Ya sabrán por los titulares de los diarios que hace un mes hay un paro de los pueblos amazónicos exigiendo la derogatoria de una serie de normas expedidas por el Gobierno referidas al uso de recursos y tierras de dicha zona del país. Pero lo que hay que recordar es que este es un conflicto que se larvó durante años y que, en verdad, está ante su segundo estallido.
Todo comenzó con la famosa serie de artículos sobre El Perro del Hortelano, en la que el Presidente de la República expuso su nuevo evangelio económico: dejar todo al gran capital, los opuestos al mercado son los enemigos, los otros tipos de propiedad no sirven. Te alabamos, Señor. Producto de dicho pensamiento y con el pretexto de mejorar la competitividad para el TLC, se expidieron una serie de Decretos Legislativos. El más polémico de ellos fue el Decreto 1015, que cambiaba la forma de regulación de la venta de las comunidades campesinas y nativas. El Decreto, como se imaginarán, nunca fue consultado con las poblaciones originarias.
Pero también existía un inconveniente legal:el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este tratado, ratificado por el Perú hace varios años, señala en su artículo 17.2 que, en caso el Estado haga modificaciones sobre la capacidad de transmitir la propiedad de los territorios indígenas, éstas deberán ser hechas en consulta con las poblaciones interesadas. Esto no se cumplió en el caso de los Decretos Legislativos 1015 y 1073 (este último modificó al primero), que modificaron el tema de la transmisión de propiedad dentro de las comunidades.
Y se armó la pampa, mejor dicho, la protesta, en medio de debates ideológicos, económicos y de comprensión sobre la lógica de las comunidades amazónicas. Al final, se derogaron las dos normas controvertidas y el mismo Alan García tuvo que aceptar que erró. Claro, quedaron pendientes de derogación otras normas que los dirigentes amazónicos consideran como lesivas.
La plataforma de lucha es ahora, la siguiente:
Las acciones de protesta se realizan en respaldo de la denominada Plataforma de Lucha de los Pueblos Indígenas Amazónicos, que consta de nueve puntos y cuya primera exigencia es la derogatoria de las leyes y decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.
Entre ellos se menciona la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Nº 29317, que se aprobó en base a una modificación del Decreto Legislativo 1090, la Ley de Recursos Hídricos, Nº 29338 y los decretos legislativos 1089, 1064 y 1020.
Otra exigencia es que se reforme la Constitución Política del Estado para restablecer el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas. Estos elementos estaban presentes en la Constitución Política de 1979 pero fueron eliminados por la Constitución de 1993, durante el régimen de Alberto Fujimori.
La plataforma demanda el respeto a la propiedad colectiva del territorio, el reconocimiento y titulación de comunidades nativas, el reconocimiento de reservas para los pueblos en aislamiento y la suspensión de concesiones en territorios indígenas.
La plataforma también solicita atender las demandas de las organizaciones indígenas regionales y cita casos específicos como el recorte efectuado al Parque Nacional Ichigkat Muja “para beneficiar a empresas mineras e hidrocarburíferas en el Cenepa” o los problemas provocados por la minería aurifera en Madre de Dios.
Claro, también hay pedidos maximalistas, como pedir la derogación de la aprobación de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Chile, pero, en términos generales, la agenda de la protesta es parecida a lo que Carlos Iván Degregori escribió en su momento:
Los movilizados no están ni quieren estar aislados. Quieren ser ciudadanos de pleno derecho, pero de un país diverso, en un Estado del siglo XXI, que deje atrás concepciones monolíticas arcaicas y acepte que la patria es una síntesis de voluntades y de culturas múltiples.
No es prudente, por tanto, seguir llamando “perros del hortelano” a quienes tienen formas diferentes de organización y uso del territorio.
En esa misma línea, se encuentran los Obispos de la Amazonía que han elaborado un comunicado en el que señalan tres puntos claros: 1. La necesidad de que el gobierno tome en cuenta las normas que protegen los derechos indígenas, 2. la necesidad de díalogo y 3. la derogatoria de los decretos expedidos por el Gobierno, por no contribuir al desarrollo integral de la región.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Para comenzar, declarar el estado de emergencia y reprimir la protesta. Pero luego del garrote, han venido los pedidos de diálogo, que se concretarían mañana por la tarde. La posición del gobierno en la negociación la ha expresado el Ministro del Ambiente, Antonio Brack (Vía Ideele Radio):
“No debe politizarse el tema, éste debe tratarse desde el punto de vista técnico y sin intransigencias ni del Estado, ni de las organizaciones indígenas. En segundo lugar, Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) pide la derogatoria de una serie de decretos legislativos, de la Ley de Recursos Hídricos, la cual está en manos del Congreso y esto está ahora en manos de la Comisión de Constitución”, indicó.
“El pedir la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos es imposible porque es una ley que se discutió durante ocho años y pedir la derogatoria total creo que es una especie de abuso. Allí hay que ver con el Congreso que es lo que se puede hacer”, acotó.
Explicó que existen dos mesas de diálogo, una que es impulsada por el Poder Ejecutivo que es permanente y otra que responde a una iniciativa del Congreso y que es multipartidaria. Sostuvo que el tema de las consultas a las comunidades debe ser abordado de manera conjunta y consideró poco difícil integrar al Parlamento a la reunión que propicia el gobierno.
“Las comunidades indígenas son muy importantes y el Estado ha hecho cosas importantes por ellos, a nivel de titulación de hectáreas. Ahora, hay diferencias en torno a la implementación del Convenio 169 de la OIT y entonces el gobierno ha institucionalizado la mesa de diálogo permanente con los pueblos indígenas y amazónicos y es el diálogo lo que debe aclarar las discrepancias y mejorar la relación”, refirió.
“El otro punto es mejorar las relaciones las consultas en base al convenio 169 de la OIT, que hay que desarrollarla en forma conjunta. Yo pienso que politizar el tema, es lo peor que se puede hacer. (…) El Congreso es un poder del Estado absolutamente independiente, integrarlo a una mesa de diálogo del Ejecutivo sería un poco difícil, tendría que verse esto desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, pero tiene que verse todo esto en forma conjunta”, anotó.
En resumen: el Congreso deberá ver la derogación de las normas. El problema es que para varios de los dirigentes, Velasquez Quesquén ha perdido credibilidad, pues consideran que los ha mecido. Y en cuanto al diálogo, al menos parece que existe algo de voluntad de parte del gobierno por cambiar los términos del debate.
Pero sigue la pregunta flotando: ¿en que terminará este lío del hortelano?
MAS SOBRE EL TEMA
Alberto Pizango, presidente de AIDESEP: El estado de emergencia es una abierta declaración de guerra
Ricardo Briceño, presidente de CONFIEP: Condenamos la violencia, pero hay ausencia del Estado en las regiones
Entradas (RSS)
12 Mayo 2009 a las 3:43 pm
La derecha recalcitrante, uno de cuyos intelectuales orgánicos, de los mejores, es Jaime de Althaus, buscan permanentemente la confrontación. Más allá de las apariencias no creen en la democracia, son los directos
responsables de la tragedia que vive el Perú: un país lleno de posibilidades, con una diversidad cultural
extraordinaria, inmerso en la pobreza, con bolsones de desarrollo es verdad (que reconocemos y apreciamos)
pero con desigualdades crecientes. Mientras De Althaus y Ansión casi saltan de un solo pie por la (aparente) perdida
de identidades locales en el mundo andino y amazónico, en el sur de nuestro país, una sociedad y estado nacionales, expansivo por naturaleza este último, en capacidad de ponerle condiciones al imperio, trabaja a paso firme para terminar de integrar (no solo a través del mercado como se pretende en nuestro país) a los pueblos mapuches, atacameños, kollas, aymaras, quechuas, rapañui, entre otros.
12 Mayo 2009 a las 9:23 pm
es que althaus no es de derecha,,,,los liberales economicos, son liberales politicos y lo mas importante, consideran (dogma hobbesiano) que la propiedad es tan valiosa como la libertad. las comunidades tienen derechos de propiedad sobre sus tierras, tan simple como eso. Las comunidades son eso, comunidades y no sociedades anónimas. Se les promete oportunidades de inversion, cuando no se les otorga oportunidades de integraciion (es una verguenza que no exista una carretera a iquitos)…Falta conocer los problemas de la selva. NOVAK ha sacado un libro sobre la explotacion laboral en la selva.
Deben prestarle mucho mas atencion a la selva, porque en treinta años será nuestro santa cruz.
13 Mayo 2009 a las 10:38 am
Novak??, fabian novak, el ex viceministro de defensa, hombre de confianza de De Trazegnie cuando era canciller de Fuji y qeu viajó a varios países de la región a converncerlos de salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana??
por otro lado, llamar a de althaus intelectual (sea de derechas, izquierdas, de abajito o de la esquina de mi cuadra), como que no es un halago para los verdaderos intelectuales que aún existen en nuestro alicaído país, una persona qeu no diferencia lo que es reivindicación de la nacionalidad de un pueblo con ciudadanía dentro de un Estado de derecho, podría decirse qeu aunque sea pasó por una facultad de sociales de cualquier universidad??.
13 Mayo 2009 a las 11:32 am
Angel, creo que te has equivocado, no es Ansión, sino el inefable, veleta y casquivano Juan OSSIO, que no sé por qué sigue enseñando en la PUCP, lo consideran vaca sagrada, y ni siquiera es caviar.
13 Mayo 2009 a las 1:44 pm
Los pueblos amazónicos y andinos de Perú están protestando por más de un mes, exigiendo a Alan García que derogue los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 y la Ley 2933 (de Recursos Hídricos).
Estos decretos son las primeras consecuencias negativas del corrupto Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, un acuerdo comercial y político impuesto por el gobierno del genocida George W. Bush al pueblo peruano, a través del presidente títere Alejandro Toledo y el actual agente de las multinacionales, el presidente peruano Alan García que fue electo con dinero de esas corporaciones precisamente.
13 Mayo 2009 a las 3:33 pm
Gracias Caviar por la aclaración. Ya expliqué anteriormente que escribo casi de pie.
13 Mayo 2009 a las 4:45 pm
Alajandro:
Las normas promulgadas son condiciones para la implantacion de lTLC con EEUU y no les hace nada bien a los Amazonmicos
Por que los llamas “maximalistas” , no crees que son ellos los mas indicados para decir que es mejor para ellos.
No hat cierta ingongruencia entre estar a favor del TLC y dar la noticia de las protesta amazonicas debido a las normas de posecion de tierra hechas para el TLC.
18 Mayo 2009 a las 3:49 pm
Estimados amigos:
El actual Gobierno peruano no cumple con la actual Constitucion, la viola reiteradamente, viola la Ley General de SAalud, viola la Ley del Ambiente, en resumen VIOLA DERECHOS CONSTITUCIONALES=VIOLA DERECHOS HUMANOS, PARA A TRAVES DE LA PRENSA NACIONAL PARAMETYRADA SEÑALAR LO QUE ALAN GARCIA DICE MUY SUELKTO DE HUESOS QUE LOS RIOS Y LAS AGUAS NO SON PROPIEDAD DE LOS NATIVOS, SIUNO QUE ES DEL ESTADO DE TODOS LOS PERUANOS, Y CON TAL ARGUMENTO PRETENDER JUSTIFICAR LA INTROMISION DE LA INVERSION PRIVADA DEPREDADORA DEL AMBIENTE, NO RESPETANDO EL PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA Y DENTRO DE ELLOS EL COMPONENTE: ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL= LICENCIA SOCILA, QUE LA LEY ESTABLECE QUE SE DEBE DE CUMPLIR PERO QUE LAMENTABLEMENTE NO SE LES EXIGE A LAS EMPRESAS INVERSIONISTAS, SEAN ESTAS MINERAS, PETROLERAS, DEL GAS, ETC.
YA NO ESTAMOS EN UN ESTADO DE DERECHO, SINO EN UN ESTADO DICTATORIAL, TAN IGUAL O PEOR QUE LA DICTADURA DE FUJIMORI.
CORDIALMENTE,
INGº LUIS D. ENRIQUEZ
DESDE TACNA-PERU
EX DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y DIGESA