Desde el Tercer Piso

Que la gestión de este gobierno al frente de Radio Nacional y TV Perú es un desastre, no es un secreto para nadie.  Lo avanzado durante la anterior administración en materia de calidad de la programación y cierto nivel de independencia informativa se ha echado a perder.

Y la actual gestión de Ricardo Ghibellini no ha sido la excepción: un cuestionado convenio de programación de Radio Nacional con APDAYC - hasta ahora, no publicado -, sumado a la transmisión de un mal producido concurso de belleza y ahora, con la incorporación de la periodista Cecilia Valenzuela, defensora de las medidas y visiones más descabelladas de este gobierno, pone en cuestionamiento la anunciada “renovación” de un canal que, según decía su presidente ysus otros directivos, brindaría más cultura y sería más neutral en su programación noticiosa.

En la página del Consejo Consultivo de Radio y Televisión está el Anteproyecto de Ley de Radiodifusión Estatal, una nueva norma que regiría tanto a Radio Nacional como a TV Perú.  Luego de revisarlo y viendo que, en términos generales, no está del todo mal, hago una serie de sugerencias a modo de líneas matrices del proyecto:

1. Se hace bien en definir al servicio de radiodifusión estatal como Servicio Privado de Interés Público. Ello debería ser completado con un artículo que señale que la radiodifusión estatal será manejada a través de una empresa pública, creada mediante esta misma Ley, y que para la mayor parte de sus cuestiones, se maneje bajo el derecho privado.

2. Ampliar la neutralidad política del canal ya no solo en periodos electorales, sino también durante el periodo “normal” de cada gobierno.  Y, ya esto fuera de la Ley, el canal y la radio estatal deberían ser espacios de debate plural con todas las tendencias políticas. Ya que a muchos de este gobierno les gusta la visión chilena, tal vez podríamos tener un programa político como Estado Nacional, difundido a través de TV Chile, en el que los políticos de todos los partidos son interpelados con la misma dureza.

3. Un directorio que sea propuesto por 7 años, trascendiendo los periodos de gobierno, a propuesta del Presidente de la República y ratificado por el Congreso, con una regla de pluralidad que es establecida por normas similares en Chile y España.

4. Como se señala en la norma, se debe asegurar la accesibilidad al servicio por parte de personas con discapacidad por deficiencia auditiva y de las minorías lingüísticas por restricciones de idioma.

5. Mantener la idea de frecuencias regionales que se plasma en el Anteproyecto.

Sobre esta base, podríamos tener realmente una radio y televisión pública, como cualquier país civilizado.