Cuando terminaban los trabajos de la Comisión Abugattas, el congresista nacionalista hizo eco de la encargada de la Contaloría sobre un robo masivo de documentos en el Ministerio de Salud. Aunque al principio se pensó que tenía vinculación con los documentos del faenón, sección hospitales, el asunto parece ser más complicado y delictivo. Vía El Comercio, que se ganó con la primicia:
El escandaloso robo de 838 cajas con importantes documentos del Ministerio de Salud (Minsa) empieza a aclararse. Gracias a la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público, ha salido a la luz la identidad de quien presumiblemente ordenó la sustracción. Se trata de Víctor Guevara Florián, médico muy vinculado al Partido Aprista, quien hasta el 26 de noviembre del año pasado se desempeñó como titular de la Dirección de Salud de Lima Ciudad.
Según el informe de María del Pilar Peralta Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Provincial 26 de Lima, uno de los vigilantes que cuidaba el local del Archivo Central del Minsa, en el Cercado de Lima, declaró que el hurto se produjo en las madrugadas del 23 y 30 de diciembre.
En ambas ocasiones, cuatro recicladores fueron los encargados de sacar las cajas y cargarlas en una camioneta bajo las órdenes de Guevara y Segundo Zárate Gonzales, jefe interino del archivo y que tenía las llaves del local.
La investigación fiscal señala que desde inicios de diciembre Zárate le habría propuesto al vigilante Ismael Amoroto Zúñiga sacar las cajas y que “esto no le acarrearía problemas, pues estaban involucrados altos funcionarios del Minsa”.
Uno de esos altos funcionarios sería Guevara, quien durante la sustracción de las cajas habría estado acompañado por Isabel Rosario Aguilar Díaz, ex directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud.
Amoroto recibió S/.600 soles por permitir el robo, pero no se pudo precisar quién se los pagó.
¿Y cual fue el móvil del robo?
Altos funcionarios del Minsa, que pidieron mantener sus nombres en reserva, indicaron que Guevara tendría varias denuncias por irregularidades y malos manejos en sus administraciones, pero que sería una suerte de personaje intocable porque tendría el respaldo de altos dirigentes del partido de gobierno.
Lo que falta dilucidar es qué documentos se buscaban desaparecer con ese robo y si con ello se trataba también de proteger a otras autoridades mayores que podrían estar involucradas.
De acuerdo con lo que registra el diario, Guevara estuvo durante las gestiones de Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca, pero el actual titular del sector, Oscar Ugarte, lo sacó justamente por las denuncias sobre sus irregularidades. Pero, compañeros mandan, se ha ido a Essalud, donde está bajo el cobijo de Fernando Barrios, uno de los funcionarios preferidos de Alan García.
Sin duda, otro grave escándalo que se tendrá que explicar.
El primero tiene que ver con el momento en que se produce la venta. De un lado, varios directivos de Petrotech han sido acusados por los chuponeadores y por el presidente de Perú Petro, Daniel Saba, de ser quienes encargaron la interceptación. Hasta el momento, no se ha presentado evidencia alguna que confirme dicha afirmación, pero sí es cierto que la empresa contrató los servicios de Business Track para hacer un barrido electrónico. Por tanto, conviene que las investigaciones se profundicen y aclaren la verdad sobre este punto.
Pero también es cierto que el estudio de abogados que asesora legalmente a Petrotech fue también uno de los blancos de los chuponeadores. Ello hace que el tema sea mucho más complejo y que, en medio de este ambiente enrarecido, una operación aparentemente normal se ve rodeada de este clima.
El segundo punto tiene que ver con la venta en sí. Para ponerlo en términos legibles, lo que se ha vendido no es Petrotech Peruana S.A., sino la empresa matriz, Offshore International, que es, en palabras de Javier Bedoya de Vivanco, como la “abuela” de Petrotech (por ser la empresa dueña de las acciones de Petrotech International). Dado que la operación se hizo en el exterior y al no existir un convenio para reclamar la doble imposición tributaria, no se podía tributar sobre dicha operación.
Tampoco existiría problema en el tema de los lotes petroleros. Al transferirse la matriz y no Petrotech Peruana, no se tendría que pasar por el requisito de la aceptación de la cesión de dominio mediante un Decreto Supremo, simplemente, porque la misma no ha existido.
El Ministro Luis Carranza ha mencionado que debería cambiarse la norma para evitar que estas operaciones no tributen. Y ahora el Presidente de la República está en la misma posición. Yo estoy de acuerdo con la misma, pero, ojo, opera para el futuro, no para esta compra-venta.
Da mala espina que el Presidente de la República se irrogue las facultades de decidir que inversión es conveniente o no. Me recuerda en mucho al modelo de su adorada República Popular China, en la que los miembros del Partido Comunista Chino deciden quien entra a invertir o no. Ello genera corrupción y, además, no se condice con los postulados de economía de mercado que dice postular ahora, en la conversión de su segundo debut.
Pero, hay dos cuestiones adicionales. La primera tiene que ver con la formación de la Comision. La misma no revertirá la venta ni podrá negociar los contratos. Ello es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y por tanto, suena a lavada de manos. Y también lo es el hecho que el gobierno señale que hay actos irregulares, pero que no comisione a su procurador del Ministerio de Energía y Minas a entablar las acciones legales correspondientes.
La otra cuestión tiene que ver con lo que el gobierno no ha querido hacer en dos años y medio. Augusto Álvarez Rodrich comenta:
Culpar a gobiernos previos es extemporáneo. Hay que mirar al actual, que ya cumplió más de la mitad de su periodo y parece - recién ahora - preocupado por el tema. Por ejemplo, si la Contraloría objeta la forma de retribución, indagar por la responsabilidad que tienen Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas para negociar los cambios que correspondan.
Asimismo, si había una preocupación –como, sin duda, debería haberla– para que los impuestos derivados de la transferencia de Petrotech llegaran a la Sunat, por qué no se tomó las previsiones legales para asegurar que así fuera. Además, por qué el propio presidente García promovió la postergación de la ley que grava a estas operaciones. ¿Cuántas similares se hicieron antes sin que dijera algo? ¿Y por qué ahora sí?
Hay un argumento que hoy se escucha bastante: ‘lo que han hecho será legal pero es malo para el país’. Sin embargo, este es absurdo si lo dicen los que sí pueden cambiar las leyes.
Y estos argumentos le sumo adicional, dicho por Augusto hace unos días: la campaña contra Petrotech tendría nombre propio. AAR le pone el nombre de José Ugaz, ex abogado de la empresa, a quienes varios le quieren cobrar cuentas de su época de Procurador Ad Hoc contra Fujimori y Montesinos. Yo le añadiría el nombre de Rosa María Palacios, víctima de una de las campañas de desprestigio más fuertes desde que se recuperó la democracia, solo por ser esposa del gerente legal de Petrotech.
Ello no quita, por cierto, que si hay investigaciones que hacer a la empresa, las mismas se hagan, pero creo que no habría que ser tan tontos en no pensar que el APRA no da puntada sin hilo.
Finalmente, está el tema de la explotación petrolera en el país. A raíz de las investigaciones a Petrotech, muchos se han lanzado entusiastamente a hacer campaña para que Petroperú se dedique de nuevo a actividades de explotación. La verdad es que, en el momento actual, veo inviable económicamente dicha posibilidad. Pero es cierto que el Estado merece una participación mayor en el negocio: ello se puede hacer de dos formas: renegociando los contratos - cuestión que se puede hacer, pero en la que todos los gobiernos de Fujimori para adelante se acobardan en dar el paso - y fomentando, para el futuro, antes que concesiones, asociaciones público privadas en las que el privado gerencie e invierta la mayor parte de recursos y el Estado tenga ganancias y cierta participación como inversionista.
Como vemos, todo un tema complejo, pero en el que se ven las formas en como se hacen negocios en el Perú.
Alvarez Rodrich y Sifuentes se adelantaron en recordar este Compromiso de Lucha contra la Corrupción, a estas alturas, el equivalente al Inti en lo que respecta a devaluaciones provocadas por un gobierno aprista.
Pero creo que valdría la pena enmumerar la lista de los hechos que han hecho que este documento quede como papel mojado. Si me falta alguno, por favor, indicarlo en los comentarios.
El procurador Tambini: Tremenda joya del criollismo peruano. Alan mantuvo durante dos años como jefe de los procuradores a alguien cuya familia estuvo involucradaza con el Clan Zevallos - más hundido que nunca por los norteamericanos - y cuya esposa fue una de las magistradas que quiso cerrar el caso el Frontón. Dos de sus hijas fueron favorecidas con contratos con el Estado.
La prescripción de Mantilla: Unos magistrados hicieron que el caso de la famosa cuenta de Mantilla aparecida en 1990 se hiciera humo con el viejo truco de la prescripción. ¿Quién se habrá acogido a ella?
El Sheriff cazado: Benedicto Jiménez, el héroe de la captura de Abimael, maltrecho candidato aprista a la alcaldía y autor de mal uso de recursos públicos, consultorías amañadas y copamiento partidario durante su corta gestión en el INPE. Lo renunciaron.
Primera compra de Patrulleros: Sobrevaluación a todo dar. Le costó la cabeza a la Ministra Pilar Mazzetti y la mitad de la Oficina General de Administración estuvo involucrada en esta compra de camionetas para la Policía.
Compra de ambulancias: Mismo caso que el anterior, pero con Carlos Vallejos de protagonista. A este ministro no lo sacaron, a pesar que fue con el mismo procedimiento y la misma empresa que en Patrulleros I.
Y también en Educación: El despacho de José Antonio Chang otrogó dos licitaciones a dos empresas que no reunían los requisitos, para el equipamiento de colegios. En ambos casos, se tuvieron que rescindir los contratos.
Carlos Arana: O el síndrome de la repetición. Primer acto: dura 48 horas de Viceministro de Saneamiento porque se descubre que falseó documentos para CONSUCODE. Segundo acto: vuelve como Director de Agua Para Todos, se manda contra el jefe de CONSUCODE en una pascana aprista y manda a golpear a dos periodistas. Lo sacan, pero (tercer acto) hoy es jefe de FONCODES, sin que la ministra de la Mujer lo pueda mandar a su casa.
El expediente AAR: Dentro de las linduras de Jorge del Castillo, se encuentra la elaboración de un expediente en contra del entonces director de Perú.21, Augusto Álvarez Rodrich.
El nombramiento de Alberto Pandolfi: Casi le cuesta la cabeza a Jorge del Castillo. Digamos, esto no se supo si era estupidez o desafío, dado que se nombró como funcionario a una persona inhabilitada por el Congreso por cargos bastante serios de corrupción. Y para vigilar un Fenómeno del Niño que nunca existió.
Mermeladas S.A.: Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda, contrata a la editora montesinista Montecristo Editores para que los contenidos de los diarios La Razón, El Men y El Chino sean favorables a su gestión. Solo fueron expulsados mandos medios de la oficina de comunicaciones de dicho despacho.
El asesor chuponeador: El controvertido ministro de Agricultura Juan José Salazar era asesorado por Johnny Polar, un marino (oh sorpresa) que, en el 2002, cuando era asesor de David Waismann en el despacho de Defensa, no le informó sobre un tema de interceptación telefónica.
Los asesores de los vicepresidentes: Durante todo el 2007, este blog contó a 16 asesores para los vicepresidentes de la República, personas que no tienen despacho alguno. El gobierno tuvo que sacar una ley un año más tarde para justificar el presupuesto irregular que se les otorgaba a Giampietri y Mendoza del Solar, vìa la PCM.
Segunda compra de Patrulleros: Autos chinos, sin repuestos, con un pobre taller de reparación y también sobrevaluados. Resulta increible como Alva Castro no se fue (bueno, no tanto, el carnet pesa).
Venta de información de inteligencia: Si, en el 2007, ya se conocía que algunos oficiales de la Marina tenían relaciones estrechas con empresas de seguridad privadas, sobre todo, para darles material de inteligencia. Mucha de esa información era de seguimiento a opositores políticos.
Tula, la Canchaya del APRA: Tula Benites, parlamentaria aprista, contrató a un empleado fantasma como su asesor en el Congreso, para quedarse con su sueldo. La congresista tuvo la protección de su bancada y de su tío, el ex magistrado Walter Vásquez Bejarano. Luego de la presión popular, tuvo que ser defenestrada.
Las becas del INABEC: Juan Carlos Tafur denunció que varios empleados (apristas) de la entidad que da becas en el país fueron beneficiarios de préstamos educativos.
Haga Negocio con Pisco: Esta vez, fue el Seguro Integral de Salud. ¿El tema? Sobrevaloración de raciones de alimentos para los damnificados del terremoto del 2007, raciones comparadas a una empresa que se dedica a hacer zapatos. El jefe del SIS era el aprista Julio Espinoza.
Coima en el SIS: Vinculada a la anterior, a Julio Espinoza le habrían pagado medio millón de soles para la aprobación de compras ilícitas con motivo del terremoto de Pisco.
Haga Negocio con el Censo: Otra del SIS. Sus fondos fueron utilizados para la elaboración de carpetas con motivo del Censo de Octubre de 2007. Claro caso de malversación de fondos.
El concurso para la hermana de Giampietri: El Instituto del Mar del Perú, entidad de la que el Vicepresidente fue su titular en la época de Fujimori, convocó a un concurso para contratar una traductora. Las bases estuvieron dirigidas para que gane Rosa Giampietri de Calisto, la hermana del Almirante.
La paloma y el pañuelo blancos: Candidatos, funcionarios y abogados vinculados al APRA resultan también estar conectados con el narcotráfico.
La casa de la Zarina: La ex magistrada Carolina Lizárraga es nombrada como jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción. Pero pocos sabían que en los primeros años de esta década compró su casa a través de una off shore panameña, la que a su vez se la vendió a ella, hecho que representó una clara disminución en el pago del impuesto de alcabala.
RBC renace con la plata de todos los peruanos: El canal de Ricardo Belmont multiplica en pocos meses sus exiguos ingresos por publicidad estatal. Dos problemitas: el canal no tiene medición de rating y uno de sus directivos era el hijo del entonces premier Jorge del Castillo. El caso lleva al premier al Congreso y a su hijo a renunciar.
Juan Paredes Castro chuponeado: El Editor Central de Politíca de El Comercio es interceptado. No se llega a dilucidar si fueron agentes estatales o empresas de seguridad. Aunque como van las cosas, parece ser indistinto.
Los pollos de Favre: Caso muy simple. Julio Favre, mientras fue presidente de FORSUR, le seguía vendiendo al Estado los productos de su empresa avícola. Uno de los compradores fue el Despacho Presidencial. Favre ya no está en FORSUR, pero sigue en el entorno cercano de Palacio.
Banco de Materiales de Corrupción: 50 empleados del Banco de Materiales se vieron beneficiados al acceder al programa Vivienda Para Todos, a pesar de tener ya un inmueble. Ninguno vivía en los departamentos nuevos.
Interviniendo en lío de postín: Moisés Tambini y Jorge Figueroa Guzmán, asesor del vicepresidente Giampietri, presionan a una de las magistradas del caso Tudela, para que fallen a favor del ex canciller en la disputa por la fortuna familiar que tiene con su padre. Los tres involucrados se reunen en la oficina de Tambini.
Las computadoras de 100 dólares que cuestan 180: Cito literalmente a quien investigó el caso: “El ministro Chang decide comprar a dedo unas laptops que están en fase experimental. Las laptops se compran con el aval de técnicos que trabajan en la universidad privada del ministro. La universidad del ministro, mientras tanto, firma un convenio para capacitar a los maestros en el uso de las laptops que el ministro le compra a la fundación que firma el convenio con la universidad de la que él es presidente del directorio”. Y cada mes que pasa, los prototipos son más cuestionados dentro y fuera del país.
El spot de Montesinos pagado por el PNUD: En los dìas previos a un enésimo Paro Nacional, sale un spot en el que se usan las imágenes de Montesinos hablando en el juicio a Fujimori, para desacreditar a los sindicatos. Todo hubiera sido una patinada política más, si es que no se descubriera que la PCM pagó el bendito spot, a través de un fondo administrado por el PNUD.
Alfredo Marcos naked: Todos sabìamos que Alfredo, el caricaturista, era amigo de Alan, pero no que le pagaban por una consultoría para mejorar la estrategia comunicacional del gobierno. El tema le costó a Marcos su salida de La República, luego de 24 años.
El canal de todos los apristas: No hablaremos aquí de como TV Perú parece Alan TV, sino de como sus altos funcionarios mandan a adquirir caros desayunos y hacer gastos superfluos, en tiempos en los que habian botado a varios trabajadores “por austeridad”
Giampietri en tráfico de influencias: Hildebrandt regresa a la tele y lo hace denunciando que se detuvo una licitación de máquinas de hemodiálisis de ESSALUD, dado que no había ganado una empresa que había sido recomendada por el Almirante Frontón.
El sobrino de Giampietri: Francisco Calisto Giampietri, sobrino del almirante, ascendió a contralmirante a finales de 2008. El tema sería anecdótico si es que este señor no fuera acusado por negligencia en la muerte de 4 alumnos de paracaidismo a su cargo y, además, no fuera sindicado por el propio Fujimori por participar en el ilegal allanamiento a la casa de Montesinos.
EL FAENON: Todo comenzó conociendo una licitación arreglada para obtener lotes petroleros. Luego el tema pasó a ser las múltiples visitas a una suite hotelera en la que se trataban negocios referidos a hospitales, estadios, patrulleros y otros temas de infraestructura. La trama se viene desarrollando con fondo de ranchera, dado que varios negocios de grandes empresarios mexicanos se vinculan con los nombres más conocidos de esta historia. Rómulo, Canaán, Quimper, Diaz Lugo, ministros, presidentes regionales, empresarios mexicanos, funcionarios de empresas estatales y de organismos internacionales son parte del mayor escándalo de corrupción de este gobierno.
EL CHUPONEO: El faenón antes descrito no habría podido ser conocido sin que se produjera una serie de interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos. Los responsables eran miembros de una empresa de seguridad privada y, a la vez, todos vinculados a la Marina. Mezcla de espionaje industrial y político, queda por dilucidar quienes ordenaron estas interceptaciones y hasta que punto la Marina se encuentra involucrada en todo este asunto.
Como vemos, han sido dos años y medio en los que el Compromiso de Lucha Contra la Corrupción ha sido letra muerta. Creo que alguien en Palacio nos debe una explicación.
Tres bancadas –el Partido Nacionalista, Alianza Parlamentaria y Bloque Popular—anunciaron que presentarán ante la presidencia de la República al ingeniero Humberto Campodónico como candidato al cargo de contralor.
Desde el hemiciclo los legisladores Edgar Reymundo (BP), Víctor Andrés García Belaunde (AP), Yonhy Lescano (AP) y Fredy Otárola (PNP), indicaron que su propuesta garantiza la “independencia y transparencia” que debe tener quien ocupe dicho cargo.
Campodónico se desempeña como columnista en el diario La República y en un currículum vitae que está colgado en la web de la Asociacion Regional de Empresas de Petroleo señala que es limeño, tiene 59 años, que estudió Ingeniería Industrial en la UNI y posee un magister en Economía del Desarrollo por la Universidad de Paris I (PanteónSorbona) de Francia.
Lescano indicó que estos grupos políticos esperan que Campodónico sea incluido a la anunciada lista de 12 postulantes que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo.
Por su parte García Belaunde comentó que este es el planteamiento de lo que denominó la “verdadera oposición”, y consideró que el listado presentado ayer al Jefe del Estado sería el de un sector de la “oposición” que es más cercano al Gobierno.
No tengo dudas de que Campodónico tiene todas las calificaciones profesionales y éticas para ser contralor. El problema es que lo ideológico le gana y ello puede direccionar algunas de sus investigaciones. Dudo que Alan lo ponga de contralor, pues, la verdad, un hombre que se contradice al bendecir la venta de una empresa y luego pretender investigarla, no tiene ni el más mínimo sentido de la coherencia. Y, antes bien, debería ser el investigado.
Y sobre Campodónico, zurdos y neoliberales, tienen los comentarios para batirse a duelo.
Hace algunos días, se produjo un derrumbe en uno de los yacimientos de Compañía Minera Casapalca, que tiene atrapado hasta el momento a 5 mineros. Conforme van pasando las horas, las esperanzas de encontrar con vida a estas personas va decreciendo, en forma inversamente proporcional al aumento de la indignación.
Sin duda, como señala el abogado César Lengua, hay que mejorar los sistemas de fiscalización sobre la seguridad en el trabajo hacia mayores estándares, en los que trabajadores, empleadores y el Estado se comprometan en un modelo preventivo. Esa debería ser la lección de este doloroso evento.
Sin embargo, no es la primera vez que Casapalca se encuentra en problemas. Hace un par de años, existió una huelga de los trabajadores de esta minera por mejores condiciones de trabajo y seguridad. ¿Los reclamos? Utilización de contratistas para encubrir relaciones laborales, despidos por sindicalización y una serie de malas prácticas laborales que fueron motivo de sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.
El caso de Casapalca demuestra que necesitamos una autoridad minera que, sin perjudicar la inversión, le exija a las empresas del sector que traten bien a sus trabajadores y al medio ambiente. De hecho, el Ministro de Trabajo ha sido claro en señalar que, en tiempos de crisis en los que la tentación del empresario es la del despido, deben llegarse a soluciones que no lleguen a esa solución.
Sin duda, tenemos aquí un problema que, en tiempos en que volvemos a lo social como preocupación central, deberíamos tener en agenda.
2. ¿No es extraño también que VA García Belaúnde haya tenido que ir donde el vicepresidente Giampietri para que se detenga el seguimiento que le habría hecho Ponce Feijóo? ¿Por qué?
¿Es o no es su amigo el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas?
–Soy amigo de Giampietri. Hemos trabajado juntos en la zona naval. Soy amigo de Giampietri como de todo el mundo, y también me refiero al presidente García. Los he servido a todos con información que requerían. Si tenía algo que les interesaba se los hacía llegar. Les informaba, y gratis. Todos me han consultado, hasta el presidente García.
¿Intento de Ponce Feijóo para desviar la atención? ¿O es que AGP y Giampietri confiaban más en las empresas de seguridad vinculadas a la Marina antes que en la Dirección Nacional de Inteligencia? Y, de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿para qué le daba informes Business Track a la Presidencia de la República? Recordemos que Gisella Gianotti - de BT - y Wilson Gómez Barrios - de Forza - fueron quienes dieron una conferencia advirtiendo de un supuesto atentado de la izquierda radical contra el Presidente, versión que resultó siendo falsa.
4. Y hablando de vinculaciones con la izquierda radical, Roberto Bustamante rescata este párrafo escondido de la declaración de Ponce Feijóo:
¿Por qué tenía y a qué se refiere la ayuda memoria (sobre temas de inteligencia) de fecha 4 de setiembre del 2007?
Ese documento contiene información que me proporcionó un colaborador que capté durante mi época de oficial de la Marina de Guerra, el cual ahora se encuentra infiltrado en la organización Coordinadora Continental Bolivariana (CCB). La información que se me proporcionó, ya resumida, se la entregué a un político amigo.
5. Vendieron Petro-Techy el tema me suscita tres tipos de dudas a los distintos agentes: a) Sobre la empresa, ¿Por que la venta se produce en un momento en que todos tejen suspicacias sobre la conducta de la misma?, ¿no se pudo escoger otro momento? b) Sobre el gobierno, ¿por qué al mismo tiempo Alan García invita a los compradores a Palacio y sus congresistas sindican a esta empresa como la chuponeadora (sin pruebas)? y c) Para los críticos de la venta, ¿de verdad creen que el Estado peruano tiene la capacidad para que Petroperú vuelva a encargarse de la explotación de petróleo? ¿Por qué tanta fobia ante la inversión privada?
6. Y ahora, las preguntas de fondo que siguen sin responder: ¿Era Business Track una empresa privada que se vendía al mejor postor o era la fachada de un aparato paraestatal de espionaje? ¿Cuál es el peso de los negocios mexicanos en toda esta historia? ¿Hasta dónde llegó el faenón?
Las protestas vecinales en Barranco han motivado una pequeña reflexión sobre los alcances de las herramientas de la sociedad de la información en el Perú como nuevos instrumentos en el repertorio de medios de demanda. Tanto Marco Sifuentes como Roberto Bustamante coinciden en que, si bien los blogs, YouTube, Facebook y el correo electrónico ayudaron a difundir la marcha, los motivos de la misma y hasta ampliar el debate en torno a lo que se venía discutiendo, es en el “mundo real” donde se fueron tejiendo alianzas, armando las estrategias de actuación ciudadana y, finalmente, lo que definió la reacción de la Municipalidad de Lima frente a las demandas.
Sin duda, lo novedoso de las redes sociales y las herramientas “2.0″ (por ponerles una denominación, aunque ya un poco cliché) hace que la discusión se pueda centrar en estos lares. Pero con ello, se puede perder de vista que los medios tradicionales hace algún tiempo se están centrando en tratar de registrar demandas ciudadanas, problemas vecinales concretos y preocupaciones inmediatas de la gente.
Ello parte de una idea extendida en el Perú: con una institucionalidad bastante débil, el reclamo se “legitima” a través del medio de comunicación.
En la radio los dos modelos más exitosos de este corte son los del Rotafonoy Radio Capital. El primero de ellos ha sido descrito bien por Augusto Álvarez Rodrich:
El Rotafono de RPP es un ejemplo singular y cotidiano de este fenòmeno. Se trata de un servicio de atención de llamadas que salen ala aire por la radio, hechas por personas en problemas que requieren de una solución pronta, como hallarse en un incendio o situaciones parecidas. Con frecuencia, sin embargo, es utilizado por autoridades locales de todo el paìs que estàn ante un problema que requiere soluciòn urgente del gobierno central, la cual han venido solicitando sin éxito porque, sencillamente, no son atendidos. Pero basta que la llamada salga al aire para que, inmediatamente, el gobierno se ponga en acción y encare la solución definitiva.
Otro tipo de llamadas tipicas al Rotafono tienen que ver con quejas acerca de servicios, sobre todo, los de los hospitales del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social. Constantemente el Ministro de dicho sector y el Presidente de Essalud responden casi inmediatamente a estas llamadas, ordenando traslado de pacientes, procurando un mejor trato para los asegurados, entre otras promesas. Lo mismo ocurre en el caso de accidentes o de derrumbes de inmuebles. El público confía en que Raúl Vargas, Patricia del Río o Armando Canchaya, por citar tres ejemplos, se volverán en mejores interlocutores de sus demandas que un reclamo directo ante la autoridad. Aunque claro, muchas veces un Rotafono es el anticipo de una protesta mayor en otros lados de la ciudad o del país.
En el caso de Capital, se parte de un modelo ya llevado con éxito en la radiodifusión española: se tiene a figuras conocidas del medio - Rosa María Palacios, Jorge Bruce, Philip Butters, Renato Cisneros, Magaly Medina - pero no para hacer lo que hacen en televisión, sino para intercambiar puntos de vista con un invitado y con el público sobre temas que muchas veces no son aquellos en los que acostumbraríamos escucharlos opinar. Aquí las llamadas de los oyentes sirven para expresar reclamos y opiniones, pero también para hacer consultas médicas, legales y psicológicas. El menú se completa con temas relativos a la ciudad, que es el eje transversal e interrupciones cada 15 minutos para informar sobre el clima y el estado del tránsito, que orienta a los conductores y taxistas, un público creciente de dicha radio.
Otro tanto ocurre con las secciones de sociedad y ciudad de varios diarios. Cada vez más, existe una mayor preocupación en recoger problemas urbanos. Un ejemplo lo tuve personalmente esta semana. El martes publiqué un post sobre mi antiguo barrio, Monserrate, una zona de Lima que está sufriendo de severos problemas de descuido e inseguridad, que reducen sus potencialidades turísticas y empeoran la calidad de vida de sus habitantes. Perú.21 recogió el post, envió reporteros a la zona, recogió los testimonios de los vecinos sobre el particular y sacó notas tanto en su edición virtual como en la impresa sobre la situación de esta zona de Lima. Pero lo mismo podría ocurrir con cualquier persona que no tenga blog, tanto en dicho diario como en otro.
Si algo nos dejó la reelección de Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima es la necesidad de que lo que ocurre en la ciudad y en los distritos sea registrado por los medios, quienes quieren recoger esas demandas. Pero, como dijimos al inicio, ellos son un instrumento transmisor, no el fin en si mismos. La organización, las formas de presentar o la decisión de hacer la llamada o mandar el correo electrónico denunciando alguna irregularidad o un problema depende de usted.
Cuando Fujimori y Montesinos dejaron el poder, se vio claro que el prestigio de las instituciones castrenses había caido por los suelos y muchos de los temas que preocupan a AAR formaron parte de la cultura militar de aquellos años. Pero, como alguna vez me explicó Henry Pease en clase, en realidad, el fujimorismo no fue más que una caricatura de lo precedente, en el sentido de lo hipertrófico, pues varias de estas conductas ya estaban presentes en la cultura militar.
Pero creo que, en este tema de las responsabilidades, no debe achacarse todo a la formación castrense - aunque es otro rubro en el que estamos en falta -, sino que debemos explorar cual es la visión que los civiles tienen (tenemos) sobre lo que deben ser las Fuerzas Armadas y su rol.
Al fin y al cabo, son los civiles los que enviaron al conflicto armado interno a pelear a las Fuerzas Armadas, sin una idea clara de que hacer, salvo la de la eliminación no selectiva. Han sido los civiles los que se han dedicado a ser los mejores abogados de las Fuerzas Armadas, para procurar evitar los procesos por violaciones de los derechos humanos como para aumentarles el presupuesto ante supuestas amenazas chilenas. Basta revisar cualquier libro serio de historia del Perú para darnos cuenta que los no uniformados han tocado las puertas de los cuarteles para cuanto golpe de Estado ha ocurrido en estas tierras.
Para complicar más las cosas, los partidos políticos no tienen expertos civiles en temas de defensa. De hecho, nuestro actual Ministro de Defensa sabe tanto del tema como yo de jugadores de la selección de basket de Bielorrusia. Y cuando estos expertos están, son, en general, militares en retiro. El poco interés que se tiene sobre estos temas se refleja en el Plan de Gobierno del APRA, que solo da unas líneas matrices y señala que los proyectos en esta materia son de carácter secreto.
En suma, requerimos de civiles que sepan de defensa, que tengan vocación de reformar el sector y, sobre todo, que dejen de lado la visión que hemos tenido durante años sobre el manejo de esta materia.
Anoche, Carlos Hidalgo, reportero de Prensa Libre, presentó un reportaje sobre los contratos de Business Track, la empresa del chuponeo, con el Estado. Dado que no está el videíto en You Tube o páginas similares, aquí va un resumen de lo que Hidalgo halló en el portal del SEACE.
AÑO 2005:
Business Track tuvo tres contratos que sumaron S/. 15,374.00. Dos de ellos fueron con la Municipalidad de San Isidro, cada uno por S/. 4,665.00, para efectuar “análisis y evaluación de seguridad de instalaciones y sistemas electrónicos e informáticos”. El tercero fue con la Contraloría General de la República, para verificar la seguridad de líneas telefónicas.
- S/. 16,065.00, para servicio de análisis de seguridad de líneas informáticas, con el Instituto Metropolitano ProTransporte, la entidad encargada de construir la controvertida obra del Metropolitano.
- S/. 45,617, pagados por la Marina de Guerra del Perú. El monto es por material para el Grupo de Reacción Inmediata, una unidad de esta institución. Ojo, esta fue una Adjudicación Directa Selectiva, lo que, traducido, quiere decir que la Marina escogió directamente a quien comprarle.
- Pero el contrato más raro es el suscrito con el Gobierno Regional del Callao. Se trata de una contratación por S/. 92,960.00, para dar servicios de seguridad y protección de los sistemas informáticos y de seguridad del Gobierno Regional. ¿Cuestiones raras? Hidalgo anotó las siguientes:
a) Al igual que en el anterior caso, Adjudicación Directa Selectiva, es decir, contrato a dedo.
b) El hecho de que el contratante sea el GR del Callao, cuyo Presidente, Alex Kouri, es el principal dirigente de Chimpun Callao, el partido del vicepresidente Luis Giampietri, amigo declarado de Ponce Feijoó. Y de hecho, se mostraron fotos de Ponce Feijoó con Kouri.
c) La suma elevada del contrato, distinta a las anteriores contrataciones.
“Como no podían convencerme de paralizar la investigación contra Convial empezaron con el susto, la violencia, el reglaje..En la comisión -(de Fiscalización) que indagó esta denuncia- se infiltró gente y revisó papeles, amenazaron a gente. A uno de los miembros de la comisión lo siguieron y le tomaron fotografías saliendo de un hostal”, comentó.
García Belaúnde agregó que como sentía ese hostigamiento, chuponeo y reglaje empezó a investigar con amigos de La Marina de Guerra quienes le confirmaron una cercanía entre Kouri y Ponce Feijóo que data desde que este último laboró en el Municipio del Callao el año 2001, por ello recurrió de inmediato al vicepresidente de la República, Luis Giampietri.
“Yo le comenté y le dije (a Giampietri) acá hay un Ponce Feijóo que es muy amigo tuyo, trabaja para Kouri y me está reglando y si tu no haces algo yo voy a denunciarlo mañana.. Al día siguiente noté que mi teléfono estaba libre, que ya no me seguían“, comentó.
Ojo. Esto del Metropolitano no acaba acá. Como se sabe (se supone), se contempla también la existencia de buses transversales, cada uno con sus respectivos paraderos y terminales. Esa información es pública, así que no se comete infidencia alguna. Y ya tienen varios terminales ubicados y claro, ya advierten no pocos conflictos con vecinos.
De los siete casquillos encontrados, dos corresponden a una bala de 9 mm Parabellum, marca Win Ruger. Fueron estas balas las que el criminal disparó contra la camioneta y el proyectil presentado en esta carátula fue el único que se encontró.
Es una pista central. Las balas Parabellum son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Su venta por Discamec está prohibida, aunque se pueden adquirir en el mercado negro o en los lotes de contrabando de armas que provienen de Ecuador y Colombia. Los peces gordos entre secuestradores y delincuentes prefieren esta brutal munición.
Según el especialista en temas de seguridad Fernando Yovera, la ojiva de la bala Parabellum tiene precortes en la punta con un pequeño agujero. Estos hacen que la bala penetre como un taladro haciendo una herida brutal. Deja un forado del tamaño de una naranja.
El rastro de la bala puede llevar al individuo que apretó el gatillo. Cuando ocurrió la matanza de Barrios Altos, el 11 de noviembre de 1991, la Policía encontró en la escena del crimen munición 9 mm Parabellum para metralletas HK con silenciador. Fue el indicio clave que condujo al Ejército (CARETAS 1185).
El identifaz elaborado por la Policía muestra a un sujeto de rasgos oscuros y cabello ensortijado, muy parecido a algunos secuestradores chalacos. Pero el agente Silva dijo a CARETAS que “el que nos atacó es de porte militar (1.78 de estatura) y empuñó el arma con la técnica israelí, como lo hacen los marinos”.
Es decir, más que asalto, esto suena a amedrentamiento.
Hoy Gorriti cuenta en Caretas que ha tenido versiones que procuran desestimar la validez del correo. De hecho, el periodista sostiene que, en caso haya sido manipulado, quienes lo habrían hecho serían los responsables del chuponeo (es decir, Ponce Feijoó y compañía). Verificar la validez de ese correo, sin duda, será un paso que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán dar. De todas maneras, en las versiones dadas a GG, se confirma que Canaán y Cemex tienen un vínculo bastante estrecho.
SALVEMOS MONSERRATE
Hace un par de días escribí un post sobre mi antiguo barrio, Monserrate, una zona del Cercado de Lima que podría convertirse en atractivo turístico si es que la Municipalidad de Lima no tuviera mayor preocupación que destruir la ciudad.
Hoy Perú.21 publica un video en su versión en línea que refleja la realidad del barrio. Aquí, parte del texto de la versión impresa:
En conversación con Perú.21 , muchos pobladores denunciaron un incremento de asaltos en las vías de dicho barrio, especialmente en las cuadras 7 y 8 del jirón Huancavelica, así como en las primeras del Jr. Angaraes.
Nosotros fuimos al lugar tras tomar conocimiento de la denuncia del abogado y blogger José Alejandro Godoy, quien alertó del olvido y de los riesgos en su sitio web.
ABANDONO. Juan Galván, un hojalatero que vive en el jirón Callao, resume el sentir de todos los vecinos. “Nadie hace nada por nuestra seguridad. En la plazuela de Monserrate, los ladrones se han llevado hasta los tachos de basura que había colocado la municipalidad. En su mayoría, son chiquillos de 18 años que viven en callejones. Nunca hay serenos y los policías se hacen de la vista gorda”, aseguró.
DESCARGO. Por su parte, Abdul Miranda, jefe del Serenazgo de Lima, afirmó que la vigilancia edil es constante en la zona. Sin embargo, admitió la ocurrencia de delitos en puntos cercanos como la avenida Argentina, donde es frecuente el robo de celulares.
Ocho unidades del serenazgo y 12 motos patrullan el Cercado de Lima. Monserrate se encuentra incluido en este patrullaje. Miranda dijo que la comuna de Lima y la Policía han coordinado acciones para frenar el consumo de drogas entre los jóvenes.
Del video registrado por Perú.21, se da cuenta que los principales problemas son la falta de seguridad y la drogadicción, dos temas que ya existían hace 15 años - cuando dejé el barrio - pero que parecen haberse agravado. Y, de acuerdo con lo visto, la Comisaría parece estar de adorno. Así que, el jefe de la Séptima Región debería preocuparse también por mejorar las condiciones de seguridad de la zona y la Municipalidad en, además de la labor del serenazgo, en pensar en programas para refaccionar las casonas que se vienen cayendo a pedazos en la zona.
Seguiremos informando sobre este tema y sobre otras zonas de Lima para recuperar.
Anoche, Carlos Hidalgo, reportero de Prensa Libre, presentó un reportaje sobre los contratos de Business Track, la empresa del chuponeo, con el Estado. Dado que no está el videíto en You Tube o páginas similares, aquí va un resumen de lo que Hidalgo halló en el portal del SEACE.
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