Anoche, dos reportajes del programa Enemigos Intímos nos volvieron a la pregunta ¿Qué pasó y por qué murieron los policías en Bagua? La respuesta dada por los dos informes, en realidad, corrobora - en la misma zona de los hechos - la versión que fuera dada por Gustavo Gorriti hace un par de semanas (y que poca gente se detuvo a ver):
Si en el desalojo de Pómac la falta de armamento mató a los dos policías en enero de este año, en Bagua y en la Estación 6 fue el exceso de armamento lo que los mató.
¿Por qué? Porque en Bagua y la Estación 6, los policías de la Dinoes estaban armados con fusiles de asalto AKM, con por lo menos dos cacerinas de 30 balas cada una. Además, tenían pistolas y granadas.
Ese es un equipamiento letal, con un poder de fuego arrasador. Pero que sirve para la guerra, no para el control de multitudes.
De acuerdo con los testimonios más confiables que he podido reunir, la operación de desalojo empezó antes de las seis de la mañana del viernes, con lo que se supuso iba a ser un ataque “sorpresa” al cerro que domina la Curva del Diablo.
El operativo “sorpresa” fue emprendido por 18 policías. Estaban tan mal informados que se encontraron con alrededor de 500 manifestantes. Lanzaron gases, a corta distancia. Se produjo una trifulca. Y en ella, según relataron manifestantes a un experimentado periodista televisivo, un policía disparó, o se le escapó (que creo más probable), una ráfaga. Cayeron cerca de 25 nativos; dos murieron y la mayoría quedaron heridos, entre ellos el dirigente Santiago Manuin a quien inicialmente reportaron como muerto.
Los nativos rodearon a los policías y los amenazaron a corta distancia con sus lanzas. Ese fue el momento de la alternativa del diablo: en segundos hubo que decidir si disparar o rendirse. Disparar era salvarse, pero ocasionando una matanza. Rendirse, hasta ese viernes, significaba un moqueguazo: humillación pública, golpes, pero se salvaba la vida y no se segaba otras.
Los policías, mandados por el mayor Bazán, un excelente oficial, se rindieron y entregaron sus armas.
Con esas mismas armas los mataron.
Abajo, nadie sabía lo que pasaba, porque la Policía no tiene radios. Así como lo escuchan; en plenas operaciones se comunican entre sí por celular.
Algunos nativos despojaron de sus uniformes a los policías muertos y se acercaron al resto de Dinoes, para dispararles, según versión proveniente de aquéllos. Dos llegaron a hacerlo e impactaron a varios policías. También le dispararon al helicóptero.
A partir de ahí se inicia la balacera y la Dinoes arremete con todo. Cuando avanzan con el camión blindado Caspir por delante, la resistencia se desmorona en un momento, hay un sálvense quien pueda, y el desbloqueo se convierte en violentas capturas y persecuciones.
Entre tanto, en la Estación 6, el comandante Miguel Montenegro –un notable oficial, que fue jefe de salvataje en Lima el año pasado– no sabe lo que está pasando. No tiene radio, está aislado y su celular no alcanza señal. Los dirigentes nativos, que tienen virtualmente controlada la base desde el inicio de la protesta, sí están informados, sobre todo por la red de radios comunitarias. Montenegro ha jugado sus cartas al diálogo y no hace ningún aprestamiento bélico. De manera que cuando los nativos, que ya ocupan todo el perímetro de la base, deciden dominarla, no tienen que hacer casi ningún esfuerzo.
Despojados de sus uniformes, amarrados con sus pasadores y, en el caso de Montenegro, cegados por un líquido que le refriegan en los ojos, tratan de negociar su vida. Según los sobrevivientes, los aguarunas están divididos. Unos quieren matar a toda costa. Otros se niegan. Montenegro llega a subir a un cerro con sus captores para tratar de encontrar señal con la que llamar a Lima, a su comando, a la radio, pero tampoco la captan. Ahí se inicia la matanza de policías. Algunos, los más jóvenes, escapan, ayudados, parece, por los aguarunas que no querían matar.
Según testimonios de fuente policial, los sobrevivientes llegaron al cuartel del Ejército, que está a pocos minutos de la Estación. De acuerdo con ellos, el Ejército no organizó las inmediatas patrullas de rescate que hubieran permitido salvar, quizá, algunas vidas. Esto debe ser investigado a fondo.
Esta versión ha sido coroborada por policías a Seguridad IDL y, de toda la información obtenida se desprende que: 1. El operativo fue mal ejecutado y probablemente ni siquiera haya sido planeado o pensado correctamente, 2. La orden de despejar la Curva del Diablo vino desde Córpac, muy probablemente, de la Ministra Mercedes Cabanillas, que parece asumir funciones de Directora General de la Policía cuando le da la gana (y esconder responsabilidades cuando comete las barrabasadas), 3. Fueron los nativos los que mataron a los policías: en la Curva del Diablo, por los disparos dados a líderes comunales y en la Estación 6, ante las informaciones radiales que indicaban la muerte de sus compañeros. 5. Los policías, en privado, responsabilizan a su Director General y a la Ministra de la peor masacre ocurrida contra miembros de las Fuerzas del Orden.
Este relato tiene dos consecuencias claras: 1. La necesidad de procesar a los autores materiales de la muerte de los policías, que no pueden escudarse en una cosmovisión distinta por estas muertes y 2. La renuncia de Mercedes Cabanillas, pues su responsabilidad en el operativo más infamemente planeado o ejecutado es mayúscula.
Ahora bien, el hecho de que la prensa haya podido corroborar esta versión, nos muestra la necesidad de una investigación independiente, tanto sobre la muerte de los policías como la de los nativos (tarea, por demás, pendiente en estos momentos). Y es que para algunos de nosotros, la sensación que quedó es que la primera víctima de Bagua fue la objetividad o la búsqueda de la verdad. Comenta Eduardo Villanueva:
La cacofonía creada por puntos de vista completamente carentes de interés en discernir lo ocurrido, sino solo dedicados a machacar interpretaciones a priori, se ve fortalecida por la existencia de los nuevos medios. No me refiero solo a los comentarios que aparecen en ciertos posts, aunque son importantes manifestaciones de esta lógica. También es la importancia que se le da a ciertos testigos, la veracidad total que se le asigna a ciertos actores: si le creemos a todos los testimonios de todos los que se llaman testigos, o si los ignoramos completamente y solo creemos las versiones oficiales, es finalmente más reflejo de nuestras opciones políticas que de nuestra capacidad de discernir la realidad a partir de pedacitos dispersos.
A esta cuestión le llamo Síndrome Uchuraccay. Cuando ocurrió la matanza de 8 periodistas y su guía, en enero de 1983, desde la izquierda más radical se cuestionó la investigación factual de la comisión presidida por Mario Vargas Llosa, que resultó cierta en lo esencial: los campesinos mataron a los periodistas al confundirlos con miembros de Sendero Luminoso, luego de varios mensajes de los militares que los incentivaron a matar. Digamos, se produjo el mito del “buen salvaje”: los campesinos “eran incapaces” de asesinar a los periodistas. Como bien lo recuerda El Morsa, la idea de diálogo el 26 de enero de 1983 fue imposible por el contexto. Y, también, pero ya desde la derecha, vino el error de interpretación:
la derecha buscó repetir la intepretación del peruano aislado, quechuahablante, arcaico del “informe uchuraccay”. la tesis del estado ausente y por lo tanto desconocido para los uchuraccaínos. tesis que se cae cuando se reconstruyen los hechos y se observa cómo la población de uchuraccay se desplaza en varios momentos previos a la comisaría de la guardia civil a pedir protección. de igual modo, la población contaba con una escuela primaria, bodegas y la población se desplazaba a otros lugares para trabajar (lima, selva ayacuchana). ¿uchuraccay aislado? solamente en el informe citado.
Lo mismo ha pasado, guardando las distancias, en Bagua. Desde la izquierda más radical, se ha hablado de genocidio, de que hubieron más muertos indígenas - cuestión que, ojo, aún hay que investigar - o que el gobierno venía ocultando muertos. No se hacía énfasis en la muerte de los policías y en la necesidad de sancionar a quienes los victimaron. Y desde la derecha, se ha procurado enfatizar en el caracter “salvaje” de los pueblos amazónicos y en la necesidad de que se “adecuen” a una versión de modernidad, visión que ha tenido su versión más acabada - y grotesca - en los artículos de Aldo Mariátegui y Andrés Bedoya Ugarteche y en varias declaraciones de autoridades durante estas semanas (Ver artículo de Fernando Villarán al respecto). Y, en efecto, estos pueblos tienen una larga tradición de contacto con varias zonas del país y - en esto le doy la razón a Rosa María Palacios - defendían su derecho de propiedad - creación recontra liberal, aunque conceptualizada de un modo distinto en este caso - frente a las ambiguedades normativas de un gobierno que parece privatizado.
¿Esto le quita responsabilidad al gobierno? No. Por el contrario, la agrava, dado que no solo ordenó un operativo infame y persistió en sus decretos hasta que teníamos que contar cadáveres, sino que no ha logrado entender que gobernar en democracia implica escuchar a todos, por más que piense que estén equivocados. Y, claro, por ser estúpidamente conservador en un país que necesita cambios a gritos.
¿Cómo pasa alguien del KO técnico a la sobrevivencia a los golpes e, incluso, a darlos? Quizás Rocky Balboa (si existiera) o Kina Malpartida puedan explicárnoslo mejor, pero también quien podría decirlo es Yehude Simon.
Sí, aún creo que Simon debería irse a su casa, por la responsabilidad política de los muertos de Bagua. Y también creo que su permanencia es precaria, dado que le espera aún por lidiar una faena en el Congreso que podría terminar en una moción de censura. Pero, más allá de los deseos y de mandar profecías hacia el futuro, lo cierto es que el Presidente del Consejo de Ministros terminó, de alguna manera, siendo el personaje del gobierno menos chamuscado al terminar esta semana.
Si contemplamos la encuesta de IPSOS - Apoyo de esta semana - además de constar, como bien lo hace Álvarez Rodrich, que todo el elenco estable de la política peruana sale muy mal parado del baguazo - quien peor parado sale en el gobierno es el Presidente de la República. ¿Ello se produce sólo porque la política peruana es presidencialista? Solo en parte, pero también se produjo debido al alto perfil de García, que opacó a todo su equipo y lo arrastró en su caida.
Simon aparecía como el personaje dialogante que aparecía como el títere de una mecida. Y eso fue lo que varió esta semana. Al adelantarse al propio gobierno en la derogación de los decretos y al firmar un acta de compromiso que solucionaba la agenda de corto plazo, le dio un respiro al Ejecutivo y le permitió ganar tiempo al gobierno. Y también a él, dado el respaldo dado por el Presidente de la República, que por lo menos le garantiza respiro hasta Fiestas Patrias - o hasta que el Congreso lo bote, lo que ocurra primero -. De hecho, ha recobrado hasta aliento para irse contra sus adversarios, como se notó en la entrevista que ayer dio a La República:
¿A quiénes atribuye la responsabilidad más próxima a la suya?
Son responsables: el país, que no supo de los nativos hasta ahora, cuando se vio que hay nativos que pelearon por el país en el Cenepa y ahora están dispuestos a pelearse por sus tierras y por el agua; los empresarios, que piden reglas claras de juego pero no se dan cuenta de que tienen que apoyarnos; la gente del Congreso y de los partidos que fueron a la selva a incendiar la pradera y ahora quieren interpelarme. Lo que he hecho es evitar un derramamiento de sangre.
¿Habla de los nacionalistas?
Por cierto, aunque no todos. Fueron al último punto de la Amazonía con un mensaje equivocado y no dijeron la verdad. Hubo gente que comunicó otra cosa de lo que debía decir. Les dijeron a los nativos que les van a quitar sus tierras y a envenenar el agua. Esos son los principales responsables políticos.
El tema es que esta revitalización política no es suficiente. De hecho, el estilo Simon tiene serias limitaciones, como, a pocas semanas de asumir el cargo, indicó Carlos Meléndez:
Simon no tiene ningún poder frente a la política económica y redistributiva. Este es un hecho que se comprobará con más contundencia conforme pasen las semanas. Pero ya que es interpretado como un giro de izquierda (así es vendido por el propio García Pérez y por los analistas que se emocionan por conocerlo desde la Apafa del colegio de sus hijos), se cree que será más receptivo ante las demandas sociales (las cuáles se expresan a través de los conflictos, ya que no hay otra forma de intermediación política en el país). Una mano en el pecho: Simon no tiene la capacidad para atender los requerimientos convertidos en violencia, y seguirá siendo el “bombero” apagaincendios, con el agravante que quizás tenga menos habilidades que su antecesor.
De hecho, el “baguazo” ha potenciado otros conflictos sociales como los de Andahuaylas y Sicuani (ojo, que este último es el revival de una protesta social que ya tuvo que enfrentar Simon al inicio de su gestión) y potenciado la forma de resolución de conflictos mediante la buena voluntad del premier y la construcción de mesas de diálogo. A la larga, la percepción de que este estilo de solución de conflictos se habría terminado resultó siendo falsa, luego que el Presidente del Consejo de Ministros hiciera lo mismo en Bagua. El problema es que este tipo de solución, de un lado, es de abajo hacia arriba y crea cierto tipo de intermediación, pero, a la larga, al no haber partidos ni instituciones sólidas en el Estado, no genera estímulos para mecanismos menos “chichas” de solución de conflictos.
Y ello, sumado al hambre que le tienen en el APRA, hace que Yehude Simon y su permanencia siguen siendo un enigma.
Hace algunos meses, una amiga me contó que Alberto Andrade se encontraba muy enfermo. Y pronunció esa palabra de 6 letras que uno nunca quiere oir en un diagnóstico médico.
No soy muy afecto a los panegíricos, pero quizás haya que mencionar varias cosas positivas en el balance del ex alcalde de Lima: ordenó el comercio ambulatorio, recuperó el Centro Histórico de Lima y el Mercado Central, así como otras zonas de la ciudad (por ejemplo, el Parque Central de Miraflores en su gestión como alcalde de ese distrito), organizó bienales de arte y tiene en su haber varias obras viales. También fue un incansable luchador por la democracia. De allí que duela tanto su partida.
Ya anteriormente en este blog les hemos hablado de Luis Alberto Salgado Tantte, militante aprista y ex secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la entidad más importante del Estado sobre esta materia.
-¿La protesta amazónica está justificada? Sí, porque ellos no han sido respetados. Es claro que el gobierno ha violado el Convenio 169 de la OIT al no haber consultado las normas cuestionadas con los pueblos indígenas. La forma en la que se dieron estos decretos leyes ha enviado un mensaje de desconsideración y desentendimiento hacia la población amazónica, que siente que la democracia y el estado de derecho no los ve como ciudadanos que merecen respeto.
-¿Quién es responsable de la matanza ocurrida en Bagua? -El responsable principal es el gobierno, que es la parte más poderosa en esta relación. Las decisiones que ha tomado el gobierno no han sido las correctas y la consecuencia de esas decisiones ha sido este derramamiento de sangre. Las declaraciones tremendistas de Yehude Simon y de la ministra Rosario Fernández, que hablaron de baño de sangre y de no descansar hasta ver a Pizango en la cárcel, fueron lamentables y han contribuido a la violencia.
-El gobierno y el Apra acusan a los dirigentes indígenas de lo ocurrido y justifican la represión diciendo que fue en defensa de la democracia. -No estoy de acuerdo con eso. Es un error culparlos a ellos. La democracia implica el respeto a todos, incluidos los pueblos originarios, a los que no se les puede tratar como enemigos. Aquí no estamos enfrentando a Sendero Luminoso, estamos tratando con compatriotas que ven amenazadas sus vidas, sus tierras, su agua, a sus hijos, y que por eso protestan. Ellos tienen una cosmovisión distinta a la nuestra y eso debe ser tomado en cuenta. Haya de la Torre dijo: “no olvidemos que el Perú es un país complejo, diverso y multiétnico”. El gobierno parece no entender eso.
-¿Qué representa su candidatura a la secretaría general del Apra, carrera en la que aparecen como favoritos Jorge del Castillo y Omar Quezada? -Esta carrera no está reducida a Jorge del Castillo y Omar Quezada, que son oficialistas, porque ambos están en el entorno inmediato de Alan García y en la línea de la actual dirigencia del partido. En esta carrera por la secretaria general del partido lo que hay es una línea oficialista y otra discrepante con el actual manejo del partido y con la conducción del gobierno. Yo estoy en esta corriente discrepante, que va a ir creciendo dentro del partido a medida que se acerquen las elecciones para la secretaría general.
-¿Cuáles son sus principales discrepancias con el gobierno? -Discrepo con la política económica neoliberal que se viene aplicando, que en algunos aspectos es ultraneoliberal; con la política laboral; con la congelación del salario mínimo; con la ausencia de una reforma tributaria; con los tratados de libre comercio. Este gobierno parece considerar que debe ponerse del lado de los empresarios y de las transnacionales para darles todas las garantías sacrificando los derechos de la población. Yo no estoy de acuerdo con eso. Discrepo con el acercamiento al fujimorismo, que es incomprensible, porque el de Fujimori ha sido el gobierno más nefasto y corrupto de la historia contemporánea.
-Habla usted como opositor. -Hablo como un aprista que sigue los principios de justicia social y de defensa de las clases trabajadoras, de las clases medias y de los empresarios nacionales, enseñados por Haya de la Torre.
-¿Alan García ha traicionado esos principios? -No quiero hablar de traición, pero sí digo que la política del gobierno contradice flagrantemente los principios apristas. Hay una inconsecuencia entre lo dicho en la campaña electoral y lo drásticamente distinto que se está haciendo en el gobierno.
Estas expresiones tronaron en Alfonso Ugarte, como se imaginarán. Así que, en lugar de darse un debate partidario sobre el giro que debe dar el aprismo en estos tiempos - y sobre lo que han sido estos años de gobierno hacia la (ultra) derecha - el c. Mauricio Mulder, Secretario General del APRA, interpuso una queja por infraterno contra Salgado. Como motivo de la queja, Luis Alberto Salgado fue expulsado del APRA. Veamos, en exclusiva, la resolución de expulsión, con palabras bastante serias como “traición” flotando en el documento:
Que yo sepa, este tipo de cosas solo se da en el Partido Comunista Chino o se daba en el otrora Partido Comunista de la Unión Soviética. Todo ello se da porque en el APRA no hay democracia, sino una monarquía en la que quien decide todo al final es una sola persona. Y ya saben a quien me refiero.
Consulté a Villarán y al otro procesado en este caso, Gustavo Guerra García y la versión que me dieron en torno a estos hechos es la siguiente:
1. Carlos Rivera fue, por tiempo breve, personero del PDS en el 2001. Como tal, compró un Kit Electoral para buscar la inscripción del partido. Dicho Kit no fue utilizado y, al poco tiempo, Rivera se apartó de toda actividad política.
2. Para la inscripción del PDS, conseguida en el 2005, se compró otro Kit Electoral, a través de Gustavo Guerra García.
3. Todos los partidos pasan por una revisión bastante rápida de firmas, a cargo de ONPE. Cuando la ONPE detecta alguna firma extraña, se saca la hoja de registro y se separa. Pero, a pesar que el responsable de la hoja de recojo de firmas está registrado con nombre y apellido, una norma del organismo electoral no hace responsable a quien recogió las firmas, sino al personero legal.
4. En el PDS no hubo, ni por asomo, fábrica de firmas. Menos aún, intensión de engañar. Es más, es la agrupación política con menos porcentaje de firmas irregulares.
Y mientras estas cosas pasan, una noticia pasó caleta entre las consecuencias del Baguazo. Vía Perú.21:
Nueve años después de haberse descubierto la falsificación de firmas de la agrupación fujimorista Perú 2000, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el expediente judicial y dejar limpio de polvo y paja al ex parlamentario de las filas fujimoristas Óscar Medelius. Igualmente, esta decisión se hace extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, a Daniel Chuan, a José Portillo, a Migdonio Bellota y a los más de 230 procesados por dicho caso.
La medida, inapelable a nivel del Poder Judicial, fue tomada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a través de su resolución, declara que ni Montesinos, ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica.
La decisión del tribunal supremo, presidido por el vocal Duberlí Rodríguez e integrado por Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra, respalda a su vez el dictamen que, meses atrás, asumió la Sexta Sala Penal Anticorrupción que, de manera inexplicable, convalidó la resolución que el 4 de octubre del 2000 –en pleno régimen fujimorista– emitió la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros.
¿Y qué decía la resolución del año 2000 que, nueve años después, ha respaldado el tribunal supremo? Que no existía ninguna falsificación en el caso de Perú 2000, pues los planillones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los cuales fueron colocadas más de un millón de firmas falsas nunca fueron adulterados.
Esta resolución es escandalosa por varios motivos:
1. La falsificación de firmas de Perú 2000 fue un caso destapado por el diario El Comercio, a través de su unidad de investigación liderada por Ricardo Uceda. Fue una investigación bastante seria y bien efectuada, en la que se demostró, mediante documentos y testimonios, que existió una fábrica de firmas, con miras a la tercera elección de Alberto Fujimori.
3. La sala que ha dictado sentencia es la que verá la apelación del caso Fujimori por violaciones de los derechos humanos.
4. Preocupa mucho que la Procuraduría Ad Hoc Fujimori Montesinos haya perdido presencia mediática y, porque no decirlo, calidad en su defensa de los intereses del Estado. Desde la salida de Antonio Maldonado, pasando por el figuretismo de Omar Chehade - convertido hoy en abogado de Genaro Delgado Parker y de Ollanta Humala en el caso Madre Mía - hasta el poco interés que tiene el gobierno en esta materia, nos da una idea de lo que se nos viene en materia anticorrupción.
Sin duda, raros precedentes a los que debemos prestar mayor atención.
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
Ok. Yehude se va y probablemente con él se vayan otros ministros - esperemos que Mercedes Cabanillas entre ellos -, pero hay varios problemas que no se han resuelto.
De un lado, como bien lo señala Martin Tanaka, las normas de la controversia no solo respondieron a la lógica del perro del hortelano, sino también a lobbies sobre la materia. De allí que las mismas tengan algunos artículos ambiguos que eran los que suscitaban la controversia en torno a sí se vulneraban los derechos de las comunidades nativas. Y el problema se complica más aún cuando se reconoce la poca protección legal y factual del derecho de propiedad de las comunidades, así como la carencia de mecanismos institucionales para tratar el tema indígena.
Del otro lado, preocupan cada día más los raptos autoritarios del gobierno. Cierre de radios, lenguaje confrontacional, persecusión a ong’s y poco respeto por la institucionalidad y los derechos humanos. Lo lamentable es que estos signos, que ya se veían de tiempo, se hayan acentuado. Con ello García no solo perdió la oportunidad de hacer el cambio responsable, sino también en el gobierno se arrancó una de las banderas que les sirvió para llegar a Palacio: el respeto de la democracia.
De allí que hoy tengamos que lamentar:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
La primera alerta la dio Rosa María Palacios, cuando denunció que el secretario general de la institución, Miguel de Loayza, se dedicaba a resolver sus temas partidarios en la sede del INDEPA:
La ex ministra de la Mujer Carmen Vildoso contó a Perú.21 que durante los días previos a la muerte de policías y nativos en Bagua, la directiva de este organismo –presidido por el aprista Mayta Cápac Alatrista– nunca emitió opinión sobre los decretos que motivaban la protesta en la selva. Ello, a pesar que la ex ministra pidió esta información hasta en cuatro oportunidades. La primera fue el 28 de mayo, durante una reunión entre Vildoso y la directiva del Indepa. Un día después formalizó su pedido y lo reiteró el 1 y 3 de junio, dos días antes de los sangrientos hechos en Bagua. Nunca hubo respuesta.
Pero la incapacidad del Indepa también se expresó en la actitud que asumió su directiva mientras se buscaba una solución al entrampamiento en la selva. Vildoso afirmó que Alatrista y sus funcionarios no sirvieron para “hacer de puente” entre el Gobierno y las comunidades porque adoptaron una postura “crítica y descalificadora” frente a las organizaciones amazónicas. “Eso no ayudaba. Lo que hicimos, entonces, fue nombrar asesores para ver las posiciones que asumía Indepa en cada reunión de la Mesa de Diálogo”, comentó Vildoso.
Este último punto fue señalado por Nila Vigil en su blog Instituto Lingüístico de Invierno. Allí citó varias declaraciones de Mayta Cápac Alatrista en las que se nota su poca comprensión del tema indígena y de los problemas surgidos con los decretos legislativos expedidos por el gobierno. Antes que un funcionario dialogante, Alatrista parecía otro vocero del evangelio alanista conocido como “el Perro del Hortelano”.
La titular del MIMDES, Nidia Vilchez, ha señalado que la entidad entrará en reorganización. E incluso la posibilidad de transformar al INDEPA en un viceministerio de asuntos indígenas está en la mente de algunos asesores presidenciales. El problema está en si no se pone a la gente adecuada y no se tiene una política clara e inclusiva, estaremos ante el mismo error.
CR: Hay una orden de detencion emitida por el 40 Juzgado Penal sobre falsificación de documentos en agravio de la ONPE, de la información que conozco desde hace dos horas, me han dicho que dicho juzgado inició el año pasado el proceso y que la orden de detención se emitio el 20 de mayo. Sali el 24 de mayo y al regresar me encuentro con esta novedad de la orden de detencion.
¿A que proceso se debe, lo recuerdas?
Nunca he tenido un proceso ni en pelea de perros con la ONPE. En mi vida diaria trato de no cometer hechos delictivos. No soy falsificador (dijo con ironía).
Como abogado, le he dicho al propio coronel que el problema no es la orden de detencion sino que como es domingo me revientan la vida porque el domingo no atiende el poder judicial. Debo de reconocer que la policia me ha tratado con mucha deferencia y entiendo que si se hacen las diferentes gestiones saldré libre mañana.
¿Que le dijo el Primer Ministro, Yehude Simon, al ir a visitarlo?
Le agradezco el gesto muchisimo, el tiene la información que le han pasado de a poquitos. Yehude Simón, me transmitió en terminos personales su indignación y cómo se despachan los jueces sin preocupación por ubicar a los implicados.
¿Es una medida irregular, según tu opinión?
Se han cometido muchas irregularidades en cada paso realizado, lo que alimenta la sospecha sobre irregularidades: el proceso fue abierto hace un año y que el juzgado no me haya podido ubicar a mí, que soy bastante ubicable desde el juicio al ex presidente Fujimori.
¿Le encuentras relación con la defensa del IDL a los nativos del Baguazo?
Si, todo es bastante irregular, hay un proceso judicial que dura un año por lo menos, no hay manera de ubicarme de que tengo un proceso judicial y han mandado una notificación judicial a mi domicilio de hace 25 años, que eso me parece el hecho mas irregular. Esas casualidades nunca ocurren
Tengo absoluta visibilidad me pueden ubicar en el IDL cuando quieren, la parte mas fregada del tema es que me comeré mis 24 horas en requisitorias.
Para el periodista Gustavo Gorriti, el caso es bastante raro. Se trata de un proceso iniciado por un juez vinculado al aprista César Vega Vega, por una supuesta falsificación en la ONPE. A Rivera no le notificaron nunca del caso y solo cuando regresó al Perú de una reunión en Washington, le arman esta canallada.
Resulta bastante sospechoso que a una de las caras más visibles de la institución no gubernamental que ve los casos El Frontón y Fujimori, así como participante en la delegación de los organismos de derechos humanos a Bagua, le armen un expediente de esta manera. Todo esto hace recordar a la época de Alberto Fujimori. Nuestra solidaridad con Carlos Rivera.
“Lo que ellos esperaban” añadió esta mañana, “–y esté seguro que lo esperaban– era una mortandad de 100 nativos y dos policías heridos”. ¿Se refería acaso a sus antiguos perseguidores y hoy aliados fujimoristas?
Porque cualquiera que no haya tenido una reciente concusión encefálica, y que haya razonado mínimamente sobre este tema trágico, sabe que lo que las personas de bien y con un mínimo de inteligencia se han preguntado en estos días ha sido: ¿Cómo fue posible que un operativo de desbloqueo (que, de paso, pudo y debió haberse solucionado sin violencia), que no debió haber causado la muerte de ningún policía y de ningún civil, se haya saldado con la peor pérdida de vidas humanas que ha sufrido la Policía en toda su historia? ¿Y con la pérdida, además, de muchas vidas entre los propios manifestantes?
“¿Quién podía esperar” dijo García, “que hubiera asesinos emboscados, que hubiera gente política [sic] armada?”.
¿Quién? El presidente, la ministra, los jefes policiales, los jefes militares. Porque se supone que todos estos estamentos tienen servicios de inteligencia que los informan.
El presidente tiene al ex SIN y hoy Dirección de Inteligencia, bajo el comando de Danilo Guevara.
La ministra tiene a la Digimin, una de las direcciones de inteligencia con mayor presupuesto y capacidad operativa, que reporta directamente a ésta.
Y el comando de la Policía tiene su propia dirección de inteligencia.
La cobertura de inteligencia de un bloqueo de dos meses a poca distancia de una ciudad es comparativamente fácil. Y de hecho había mucha información, que simplemente no fue utilizada. ¿Por qué? Porque los policías recibieron órdenes imperativas de romper el bloqueo a como diera lugar, y se echó por la borda toda coherencia operativa.
Ahora, la ministra Cabanillas ha adoptado la línea de defensa de Fujimori/Nakazaki. Ella no sabía nada, ni sabe nada, ella no manda, no dirige, no decide. Solo consigue recursos.
Una cosa es ser tolerante ante las opiniones ajenas y otra aceptar las estupideces. Tal comentario se me desprende luego de leer - después de bastante tiempo - la columna de Andrés Bedoya Ugarteche. Solo un par de perlas:
De modo que ya lo saben. Para aquellos que aún consideran a estas “etnias” como grupos humanos de gentes “buenas”, “ingenuas” y “candorosas”, les recuerdo que fueron estas mismas las que perfeccionaron el arte de reducir las cabezas de sus enemigos y llevarlas en los cinturones de piel que sujetaban sus taparrabos. Con los congresistas van a fallar. Ya esas cabezas no pueden reducirse más. En todo caso, si los “nativos” no lo hicieron con los 25 policías que asesinaron y se comieron sus restos, fue solamente por falta de tiempo.
(…)
Y para desgracia nuestra, todo esto tiene para largo… para muy largo. No sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario.
Los cibernautas ya han atriborrado de protestas la página de Correo en Facebook. Y se ha creado un grupo en Facebook en protesta. Bueno, digamos que teniendo a un admirador de la filosofía de Full Metal Jacket como director de Correo, será casi imposible que este señor no siga escribiendo sus llamados al enfrentamiento racial en el diario de los Agois. Haría buena pareja con Isaac Humala.
4. LAS DOS CARAS DE LA MASACRE
Perú.21 entrevista a José Montenegro, policía en retiro, cuyo hermano Manuel murió en Bagua. Montenegro responsabiliza a la negligencia policial en buscar a su hermano, quien fuera muerto por los nativos y su cuerpo fue encontrado dos días después de los sucesos de Bagua.
La República recoge las historias de los seis nativos muertos en Bagua: Felipe Sabio César, David Jausito, Romel Tenazoa, Genaro Chijap Chamik, Rogelio Pinto Castro y Jesús Carlos Timias. Los fallecidos eran líderes de sus comunidades y sus familiares cuentan su versión de los hechos.
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