Pero la tragedia también ha revelado una realidad social preocupante. Winchumayo es un pueblo dedicado por entero a la minería informal, actividad en la que incluso participan los menores de edad en sus vacaciones escolares. Ello implica que quienes se dedican a esta actividad no tienen beneficios sociales, seguro contra accidentes ni, mucho menos, condiciones óptimas de trabajo.
La República explica la complejidad de la explotación minera en la zona, que incluye a un congresista aprista:
La tragedia causada por el alud que ha sepultado a unas 40 personas ha puesto al descubierto una trama de irregularidades que ha hecho que una asociación de mineros, Winchumayo, pasara a ser accionista de una concesión minera sin licencia de exploración ni mucho menos de explotación. Sin embargo, Winchumayo estaría explotando oro en la zona valiéndose de mineros informales.
Según el relato del minero herido Percy Limache, la empresa minera de Winchumayo paga a sus trabajadores con parte del oro que encuentran en los 5 tajos abiertos en medio de la ceja de selva, los cuales son propiedad del ciudadano Eladio Muñoz, quien encabezaría esta asociación.
“Winchumayo es un grupo de mineros organizados, pero no son titulares de la concesión”, explica Víctor Vargas, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. “No son empresas formales ni legalmente constituidas. Son asociaciones de mineros que se agrupan para empezar a iniciar el proceso de formalización”.
Pero, sorprendentemente, el titular de Minería afirma que es legal que un grupo de mineros lleguen a un acuerdo con el titular de la concesión a cambio de regalías, incluso cuando el titular en cuestión, como es el caso, no tenga el permiso de exploración y explotación.
La concesión donde ha ocurrido el alud la pertenece a la compañía Chibolo 2, propiedad a su vez del congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano (33% de las acciones), el alcalde del distrito de Ituata, Roger Saya, ( 34% de acciones) y la minera extranjera Orovega (33%). Precisamente esta última, según el congresista Cenzano, fue la que vendió sus acciones a Winchumayo. “Esa empresa es responsable del accidente en minera Winchumayo”, afirma el congresista, quien desmintió al director de Minería al negar que estén cobrando regalía alguna a Winchumayo.
Varias cuestiones que comentar. La primera, es que resulta sorprendente que la Dirección General de Minería no haya intervenido en Winchumayo antes, si es que ya conocía este tema. ¿Tuvo que ver el hecho de que un compañero esté involucrado en el tema? La segunda, debe haber un cambio en la legislación minera que controle estas actividades mineras informales que, ojo, además de las perlas ya comentadas, también contaminan el medio ambiente.
Y la participación del congresista Cenzano es bastante controvertida. Hoy El Comercio lo entrevista y, por decir lo menos, el pez por la boca muere. Leamos lo dicho por el parlamentario:
Ha trascendido la información de que usted es accionista de la empresa Winchumayo. Bueno, mejor le explico cómo es eso. Tengo 33% de participación en la concesión minera Chibolo 2, y dentro de esa área concesionada está ubicada Winchumayo. Otro 34% le pertenece al actual alcalde de Ituata, Roger Saya Tapara (del partido Alianza para el Progreso), y el 33% restante les pertenece a los propios mineros de la zona.
¿Desde cuándo tiene usted esa participación?
Hace varios años yo representé a la sociedad minera Media Naranja, que también está ubicada en la zona y, mediante esa sociedad, desde hace unos diez años, se hicieron otros denuncios, como Chibolo 2.
¿Y cómo ejerce su participación en esas concesiones?
En realidad, nunca ejercí mi derecho de explotación en la zona por la fuerte oposición de los mineros informales que laboraban ahí. Una prueba de ello es que no tenía obligaciones laborales que afrontar con algún trabajador. Todo eso está registrado en el Ministerio de Energía y Minas. Además, ellos saben que mi participación está más abocada al proceso de formalizar la minería informal en toda esa zona.
Parece que usted trata de evadir su responsabilidad.
De ninguna manera, el deslizamiento ocurrido en Winchumayo es un desprendimiento natural, producto de las fuertes lluvias que azotan la zona. No podemos buscar responsables, ya habrá momento para investigar. Ahora debemos preocuparnos por las tareas de salvataje y atender a los damnificados.
El hecho de que nos enteremos de estas cosas una vez que la tragedia se produce nos hace ver que tratamos los problemas del interior del país como si ocurrieran tan lejos como en Afganistán. Un motivo más para que la memoria colectiva y las lecciones de haber ignorado durante años a nuestros compatriotas de la sierra y la selva de nuestro país sean rescatadas.
Alguna vez nos debemos haber encontrado por el colegio, sobre todo, cuando tenía esa aparatosa corte de Mercedes Benz y policías a su disposición y a las de sus tres hermanos, mientras su “api” convertía a este país, mi país, en su chacra personal. De allí en más, la vi en su rol de Primera Dama más joven de la historia, luego como defensora de su papá prófugo y, en los últimos dos años y medio, viviendo de nuestros impuestos y ocupando una curul para hacer lo que mejor sabe: blindar a su papito.
Porque eso, señora de Vito, es lo que ha sabido hacer siempre desde toda la vida, desde adolescente, cuando su papá y su socio le pusieron un traje sastre color pastel y le dijeron que reemplazara a su mamá. Parece que los años en Boston, pagados con la plata de todos los peruanos, no le enseñaron mucho más allá de “hola, besho, abrasho” (insertar imitación del Gordo Casaretto aquí).
Ahora los partidarios de un delincuente, que en lugar de partido debería llamarse banda, quieren que usted postule a la Presidencia de la República, en el entendido de que el ex dictador no sale en mucho tiempo (25 años, cálculos pesimistas mediante). Yo le pregunto: más allá de indultar o amnistiar a su progenitor, ¿qué es lo que hará en Palacio de Gobierno si es que para desgracia del Perú, los electores optan por el suicidio colectivo? ¿Qué programa le propone al país? ¿Va a continuar la “obra” de su padre (es decir, la pulverización institucional, el robo, el asesinato, la compra de medios de comunicación)? ¿Tiene las condiciones para ser Presidenta de la República?
Más serenidad, señora de Vito. No pierda los papeles. Y vaya comprando fruta, su papá la va a necesitar.
Saludos.
PD: ¿Puede decirle a su abogado que no la haga tan larga con los alegatos?
Ello nos lleva al punto 2: la cuestión política. Aquí se mezcla, de un lado, la necesidad de discutir en público los términos de un acuerdo comercial, sobre todo, cuando se trata de un país vecino y, dados los antecedentes de otros TLCs que sí han sido discutidos arduamente tanto dentro como fuera del Congreso, como el suscrito con Estados Unidos. Y del otro, el hecho de que este acuerdo tenga que ver con Chile.
Y es que toda cuestión que tenga que ver con Chile, que se dirige al punto 3: El lado simbólico - patriótico. Los oponentes al acuerdo esgrimen tres tipos de razones: el patrioterismo de toda la vida y que se emparenta con ese trauma nacional irresuelto llamado Guerra del Pacífico y que es alimentado por algunos periodistas que creen que parte de la identidad nacional está en odiar a Chile (y allí se mezclan temas como la Demanda por los límites marítimos y la compra de armas por parte del Ejército Chileno como los pretextos para decir: Chile nos hará la guerra, invadamos Arica o compremos más armas que ellos). Otros motivos tienen que ver con cuestiones de sentido de lesividad del tratado en cuanto a la soberanía territorial y económica: Manuel Rodriguez Cuadros, de un lado, y José Antonio García Belaúnde y Mercedes Araoz del otro expresan las posiciones opuestas. Y, finalmente, las preocupaciones por la gran cantidad de inversiones chilenas, sobre todo, en los sectores de servicios.
Y aquí viene el punto que para mí me parece central en esta discusión: el económico. Luego de leer a analistas zurdos y diestros, la opinión más sensata la da Ben Solis de Homo Económicus:
El diagnóstico inicial es uno: Chile nos supera grandemente en inversiones (sépase que hasta hace un par de años la inversión peruana en Chile era sólo de 20 millones de dólares, mientras que la chilena en Perú ascendía a 4600 millones de dólares). Y por el lado de las exportaciones, aunque podemos superarlos cuantitativamente, la estructura de nuestras exportaciones es básicamente primaria: materias primas. Materias primas que ellos usan -por ejemplo en el caso del crudo o del molibdeno- para darle valor agregado y venderlo a mucho más, incluso a nosotros mismos. No obstante, el error aquí es mencionar este asunto -como se hace en los vídeos- en un tono de qué-vivos-los-chilenos, cuando en realidad resulta una conducta competitiva y económicamente comprensible. Esa es la típica del picón. Tendríamos que preguntarnos qué podemos hacer los peruanos al respecto.
Alan García, Marzo de 2009, negándose al Museo de la Memoria:
“Pues hay quienes creen que las cosas fueron así o que las víctimas fueron éstas. A veces se dice, no señor las cosas fueron de esta manera, y las víctimas fueron otras, y la verdad fue así. Nadie puede negarse y mucho menos yo.”
“A nadie le corresponde decir nosotros somos dueños de la memoria de 28 millones de peruanos. Creo que hay personas que tienen otro punto de vista, cientos de miles de personas, tal vez millones, lo importante es incluir de manera plural las interpretaciones de memoria que hay”
“Nadie debe adueñarse de la memoria, si es lo que los alemanes dicen constitúyase una comisión mucho más amplia, con participación de todos los que se sienten víctimas de violencia, no solamente los que dicen que los juzgaron mal como terroristas sino también los campesinos que fueron victimados por los terroristas o en abusos terribles que hubo por parte de los gobiernos sin querer, evidentemente, pero también los alcaldes fusilados, aniquilados, y los soldados y oficiales que murieron, sumemos todas esas perspectivas para tener una memoria nacional”
“Nadie puede estar en contra de la memoria, lo importante es que nadie se adueñe de la memoria. Nadie puede tapar con un dedo la verdad y la historia”.
Alan García, Junio de 2003, ante la Comisión de la Verdad
“Esta reunión de balance, no podría comenzar sin decir que los cinco años de gobierno del PAP, en confrontación con los sectores violentistas del terrorismo, supuso, para la organización que presido, la pérdida de 1 300 militantes y funcionarios; algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia. Aprovecho este momento para rendir homenaje a quienes, sirviendo al Estado en condiciones muy difíciles, lo hicieron sabiendo que pagarían con su vida ese servicio y el actuar de acuerdo a los ideales del movimiento de Haya de la Torre; porque, señores Comisionados, creo que el PAP pagó el mayor precio en la vida de sus militantes y funcionarios que otro partido haya pagado”.
“Dentro de ese espíritu, aprovecho este primer párrafo para decir, señor Presidente, que, frente a lo que hemos vivido, hay un lenguaje fundamental que es el de la autoridad, el de la firmeza, el de la necesidad de impedir que vuelva a producirse en nuestra patria aquello que hemos vivido. Y en ese sentido, saludo a esta CVR porque significa un esfuerzo de reflexión que, estoy seguro, conducirá a saber la inmensa gravedad de lo que hemos vivido”.
“No suscribo ningún error, ningún exceso, eso toca a la CVR y a la historia determinarlo y, si necesario, sancionarlo, pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país”.
“Y cuando se reanudaron las patrullas y se cometió el asesinato de los campesinos de Acomarca, yo sentí que eso era también una infamia en contra del régimen, del régimen democrático del Perú que debía cambiar. Procedimos, y no porque esos señores oficiales fueran responsables de nada, y su honor está a salvo, a destituir al Presidente del Comando Conjunto, al General Jefe de la Segunda Región Militar, al Jefe Político-Militar de Ayacucho, al Jefe del Cuartel de Los Cabitos y toda la línea de oficialidad hasta llegar a la culpabilidad de Acomarca. Para demostrar al mundo que el Gobierno actuaba en defensa de los derechos humanos y que tenían que cambiar las formas”.
“Nosotros no somos ni Alberto Fujimori ni Vladimiro Montesinos; nosotros no actuamos violentando la democracia ni los derechos humanos. Qué fácil hubiera sido hacer lo mismo que en La Cantuta o violentar todas las universidades y cerrarlas, o hacer mitimaes por las provincias donde hubiera más penetración senderista. Se nos reprochó como debilidad mantenernos dentro de la democracia; se nos reprochó como debilidad que en cada ocasión en la que hubiera un exceso, fuéramos nosotros los que saliéramos a decirlo. ¿Por qué lo tiene que decir el adversario si uno tiene la obligación de decirlo?”
“Lo que ocurre es que quienes habían preparado el conculcamiento de todas las libertades y la imposición de una dictadura sobre el país, estoy seguro de que, pudiendo detener a Abimael Guzmán meses antes, guardaron esa posibilidad y ese secreto para hacerlo como justificación de su golpe de Estado en 1992. Si en marzo de 1990, Abimael Guzmán fue casi capturado por el Grupo Especial de Inteligencia; y a partir de las dos casas que se golpearon, como se dice policialmente, se siguió el hilo hasta llegar a Abimael Guzmán, tiempo después; yo estoy convencido, y lo afirmo, que desde meses antes de la captura ya se conocía exactamente dónde estaba. Lo que pasa es que se dejó ese secreto y esa acción para manipular psicosocialmente al pueblo y justificar, a posteriori, el golpe de Estado; diciendo que la democracia es débil, que la democracia no es capaz de actuar”.
“Creo que la CVR tiene un dificilísimo papel, Presidente, porque tiene que escarbar la verdad de los hechos, tiene que dársela a las muchas víctimas que en el fragor de esa lucha y sin ser actores de esa lucha pudieron sufrir sus consecuencias: morir, ser heridos, quedar huérfanos. Tiene que hacerlo porque, finalmente, por criminal que se sea, uno es un ser humano y tiene derechos”.
Dicen que una media verdad es también una mentira. Y creo que en el caso del Petrogate, una media verdad no solo es una mentira, sino también un intento de desviarnos la atención de lo que debe investigarse.
Durante varias semanas, El Comercio, La Razón y Caretas han esgrimido la tesis de que Petrotech Peruana S.A. fue la empresa que encargó el espionaje telefónico gracias al cual conocimos los actos de corrupción vinculados a Rómulo León y compañía. Para ello, se han basado en la supuesta declaración de Martín Fernández Virhuez, uno de los suboficiales de Marina involucrados en el chuponeo, una declaración que, por cierto, nunca nos mostraron.
Juan Carlos Goicochea, del blog Ombloguismo, ha presentado anoche la carta enviada por el abogado Walter Chinchay, defensor de Fernandez Virhuez, al congresista Oswaldo Luizar, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, en la que niega que su patrocinado haya acusado a Petrotech de ser la empresa que encargó el espionaje telefónico. La comunicación se puede apreciar a continuación:
No solo ello, Chinchay ha dado declaraciones a Goicochea sobre este caso, que convendría escuchar:
No ha sido el único presionado. Anoche, en el programa de César Hildebrandt, el abogado de Jesús Ojeda, otro de los suboficiales involucrados, también indicó que su patrocinado había sido presionado por Ponce Feijóo para que varíe su versión. El caso de Ojeda es muy similar al de Fernández, pues ambos oficiales han decidido contar todo lo que saben.
Pero, volviendo la atención a lo importante, hay que recordar la pregunta de fondo: ¿Quién mandó a chuponear? Tal vez, digo, tal vez, sea importante recordar lo dicho por Gustavo Gorriti hace algunas semanas:
Y en el mercado sobraron clientes. Desde estudios de abogados (algunos con mala fama precedente, pero otros que pasaban por ser boy scouts del Derecho), hasta compañías de inversiones diversificadas. De acuerdo con fuentes con conocimiento de causa de las investigaciones, hay interceptaciones (de teléfonos y de correos electrónicos) relacionadas con la industria cementera. Eso ya se sabía. Pero también con la agroindustria, con industrias lácteas, “y de repente con una cierta vinculación entre sí”, como dice una fuente algo críptica. También las hay, más previsiblemente, en banca y seguros.
En los 26 USB capturados (siete a Ponce, seis a Giannotti), está registrada una parte importante de la historia económica reciente del Perú. De cómo se compite, de las trampas y de su precio.
Una historia que, esperemos, podamos conocer pronto.
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