Todos sabemos que Lima y Callao requiere tratar sus aguas servidas. Se trata de un asunto de salubridad pública y, además, de respeto al medio ambiente, dado que los colectores de Lima desembocan en algunas de nuestras playas.
De allí que proyectos como la Planta de Tratamiento de Aguas de Taboada, a construirse en el Callao, sean importantes. Pero también ello implica tener mucho cuidado con posibles corruptelas y se venía una grande. Hace unos meses, reseñaba Marco Sifuentes:
La adjudicación fue ganada esta semana (a fines de febrero: nota de DTP) por el consorcio español ACS. Pero pronto surgieron los problemas. El Comercio de hoy se pregunta si no nos están vendiendo gato por liebre: al parecer, hay una serie de especificaciones técnicas que no se están cumpliendo.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que la empresa española puede no cumplir los requisitos y aun así llevarse el pastel? Al parecer el quid del problema está en un memorandum. Sí, en un vulgar memo (que hemos colocado en los Anexos del Útero) del Ministerio de Vivienda.Vamos despacito.
En este memo, un funcionario de la Dirección de Saneamiento hace una interpretación auténtica de un Decreto Supremo, el 042-2008 PCM. Este decreto establecía los requisitos para construir la Planta de Taboada. Pues bien, en el memo se indica que no, que las disposiciones de este decreto no se aplican para ciertos detalles de la construcción de la planta. Y listo. Se acabó el tema. Hagan lo que quieran. ¿Por qué un funcionario menor desautoriza a un Decreto Supremo? Pero ahí no queda la cosa.
Lo alucinante es que Proinversión esgrime el memo de marras para justificar la concesión a ACS, una concesión de más de 1000 millones de soles. Para que vean la gravedad del asunto, también he puesto en los Anexos una carta del Gerente General de Sedapal a Proinversión advirtiéndoles que Sedapal no está de acuerdo con la forma cómo se ha llevado el proceso y que ellos no serán responsables de las consecuencias de la forma en que Proinversión ha manejado el asunto.
Pues bien, todo este chongazo hizo que el tema se detuviera por varios meses. Osea, desde fines de febrero hasta julio. Pero esta semana se volvió a mover. Informó El Comercio:
En una decisión que deja más dudas que certezas, el Gobierno declaró ayer en emergencia por 60 días el sistema del colector de Taboada, que arroja al mar unos 12 metros cúbicos por minuto de aguas servidas sin ningún tratamiento. Asimismo, decidió suspender, hasta nueva evaluación, el contrato que ya debía haber firmado con la empresa española ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, que ganó en febrero la licitación para construir la planta que iba a tratar el 60% de desagües de Lima y Callao.
Según el decreto de urgencia publicado en “El Peruano”, las bases de la licitación realizada por Pro Inversión no contemplaron los nuevos niveles de calidad del agua (ECAS) que debía llegar al mar y que fueron aprobados en junio del 2008.
De acuerdo con voceros de Pro Inversión, ninguna entidad les advirtió sobre estos parámetros, pero cuando los conocieron fueron incorporados en el contrato con la firma española. El abogado de esta última, Jorge Santistevan de Noriega, confirmó que el acuerdo tiene una cláusula que establecía cambiar la tarifa (de S/.0,22 por metro cúbico) cuando se modificara ese estándar.
También le pareció extraño que una comisión del Ministerio de Vivienda sustituyera a Pro Inversión en la evaluación de un tema que correspondía a la promoción de la inversión privada.
Luego de aparecido el Decreto en El Peruano, se armó la grande. Y es que la norma fue firmada por José Antonio Chang como encargado del Ministerio de Economía. Luis Carranza estaba de viaje, así que puso el grito en el cielo y amenazó con renunciar irrevocablemente porque el tema se había resuelto sin su firma. Así que hoy tuvo que aparecer una rectificación de la norma. Reporta el decano:
Mediante un decreto de urgencia, publicado hoy pero con fecha del viernes, el Ejecutivo modificó otro decreto de urgencia emitido el mismo viernes y que autorizaba a una comisión a evaluar la suspensión, cancelación o dejar sin efecto parcial o totalmente la concesión.
El nuevo decreto de urgencia señala que la disposición del viernes solamente sería implementada tras un informe de la Contraloría General, la que debe pronunciarse si se cumplió con el principio de legalidad en el proceso de concesión.
También plantea declarar en estado de emergencia por seis meses el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas de Taboada, en la costera provincia del Callao, vecina a Lima.
LQQD: La suspensión del contrato solo operará cuando salga el Informe de Contraloría. Es decir, la primera prueba de fuego de Fuad Khoury será este proyecto que, como vemos, tiene serios inconvenientes en el otorgamiento de su concesión.
Mientras tanto, aún no sabemos quien construirá la planta que tratará las aguas servidas de Lima y Callao, dado que el asunto era aún más turbio que las aguas a descontaminar.
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