionisio Romero permanece en el top ten, es desplazado por los políticos, sean los cercanos a Alan García o precandidatos como Castañeda Lossio o Keiko Fujimori. Aparece Magaly Medina en la lista, pero sobre ella, hablaremos en un instante. Más que a los números, la gente presta más atención al elenco estable de la política peruana, tal vez porque esté más expuesto en los medios de comunicación.
DEL CASTILLO: Se trata de un caso bastante sui generis en esta encuesta. No tiene en este momento un puesto fuerte en el gobierno y en el Congreso se ha ido a la “Comisión Anticrisis”, pero el peso de su influencia se hace sentir. Tal vez sea, como señalan varios de los entrevistados por Perú Económico, que Del Castillo logró posicionarse muy bien en lo que se refiere a su rol de intermediario con los empresarios y como el “personaje más sensato del APRA”. Hablo de percepciones, lógicamente. Pero también su peso se comprobó con el escándalo de los Petroaudios, dado que varias de las conversaciones con Canaán y Rómulo pasaron por su oficina.
EL FENOMENO MAGALY: No me parece raro que Magaly tenga un lugar entre los personajes más poderosos para la opinión pública y sea la persona considerada más influyente entre “personajes populares”. No solo acapara portadas por sí misma, sino que su programa - con todos los peros y defectos que tiene - marca agenda en temas de farándula y es quien más titulares genera. Y ello por simple arimética. Esta comprobación no tiene un juicio de valor favorable sobre su trabajo o su estilo de manejo “periodístico”, sino que refleja la realidad tal cual es.
PODERES SECTORIALES:
- Intelectuales Académicos: Siguen los mismos 3 desde hace años: Mario Vargas Llosa, Hernando de Soto y Julio Cotler. La pregunta es: ¿Se viene un relevo generacional? ¿Cuál es la percepción sobre intelectuales que tienen presencia mediática y académica como Martin Tanaka o Carlos Iván Degregori?
- Arte: Fernando de Szyszlo lidera la relación. No sorprende que personajes populares como Juan Diego Flores o Gianmarco estén en la lista. Extraña, más bien, que Dina Paucar, Abencia Meza o los chicos del Grupo 5 no se encuentren aquí.
- Derecho: Este año la lista es más variada, pues se intercalan abogados de estudios privados - Jorge Avendaño, Jorge Muñiz - con miembros del sistema de justicia como Javier Villa Stein, César San Martín y Avelino Guillén. Esto era impensable hace algunos años. Curioso que no aparezcan ni la Fiscal de la Nación ni ningún magistrado del Tribunal Constitucional, como si se presentaba en años pasados.
- Los otros empresarios: A Dionisio y a los Brescia se suma Roque Benavides, pero también tres nombres que suenan a sorpresa, aunque no tanta por sus movidas empresariales últimas: Gastón Acurio, Erasmo Wong y Jorge Rodriguez Banda (dueño del grupo Gloria). Las movidas en el azúcar de los grupos Wong y Gloria y las incursiones de Acurio dentro y fuera del país - como su creciente poder de influencia de ideas - los han colocado allí. Entre los gerentes, no sorprende que Walter Bayly y Leslie Pierce, personajes del grupo Romero, estén entre los 3 primeros de la lista.
- Periodistas: Hay nombres que se repiten en la lista en varios rubros, como los de Rosa María Palacios, César Hildebrandt y Augusto Álvarez Rodrich. Hay nombres que se mantienen como los de Raúl Vargas y Alejandro Miró Quesada. Sorprende que, por primera vez en muchos años, el director del El Comercio no esté en la lista de influencia, lugar que es ocupado por el Editor Central de Opinión Hugo Guerra y por el periodista Juan Paredes Castro (todo un signo de los tiempos). Aldo Mariátegui no sorprende con su segundo lugar en la lista de prensa escrita, por ser el periodista más mentado y comentado en prensa escrita (para bien y para mal), luego de AAR. Apariciones: Fritz Du Bois, Patricia del Río y Gustavo Gorriti.
- Deporte: Dos dirigentes deportivos encabezan la lista, como son el cuestionado Manuel Burga y el jefe del IPD, Arturo Woodman. Entre los deportistas, el peso está en las mujeres (Malpartida y Mulanovich), otro signo de lo que ha pasado este año. Philip Butters es el único periodista deportivo de la lista.
EL PODER EN INTERNET: Singular categoría en la que ha resultado como ganador Marco Sifuentes. En Perú Económico dan algunas razones por las cuales lo han considerado como tal, pero más interesante me parece el dato dado sobre las cifras en este rubro, que aterriza un poco el poder de Internet en el Perú:
Luego de Marco Sifuentes (ocraM), aparecen en los resultados de la encuesta sobre el peruano más poderoso en la web Cecilia Valenzuela y Renato Cisneros. También alcanzaron menciones Juan Sheput y Fabricio Torres del Águila (editor web de El Comercio); pero, por sobre todo, un alto número de encuestados (más del 60%) señaló que no precisa (o no conocen quiénes son los más poderosos en el ciberespacio).
Esto podría tener dos lecturas: la primera es que los líderes de opinión –a quienes se dirige la encuesta– pueden no ser mayores consumidores de medios de online, y si lo son, lo hacen por referencias de los medios convencionales. De ahí que aparezca Cecilia Valenzuela, quien hizo una apuesta fuerte por el video online con Agenciaperu.tv, y las páginas web de los mismos diarios. Pero la otra, más significativa de cara a la carrera electoral, podría reflejar que no se ha interiorizado aún a Internet como un jugador importante cuando de establecer la agenda mediática se trata, por lo que mantiene todavía un carácter underground en el Perú.
Sin embargo, es inevitable que ello cambie y que el proceso de integración se acelere con la campaña. Así, veremos en ella la consolidación de nuevos websites tanto de organizaciones como de bloggers individuales o en grupo que se pelearán por dominar el debate político online. La prensa tradicional será uno de los principales cómplices de este movimiento al trasladar muchos de los datos y opinión al mainstream, convirtiendo, como dice Rolando Toledo, de la RCP, “lo virtual en lo real”.
Fueron segundos eternos. Nadie sabía que pasaría, si volvería ver a su familia, en qué parte ocurría o si lo que vendría sería un largo silencio o el final de la historia personal. Cuando todo calmó, comenzamos a ver la magnitud del desastre.
Tiene razón Patricia del Río al decir que fueron los ciudadanos comunes y corrientes los que mejor se portaron. Toneladas de ayuda envíada, equipos de voluntariado que fueron a la zona o el simple hecho de mantenernos sensibles sobre la materia fueron el ejemplo de un país que, siempre que hay una causa solidaria por apoyar, se pone de pie y pone el hombro, el codo, el brazo completo y la fuerza de voluntad para estar, acompañar o dar.
Y eso duele. Porque hablamos de lugares que están cerca de la capital, aquella que es vista con recelo apenas salimos de los linderos de Ancón, Chosica o Pucusana. Porque nunca el país había tenido tanto dinero en las arcas, producto de un trabajo bueno en la parte macroeconómica, que no ha podido ser utilizado del modo más adecuado. Porque duele ver que el Presidente de la República y las demás autoridades solo atinen a echarse la culpa las unas a las otras de su inoperancia. Porque nos demuestra que las reformas institucionales que Alan García se negó sistemáticamente a hacer nos pagan la factura de la peor manera.
Desde lo personal, lo ocurrido en Pisco duele. Fue la cobertura que más trabajo me costó hacer, porque ir incrementando la cifra de fallecidos conforme pasaban las horas durante los primeros días era una tarea complicada en términos humanos, porque ver casas destruidas, gente llorando a sus muertos, desolación total jode en el alma. Y porque luego de dos años, volvemos a comprobar que no tenemos políticos a la altura de las circunstancias.
Y como católico, finalmente, me duele que el pastor de la Iglesia de Lima pide a la gente que no se queje. No me sorprende de alguien que acusaba a las organizaciones de defensa de los derechos humanos de ser una cojudez. Pero ello se da de patadas con el mensaje cristiano y con la propia doctrina católica sobre los derechos humanos. Comience a pedir que revisen los templos de Lima, antes que nos caigan en la cabeza en un sismo. Y comience a condolerse por sus hermanos. Imite a la persona a la que dice representar en Lima.
Ojalá esta columna no tengamos que repetirla el próximo año.
Menuda pregunta a hacer. No se si tenga una respuesta para la misma. Y es que todos estamos preocupados por lo que viene ocurriendo, sobre todo, cuando parece que allá en Palacio y en los Ministerios no tienen una salida al tema.
Tal vez cabria comenzar por decir que son varios Senderos los que tenemos a estas alturas del partido. Para comenzar, están, los acuerdistas, es decir, quienes proponen una “solución política derivada de los problemas de la guerra”, que son los cercanos a Abimael Guzmán. ¿A que le llaman “solución política”? Pues a algo inaceptable desde todo punto de vista: una amnistía. Ojo con estos que son los que hacen trabajo político desde las cárceles o, en los casos de los que aún siguen en la agrupación, fuera de ellas.
Los otros son los del Huallaga. También se dicen acuerdistas, pero siguen alzados en armas. Pero también son los que tienen las más de perder, dados los golpes que han sufrido en los últimos años.
Son varias las razones para oponerse a esta propuesta. La primera de ellas es la Constitución peruana, que indica que es la Policía Nacional la que debe encargarse de los temas de seguridad interna. Claro, las Fuerzas Armadas pueden colaborar en las zonas declaradas en emergencia, pero es a la PNP a quien le compete la labor mayor en este sentido.
La segunda es la historia y la experiencia. Si algo fue un logro policial fue la derrota de Sendero Luminoso. Es obvio que los comités de autodefensa y las Fuerzas Armadas tuvieron también un rol y participación importante, pero fue la labor de inteligencia y captura que hizo la Policía la que permitió que Sendero Luminoso y el MRTA tengan a sus principales líderes en prisión.
La tercera es que la derrota de los remanentes de Sendero no debe ser solo militar. Queda claro que, para quitarle espacio a los narcotraficantes, se requiere de una estrategia integral, que ocupe también espacios vinculados al desarrollo. Ojalá esto lo entienda el nuevo jefe del Plan VRAE.
Y, finalmente, es la actualidad del conflicto la que impone que sea la Policía la que esté a cargo de esta labor. Comenta Gustavo Gorriti:
De la misma forma, el hecho que la situación en el Huallaga esté tanto mejor que la del VRAE es resultado en gran medida de una eficaz acción de inteligencia policial. Hasta hace pocos años, “Artemio” era tan fuerte como los senderistas del VRAE, pero los sucesivos contrastes que sufrió lo han debilitado considerablemente.
¿Quiénes son los policías que lo enfrentan? Buena parte son los veteranos históricos del GEIN, incluido el actual jefe del Frente Huallaga, el general PNP Luis Valencia Hirano. Pese a operar con presupuestos ridículos, con menos policías especializados que antes, sin viáticos, con pocos medios, la PNP mantiene la iniciativa porque es hábil, conoce el tema y tiene el método adecuado.
No es verdad que haya habido una buena colaboración militar en el Huallaga. Ha habido constantes roces entre jefes militares y policiales, y desde el momento en que la captura de Artemio se convirtió en una posibilidad real, la competencia se hizo mayor. Es cierto que los actuales jefes militares hacen ahora esfuerzos por mejorar esa situación, pero se trata de acciones recientes.
Subordinar la Policía a la Fuerza Armada y pasarla al Ministerio de Defensa no solo sería peligroso para la gobernabilidad democrática, sino una barbaridad en cuanto a eficiencia operativa.
Es cierto que en el VRAE la coordinación no ha sido buena y que la organización policial en Ayacucho es confusa e ineficiente. Pero, como dice el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra, la solución no radica en subordinar sino en combinar. No buscar una solución falaz en los vicios del pasado sino integrar ventajas, sumar destrezas.
Quizás el gobierno debiera comenzar a pensar en la necesidad de la memoria, también para derrotar a la subversión.
La indignación muchas veces no se puede expresar con palabras. Sobre todo, cuando la indolencia afecta a un país que lloró a más de 500 fallecidos, a una ciudad que hasta ahora no se ha podido reconstruir y que parece convertirse en el símbolo de aquello que nos falta como Estado para ser de verdad un país que avanza. Porque las autoridades se pelotean para ver quien es la responsable y no hacen absolutamente nada, mientras FORSUR es un monumento al fracaso y un recuerdo de los pollos que vendía su ex presidente a Palacio de Gobierno. Y porque al final, decir que todo sigue igual suena a aquel vals que dice que “toda repetición es una ofensa”, solo que esta vez no es una metáfora.
Por ello, esta vez solo dejaré dos videos comparativos y varios links.
HACE UN AÑO: Reportaje de Marco Sifuentes para Utero.tv.
HOY: Reportaje de César Hildebrandt Chávez para Hildebrandt a las 10
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