El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló a través de la resolución viceministerial nº 211-2009-MTC a la emisora radio La Voz, de Utcubamba (Amazonas), que cuenta con licencia en regla desde el 13 de marzo de 2007, según informa la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
Según informa el periodista Carlos Flores, de radio La Voz, hoy llegó hasta la radiodifusora una misiva con la resolución de cierre bajo el argumento de “no haber enviado documentación a tiempo respecto a la homologación de equipos de la radio”.
En declaraciones a la CNR, Flores también aseguró que la cancelación se debe a “la supuesta falta de homologación de los equipos, pero esto es mentira porque nosotros solicitamos con tiempo esa inspección del MTC y ellos nos respondieron que la harían de acuerdo al cronograma de solicitudes (…) ellos se han demorado”.
Si bien la resolución dice el pretexto mencionado por Carlos Flores - y que ustedes pueden ver en La Mula -, sin duda hay algo raro aquí. Ideele Radio completa la información:
Los directivos de Radio La Voz, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba presentarán una medida cautelar contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por haberles cancelado la licencia de funcionamiento, luego de que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, los acusara de ser un medio agitador de la violencia.
“Se ha cumplido las amenazas públicas que hiciera desde el 5 de junio la ministra Mercedes Cabanillas y otros altos funcionarios apristas, mediante la resolución vice ministerial N 211 que tiene fecha 8 de junio, luego de los hechos ocurridos en la Curva del Diablo”, declaró Carlos Flores, director de dicho medio de comunicación.
Como en el Perú no se puede cerrar un medio de comunicación por decir algo que el gobierno no le gusta - por lo menos, en el papel -, cogen un pretexto legal para cerrar la radio.
El tema ya ha motivado las protestas de académicos y comunicadores, según informa el blog Notas desde Lenovo. Y, en realidad, si tanta indignación nos causó la sofisticada estatización de Panamericana, pues lo mismo deberíamos hacer con un medio que, si bien no tiene alcance nacional, tiene todo el derecho de difundir lo que le parezca.
Por lo visto, el gobierno quiere tener como única legitimidad los aplausos de foca de Aldo Mariátegui (con el perdón de las focas). Y seguramente, mañana el aprendiz de felpudo pedirá que cierren un par de blogs.
Lo han empleado los defensores de los civiles fallecidos y ahora lo ha hecho el Presidente de la República al referirse al asesinato de policías. El término Genocidio es utilizado del modo más libérrimo. De allí que sea importante definir que es.
En el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) se define el genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso …”:
(a) Matanza de miembros del grupo;
(b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
(c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
(d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
(e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. (Artículo 2)
Todos esos actos son violaciones de los derechos humanos y pueden constituir también crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, dependiendo del contexto en el que se cometan. La Convención confirma que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que las Partes en la Convención se comprometen “a prevenir y a sancionar” (artículo I). Como la Convención forma parte del derecho consuetudinario internacional, se considera que es aplicable en todos los países, independientemente de que la hayan firmado o ratificado.
Por tanto, el empleo de este término debe ser el más escrupuloso posible. No se puede hablar de genocidio en el caso de los nativos, debido a que no había la intención de eliminarlos para destruir a un grupo étnico. Y menos en el caso de los policías, que no constituyen uno de los grupos especialmente protegidos de la norma.
En ambos casos, nos referimos a Homicidio Calificado, que debe investigarse sea quien fuere el autor y la víctimas. Se tratan de violaciones de los derechos humanos que no deben quedar impunes.
¿El ministro aprueba las decisiones?
El ministro busca recursos.
¿Le han pedido asumir su responsabilidad política?
¿De qué?
De la muerte de los policías.
¿Yo he tenido la pluma en la cabeza y he aniquilado a los policías? Cómo me pregunta eso, si ni siquiera he estado en el lugar.
01:00 pm: Comienzan los rumores sobre la llegada de Francis Alison, alcalde de Magdalena, al gabinete. Perú.21 había informado que la opción de Felipe Castillo había sido descartada por problemas pasados y presentes. Prensa Libre informó esta noche que Alison ya tenía acercamientos con Alan, planeando una marcha en favor de la paz.
4:15 pm: Momento más álgido de la marcha de protesta en Lima. Marco Sifuentes tiene el mejor resumen de lo que ocurrió:
Un resumen rápido. Gran convocatoria, al ojo: diez mil personas. Todo muy desorganizado. Como era de esperarse, los sindicatos son los que tomaron la batuta del asunto, pero en desorden: la gente no terminaba de llegar a la Plaza Dos de Mayo y ya varios se dirigían a la Plaza San Martín y luego al Parque Universitario. (…)
¿Molotov? No vi ni escuché ninguna. El momento de los gases está bastante claro en este vídeo: fue para evitar que un grupo llegue al Congreso. Parece que sí hubo molotovs, pero ya cuando la gente estaba dispersa y los ultras se quedaron en primera línea, en la avenida Abancay a una cuadra del Congreso. Hubo correteadera y reventaron cerca del Mercado Central, lejos del resto de manifestantes, que no las escuchamos.
Hubo gente -unos veinte o treinta- que se puso violenta con los gases, como es habitual, y la policía respondió con más gases, como también es habitual. Parece que hay dos estudiantes de la Católica detenidos. Al final todo se dispersó cuando la policía empezó a aventar gases a los grupos de estudiantes que estaban sin moverse ni mucho menos agredir a nadie. Fue allí cuando al señor Hildebrando Castro Pozo un policía le reventó la cara con una bomba lacrimógena.
No había visto tanta policía en el Centro de Lima desde la Marcha de los Cuatro Suyos. Impresionante.
Solo cabe añadir que la marcha se desarrollaba con normalidad hasta que llegó a la avenida Abancay. Ahi fue cuando vino el enfrentamiento con la policía. Es evidente que el gobierno perdió la batalla de las ideas. Magaly Solier estuvo allí y declaró para La Mula.
05:00 pm: Se confirma: Francis Alison es el nuevo Ministro de Vivienda. Mientras que caleta, el ministerio con más programas sociales pasa a manos del APRA. El comentario general sobre Alison: “Entra al gabinete por su cercanía con Alan García, quien lo había tomado como chochera. Entra con olor a quemado”.
A.11. Creación de una institución u órgano estatal de política en materia indígena y étnica
Es necesario que el Estado peruano, en cumplimiento de un conjunto de obligaciones internacionales, desarrolle y fortalezca un sistema institucional apropiado para la atención y promoción del desarrollo de los pueblos indígenas, afroperuanos y sus comunidades. Particularmente crítica es la situación de las comunidades nativas de la selva central, que sufrieron especialmente la acción de los grupos subversivos y el abandono del Estado. Debería explorarse la creación de un órgano con suficiente fuerza y autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, que aglutine las atribuciones, programas y proyectos de los diversos sectores públicos, con competencias para normar, dirigir, y ejecutar políticas planes y programas de desarrollo.
Revisando la Ley del INDEPA, sus principales funciones están vinculadas a la coordinación de políticas públicas sobre pueblos indígenas. ¿Esto se cumple? Bueno, como hemos visto en el conflicto social de estos días, su rol ha sido nulo. Hace un mes, la Defensoría del Pueblo recomendó el fortalecimiento de esta entidad con miras a la implementación del mecanismo de consulta a las comunidades establecido por el Convenio 169 de la OIT. Y la entidad ni suena ni truena en medios.
Pues bien, ¿quienes son los responsables de la entidad?
Una de ellas, quizá la más visible, sea la de Pueblo Libre, distrito donde los hermanos Carlos y Manuel Arana Vivar han impuesto su hegemonía. A esta se le han atribuido las pintas que aparecen en distintos puntos de Lima exigiendo un nuevo congreso nacional para renovar la dirigencia del partido.
Si bien la gente de Mulder asegura que esa disputa no les preocupa, no dejan de mirar con recelo las movidas que tienen lugar en el Ministerio de Vivienda, entidad en la que la presencia de compañeros vinculados a Mantilla es creciente. La presencia de los Arana (en especial de Carlos, que ha sido viceministro de Vivienda y jefe de Agua para todos), y en menor medida de Guillermo Viaña -célebre hace unos meses por participar en los incidentes en que militantes del PAP retuvieron y amenazaron a periodistas de La ventana indiscreta- y de Mayta Cápac Alatrista, joven regidor metropolitano quien también figura en los registros del Banco de Materiales, alienta las dudas.
Más de un militante del Partido Aprista se encontraría entre los altos funcionarios del Banco de Materiales (Banmat) presuntamente implicado en las irregularidades cometidas en esa entidad. Así lo denunció el congresista peruposibilista Carlos Bruce.
Uno de ellos es Víctor Raúl Espinoza Romero, gerente de Inversiones y Colocaciones del Banmat. “Es el responsable de revisar que una persona que tiene una casa o que tiene un ingreso muy alto no acceda a un crédito”, indicó Bruce.
También pertenecen al partido de la estrella los gerentes de Recuperaciones, José Romero Vílchez, y de Proyectos Especiales, Mayta Cápac Alatrista Herrera.
Osea, luego del chongo del Banco de Materiales a Alatrista Herrera lo premiaron con el más alto puesto de INDEPA. Linda la preocupación por los pueblos indígenas, ¿verdad?
Otro alto funcionario del INDEPA es el secretario general de la institución, el compañero Miguel de Loayza, quien también es presidente del Tribunal Electoral del APRA. Anoche, con documentos en mano, Rosa María Palacios demostró que de Loayza despachaba los asuntos partidarios en su despacho de INDEPA. Tal vez eso nos demuestre porque la institución no se ocupaba del tema. (Parte de las imágenes de ayer, vía Ombloguismo):
De hecho, revisando al azar las visitas al MIMDES, nos podemos dar cuenta de visitas apristas. Por ejemplo, el 5 de mayo de 2009, se acercó José Castillo Sandoval, miembro del comité del PAP de Lince. Y el 4 de mayo de 2009, estuvo Oscar Enrique López Quiroz, miembro del APRA en Amazonas. ¿Cuántos más desfilaron por allí?
Como vemos, INDEPA cumple más con otro tipo de labores, no para las que fue creada.
Es el lema bajo el cual, jóvenes amazónicos, sin colores o intereses políticos, han convocado a la Manifestación por la Amazonía, la Paz y la Vida. Vía Facebook:
Un grupo de jóvenes amazónicos que vivimos en Lima nos vemos en la necesidad de convocar a una manifestación por la Amazonía, la Democracia, la Paz y la Vida.
Estamos cansados de muertes y prepotencias, de indiferencia y desinformación sobre la Amazonía.
Las demandas de los pobladores amazónicos, no solamente indígenas, son justas. Pero la violencia y la represión no son medios que nos integren como peruanos.
Es hora de salir a las calles que estamos hartos de lo que ha venido sucedido en la última semana. Pero también a demostrar que los peruanos podemos ser solidarios y pacíficos.
La selva no es un campo de batalla. La muerte de policías e indígenas duelen por igual.
Dìa: Miércoles 10 de junio.
Hora: 5pm.
Lugares de concentración: Parque Universitario y Óvalo de Miraflores (Lima)
De ahí ambos grupos nos movemos a la Defensoría del Pueblo.
Creo que es importante apoyar iniciativas pacíficas que vayan más allá de la mera indignación o el uso político - de un lado u otro - de una tragedia nacional.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, adelantó esta tarde que ha sido invitado por el presidente Alan García para que ocupar la cartera de Vivienda y Construcción, cuya titular, Nidia Vílchez, pasaría a ocupar el portafolio de la Mujer y Desarrollo Social, en reemplazo de la renunciante Carmen Vildoso.
“Yo tengo mucha confianza en que desempeñaré bien ese cargo, de ocuparlo. Siempre con mucha altura y profesionalidad”, comentó en CPN, tras aclarar que aún no lo han ratificado.
Trascendió, incluso, que Castillo se habría reunido anoche en Palacio de Gobierno con el mandatario, quien le hizo el ofrecimiento y el burgomaestre aceptó, aunque quedó pendiente la confirmación.
JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN (Actual Presidente del Congreso de la República)
Ocho meses sin recibir pago los trabajadores de Pucalá, 30 días en huelga, una persona muerta. Nos preguntamos, ¿cuántos muertos más quiere el Gobierno en Ilave, en Pucalá, para seguir sosteniendo una política abusiva y prepotente en el sector Interior? ¿Es que acaso no nos ha dado vergüenza que el día de ayer un funcionario como el señor Luis Thais haya levantado como bandera de triunfo la muerte de Cirilo Robles y haya dicho que no importaba la muerte de este señor porque la paz había llegado a Puno y ya había convenido con los pobladores de Ilave para que ellos pudieran asumir el gobierno municipal?
Se trata de una política de Estado que tiene que ser reorientada; y con el mayor respeto que me merece el Ministro del Interior, él es un elemento perturbador en un proceso de pacificación en el que tenemos que estar comprometidos todos los sectores y todos los peruanos.
Se vienen más olas de violencia y de protesta, y esperábamos que el Ministro del Interior presentara su renuncia antes de venir a responder el pliego interpelatorio.
Le pido, señor ministro Rospigliosi, por el país, que renuncie.
LUIS GASCO BRAVO (Ex congresista por Lambayeque)
Por ello, es importante que hoy el señor Ministro del Interior nos informe cómo han concluido las investigaciones sobre hechos de violencia en los diferentes puntos del departamento de Lambayeque, en especial en la empresa agroindustrial Pucalá, y cuáles son los resultados finales.
Cómo es que la capacidad de reacción e intervención de la Policía Nacional es diferente, según las circunstancias.
En el caso de Pucalá, se acantonaron policías para proteger a la patronal días antes de la acción de fuerza de sus trabajadores. Cumplían órdenes, por supuesto, de su comando; y éste, del señor Ministro del Interior. Sin embargo, en Ilave, a pesar de los indicios de posibles actos de violencia, se envían contingentes 12 horas después de estos actos luctuosos.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, me adhiero íntegramente a lo planteado por el congresista Javier Velásquez para que el señor Ministro del Interior renuncie al cargo que hoy ostenta.
LUIS NEGREIROS CRIADO (Posible Presidente del Congreso de la República)
Señor Presidente, la responsabilidad política del ministro no sólo está en función de ser titular del despacho del Interior sino también en su acierto o desacierto en el manejo de las políticas de mantenimiento del orden público.
Han faltado medidas de prevención de conflictos. No estamos hablando de ninguna mosca blanca, porque ese tipo de medidas son perfectamente previsibles, pero no han sido trabajadas con los otros ministros, a pesar de que se trata de un problema que concierne, además, a sectores como Agricultura, Trabajo y Economía.
Por consiguiente, el hecho de que venga el Ministro del Interior con los otros ministros evidencia no sólo un respaldo sino también la responsabilidad de fijar una línea multisectorial para encarar un problema que se está tornando estructural en los complejos azucareros.
Reitero que la responsabilidad política está en función de la titularidad y del acierto o desacierto en el manejo de los problemas que conciernen a cada sector.
MAURICIO MULDER (Secretario General del APRA)
Presidente, frente a lo ocurrido en la localidad de Ilave, que ha dejado estupefacto al país, debo añadir ahora la indignación que nos genera la presencia del señor ministro y los argumentos elusivos con los que pretende deslindar su responsabilidad.
Él dice: “yo he dado la orden”; pero no es capaz de asumir la responsabilidad de las órdenes que da. Y cobardemente se quiere poner detrás del uniforme de la Policía, como si nosotros estuviésemos indicando a la Policía como responsable.
Aquí hay un solo responsable. Él tiene que asumir su responsabilidad, porque él es quien da las órdenes.
ANTERO FLORES - ARAOZ (Actual Ministro de Defensa)
Yo me pregunto, ¿esa responsabilidad es del Ministro de Economía que hoy día lo acompaña? No. ¿Es del Ministro de Relaciones Exteriores, por más que todo el país está en la estratósfera? No, señor. ¿Es del Ministro de Energía y Minas? No. ¿Es de los demás ministros que han venido? No. Yo creía al principio que había una portátil ministerial; pero no, han venido a respaldar al Ministro de Interior. ¿A respaldar qué? La inacción.
Nosotros exigimos que haya una responsabilidad política y que sea asumida, de modo que se restablezca esa sana costumbre democrática y republicana vigente durante muchas décadas: cada vez que se metía la pata o no se hacía lo debido, se renunciaba. Eso tenemos que rescatarlo; y si no hay esa renuncia, tendremos que censurar.
Yo voy a firmar en este momento esa solicitud de censura, porque esto no se puede admitir.
Este tema no objeta la conducta del gobierno en su conjunto. Aquí hay quienes buscan que nosotros, a raíz de estos acontecimientos, vayamos detrás de una especie de complot o conspiración mayor, con fines desestabilizadores o de interrupción democrática. Nada más falso.
En ningún momento hemos señalado que haya responsabilidad del Presidente de la República, ni siquiera del Consejo de Ministros.
Todo lo contrario: hemos demandado la responsabilidad de un ministro que ni siquiera le informó al propio Consejo de Ministros, de un ministro que ni siquiera le informó al Jefe de Estado, de un ministro que nos vino a decir aquí que él empezó a tomar determinaciones con su Gabinete en la mañana del día 26.
Es decir, tomó acciones 26 o 27 días después de comenzado el problema, no obstante que él ya tenía la información de Inteligencia del Ministerio del Interior que anunciaba lo que finalmente ocurrió. Eso estaba predicho, previsto, y era altamente probable.
Inclusive, el Ministro ha pretendido decir aquí que este Congreso no tiene autoridad para censurarlo. Él ha pretendido encaramarse en una supuesta buena imagen que la opinión pública, a través de encuestas, tendría de su gestión. Afirma que nosotros, por no tener en conjunto las mismas cifras en una encuesta, no tenemos autoridad moral para tocarlo. Es decir, el Ministro quiere aquí sustituir la democracia por una especie de encuestocracia o de mediatocracia, por la que él supuestamente es una persona intocable.
La verdad es que da esa impresión cuando uno ve el poder con que él se maneja y que en realidad no estamos cuestionando al ministro de un gobierno democrático sino a una especie de caudillo cuasi monárquico, constituido en poder propio al interior del gobierno.
JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Quizá hayamos actuado con energía en nuestras intervenciones, pero lo hemos hecho con el respeto y la altura que debe tener todo representante del Congreso de la República; pero lo que no aceptamos es que haya quienes se creen predestinados y dueños de la verdad.
Este señor ha cometido un acto que lo lleva a establecer su responsabilidad política, la cual es un mandato que está en la Constitución y que se tiene que materializar con la renuncia del Ministro. Si no renuncia, yo creo que hoy el Pleno lo hará renunciar.
Hasta las 11 de la noche de ayer, el gobierno las tenía todas consigo, en términos estrictamente políticos.
Ciertamente, la presentación de Yehude Simon y Mercedes Cabanillas fue harto deslucida. Pero los líos de callejón ya cotidianos en el Congreso opacaron las pocas explicaciones y actos de contrición que dieron ambos personajes. Ya con eso, el gobierno, irreductible en las posiciones de no renunciar y no ceder sobre los decretos legislativos, había ganado, dado que la atención sobre sus responsabilidades se había distraido momentaneamente.
Pero la cereza sobre el pastel fue el pedido de asilo de Alberto Pizango a Nicaragua. Sin duda, a Pizango deben garantizarle sus derechos constitucionales, pero no puede evadir su responsabilidad - política y, posiblemente, penal - sobre el fallecimiento de 24 policías. De hecho, su liderazgo es cuestionado hasta en la propia selva. Comenta Paco Bardales de Diario de IQT:
Con su inexplicable solicitud de asilo en Nicaragua (gobernado por el autoritario y desprestigiado Daniel Ortega), el líder de AIDESEP Alberto Pizango decreta el funeral político de un oportunista que quizo hacer de la lucha amazónica un medio de lucimiento personal, con eco aún más increíble en la usualmente despistada clase política peruana. En tanto, lo de Bagua, perdido entre la lucha de palabrería justificatoria y demagógica.
AIDESEP es una organización valiosa en la lucha amazónica, pero creo su dirigencia actual ha tenido demasiados problemas, y Pizango no ha contribuido realmente con el tema, más bien ha permitido que esto continúe y se agrave, incluso que se pretenda deslegitimar su trabajo de modo arbitrario a través de la APCI. Ante ello, el gobierno represor ha tenido armas como para intentar desacreditar la causa. No hay duda que el dirigente que huye (y no hace honor a la dignidad de su pueblo) le ha dado muchas armas al endurecimiento del autoritarismo, especialmente en momentos que en Loreto, San Martín y Madre de Dios se generan más focos de resistencia.
Como decíamos, hasta allí, la faena estaba completa. Pero un acto los descolocó totalmente.
Anoche a las 11 pm, se conoció la renuncia de la Ministra de la Mujer Carmen Vildoso. La ministra era una de las personas de confianza de Yehude Simon dentro del Gabinete, con lo que el golpe era claro. ¿Sus razones para irse? Las comenta Paola Ugazpara Terra Magazine:
Fuentes del gabinete de asesores de Vildoso refirieron a Terra Magazine que la salida irrevocable obedeció a la falta de capacidad de autocrítica del gobierno de Alan García, quien ha culpado a intereses externos de solventar a los manifestantes en contra del país a través de avisos en la televisión y en los medios de prensa escrita.
La versión ha sido confirmada por el propio Yehude Simon. Y a la señora Vildoso le han dado como a piñata: comenzando por Yehude, pasando por el viceministro de Trabajo, compañero Javier Barreda. Y llegando, claro, a Jorge del Castillo y Mauricio Mulder.
Pero tambien descolocó a varios. Ayer las ministras Mercedes Araoz y Rosario Fernández se enteraron de la renuncia en Prensa Libre e hicieron mutis. Pero el titular de Agricultura, Carlos Leyton, señala que está pensando seriamente en renunciar. Ello ya le comienza a dar al gabinete Simon tono de Requiem. Lo peor es que Simon hasta ahora no se ha dado cuenta de que es un cadáver político.
Y también anoche, en Prensa Libre, las ya mencionadas Ministras Araoz y Fernandez tuvieron que reconocer errores en la comunicación de los Decretos Legislativos, como vacíos en la legislación sobre las comunidades nativas. Veamos lo que pasó ayer con Rosa María Palacios:
¿Ello implica que van a atracar la derogatoria del ya famoso Decreto Legislativo 1090? No necesariamente. De hecho, la posición técnica del gobierno fue dada por la propia Araoz a Katherine Subirana de El Comercio:
“Lo sucedido en Bagua es lamentable, lo cual nos llama a replantear la forma en la que hemos venido tratando el tema y a replantear el diálogo entre las partes, pero derogar el Decreto Legislativo 1090 no es una opción”. Con estas palabras, a la par que lamentó los hechos de Bagua, la ministra Mercedes Aráoz zanjó la posición del Gobierno frente a los pedidos de anular las normas que el Estado emitiera en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos.
La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lanzó también una dura crítica al Congreso por la actitud tomada en torno a este problema.
Si bien la Comisión de Constitución declaró inconstitucionales los decretos 1090 y 1064, la ministra Aráoz señala que esta medida va en contra del propio Congreso, pues “ellos mismos aprobaron en enero la Ley 29317 que modifica el D.L. 1090, según las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, y del informe de la comisión multipartidaria que evaluó los decretos que emitió el Ejecutivo en el marco del TLC”. Y añade que “la comisión presidida por la congresista Gloria Ramos, para emitir su informe final, reunió la opinión de diversos especialistas en la materia, e incluso, hasta donde tengo entendido, a representantes de comunidades nativas”.
El Comercio se comunicó con los miembros que integraron esta comisión multipartidaria, pero ninguno respondió.
Como lo mencionó la Ministra Fernández, el gobierno entiende que se había procedido con una consulta sobre el Decreto 1090, dentro de las consultas para su modificatoria. Dado que no hay reglamentado un mecanismo de consulta previsto por el ya famoso Convenio 169 de OIT, de acuerdo con la Ministra, se podría interpretar que esta consulta parlamentaria era el mecanismo válido. A mi modo de ver, sería forzar un poco la figura. En todo caso, será el Tribunal Constitucional quien defina esta materia- esperemos que a la brevedad posible.
Como vemos, las aristas políticas y técnicas de este problema aún hacen bastante complicada su resolución. Y nos lleva a una pregunta: ¿por qué no se discutió esto antes?
Otra vez, terminamos un post con sensación de impotencia.
LAS NOTAS AL PIE
1. Ojo con la información. Mirko Lauer advierte sobre los peligros de la desinformación:
El número y las circunstancias de las muertes en muchos casos son lanzados al espacio público sin la menor demostración. Los de los policías sí son cadáveres demostrados, y lo mismo sucede con casi una decena de nativos. Pero los deudos de los quemados, o los lanzados al río (cientos en algunas versiones), o los ametrallados desde helicópteros no aparecen por ninguna parte.
Es indispensable establecer los muertos y los hechos cuanto antes, separar los datos de los datoides, la información comprobable de las simples mentiras. Sin eso buena parte del supuesto análisis político, administrativo y jurídico se queda en simple gritería enconada contra la otra parte. Aunque es probable que cada uno de los bandos prefiera quedarse con su versión a reconocer alguna verdad.
Debo comenzar este post diciendo algo personal: me ha costado mucho escribir en estos días. La sensación de impotencia y de dolor - compartida con muchos amigos cercanos en estos días -, sumada a la cólera por las soberbias y incomprensiones de estos días ha hecho aún más complicada la tarea de escribir, dar información y opinión. También lo ha sido, sobremanera, el hecho de que haya visto la valoración de unos muertos sobre todos. Tanto policías como civiles son ciudadanos peruanos que perdieron la vida y, por tanto, nos debería doler por igual. Y sí, sigo irreductible en reclamar un proceso judicial contra los responsables de todas las muertes, estén en un bando o en otro. Nada justifica la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano.
Los Apus (jefes indígenas) de la región San Martín presentarán en las primeras horas de hoy 100 mil firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de solicitar la inconstitucionalidad de diez decretos legislativos que son motivo de conflicto entre los nativos amazónicos y el gobierno.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la región San Martín, César Villanueva, y respaldada por los líderes indígenas.
Luego de la verificación de firmas en el JNE, se procederá a presentar el expediente ante el Tribunal Constitucional para que estudie el pedido de inconstitucionalidad.
El impulsor del pedido es el presidente de la Región San Martín, César Villanueva, quien indicó que con esa acción se canaliza el derecho a protesta, que con justicia les corresponde a las comunidades nativas, hacia el Tribunal Constitucional.
Explicó que para ello el gobierno regional conversó con los nativos y encaminó la propuesta mediante la recolección de firmas, tarea que ha recibido el respaldo de más ciudadanos.
“Cien mil firmas, reunidas entre la población de la región San Martín en solo una semana, presentan el camino constitucional y legal que hubiera evitado los hechos de sangre y violencia que han enlutado al país”, señaló Villanueva.
Pues esta es la salida que se debió tomar desde el inicio del conflicto y, sobre todo, cuando se sintió que el gobierno mecía a los pueblos amazónicos. Este es el camino institucional al que hemos hecho alusión en estos días y que se debió tomar. La pregunta sigue siendo, ¿Por qué los dirigentes de AIDESEP no optaron por esta vía?
Esta pregunta nos lleva a una importante atingencia que hizo Carlos Melendez hace unos días:
Liderazgos como el de Alberto Pizango fueron formados bajo contextos despartidarizados, herederos de la violencia política y procesados bajo el autoritarismo clientelar del fujimorismo. Mas allá de las particularidades culturales del mundo amazónico (creo que los antropólogos se quedan chicos en esto), tenemos que entender el legado de una socialización política sin partidos (y de movimientos independientes): no se rinden cuentas, no se construyen rutinas para la negociación, no se respetan los cánones de la política institucionalizada. Esto va más allá de “chunchos incivilizados” sino que llega hasta el propio Congreso de la República. La herencia de la violencia política se manifiesta en el facilismo por los discursos radicales, por la gratuidad irresponsable de llamados a la “insurgencia”, la provocación en la punta de la lengua, la violencia como el reflejo para procesar la injusticia. El autoritarismo clientelar se expresa en la apelación a un pragmatismo simplificador que postergar la solución definitiva de las demandas, a la irreflexión, al personalismo exacerbado, a la ausencia de la consulta, del respeto al punto de vista del otro. Pizango y muchos de los dirigentes sociales de un país movilizado a punta de bloqueos fueron formados políticamente bajo estos cánones herederos de un país sin acuerdos institucionalizados y con la tentación autoritaria (y violenta) como una suerte de auto-reflejo político.
Pero los operadores políticos no son los únicos “beneficiados” de la herencia de las últimas tres décadas. También lo es un Estado cuyo reflejo es la represión. Se confunde orden con mano dura, autoridad con militarización, gobierno con balas. El Estado también responde a punta de toques de queda, de estados de emergencia, de chuponeos, de ponerse como parte y no como lo que es: el gobierno de todos los peruanos, inclusive de los que protestan.
Los que se computan progresistas dentro del gobierno (y a los “caviares” fuera de él) van creando “mesas de diálogo” y “comisiones de alto nivel”, pero finalmente son soluciones ingenuas, corto-placistas, inútiles bajo las herencias (en los operadores y en el Estado) mencionadas. En cada Comisión Alto Nivel, en cada Mesa de Diálogo, el Estado se va saboteando a sí mismo, va creando instituciones paralelas, para-estatales (alguien me dice cuál es el sustento legal de una Comisión de Alto Nivel?), que hasta podrían tener un efecto positivo en el incremento de la conflictividad: ahora todos quieren patear el tablero para conseguir sentarse en la avenida 28 de Julio. Un diálogo sin instituciones (carajo, tanto consejo de coordinación regional, local, presupuesto participativo, mesa de lucha contra la pobreza por las huevas) es un país que va a seguir teniendo Arequipazos, Moqueguazos, Baguazos, las mismas portadas en el kiosko de la esquina cada vez que regreso a Lima.
Lo que Carlos señala es cierto. Lo que hemos tenido aquí es la confrontación de un liderazgo formado durante los años del conflicto armado interno, no partidarizado y radical, en el que la institucionalidad forjada para procesar conflictos - sea vía judicial o en la negociación civilizada - no es vista como una solución para los problemas, tanto por ellos como por los propios representantes del Estado en todos sus estamentos. A ello han dado estímulo la instalación de “vías por fuera” desde el propio Estado - la necesidad de una “mesa de diálogo” para cada conflicto - en lugar de estimular los mecanismos ya existentes desde el gobierno de transición o creados durante los periodos de Toledo y García para resolver este tipo de problemáticas. O, en el caso de normas controvertidas por su posible inconstitucionalidad, acudir al TC. Así, se instaló un patrón de protesta que, en este caso, con un gobierno torpe y dado a la represión y a la soberbia, terminó en la tragedia cuyas consecuencias en vidas humanas no podemos aún contemplar y que aún sufrimos. (Ver columna de Mirko Lauer al respecto)
Por tanto, este es un tema político y al mismo se le tiene que dar una solución política. La primera de ellas es la propuesta en su editorial, por el diario El Comercio:
Tal como señalamos en nuestra Carta al lector del domingo, consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática republicana, por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte. Es indispensable reconocer que la gran diferencia entre un régimen democrático y los que no lo son es que en democracia siempre debe haber responsables políticos.
En simple, Yehude Simon y Mercedes Cabanillas deben irse a su casa. Pero el “no renunciaré” sigue estando en la boca de ambos. De hecho, la soberbia ha llegado a tal punto que ha salido uno de los spots más infames que haya visto en mi vida, pagado, además, con nuestra plata. El Ministerio del Interior ha colocado un aviso televisivo repulsivo, en el que los cadáveres de los policías son puestos junto a la tesis del complot internacional, la cual, dicho sea de paso, no ha sido comprobada hasta el momento. Todo un espectáculo gore que hace ver al spot del Shock contra Vargas Llosa como una travesura de alumnos de una Facultad de Comunicaciones. Una verguenza (vía La Mula)
Mientras tanto, se sigue jugando con fuego, en lugar de resolver un conflicto que nos ha dolido a todos los peruanos.
Los dos actores involucrados en el desmadre vivido ayer y hoy tienen mucho que decirle al país y a los peruanos que queremos vivir en paz.
Quizás el hoy fugado Alberto Pizango pueda explicarnos porque llevó al movimiento que lideró - y que hoy lo ha terminado desplazando - a una posición maximalista. Si vio que el gobierno lo estaba meciendo en la derogatoria de decretos inconstitucionales, ¿por qué no interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra dichas normas? Quizás en ello debió aprender de sus amigos del Partido Nacionalista, quienes pasaron por el camino legal para cuestionar el Tratado de Libre Comercio con Chile.
Se prefirió el bloqueo de carreteras, la demanda radical y en ello terminó dinamitando su propia protesta, gatillando la reacción violenta y convirtiendo a una región en un polvorín.
Peor aún, Pizango huye y deja al resto de sus compañeros con una carga de muertos entre las filas de la Policía. Y deja a un movimiento debilitado, luego de 20 años de construcción de su legitimidad en la zona, lo que es siempre una lástima, dado que las demandas sociales deben procesarse a través de actores plenamente constituidos.
El infantilismo de muchos “opinadores” profesionales y no profesionales sobre la defensa a ultranza de Pizango, bajo el rigor de “pobres los nativos”, equivale al mismo paternalismo con el que acusan al gobierno de actuar frente a sus demandas. Bloquear carreteras es un delito y no debe ser válida la excusa de “solo así me escuchan”.
Pero así como el radicalismo de parte de algunos de los dirigentes de AIDESEP merece el rechazo de todos, lo mismo debería ocurrir con la soberbia respuesta del gobierno de Alan García.
Del lado del gobierno, hasta el momento, no ha existido un mea culpa o una asunción de responsabilidades sobre lo que ha sido su triste actuación en torno a este tema. No solo me refiero a los ciudadanos civiles muertos el día de ayer, sino, en general, a la generación de un conflicto social que se debió a la imposición de una visión sobre el desarrollo, que no dialogó y que no buscó convencer a nadie - salvo a sus amigos empresarios - de la validez de sus argumentos.
El “perro del hortelano”, más que una fórmula de protección de la inversión privada, ha terminado deslegitimando más los mecanismos de mercado en el país. Las privatizaciones que culminaron en los robos del fujimorismo o los errores de comunicación en el famoso Arequipazo durante el gobierno de Alejandro Toledo han sido una muestra palpable de como los gobiernos peruanos han sido incapaces de tejer mecanismos suficientes de diálogo y transparencia para poder dar a conocer sus medidas y, sobre todo, hacer lo que un gobierno y los partidos políticos deberian hacer más a menudo: debate de ideas y generación de consensos.
Y ello termina siendo contraproducente desde mi punto de vista. No solo porque, a mi modo de ver, la economía de mercado es la mejor generadora de recursos - no la única y puede convivir con diversos tipos de forma de propiedad -, sino porque la incorporación al mercado de muchos pueblos olvidados del país puede ayudar a dinamizar sus economías y desterrar males como el narcotráfico y el tráfico de madera, enquistados en varias zonas de la Amazonía Peruana. Pero también porque se olvida la responsabilidad del Estado en dotar a todo el país de los servicios necesarios para la subsistencia y vida digna de todos nuestros compatriotas.
El gobierno no optó por el camino del convencimiento, sino por el de la mecida, la satanización de su interlocutor, el adjetivo de cantina y la jugarreta parlamentaria. Prefirió la complacencia editorial de Aldo Mariátegui a gobernar haciendo política de verdad. Lo lamentable es que este ha sido su sello desde el 28 de julio de 2006. Lo triste es que hoy tenemos a más de 30 familias llorando a sus muertos. Y que, nuevamente, la democracia sea la gran perdedora.
Que la paz vuelva al país. Que todos los involucrados asuman su responsabilidad. Que todos nos preocupemos, de verdad, por ser un país civilizado.
Esta mañana, saliendo de una entrevista radial, pude enterarme que la situación en Bagua es bastante tensa. Varias llamadas registradas a los periodistas con los que estaba daban cuenta de un enfrentamiento severo entre la Policía y los nativos amazónicos. Hasta el momento que escribo este post, hay 4 policías y un dirigente nativo cuyo fallecimiento ha sido confirmado por los medios de comunicación. Dirigentes comunales y religiosos de la zona están llamando a la Fiscalía y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para que contemplen de modo urgente la situación presentada. También se informa de más fallecidos entre los nativos, pero dicha información aún no ha podido ser confirmada.
Este hecho se ha producido en medio de un cubileteo político entre el Partido Aprista y el Partido Nacionalista que evitó que ayer se discutiera la derogatoria de la Ley Forestal. En realidad, lo que debería hacerse es derogarse todos los decretos, debido a que ninguno se discutió de acuerdo con las reglas del Convenio 169, que vela por los derechos de las comunidades indígenas. A ello se opone el gobierno con uñas y dientes, pero es lo que legalmente correspondería hacer. El ingreso de la inversión privada no puede hacerse a las patadas. Y claro, los congresistas nacionalistas fueron lo suficientemente torpes como para caer en la celada parlamentaria.
Para entender mejor el conflicto, recomiendo leer esta comunicación de Gerardo Seminario, quien trabaja en una zona relativamente cercana a los hechos.
1. Se habla de una masacre: 28 civiles y 10 policías muertos (vía Luis Ramos de Enlace Nacional). Esta cifra podría aumentar con las horas.
2. Conversando con Víctor Caballero sobre lo que viene ocurriendo en la selva, el me comenta: “Desde diciembre se venía difundiendo la noticia de grupos armadas en Bagua que estaban con los amazónicos”. Se explicaría así la primera noticia del helicóptero derribado.
4. Es muy seguro que el gobierno apueste por una cara más dura como Primer Ministro. Chau Simon, hola Cabanillas (¿o Mulder?). Este resultado es también una derrota política de Simon, quien nunca pudo llevar el diálogo.
5. El resultado tiene varios lados. Para empezar, una masacre de este tipo es siempre una derrota política de la población organizada. En efecto, desde el estado (gobierno, congreso) triunfará la posición de los “halcones” y del lado de la movilización, la posición de los radicales que necesitan un pretexto para hablar de “estado asesino”, etc. AIDESEP quedará aislado, etiquetado por los medios de comunicación, y la población tendrá miedo de protestar la próxima vez.
Hace unos momentos habló Alberto Pizango de AIDESEP. Responsabiliza al gobierno por las muertes y llama a una marcha por la paz. Señala que está con orden de detención. No quiere reconocer responsabilidad alguna en los sucesos, sobre todo, en relación con la muerte de los policías. Del lado del Estado, lo mismo ocurre cuando Alan García culpa de todo a los nativos, al perro del hortelano y a intereses foráneos. Diálogo de un sordo que se junta con radicales - ¿que diablos hacía Ricardo Letts junto a Pizango? - y de otro sordo que debió bajarse los decretos ilegales. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los Decretos. Mientras que el Gobierno Regional de San Martín hará lo mismo. Y, según comentarios recogidos esta mañana, estos hechos podrían significar la caida de Yehude Simon.
Y en medio, más de 30 peruanos muertos. Policías o nativos, en este momento, eso no importa. Lo que nos debería importar es que un intransigente deje de tomar carreteras - que es un delito - y el otro derogue normas ilegales - que es una estupidez política -. No más muertes.
LLAMADO URGENTE A LA SERENIDAD DE AUTORIDADES Y MANIFESTANTES
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su mayor preocupación por los sucesos de hoy, 5 de junio, ocurridos como consecuencia de la intervención de efectivos de la Policía Nacional para desalojar a grupos de las comunidades nativas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, al norte del país, como parte de la huelga que vienen desarrollando hace más de 50 días.
Como consecuencia de esta intervención, se habrían producido víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. Además, se ha producido una situación de caos en la ciudad, con expresiones de desborde violento por parte de manifestantes, frente a lo cual las autoridades habrían perdido el control de la situación y se estaría incurriendo en un uso desproporcionado de la fuerza que estaría produciendo nuevas víctimas.
Solicitamos de manera urgente e inmediata a las autoridades que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, es imperativo que las autoridades no se excedan en el uso de la fuerza. Asimismo hacemos un llamado a respetar y no atacar a los efectivos de la Policía Nacional.
Igualmente es urgente atender la emergencia surgida por el gran número de heridos, reforzando los recursos hospitalarios de Bagua y facilitando el traslado de los más graves a otros centros del país.
Asimismo, es necesario que las autoridades políticas del gobierno nacional inicien una negociación seria con los dirigentes de las comunidades nativas que se encuentran en conflicto desde hace más de 50 días.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado una carta urgente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras entidades internacionales, poniendo en su conocimiento los graves hechos de Bagua e invocando su intervención ante las autoridades peruanas a fin de asegurar el cese de la violencia sin perujuicio de respetar los derechos humanos.
Entre los muertos se encuentra el famoso líder aguaruna - huambisa Santiago Manuin Valera, dirigente de los Pueblos Indígenes de Condorcanqui. Según Reportaje al Perú, Valera murió a balazos y la noticia de su asesinato ha desencadenado la furia de los amazónicos.
El Arequipazo que la bancada aprista utilizó para bajarse a Rospigliosi fue Woodstock al lado de esto. Varios locales del gobierno han sido quemados y saqueados en Bagua (…)
Anoche me entregaron un informe de inteligencia que detallaba que toda la zona estaba bajo racionamiento de Gasolina 84, Gasolina 90 y Diesel 2 desde el 16 de mayo, hace casi tres semanas, cuando las organizaciones nativas tomaron la Refinería El Milagro.
La nota indicaba, precisamente, que toda esa provincia de Amazonas quedaría absolutamente desabastecida de hidrocarburos desde el miércoles 3, o sea, desde anteayer. La crisis era absoluta.
El gobierno ha decretado toque de queda en Bagua y ordenado la captura de los principales líderes indígenas.
Y, tal cual como en el Arequipazo, hay una salida política: Mandar a este gabinete a su casa.
ACTUALIZACION (08:15 PM)
La situación no tiene visos de solución. Noticias de más muertos - lo peor, aun no se confirma una cifra creible - son el corolario de un día realmente trágico y fatídico.
La sensación que me deja este día es realmente lamentable. Los radicales han ganado: De un lado, dirigentes de la protesta que no han reconocido su responsabilidad en el nivel de violencia que se ha vivido el día de hoy y que llevaron su protesta hasta el límite, con lo que terminó complotando contra su propia plataforma de lucha. Y al lado de enfrente, un gobierno torpe e irresponsable, que no supo utilizar bien el uso de la fuerza y que se olvidó de hacer política para convencer a la gente de sus ideas, prefiriendo descalificar a quien no piensa como él.
No somos capaces de entendernos. No hemos aprendido nada.
Entradas (RSS)