Hace algunos meses, se dictó la sentencia de primera instancia en el caso Indalecio Pomatanta. Para recordarles, se trata del caso de un joven de 17 años que fue incinerado por una patrulla de la Marina que hacía un operativo contrasubversivo. Pomatanta falleció producto de las heridas, pero antes pudo identificar a sus atacantes.
Como consecuencia del proceso judicial, se condenó a Andrés Egoachaga Salazar, el primer oficial de la Marina que estuvo involucrado en el caso. Tanto el Ministerio Público como la defensa de Egoachaga apelaron la sentencia, mientras que tres de los inculpados fueron absueltos.
Lo preocupante es el dictamen fiscal previo a la sentencia de la Corte Suprema. Carlos Rivera, abogado de la familia Pomatanta, indicó lo siguiente a Ideele Radio:
“El Ministerio Público ha cedido a las presiones de la Marina de Guerra. Nosotros hemos advertido la inmensa presión y la injerencia clarísima que ha tenido la Marina de Guerra de abrir un proceso judicial en el fuero militar, al no brindar información, impidiendo que los oficiales acudan al juicio, diciendo que no tienen obligación de entregar a los procesados a la justicia ordinaria”, declaró al Programa “ No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Rivera Paz sostuvo que esta situación es producto de una injerencia grotesca y una abdicación, con el ánimo de generar impunidad y beneficiar a otros cuatro oficiales de la marina que están implicados en el caso.
“Aquí hay un gruesa irregularidad por parte de la fiscal, al dar un valor a un proceso judicial nulo, que es el fuero militar y nunca deja de sostener si el crimen se cometió o no, porque termina dándole valor a esas declaraciones (dadas ante el fuero militar), donde dicen que Pomatanta al intentar escapar de los militares se cayó en una fogata y se había quemado”, señaló.
“La fiscal sostiene que es el elemento de contradicción con las declaraciones que ya en el juicio dieron los militares, donde ellos dijeron que no había existido ninguna fogata, sino que el señor Egocheaga y Guido Dávalos habían rociado de gasolina al joven y prendido fuego, y la fiscal aduce que esto había sido un accidente. La señora Bersabeth Revilla ha emitido un dictamen escribiendo, lo que en su momento alegó la abogada defensora del señor Egocheaga, que hay contradicciones, con las declaraciones de los militares en el fuero militar” indicó.
Ojo que ya antes el propio Instituto de Defensa Legal había advertido otras perlas de la Marina, ubicadas en la sentencia de primera instancia:
Además se ha logrado demostrar, que la propia Marina de Guerra, después de sucedidos los hechos criminales, mostró una actitud de total apoyo y encubrimiento del crimen, y que no sólo ayudó a los efectivos de la Marina en evadir su responsabilidad, sino que participó activamente para dejar los hechos en la impunidad. Por ello elaboró un proyecto de transacción extrajudicial por el monto de US$ 25,000.00 mediante el cual exigía a los familiares de Indalecio Pomatanta la renuncia a cualquier clase de acción y/o denuncia que pudieran plantear ante órganos de administración de justicia. Esto ha sido reconocido por el asesor legal de la Marina de Guerra de esos años.
Esperemos que la Corte Suprema sentencie de acuerdo a derecho y no a una presión indebida. La Marina debe entender que sentenciar a uno de sus miembros no es una afrenta a la institución, sino curarla de los malos elementos que tuvieron.
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