Desde el Tercer Piso

Lo más relevante de este caso es la participación de la Marina, es un acuerdo o política institucional el apañar, encubrir a todos sus miembros que violaron los DD.HH., eso fue el caso del comte. “Camión”, Alvaro Artaza Santiestevan y otros. Parece ser que la Marina impartía sus directivas señalando que no había problema que ella los defendía sucediera lo que sucediera y así ha sido. Una política de imagen institucional de proteger a sus marinos, sin importar los derechos de las personas y sobre todo las leyes peruanas. A la luz de todos estos hechos pasados y recientes, no hay otra explicación.
Por otro lado la acusación que se hace a estos miembros de la Marina hay abundantes datos que los acusan, y ahora el fiscal pretende desconocerlos apoyándose en el juicio que sobre el mismo caso se dio en la propia institución. Juicio que fue desechado y anulado!. Es decir en el Perú de hoy no hay justicia.

Esta clarisimo hasta para los que no quieren ver. El caso Pomatanta, es el enfrentamiento de las dos naciones que albergan un país llamado Perú. ¿Es posible que pueda existir justicia?, cuando el primer vicepresidente del Perú es un ex marino, con costumbres nada democráticas a quien ya han visto meter la mano en el Poder de la injustica y una institución que ha hecho y hace todo lo posible para que sus miembros violadores de los DD.HH. salgan impunes.
El finadito, sobrevivio varios dias, y en medio de una dolorosa agonia, pudo denunciar a quienes lo torturaron y asesinaron con alevosia y crueldad. Lo quemaron. Y ahora una fiscal adjunta a la injusticia del Peru se hace la loca para pasar la hoja de la verguenza y que el crimen quede impune.
Después el marino y sus cómplices se irán a sus casas y luego tranquilos nomas forman otro “Bussines Track” ya no de espionaje porque hay mucha competencia, digamos de apoyo al Vice almirante y pumm, todos contentos.
Menos la familia de un joven humilde asesinado Dios sabe sin saber porque. Hay muchos puntos oscuros en este caso y todo apunta al gobierno de Alan García y a la Marina de Guerra del Perú con muchas manchas negras en sus albos uniformes. Manchas recientes incluso que son difíciles de lavar.
Esperemos que en estos tiempos de crisis, se imponga la justicia.

Quien escribe es abogado de profesión, con discapacidad visual adquirida por acidente a la edad de 17 años, soy de la ciudad del Cusco; me presenté a un concurso público comvocado por el Consejo Nacional de la magistratura para la plaza de fiscal adjunto en la ciudad del Cusco en el mes de julio, habiendo sido declarado postulante apto; sin embargo, faltando 4 días para dar mi examen escrito, fuí excluido de toda la comvocatoria por el Consejo por motivo de mi discapacidad visual, exclusión que fué fundamentada en lo dispuesto por el Art. 177. de la Ley Orgánica del Poder judicial, sin embargo dicha norma ya se encontraba derogada segun la Ley 29277 ¨Ley de la Carrera judicial¨oficializada según publicación en el peruano en el mes de Mayo, por lo que era inapropiado la aplicación de dicha norma por ser prevaricadora, es decir no existe impedimento alguno para que una persona con discapacidad visual pueda ser Juez o Fiscal. Razón por la cual, al excluirme el Consejo sin darme la posibilidad siquiera de dar el examen me siento discriminado y vulnerado en mis derechos primigenios; la Constitución Política del Perú indica que todos somos iguales ante la ley y asi lo rtifica la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU aprobado por el Perú y la ley 27050 que establecen el marco jurídico para la protección y defensa de los derechos a favor de las personas con discapacidad y además de haberse cometido el delito de discriminación por los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, máxima entidad que se encarga de aplicar la norma y respetar los derechos fundamentales de la persona humana sin ningún tipo de miramiento. Es así, pese a que existen documentos presentados por instituciones y organizaciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad pidiendo que el consejo rectifique su posición señalando que en mi caso se esta cometiendo un acto discriminatorio. El consejo aduce que una persona en mi condición no puede ejercer la función jurisdiccional en el cargo de Fiscal Adjunto; sin embargo olvidan que yo exijo que se me permita dar mi examén, en igualdad de condiciones de los demás postulantes. Una persona con discapacidad visual no está impedida a trabajar y desempañar su función con probidad, conocimiento y profesionalismo. Estamos en pleno siglo XXI, donde la tecnología es un gran soporte de ayuda profesional y laboral. Yo me siento capaz de desempeñar una función a la altura de las circunstancias como ya lo vengo realizando duarnte mis más de 8 años de experiencia profesional. He esperado pacientemente un pronunciamiento de parte del Colegiado, sin embargo no me ha llegado hasta el momento ninguna comunicación o descargo oficial. Es inverosimil ver que los máximos representantes y operadores de la lógica jurídica en el Perú, que evaluán a jueces y fiscales a nivel nacional, sean personas llenas de prejuicios, menoscabos y discriminaciones con personas que por tan solo ser diferentes en cuanto a una capacidad física se nos prohiba participar y aspirar a ser operadores de la Justicia en nuestro país, no contando con ello de nuestras capacidades academicas o la preparación moral con la que contamos desconociendo el derecho que tenemos ha integrarnos social y laboralmente sin que por nuestra condición seamos dejados de lado sin darnos la posibilidad almenos de participar como ha pasado en mi caso, donde no se han fijado mi capacidad académica o curriculum; muy por el contrario se excluye de poder participar por mi condición de persona con discapacidad visual. Es preocupante como se viene realizando estos procesos. Hago pública esta denuncia, para que las personas con discapacidad no seamos discriminadas y vulneradas en nuestros derechos y quienes lo hagan como el Consejo de la Magistratura no queden impunes su actuar como si nada hubiese pasado, además para que no solo existan normas, si no que estas se cumplan y no sean letra muerta.
Por lo que pido que esta denuncia se difunda y para mayores alcances e información sustentatoria dejo mi celular 084-984298096 y correo edwin_bejar@hotmail.com.
En estos momentos me encuentro en la Ciudad de Lima desde hace 3 semanas, necesito que mediante su medio informativo tan importante se publique mi denuncia y sea acojida por la ciudadanía en general. Mi dirección en Lima es: Av. Arequipa 3771 o 3773. Telf. 421 7247.

Disculpame, Sr. Godoy, pero ya es hora de dejar de decir que la Marina esta’ infectada de malos elementos. Pienso que es al reves, sus buenos elementos son la excepcional minoria, y que su accionar frente a casos como estos, es desgraciadamente su manera regular de actuar.

Por otro lado, aunque no venga al caso, permiteme expresarte mi solidaridad frente a esa bufalada de Mr Mustanrech. Se’ que saldras bien librado y que cuenta con mi apoyo solidario.
Un abrazo

[…] El Oficial Andres Egocheaga fue condenado a 20 años de prisión, sin embargo, tres de sus cómplices a los cuales Pomatanta identificó antes de su muerte han sido liberados. Otro problema para poder alcanzar la justicia en este caso es que la Marina de Guerra del Perú está dilatando el proceso en el Ministerio Público (ver caso en desdeeltercerpiso.com). […]

me molesta mucho q no se haga justicia con el caso de mi hermano..si tan solo se imaginarian el dolor q se siente entenderian todo….ojala q todo esto termine….