A estas alturas, decir que la crisis económica mundial no nos va a afectar, sería peor que mentir.
La semana pasada, la noticia económica del día fue que, en el mes de febrero de 2009, la economía sólo creció 0.19%, el valor más bajo en 92 meses. ¿A que se debió lo que algunos ya han denominado como “el frenazo”? Katherine Subirana y Alberto Limache lo explicaron bastante claro en El Comercio del viernes:
Los analistas coinciden en que la desaceleración del crecimiento económico es resultado del impacto de la crisis internacional, que ha afectado especialmente la demanda exterior de productos de la minería polimetálica y de la agroexportación.
Esto se ha traducido en golpes en los niveles de actividad y de empleo, en limitaciones y encarecimiento del financiamiento internacional, y —como ha mostrado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)— en un menor nivel de consumo.
Para el economista Carlos Adrianzén, la desaceleración del PBI es el último de los indicadores que muestran la gravedad de la crisis. “Las exportaciones ya estaban siendo afectadas, ya teníamos indicadores negativos en la balanza de pagos, ya era evidente la caída de capitales extranjeros en el país y ya estábamos perdiendo reservas internacionales”, resaltó.
La analista Cecilia Blume destacó que, por lo menos, la economía no ha decrecido, y sugirió esperar a ver los efectos del incremento del gasto público durante los próximos meses. “Es un momento difícil, y ahora hay que ser más conscientes en el gasto, y favorecer el ahorro”, comentó.
Pero las alarmas se han encendido aún más el día de hoy, con la portada de La República que sale en la foto de hoy y que alude al estudio hecho por un grupo de economistas de Centrum Católica sobre la crisis internacional. Las principales conclusiones, extraídas de la entrevista hecha a los economistas Jorge Guillén, Arnaldo Rosemberg, Jorge Cárdenas, Gerardo Alarco, Gustavo Ruiz y Jorge Torres, parte del equipo que elaboró dicho análisis, a continuación:
“El origen ha sido la contaminación de activos financieros anexados con hipotecas, es decir, activos que tenían rentabilidad, pero la gente estaba olvidándose de que tenían alto riesgo”.
“Hay resquicios en los sistemas regulatorios que han sido aprovechados groseramente por una serie de personas que no tienen nada de ética, entonces, donde hay el resquicio comienza a meterse la trampa”.
“Pueden existir las leyes, puede existir el aspecto de que se debe regular y supervisar, pero no se cumplen y no hay voluntad de cumplirlos”.
“Se han abierto opciones que tienen que ser corregidas, pero eso no quiere decir que todo el sistema sea malo, porque está demostrado que el otro sistema no te permite el desarrollo”.
“Sencillamente las exportaciones peruanas este año van a caer en 20% aproximadamente, a lo mejor, si el plan de estimulo económico respalda créditos para que las empresas puedan seguir produciendo artículos para exportarlos a otros mercados, haya oportunidades en épocas de crisis”.
“Nuestro cálculo es que el PBI, sin plan anticrisis, caería -5% y con los S/.12 mil millones del plan anticrisis, llevados al máximo, nos llevaría a que la tasa de crecimiento del PBI estaría entre - 1% y - 2%, es decir, ni siquiera 0% con plan anticrisis”.
“El fracaso del plan anticrisis nacional va a pasar porque la inversión del Estado no se está haciendo en el tiempo previsto. ¿Cuánto se ha hecho hasta ahora que estamos terminado abril?”
Ojo que este análisis de Centrum no parte de los prejuicios ideológicos en el que se ha movido el debate sobre la crisis en estos meses. Eso hace más valioso dicho estudio.
Como que llegó la hora de que el gobierno se deje de discursos optimistas y, de una vez por todas, se sincere con todos nosotros. A ver Alan, Carranza, Yehude, ¿cuando nos dicen la realidad de la magnitud de la crisis?
Los últimos acontecimientos en el VRAE han generado durante este fin de semana debates e informes en toda la prensa. Reseño y agrupo los más importantes.
¿QUIEN DEBE COMANDAR LA REACCION DEL ESTADO? Pregunta que ha puesto Ollanta Humala en el debate nacional, al señalar que debe ser la Policía quien dirija la lucha en el VRAE, tanto por mandato constitucional como por los buenos resultados que se vienen obteniendo en el Frente Huallaga, sin sacar a los militares de la zona. Desde el gobierno, Antero Flores - Araoz y Mercedes Cabanillas le han dicho que no y tergiversan sus declaraciones diciendo que Humala quiere sacar a las FFAA del VRAE. Desde los críticos al gobierno, Fernando Rospigliosi se muestra a favor y recuerda que hasta el 2004 se mantuvo a raya a Sendero con policías. ¿Mi opinión? Fuerzas combinadas de Ejército y Policía, al mando de esta última.
Ese dinero ‘negro’ se dirige a constituir empresas de fachada destinadas a asegurar la buena marcha del negocio y también a corromper autoridades –policías, militares, jueces, fiscales, etc.– con el mismo fin. Incluso a buscar vínculos con políticos, empresarios u organizaciones políticas.
Por su parte, en su blog en Semana Económica, Carlos Basombrío comenta lo que insinuó el Ministro de Economía ante el Congreso: le dan plata al sector Defensa, pero no sabe como priorizarla. Ojo con esto.
LOS MENORES Y LA GUERRA: Mientras que Federico Salazar se concentra en los menores de edad reclutados por el Ejército, Rocío Silva Santisteban nos muestra la lógica de los jóvenes que operan para el narcotráfico. Realidades ambas que nos deben llamar la atención y, sobre todo, a actuación.
EL FACTOR EDUCACION: Finalmente, el maestro Luis Jaime Cisneros nos recuerda que fueron defectos educativos los que permitieron el crecimiento de Sendero Luminoso y que una maestra fue la que comandó la emboscada de la semana pasada. De allí que rescate la importancia de la Educación Cívica, algo que nos hace mucha falta en el Perú de hoy.
Este fin de semana se viene celebrando la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, en la que están reunidos la mayor parte de mandatarios de la región, incluyendo a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos.
Si bien la agenda formal de la cumbre está centrada en como enfrentar la crisis económica global desde una región que va a tener restringido su crecimiento económico - de hecho, en el Perú esta fue la noticia del día de ayer -, lo cierto es que dos temas ha dominado finalmente la atención de la prensa y de los mandatarios.
El primero es como va a enfrentar Obama su relación con la región. De lo visto hasta el momento durante su gestión, el presidente norteamericano no tendrá a América Latina como conjunto como prioridad, pero sí va a tener presentes dos tópicos, por lo menos durante esta etapa: el apoyo en la lucha contra el narcotráfico que viene emprendiendo México, problema que se ha convertido en la más grave amenaza a su seguridad interna y externa y en el que, astutamente Felipe Calderón, también ha incorporado el tema migratorio. El segundo es el cambio de política hacia Cuba, que es el otro tema importante de la Cumbre, de modo extraoficial.
Pero la realidad latinoamericana es más compleja que estos dos casos. Solo basta hacer un pequeño repaso por la región para que nos demos cuenta de algunos retos pendientes:
- Brasil: ¿Cuál va a ser el rol que tendrá en la región? Si bien Lula es el presidente más popular de la región y ha ganado peso internacional importante, lo cierto es que frente a América Latina, la actitud de la diplomacia brasileña ha sido más cauta. Y ello no variaría mucho, a pesar del relevo presidencial del próximo año.
- El Salvador: El hecho de que Mauricio Funes, un moderado dentro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - la otrora guerrilla - sea el nuevo presidente, abre una serie de preguntas sobre la relación con Estados Unidos y, también, sobre como administrar la herencia del conflicto armado interno.
- Colombia: ¿Y después de Uribe, que viene? Es la pregunta que todos se hacen en el país del norte. La pregunta no solo hace referencia a las políticas de seguridad o a la Ley de Justicia y Paz que ha permitido la desmovilización de los paramilitares, sino también por investigaciones pendientes sobre corrupción y la llamada “para - política”.
Como vemos, un panorama regional complejo, en el que la cumbre parece ser un escenario para ir contemporizando ánimos que andaban caldeados y, esperemos, mejoren las relaciones internacionales entre los países de esta parte del mundo. Aunque claro, todo indica que seguiremos viendo algunos fuegos artificiales en el ambiente.
Otra Mirada resume los hechos del caso Rospigliosi:
En su primera gestión, en el año 2002, el ex Ministro firmó un convenio con la institución Pro Ética para un programa de prevención contra la corrupción con motivo de la compra de telas para los uniformes de la Policía Nacional. Pro Ética recomendó que se hicieran talleres de ética y se contrataran técnicos para supervisar licitaciones, por ello el Ministerio del Interior pidió al PNUD el monto que cubriera estos gastos y así se hizo. Como se sabe, todo el dinero proveniente del PNUD es debidamente auditado y fiscalizado, y nunca hubo ninguna observación al respecto. Además, tal como ha señalado Rospigliosi, no se realizó entrega de dinero a los implicados, ni a él, ni a Pro Ética, ni a Ugaz.
A pesar de estos hechos, Mufarech se fue en batalla contra Rospigliosi y Ugaz, todo indica, debido a que quería salvaguardar sus intereses particulares, dado que don Mufa es empresario textil. El ex Ministro del Inmterior tenía un proceso de acusación constitucional pendiente interpuesto por Mufarech, que debió ser declarado prescrito dado que en el 2007 venció el plazo constitucional para hacerlo. Sin embargo, gracias a una leguleyada, el aprismo y el fujimorismo, luego del escándalo de los Petroaudios, reactivaron la acusación contra Rospigliosi.
Pues bien, uno de los grupos que definirá su voto en estos días es el Partido Nacionalista Peruano. Uno de sus asesores principales, Julio Arbizu González, trabajó antes como abogado en la Procuraduría Ad Hoc Fujimori - Montesinos. Y este lunes, fue amenazado por Mufarech, como consta en esta carta remitida al vocero de la bancada nacionalista, Fredy Otárola (cortesía del Instituto de Defensa Legal):
Como supondrán, Otárola se preocupó por la suerte del funcionario contratado por su bancada. Así que le envió al Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, la siguiente carta, en la que le exige una investigación sobre estos hechos:
Lo curioso es lo que viene a continuación, según cuenta Ideele Radio:
Horas después de que Arbizu Gonzáles pusiera en conocimiento de las autoridades del Congreso de este hecho, llamó al celular de Jorge Mufarech, para desestimar sus amenazas. En dicha comunicación el ex legislador le habría cuestionado que esté generando gestiones o remitiendo oficios en la que denunciaba la amenaza.
La pregunta del millón: ¿quién le contó a Mufarech de que habían solicitado investigar las amenazas? Tal vez y digo solo, tal vez, la respuesta se encuentre en lo indicado por Paola Ugaz hace unas semanas:
Las migas entre Velasquéz Quesquén y Jorge Mufarech nacieron cuando ambos formaban parte de la Comisión de Fiscalización en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-06).
El ahora presidente del Congreso y Mauricio Mulder apoyaron todas las vendettas comerciales de Mufarech en la Comisión de Fiscalización y en esta ocasión, les cayó redonda la acusación del comerciante textil contra Rospigliosi para cobrarle con creces el que haya hecho públicos los audios del “Petrogate” a fines del pasado año.
Por lo pronto, Fernando Rospigliosi ha solicitado una pronta investigación del caso. Y es necesario que el Presidente del Congreso diga esta boca es mía. Sino, los rumores sobre sus constantes asistencias al yate de Mufarech anclado en Santa María no solo harán alusión al esparcimiento veraniego, sino, también, a peligrosas componendas políticas que, como vemos, llegan a amenazas de muerte.
De lo contario, además de pensar que buena parte de este Congreso es corrupto y mediocre, veremos que su aprecio por la vida y la seguridad de sus propios funcionarios es tan nulo como su capacidad de fiscalización.
Para quien ha podido leer buena parte de los diarios limeños durante esta semana, se podrá percatar que los defensores de Alberto Fujimori parecen haberse diversificado o, mejor dicho, sincerado en sus afectos autoritarios.
Si bien la mayoría de ellos - salvo los chicos de La Razón - comienzan con un párrafo que pretende salvar la cosa tipo “No soy partidario de Fujimori, toleró a Montesinos y deben condenarlo por corrupto, pero…”, luego del “pero” se mandan con una serie de argumentos que han sido bien reseñados por Augusto Álvarez Rodrich:
Por ejemplo, los comentarios que no le reconocen a la sentencia una estructura con la que se puede discrepar pero no afirmar que es un sinsentido jurídico o “una cojudez”.
Peor es la presentación de encuestas amañadas para transformar la aceptación de la opinión pública a la condena por un rechazo; querer desprestigiar a San Martín con portadas infames que quedarán para la vergüenza; o decir que la condena va a destruir el “fujimorismo económico”, como si el consenso de Washington hubiera incluido matanzas extrajudiciales.
A lo mismo apuntan las declaraciones efectistas de representantes militares (“nos han convertido en banda de asesinos”) que pretenden transformar la condena a Fujimori en agravio a todas las fuerzas armadas. O, también, anunciar represalias como lo han hecho los hijos de Fujimori.
Pero lo más interesante de la campaña es el anuncio de nuevas mayorías políticas en el año 2011 y la llegada triunfal de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno como la ganzúa que liberará a su padre, lo cual es una señal evidente de que quieren fujimorizar la elección que se viene.
Y a estas líneas de argumentación señaladas por AAR, añado otra que he notado: el mito del Fujimori pacificador como atenuante de condenas. Hoy, revisando Perú.21, me topé con la columna de Alfredo Ferrero, que esgrime este supuesto hecho que, en su opinión, debió ser considerado por el Poder Judicial que le había impuesto “una condena de cadena perpetua en la práctica” al ex dictador. Me sorprende que alguien que pasó por una buena Facultad de Derecho no tenga claro cuales son las conductas atenuantes en el derecho penal. Tal vez, al buen ex Ministro de Comercio Exterior le sea necesario revisar el artículo 20 del Código Penal.
Pero, en el fondo, estas argumentaciones apuntan a un sentido común: sin el autoritarismo, no habría sido posible implantar el libre mercado ni vencer a la subversión. Sobre lo último, ya se ha expuesto bastante sobre como Fujimori no fue el vencedor del terrorismo, pero sobre lo otro, si es necesario hacer algunos énfasis, para aclarar algunos puntos a los que leen, escriben y piensan con la diestra.
En primer lugar, cabe recordar que Fujimori no tenía como programa “el libre mercado”. Mejor dicho, no lo tenía en el sentido que le recordamos de Boloña para adelante. En su campaña. el hoy reo postulaba un ajuste gradual y nada de shocks. Esa propuesta hizo que la clase media - independientemente de endosos apristas y zurdos - votara por él. Y fue luego la misma clase media la que fue la principal víctima de sus políticas económicas.
En segundo lugar, calificar como “liberal” a Fujimori es un sinsentido. Liberales económicos como Juan Carlos Tafur o Hernando de Soto han señalado en varias oportunidades que Fujimori le puso “freno a la reforma” luego de la primera reelección. Y desde aquí añadimos que un verdadero liberalismo no es sólo el que toma en cuenta el factor mercado, sino el que tiene también los temas de democracia, derechos humanos y medio ambiente como bases de su programa político y sustento económico, por cuestiones de transparencia, gobernabilidad, desarrollo sostenible y de previsibilidad para los agentes, además, por supuesto, de ser la base de cualquier estado democrático que se precie. Tenemos más conservadores que liberales, en realidad, salvo honrosas excepciones.
En tercer lugar, un análisis menos ideologizado del fujimorismo económico sería más matizado:
- 1990 - 1992: Programa de ajuste, con afectación clara a la clase media (despidos, inflación alta en un inicio) y medidas de liberalización tomadas a tontas y a locas - la liberalización del transporte sin regulación, por ejemplo, la padecemos todos los días y con cuenta de cadáveres diaria -.
- 1992 - 1993: Implantación del modelo “liberal”, bajo autoritarismo y aprobación constitucional.
- 1994 - 1996: Boom de las privatizaciones (cuyos fondos fueron mal utilizados), recuperación del sector servicios y construcción, crecimiento económico fuerte y decisión final de enfriar la economía luego de la farra electoral de 1995.
- 1996 - 2000: Pérdida del sentido de reformas liberales, recesión, aumento de la corrupción y crisis final por la re-reelección.
Con todo y los problemas que tenemos en este momento, el crecimiento económico fue mejor en democracia y se tomaron medidas que blindaron mejor la economía ante embates internacionales. El problema es que mucho del modelo de “no regulación”, que es el que se quiere mantener a ultranza - y ese es el verdadero “fujimorismo económico” -, a pesar que ha hecho agua en el mundo, se mantuvo. Se desconoció que habían campos de la economía que sí necesitaban reglas más claras, tanto para mejorar la competitividad, como para que trabajadores y consumidores sigan siendo ciudadanos con derechos. Esas son reformas que, lamentablemente, quedarán para el próximo gobierno, porque Alan se compró este paquete entero.
Finalmente, se deja de lado el costo económico de la corrupción, valorizado por autores como Alfonso Quiroz en más de cuatro mil millones de dólares. Todo ello deja por tierra a muchos de los avances económicos de dicha década.
Por todo ello, coincido con Fernando Berckemeyer que mucho de este apoyo tiene que ver con la autoestima:
Por eso el fujimorismo es un excelente termómetro de nuestra falta de autoestima como sociedad. No es coincidencia que sus núcleos más duros de apoyo estén en los sectores más altos (donde muchos no creen en nuestra viabilidad como sociedad libre) y en los más bajos (donde a tantos otros se les ha enseñado que el bienestar es algo que decide regalarnos un todopoderoso papá-gobernante).
Y es que hay que tener poca autoestima para contentarnos con que nos tengan seguros y bien (o al menos, mejor) alimentados, pero sometidos, desinformados y sin más derechos que los que nuestro “protector” nos quiera reconocer, como tiene al ganado su pastor. No en vano lo que el gobierno de Fujimori atacó sistemáticamente —nuestra libertad y nuestra capacidad de pensamiento propio (cuando buscaba comprarnos y cuando buscaba embrutecernos)— son acaso las dos cosas que más definen nuestra dignidad de seres humanos.
Si a parte de nuestra izquierda se le critica por no deslindar a tiempo de la lucha armada, nuestra derecha tiene el mismo trauma con Fujimori. Quitarnos de encima al Ché Guevara y a Fujimori de nuestros sentidos comunes políticos deberá ser la tarea de los próximos años.
Esta es la partida de nacimiento del cabo EP Robinson Macedo Cima, uno de los soldados que falleció la semana pasada en la emboscada perpetrada por Sendero Luminoso en Huanta. Este documento comprueba que Macedo tenía 17 años cuando falleció, es decir, era menor de edad.
Hoy La República cuenta las circunstancias del recultamiento del fallecido héroe:
La representante de la oficina defensorial de Ucayali, Hilda Saravia, reveló que la madre del joven, Irene Sima, denunció que su hijo, quien nació el 19 de junio de 1991, fue reclutado ilegalmente cuando estaba en la Plaza Grau, en Pucallpa, más conocida como la Plaza del Reloj Público. Precisó que en ningún momento solicitaron su autorización y que durante varios días no supo nada de él.
La propia madre reveló a un diario regional que tres días después de su desaparición se acercó al centro de reclutamiento pensando que podía estar allí, pero le negaron su presencia. “Me dijeron que no figuraba en la base de datos. Hasta que una vecina me comentó que su hijo, al igual que el mío, se encontraban en Ayacucho, sirviendo a la patria”, sostuvo.
Varios meses después de su desaparición el joven se comunicó con su familia. Llamó por teléfono para avisar que estaba en Pichari, sin dar más detalles de su ubicación ni de las misiones que le tocaba realizar. Sus padres jamás se imaginaron el peligro que lo acechaba.
El artículo 2 de la Ley del Servicio Militar es bastante claro: “El Servicio Militar es una actividad de carácter personal. Mediante ella, todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la Defensa Nacional. Es prestado por varones y mujeres sin discriminación alguna, a partir de los dieciocho (18) años de edad“. Es decir, los menores de edad no pueden servir en los institutos armados y, menos aún, de modo forzado, tal como lo indica el artículo 6 de la mencionada norma: “Prohíbese el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de incorporarlas al Servicio Militar“.
Lo peor es que la práctica se ha vuelto común. En la misma nota de La República antes citada, se mencionan varios datos proporcionados por la Defensora del Pueblo:
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró la necesidad de verificar que no existan menores de edad en los cuarteles. Recordó que en el 2008 se recibieron 120 quejas (procedentes de todo el ámbito nacional) por reclutamiento arbitrario de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, y dos casos de menores de 13 años reclutados en las Bases Militares de Curaray en Loreto y Quiulacocha en Pasco.
La mayoría de estas quejas se presentaron en Ucayali. En todos los casos, después de las gestiones de la Defensoría, los menores fueron entregados a sus padres. Sin embargo, hay casos como el del fallecido Robinson Macedo, cuyos padres no denunciaron el irregular reclutamiento.
Asimismo, el representante de la oficina defensorial de Ayacucho, Jorge Fernández Mávila, reveló que una parte importante del personal que participa en las acciones contrasubversivas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) son jóvenes que realizan servicio militar voluntario y no tienen la experiencia necesaria para participar en este tipo de operativos. Explicó que se trata de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, cuando se debe hacer es enviar personal especializado y capacitado especialmente para actuar en zonas de emergencia.
La situación, como vemos, es bastante complicada y extendida, sobre todo en la zona de Ucayali. Yo me pregunto: ¿Qué hacen jóvenes de dicha zona combatiendo a Sendero en Ayacucho y, además, siendo reclutados forzadamente?
Para efectos de este capítulo, la CVR considera reclutamiento forzado a las acciones por las cuales los agentes del Estado y los grupos subversivos obligan a una persona menor de 18 años a participar en las hostilidades. De este modo, se protege a los niños y niñas de la participación no sólo en el enfrentamiento o combate -participación directa en las hostilidades-, sino de otras formas de participación como: la vigilancia, guías, limpieza y transporte de armas, espionaje -participación indirecta en las hostilidades.
Y en las conclusiones de dicho capítulo, en el que también se relatan los reclutamientos forzados por parte de Sendero Luminoso, se indica que lo que le ocurrió al cabo Macedo fue algo bastante común:
En cuanto al reclutamiento forzado de niños y niñas realizado por agentes del Estado, la CVR considera que ésta sí ha sido una práctica sistemática y generalizada. Las fuerzas armadas recurrieron a las “levas” como mecanismo compulsivo de alistamiento, imponiendo el servicio militar a niños entre 15 y 17 años de edad, provenientes de zonas rurales y pobres del país, contraviniendo la ley nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De esta manera, miles de niños de diferentes partes del país fueron “levados” y trasladados a las zonas de emergencia para participar en las acciones antisubversivas.
No existe en el Perú el delito de reclutamiento forzado, pero sí el de secuestro. Y en este caso, revisando el Código Penal, hay un secuestro agravado, por las siguientes circunstancias: puesta en peligro de la vida o la salud del agraviado y el agraviado es menor de edad. Sin duda, los reclutadores deberán responder por este tipo de casos con una pena severa.
Finalmente, el Ministro de Defensa debiera dejar de decir tonterías tipo “esta es una reacción de los terroristas frente a lo que estamos haciendo”. Reconozca, don Ántero, que mandar a chiquillos a pelear es una estupidez y, cuando son menores de edad, es violación de la Ley. Por el bien de la pacificación del país, ceda el paso a una persona mucho más preparada. Que más soldados no sigan muriendo. Que nuestros menores de edad no siguen muriendo.
Luego de varios días, pude terminar de leer la sentencia a Alberto Fujimori. Y recopilando varias de las preguntas que he escuchado o que me han hecho en estos días, he compuesto el siguiente post:
1. ¿CUAL ES EL VALOR DE LA SENTENCIA?
Se trata de la primera vez que un ex jefe de Estado es procesado y sentenciado en su país por violaciones de los derechos humanos. Es la primera vez que un gobernante peruano es condenado por estas materias. Y es la primera oportunidad en que se procesa a un presidente respetando las garantías del debido proceso.
Debe anotarse, además, que se trata de una resolución judicial que tiene un lenguaje claro y sencillo de entender, lo que permite que cualquier ciudadano pueda comprender que es lo que dice.
2. ¿QUE SE HA DEMOSTRADO EN EL PROCESO?
Sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, el mejor resumen lo ha hecho Martín Tanaka:
Poniéndolo en términos simples, el razonamiento es algo así: Fujimori gobernó concentrando el poder; en cuanto a la estrategia contrasubversiva, concentró el poder en el servicio de inteligencia nacional y en inteligencia del ejército, en Vladimiro Montesinos y Hermoza Ríos en particular; Montesinos diseñó una estrategia que contemplaba una estrategia “pública” (”soldado amigo”, respeto a los DDHH), y una clandestina, de asesinatos selectivos, a cargo del grupo Colina.
El funcionamiento de este grupo requirió un gran despliegue organizativo dentro de las estructuras del ejército, que no podía ser ajeno al conocimiento del presidente. Además, este grupo funcionó entre agosto de 1991 y finales de 1992, y llevó a cabo once acciones, asesinando a cuando menos 49 personas. Todos esos casos fueron de conocimiento público, y la actitud del condenado fue defender a los responsables, minimizar, ocultar, distorsionar los hechos. Es decir, no es creíble la versión de que él no sabía nada y que su estrategia velaba por el respeto a los DDHH. Su actitud es la de quien avala las acciones llevadas a cabo, en tanto eran parte de una estrategia. En otras palabras, no es que Fujimori haya ordenado matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, es que esos asesinatos se dieron en el marco de una estrategia aprobada, avalada, defendida por éste.
En cuanto a los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, la responsabilidad de Fujimori se basa en dos situaciones distintas. Para el caso de Gorriti, se demostró que Fujimori, en el marco del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, dispuso la detención de personas opositoras al régimen y a sus planes, a través de personal militar y de inteligencia, mediante una orden firmada por Hermoza Ríos y elaborada en el SIN. En el caso de Dyer, fue una orden del SIN, con conocimiento de Fujimori, la que dispuso su detención sin mandato judicial, siendo entregado al jefe de Contrainteligencia del SIN y sometido a una investigación irregular por terrorismo en la que no se le encontró vinculación alguna con Sendero Luminoso, amen de las vinculaciones con el narcotráfico que insinuó el propio Fujimori en una presentación ante la prensa.
3. ¿POR QUE FUJIMORI ES CONDENADO COMO AUTOR MEDIATO?
La autoría mediata se presenta en aquellos casos en los que el responsable es aquella persona que, a través de un ejecutor inmediato, comete un delito. Uno de los desarrollos de este tipo de imputación es la “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder”, postulada por el penalista alemán Claus Roxín, que tiene como presupuesto central la existencia de una estructura jerárquica en la que el superior es responsable por las acciones delictivas se presenten.
Para que este tipo de responsabilidad se aplique, además de la existencia del aparato de poder, debe establecerse la existencia de varios elementos: a) poder de mando, b) desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, c) fungibilidad del ejecutor inmediato y d) predisposición a la realización del hecho ilícito.
En el caso de Fujimori, lo que se logra establecer es lo siguiente:
3. En ese ámbito el encausado Fujimori Fujimori con su entorno asesor y de apoyo, utilizando los servicios secretos –de inteligencia– del Estado, que por su función se han caracterizado por el compartimentaje de sus órganos o unidades, por la subordinación jerárquica de su estructuras, y por el secreto y la paraclandestinidad de sus agentes y acciones, fue delineando, a la vez que definiendo, objetivos y estrategias especiales de enfrentamiento de la subversión terrorista, particularmente de los núcleos que habían comenzado a operar en las áreas urbanas del país, sobretodo en la Capital de la República y zonas aledañas.
4. En este dominio, el objetivo central de gobierno como la política definida, las estrategias generales, y las órdenes de ejecución fueron dispuestas o transmitidas por el acusado y retransmitidas por los demás estamentos del aparato de poder organizado de muy diversas formas, plenamente compatibles con los esquemas informales o paraformales que caracterizan a los códigos de comunicación y manuales de actuación propios del sistema de inteligencia, estratégica u operativa.
5. En tal contexto y praxis el hilo conductor subyacente fue la eliminación de presuntos terroristas y sus órganos o bases de apoyo. La estrategia específica acordada para ello fue la identificación, ubicación, intervención y eliminación física de los integrantes y simpatizantes de los grupos terroristas. En el nivel táctico, el patrón operativo para la aplicación de tal estrategia partía de recolectar información sobre los focos subversivos así como sus componentes, para, luego, eliminarlos con operaciones especiales de inteligencia a cargo de unidades especializadas del SIE. Las cuales serían adscritas y supervisadas por el SIN, con el apoyo logístico y coordinación de la Comandancia General del Ejército.
6. Los delitos de asesinato y lesiones graves ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta fueron acciones ejecutivas de tales objetivos, estrategia y patrón táctico de operaciones especiales de inteligencia contra la subversión terrorista, de notoria ilegalidad y clandestinidad que no son avalables por el ordenamiento jurídico nacional e internacional del cual se apartan plenamente o lo subordinan sistemáticamente.
7. Los delitos de secuestro contra los agraviados Gorriti y Dyer respondieron también a disposiciones dadas y/o avaladas directamente por el acusado para el control ilícito de la disidencia o crítica políticas a su régimen de facto, en una coyuntura de inestabilidad democrática donde se practicó por la fuerza el desconocimiento de garantías y derechos fundamentales.
4. ¿CUALES SON LAS PRUEBAS?
Como lo hemos señalado desde aquí a lo largo de todo el proceso, no hay una prueba directa en la que Fujimori ordene expresamente los hechos imputados. Se trata de trabajar a partir de indicios, pero que sean lo suficientemente sólidos y verificables para atribuir a Fujimori la autoría mediata por los cuatro casos. Estos son los indicios:
BARRIOS ALTOS: Necropsias que comprueban los asesinatos y lesiones graves, investigación de la DINCOTE sobre el caso, nota de inteligencia entregada por Máximo San Román que señala que Montesinos y Colina fueron los autores de los crímenes, sentencias dictadas a miembros del grupo Colina en el marco de procesos de conclusión anticipada o colaboración eficaz, artículos periodísticos que reportan desde el inicio que el caso fue imputado a escuadrón de la muerte, investigación hecha por la CVR, documentos desclasificados de Estados Unidos que señalan los obstáculos a la investigación, testimonios de sobrevivientes, testimonios de policías que llegaron primero a la zona de los hechos, declaraciones de miembros del Grupo Colina y de testigos referenciales que señalan que Montesinos transmitió la orden para la matanza así como las facilidades logísticas que les dio el Ejército, documentación sobre pagos a agentes de Colina, investigaciones de Ricardo Uceda y Edmundo Cruz, video de Martin Rivas con Umberto Jara.
LA CANTUTA: Pruebas balísticas, actas de levantamiento de restos y de reconocimiento de objetos personales, informe de resultados presentado por agente Marco Flores Alván, documentos periodísticos sobre protección de Fujimori a Hermoza y Montesinos y reacciones de Hermoza frente a investigaciones parlamentarias, documentos presentados por Rafael Merino Bartet que indican la operación de encubrimiento montada en el SIN, documentos desclasificados de Estados Unidos que dan cuenta del encubrimiento, investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sentencias dictadas a miembros del grupo Colina en el marco de procesos de conclusión anticipada o colaboración eficaz, testimonios de militares que permitieron incursion de destacamento Colina, testimonios de miembros de Colina, testimonio de Nicolás Hermoza que señala que Fujimori y Montesinos conocían de los hechos, sentencias de Justicia Militar.
GORRITI: Testimonio del propio agraviado, declaraciones de detenidos durante el 5 de abril, documentos entregados por Rafael Merino Bartet sobre detención e incautación de computadora de periodista, testimonios de militares que intervinieron en su detención, declaración de Hermoza Ríos señalando que firmó las órdenes de detención elaboradas en el SIN.
DYER: Testimonio del agraviado quien incluso señala que vio a Fujimori desde su celda en el SIE, testimonio del jefe de Contrainteligencia del SIN que reconoce la detención ilegal por orden de Montesinos y conocimiento de Fujimori, declaración de Ricardo Uceda que corrobora el conocimiento, documentos que prueban que Dyer no estuvo relacionado con el terrorismo, video de Fujimori imputándole falsamente vinculaciones con el narcotráfico y evasión tributaria,
5. ¿COMO QUEDO LA TESIS DE QUE EN LA CANTUTA EL PLAN ORIGINAL NO ERA MATAR A LOS DETENIDOS?
Esta tesis fue difundida por Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito y señalada también por una de sus fuentes, el ex agente de Colina Jesús Sosa Saavedra. Se debatío en el juicio, pero fue descartada por las siguientes razones:
Empero, si se revisa la admisión del mayor EP Martin Rivas al periodista Humberto Jara, éste involucra en la operación al general EP Pérez Documet e indica que la muerte de los agraviados fue consecuencia inevitable de los hechos. Además, el teniente EP Portella Núñez precisó que si bien tuvo lugar esa llamada telefónica que atendió el mayor EP Martin Rivas, no pudo escuchar su contenido, y menos pudieron hacerlo quienes estaban en el vehículo, además en ningún momento, al regresar, el mayor EP Martin Rivas mencionó el contenido de la llamada ni hizo algún comentario. Vera Navarrete, asimismo, acota que no escuchó la conversación telefónica de Martín Rivas pero sí le ordenó detenerse para hacerlo.
Asimismo, el AIO Chuqui Aguirre expresó que no tuvo conocimiento de la orden para impedir la ejecución –Sosa Saavedra sólo le comentó que se había olvidado de las palas y de la cal y que tuvo un problema con Martin Rivas–. El AIO Atuncar Cama es más enfático, pues expresó que Sosa Saavedra le refirió que la operación en La Cantuta, donde irían, era para matar a los subversivos, y fue por eso incluso que bajaron de la “ferretería” los picos, las palas y la cal –sobre la presencia de cal, en el caso La Cantuta, tiene dudasLecca Esquén–. Por lo demás, operativos con resultado muerte ya habíanrealizado antes, y cuando los convocaban para una misión teníanentendido que se mataría personas, a tal punto que por ello la norma era llevar picos, palas y cal: así declaran Alarcón Gonzáles y Sauñe Pomaya.
El Informe de Resultado, que copió el asistente administrativo delDestacamento Colina Flores Alván [la existencia de un Informe de Resultado esafirmada por los AIO como consecuencia de una operación y, en el caso concreto,es mencionado por Sosa Saavedra], de un lado, precisa que el papel de laDIFE sólo fue apoyar con el concurso de un Teniente –a quien denomina“Dante” y no “Medina”– y el acceso al campus universitario para permitir laoperación especial de inteligencia; y, de otro lado, que luego de la capturase interrogó a los detenidos y se obtuvo determinada información. Destacael mayor EP Martin Rivas un problema vinculado al reconocimiento por losintervenidos del Teniente “Dante” y de un agente, a quien denomina“Colina”, “…lo que ponía en riesgo la integridad física de nuestro personal”.Ese Informe, entonces, descarta parte de la versión extrajudicial de Martin Rivas, que por cierto no avaló ningún AIO, acerca de la extensión de laparticipación de la DIFE, y en ningún momento explica con amplitud ycontundencia acerca de una circunstancia excepcional vinculada al incumplimiento de una orden, dato relevante que impide aceptar que éstafue sólo detener.
En consecuencia, si se tiene en cuenta la línea de crímenes serialesperpetrados por los integrantes del Destacamento Colina, losentrenamientos y preparativos propios de su lógica de intervención militar aobjetivos de inteligencia, lo vasto del operativo en cuestión –importó lamovilización de varias dependencias del Ejército–, las maniobras deencubrimiento ulteriores –que partieron de la más alta instancia del Ejército y,luego, como se verá en otro capítulo de esta sentencia, del SIN y del régimen en suconjunto–, la ausencia de represalias inmediatas al mayor EP Martin Rivas, lacontinuación de las operaciones del Destacamento, y lo sostenido porvarios agentes que descartan una posibilidad en contrario, resulta evidenteque la orden, desde un principio, fue matar a los agraviados de La Cantuta.
6. ¿POR QUE SE HA DICHO TAN CONCLUYENTEMENTE QUE LAS PERSONAS ASESINADAS EN BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA NO FUERON TERRORISTAS?
Quienes han cuestionado esta tesis - entre ellos, Aldo Mariátegui - han dicho que hay investigaciones periodísticas que prueban que, en el caso de los estudiantes de La Cantuta, tendrían vinculos con Sendero Luminoso.
En este extremo, la Sala considera que no hay evidencia suficiente que rompa la presunción de inocencia, por lo que no se tiene por demostrado que estas personas hayan pertenecido a Sendero Luminoso. En último caso, el hecho de la pertenencia o no de las víctimas a una organización subversiva no constituye un atenuante para los crímenes de Fujimori.
Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechaza, condena y espera sanción para los autores de los asesinatos de Sanabamba. Estamos seguros de que esa sanción llegará, como llegó en su momento la sanción contra la cúpula terrorista encabezada por Abimael Guzmán.
Expresamos nuestra profunda preocupación por el sostenido y artero ataque del terrorismo contra los efectivos de las Fuerzas Armadas. Precisamente decimos en nuestro más reciente Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, con respecto a estos atentados contra los efectivos de las Fuerzas Armadas:
“En el 2008 fueron 6 atentados, con al menos 25 muertos. Esto refleja un preocupante incremento de la acción letal de los grupos subversivos, pues en un año se aprecia un incremento de casi 100% en el número de víctimas mortales, situación que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condena con la mayor energía”.
Tampoco podemos dejar de expresar nuestra creciente preocupación por la situación de los jóvenes que prestan el servicio militar voluntario, pues llama profundamente la atención que se destine a peligrosas zonas de combate a jóvenes con escasa o mínima experiencia.
Asimismo, nos resulta preocupante todo lo relacionado con la atención al personal del servicio militar voluntario que sufre heridas, invalidez o muerte como consecuencia del servicio, para quienes, con toda evidencia, es insuficiente la cobertura ofrecida para tales eventualidades y el derecho de ellos o de sus familiares a una pensión. Es urgente corregir esta situación, reconociéndoles los derechos que merecen.
Reproduzco la opinión de la Coordinadora por dos razones. La primera de ellas es porque acierta en una de las aristas del tema que más se ha advertido en este ataque: Son chicos de 17 a 19 años, que están haciendo su Servicio Militar Obligatorio, los que están siendo enviados a la zona más peligrosa del país. Esto es un acto de irresponsabilidad absoluta, no solo porque mandan a muchachos que recién manejan armas a ser la carne de cañón de los sicarios del narcotráfico, sino también porque nos alerta de la real preocupación que el Estado le está poniendo al tema: es decir, nula (desde tiempos de Fujimori, para ser más exactos).
Peor aún, en la mañana de ayer escuché al ministro Ántero Flores - Araoz ser interpelado por Fernanda Kanno en el noticiero matutino de América sobre este tema, a lo que el indolente funcionario respondió: “Bueno, la Fuerza Armada combate con lo que tiene, no todos son generales”. Y este es el responsable político de lo que viene ocurriendo en el VRAE.
Los comandos que pelean en el VRAE no pueden ir como boy scouts en picnic. Una democracia tiene que poner en acción, con rigor, todos los mecanismos que la ley establece para defenderse de riesgos como el terrorismo y el narcotráfico. La democracia no debe atarse de manos cuando la amenazan.
Pero esto no significa que la democracia promueva la violación de derechos humanos organizada desde el Estado, tal como ahora varios pretenden justificar en favor de Fujimori.
Desde los que señalan que los estudiantes de La Cantuta eran senderistas como argumento para justificar su asesinato por el grupo Colina con –como se probó en el juicio– la participación de Fujimori, hasta los que insisten en que darle la pena máxima a quien “salvó al país de la bancarrota y lo pacificó” es “una gran y exagerada cojudez”.
Como aquí no queremos quejarnos en la queja y luego de procesar una interesante discusión en la que participaron Ana María Tamayo, Carlos Tapia y Roberto Chiabra, van las siguientes ideas sueltas para enfrentar el problema:
1. Conducción Civil: Si algo nos enseñó el conflicto armado es que estos temas los deciden, en última instancia, los políticos. Y ellos deben hacerse más responsables de lo que ocurre en esta zona del país. ¿El Acuerdo Nacional como instancia? Mientras no se burocratice más, puede ser una opción.
2. La solucion no es solo militar: El Plan VRAE debe repensarse con miras a ello, para lo que debe pasar a la PCM y no quedarse solo en el tema estrictamente castrense. Y denle recursos en serio. Comprometamos también a los gobiernos regionales, que no pueden ser ajenos a este tema.
3. Privilegiar la Inteligenciay unificar el comando: Chiabra ha sido claro en decir esto:
“Estamos enfrentando a un enemigo común con dos instituciones en forma paralela. Hemos creado un Frente Policial en el Huallaga y el Comando Conjunto en un sector del VRAE. No compartimos inteligencia, hay duplicidad de esfuerzos, no hay unidad de dirección, hay una competencia ente las instituciones”, aseveró.
Pregunta: Si se tienen buenos resultados con la inteligencia policial en el Huallaga, ¿por qué no pasamos a reproducir lo mismo en el VRAE? Recordemos que fue la inteligencia policial la que permitió la captura de los líderes de Sendero Luminoso. Y tal vez, sería mejor unificar el trabajo policial y militar en la zona.
Sellemos Vizcatán y acabemos con estos remanentes que viven de los carteles colombianos. Desacatemos, de una vez por todas, el “discurso étnico” de una coca nutritiva y milenaria a la que no hay que tocar porque si la tocamos resentimos a los Apus. Dejémosle ese anacronismo racista a los presidentes que hacen huelga de hambre por recomendación de sus dietistas y exigencia de sus mujeres.
5. Diálogo entre FFAA y organizaciones de DDHH: Creo que es momento para, de una vez por todas, dejar las diferencias entre ambos sectores, a través del dialogo institucionalizado. El hecho de que Ronald Gamarra sea hijo de un policía puede ayudar en el entendimiento entre estas partes. Se ve a la Coordinadora más sensibilizada con el tema. Es hora que las Fuerzas Armadas también pongan de su parte.
6. Chau Antero: Es claro, necesitamos otro Ministro de Defensa.
Y esperemos que estas noticias no vuelvan a repetirse. Dependerá del Estado peruano. Es su tarea.
La directora de la encuestadora Imasen, Giovanna Peñaflor, opinó que el resultado de una encuesta según la cual más de la mitad de los limeños estaban en desacuerdo con la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori encerró una pregunta poco clara.
“La pregunta sobre si estaba de acuerdo o no con la condena a Fujimori fue poco clara, ya que debió tener filtros previos”, señaló Penaflor respecto a un estudio elaborado en la víspera por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).
En él se afirma que un 59.4% de ciudadanos de Lima y Callao consultados por CPI, bajo un universo de 400 personas, está en desacuerdo con la sentencia.
“Estar en desacuerdo con la sentencia no implica necesariamente creer en la inocencia de Fujimori. Puede haber gente que hubiera deseado más años de cárcel, otros que hubieran esperado menos incluso. No se hace referencia tampoco a si se cree o no en su culpabilidad”, estimó Peñaflor. La directora de Imasen consideró, además, que es muy prematuro el tiempo para desarrollar encuestas sobre el caso Fujimori, puesto que “la gente no ha venido siguiendo el proceso”.
Porque lo cierto es que si uno examina con atención los números de CPI –más allá del sesgo de las preguntas sentimentaloides- encontrará que la verdad es exactamente lo contrario de lo que nos han querido hacer creer.
Veamos. El 36 por ciento de los encuestados está plenamente conforme con la condena. Todavía hay un 4 por ciento que piensa que el veredicto debió ser más contundente. Allí tenemos ya un 40 por ciento.
Luego viene lo bueno. Si uno escarba detrás del curare que Saavedra y RPP le pusieron a los cuadros encuentra que hay un 28 por ciento de limeños que han sido puestos en el rubro del fujimorismo doliente porque han dicho que no están de acuerdo con la magnitud de la condena. No es que consideren a Fujimori inocente. No es que consideren injusto que haya sido sometido a un proceso y condenado. En lo que no están de acuerdo es –Saavedra dixit- en la cantidad de años impuesta. ¿Eso los hace parte de la corte que Saavedra y RPP integran vestidos a lo Pompadour?
No. Y por eso es que hablamos de una auténtica manipulación de resultados. Frente a la pregunta específica de si Fujimori debió ser o no condenado, sólo un 26 por ciento, según los propios números semiencriptados de Saavedra, está por la absolución.
De modo que si sumamos el 36 por ciento de conformes, el 4 por ciento que piensa que debieron ser más años y el 28 por ciento de los que no rechazan una condena pero sí la severidad de la del martes, tenemos que el 68 por ciento de los encuestados han rechazado la idea de la inocencia y la absolución y que sólo un 26 por ciento se ha manifestado por la liberación sin cargos del señor Fujimori.
3. De hecho, este argumento de cuestionar la justicia por encuestas es de lo más bajo a lo que ha caido el fujimorismo (lo cual ya es bastante decir). La verdad es que el Poder Judicial no cambia sus fallos por aclamación o pifeo popular. De lo peligroso que es esto y de las viudas fujimoristas, habla Mirko Lauer:
Los mismos periodistas y articulistas que suelen clamar por la autonomía del Poder Judicial ahora promueven una dudosa encuesta para enfrentar la decisión de los vocales del caso Fujimori a una supuesta opinión mayoritaria. Como muestra César Hildebrandt en su columna de ayer en La Primera, no hay tal opinión mayoritaria.
Pero aun si hubiera tal mayoría, ella no podría servir para hacer justicia, y menos para revocar las decisiones de la justicia en el país. Es válido emitir opinión sobre las decisiones de una corte. Pero pedir indulto en base a las cifras de una encuesta tiene un tufo a los mecanismos de un circo romano.
(…)
No escapará a la mirada del lector cuántos de los críticos de la sentencia contra Fujimori acompañaron con displicencia desde diversos lugares del espacio público (medios, cargos políticos, islas de excelencia económica) el avasallamiento delincuencial del sistema judicial peruano. De modo que ahora están mostrando consecuencia.
Que los capituleros del fujimorismo protesten es comprensible, y están en su derecho. Pero que figuras que ya parecían reconciliadas con el orden institucional encharcado en los años 90 hayan vuelto a acompañar maniobras de corte psicosocial es descorazonador. Pareciera que el indulto que reclaman en el fondo fuera para ellos.
La misma crítica es extensible a buena parte de la derecha peruana, sobre todo en la semana de la sentencia a Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad. ¿No se debería reclamar también un deslinde con el autoritarismo como forma de gobierno? ¿Crecimiento económico -en entredicho, además, teniendo en cuenta la enorme corrupción, justamente económica- sin derechos humanos? ¿Los costos sociales de la reinserción del Perú al sistema financiero mundial? ¿Las cuotas de sangre para la revolución capitalista en el Perú?
Aquí, una divertida selección de citas, donde distintos periodistas, columnistas, empresarios, etc., buscan atenuar la sentencia de Alberto Fujimori, bajo el discurso del crecimiento económico.
No juzgar al modelo económico:
“La sentencia debe circunscribirse al dictador y sus cómplices, porque no están bajo escrutinio los militares que vistieron y visten con honor el uniforme de la patria. Tampoco debe juzgarse un modelo económico o una postura ideológica.” (La condena moral, Hugo Guerra, 4 de abril del 2009)
“Antes de Fujimori, el Perú era un infierno. El ‘durante’ habría que dividirlo en dos periodos: 1990-1996 y 1997-2001. El primer periodo fue de ensueño y Fujimori fue su artífice, por lo menos, en lo que a pacificación y ordenamiento económico se refiere. Por ello, muchos peruanos consideramos que Fujimori fue un gran presidente. […] debemos pensar en un Perú “después de Fujimori”: un Perú práctico y efectivo como el primer gobierno de Fujimori, pero lejos –lejísimos– de ese malvado que resultó ser.” (Antes, durante y después de Fujimori, Fernando Cillóniz, 8 de abril del 2009)
La severidad de la sentencia:
“En realidad, esas grietas en el fallo no lo van a invalidar, ni mucho menos; pero sí se prestan a la especulación sobre si existió, al menos en el subconsciente, un elemento político al momento de su redacción. También va a ser motivo de cuestionamiento la severidad de la condena, ya que le han otorgado la pena máxima en un caso basado en indicios, lo que impide descartar totalmente las dudas razonables. Un par de años menos que el máximo habría sido más adecuado.” (La grieta se agranda, Fritz Dubois, 9 de abril del 2009)
“Aunque las encuestas no garantizan la permanencia de las actuales simpatías, la excesiva sentencia a Fujimori podría levantar aún más la candidatura de Keiko.” (Encuesta, sentencia y candidata, Alfredo Ferrero, 9 de abril del 2009)
El termómetro popular:
“Luego de que el tribunal sentenciara a Alberto Fujimori a 25 años, se empieza a notar, con increíble nitidez, dos reacciones: la del Perú oficial y la del Perú real. Los partidos políticos, los medios de comunicación y las élites celebran la severidad de la corte y reconocen que se trata de un hito histórico para la democracia peruana y latinoamericana. Se trata del Perú oficial. Sin embargo, en las ciudades emergentes y andinas que rodean los barrios mesocráticos de Lima y en las áreas rurales del país, Fujimori se ‘victimiza’ y los líderes fujimoristas señalan que la implacable condena “es el triunfo de Sendero Luminoso”.” (Los juicios a Fujimori, Víctor Andrés Ponce, 9 de abril del 2009).
5. Creo que a estas plañideras fujimoristas, les faltó leer el contundente artículo de Alonso Nuñez del Prado, hace un par de días, en El Comercio:
Para empezar, soy de la opinión que Fujimori debería estar descalificado políticamente por el solo hecho de haber engañado y mentido a sus electores. Mostrando que —como se dijo con frecuencia— era un improvisado, hizo todo lo contrario de lo que predicó durante su campaña electoral. Es más, adoptó buena parte de lo que pregonaba su oponente. Incluso, la frase “Honradez, tecnología y trabajo” quedó en el más absoluto ridículo, luego de que se descubrieran las fechorías que los “vladivideos” nos mostraron.
Otro hecho que lo descalifica es el llamado autogolpe del 5 de abril de 1992, en especial para quienes creemos que el respeto al orden constitucional es un compromiso que asume el presidente cuando jura el cargo. Los “pragmáticos”, que sostienen que era indispensable, y que no tenía otro camino, solo muestran que en su opinión en política todo vale y que mentir y engañar está permitido. En otras palabras que el fin justifica los medios. También olvidan que la disolución del Congreso fue preparada con mucha antelación, casi desde el inicio de su gobierno y que sus enfrentamientos con este los buscó para desacreditarlo.
En cuanto a lo que hizo y dejó de hacer, Fujimori se ha autoproclamado como el gestor de la derrota de Sendero Luminoso y el autor de la nueva política económica que nos llevó a la reinserción en la comunidad económica mundial. Creo que ambas cosas ocurrieron en su gobierno, pero eso es todo lo que puede decir a su favor. La derrota del terrorismo no se produce por la “estrategia ganadora fujimorista”, sino, en buena parte, por la captura de Abimael Guzmán, en la que poco o nada tuvo que ver. Esta fue un logro de Ketín Vidal y su grupo, que eran de la policía (antes PIP) y no militares, ni dependían del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Además, tuvieron el acierto de no avisar a Fujimori ni a Montesinos, ya que es probable que hubieran ordenado que lo matasen durante la captura, creando de esa manera un mártir.
El resto de sus supuestos méritos pueden reducirse a las privatizaciones (cuyos fondos desaparecieron, por lo menos en parte) y al modelo económico, contra el que, como hemos dicho, predicó basando su triunfo en su campaña electoral. Además, muchos olvidan que no fue idea suya, sino de Carlos Boloña, (que por cierto aprobó, ya que era indispensable), como resultado de una ideología económica que se imponía en todo el mundo, en especial, después de la caída del Muro de Berlín (9/11/89), además de tener al lado el ejemplo de Chile.
Entre las muchas cosas que hizo mal, y que han tenido una repercusión inmensa en los años posteriores, tenemos la destrucción de la institucionalidad y el descalabro moral que nos mostraron los “vladivideos”. Es cierto que las instituciones no eran muy fuertes. De lo contrario no hubiera sido tan fácil destrozarlas y que la corrupción es un mal que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero también lo es que en su gobierno llegó a su cenit.
6. Finalmente, para que los fujimoristas me terminen de odiar, los dejo con este video de Juan Carlos Goicochea, que muestra lo que fue la grita de los partidarios de un delincuente en el Campo de Marte, hace 3 días y hasta que punto llegan sus “argumentos”:
Pregunta finaL: ¿Jaimito y Aldito seguirán bailando el ritmo del Chino?
¿Cómo impactará la sentencia a Alberto Fujimori? Esa pregunta es la que comentan Fernando Rospigliosi, Augusto Álvarez Rodrich y Mirko Lauer en Llanta de Prensa.
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