Los casos de los multiaudios - “petro” ya queda muy chico para la denominación - y del espionaje telefónico deben dar lugar no solo a sanciones, sino a cambios en normas y, sobre todo, en la forma de comportamiento político.
Dos sugerencias, en distintos aspectos, ya han sido dadas. La primera vino de Augusto Álvarez Rodrich:
Lo ‘normal’ sería que cualquier empresario –nacional o extranjero– que quisiera emprender un negocio en el país, simplemente lo hiciera sin tener que pasar a saludar al presidente de la República o al ministro del sector. Con reglas claras y de aplicación rigurosa, no sería necesario hacerlo porque daría lo mismo quién es el que invierte si es que cumple con todas las obligaciones y con todas las leyes.
Por eso es tan importante que Palacio de Gobierno aprenda a encontrar un equilibrio armonioso de la labor de promoción de la inversión privada pero sin que esto proyecte la sensación de que, si no se pasa por ahí, no se puede iniciar un negocio en el país. Peor aún es la sensación de que el presidente pueda “vetar” a un empresario. Eso debe cambiar.
Justamente esto es lo que hemos visto en el caso del “Multi-gate”. El Presidente presentándose ya no solo como el garante de las inversiones, sino prácticamente como su aduana. Y, de acuerdo con la versión de Gustavo Gorriti, fue la decisión presidencial la que vetó a Canaán. Por ello, es necesario regular mecanismos de transparencia para conocer las agendas ministeriales y presidenciales. De hecho, quizás debieramos tomar el ejemplo norteamericano de hacer públicos los documentos de las administraciones - incluyendo los correos electrónicos - luego de un periodo de tiempo. Y claro, nuestro Presidente debería controlar sus ímpetus protagónicos frente a cada empresario que se da una vuelta por Lima. Ya sabe lo que le puede costar.
Otro tema en el que se requiere regulación es en el de las empresas de seguridad. Recuerden que Business Track, la empresa del chuponeo, se dedicaba a estas actividades. Hoy El Comercio informa sobre la informalidad en este sector. Gabriel Prado, consultor en seguridad ciudadana, recuerda:
Entre estas medidas, un rol preponderante lo cumplen las empresas de seguridad. El accionar de estas empresas está regulado por la Ley 28879, ley de servicios de seguridad privada que norma sus funciones, competencias y límites. Todas deberían ajustarse al ordenamiento legal. Lamentablemente este no es un patrón común. Existe un serio problema de informalidad en la seguridad privada. Tanto individuos como empresas brindan sus servicios sin responsabilidad y al margen de la ley. De más de 300 formales se puede contabilizar el triple de empresas que brindan servicios privados de seguridad de manera irregular.
El papel del Estado, de regular el funcionamiento de estos servicios, recae en el Ministerio del Interior y específicamente en la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec). Más allá de cumplir un papel normativo y rector, se deben observar y sancionar con acuciosidad las malas prácticas de algunas empresas de seguridad. Estas entidades deben contribuir para enfrentar la delincuencia y no buscar satisfacer intereses subalternos de particulares.
Y quizás, por cierto, debieramos pensar en mejorar las normas, además de mejorar el nivel de la burocracia del Ministerio del Interior que se encargará de ver el tema. Y el Ministerio de Defensa deberá controlar que los efectivos de las Fuerzas Armadas no intervengan en estas empresas.
Regulación. Una palabra odiada por muchos, pero que parece ser, ahora más que nunca, super necesaria.
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3 Febrero 2009 a las 1:31 pm
Viendo el problema desde un ángulo global, la intercepción de las comunicaciones es un fenómeno universal y no es de ahora. En este momento, con la tecnología actual, es un imposible ejercer control sobre ello porque ya es parte de nuestro sistema. En Estados Unidos ya es el modus vivendi de la gente y del país, lo mismo que en todos los llamados países desarrollados. Creer que en el Perú podemos vivir al margen de ello es ser contradictorios, pues, por un lado, pedimos modernidad y avance, y, por el otro, que esa modernidad y alta tecnología no nos perjudique. Lo cierto es que la tecnología, nos guste o no, tiene, como todo en la vida, dos caras; y si pedimos una necesariamente tendremos la otra.
Por otro lado todos sabemos lo que en el Perú significa “pasar a la fiscalía”, que es un sinónimo de “ya fue” o “todo quedará en nada”, por la sencilla razón de que la tal “fiscalía” es un grupo de individuos con unas oficinas atiborradas de papeles y sin ninguna capacidad de absorber más trabajo del que ya tienen. Además con presupuestos exiguos y con una tecnología de hace 30 años. ¿Esto es casualidad? De ninguna manera. Un poder judicial corrupto, en un país como el nuestro, solo beneficia a un grupo: a los de poder, y no a los más débiles. De ahí la preocupación de tener siempre en precaria situación y en alta corrupción todo lo que signifique fiscalización y leyes.
La alta tecnología no necesita de esos equipos ni de esos “métodos de los chuponeadores”: hoy todo es inhalámbrico y por medio de láser y satélite. Vean el ejemplo de los recientes bombardeos de Gaza. El tema es para quién o quiénes será la información que mañana se tenga; a qué grupo empresarial favorecerá. He ahí el asunto. Ir en contra de la realidad será imposible. Como siempre, la historia irá por un curso paralelo al del hombre común y corriente, quien será el último en enterarse de porqué se tomaron las decisiones de las cuales él nunca participó.
3 Febrero 2009 a las 5:15 pm
La difusión de los audios, ahora ya comprobado, fue por las broncas de los grupos de poder por repartirse los negociados con el estado. Ahora con los últimos divulgados y analizados con los hechos concretos, los negocios apristas no solo eran con el petróleo, construcciones sino también con las adquisiciones de patrulleros y a lo mejor también con las ambulancias.- Efectivamente a Canaan le bajaron el dedo, por que Alan, vía Gampietri, se entero que las faenas que realizaba con León representaban un peligro (vale recordar un audio del tío Bieto con Arias, donde analizaban lo injusto que era Alan, al no querer que Rómulo se gane los fréjoles, sin tener en cuenta que había otros mas impresentables que lo rodeaban, pero que no se habían quemado como León) y además por que tantos “socios” en el negocio reducía la “participación” de los honorarios de éxito; no olvidar que uno de los audios León habla de una coimisión permanente por todo el periodo de explotación de los pozos petroleros. Por eso el angelito instalado en palacio, luego de la difusión de los audios en octubre 2008, se apresuro a “denunciar” a los malditas “ratas” que se aprovechaban.
Ahora bien, como se ha señalado en los llamados países “adelantados”, el espionaje industrial, los lobbies, las componendas empresariales para saquear el estado son moneda corriente, . En EEUU por ejemplo la democracia que tanto se pondera, los grupos de poder “invierten” indistintamente en los candidatos demócratas y en republicanos (¿por “amor a la democracia”?. En suma pues el sistema capitalista esencialmente es inmoral, basado en el lucro, la ganancia a como de lugar, en la apropiación del producto del trabajo ajeno, la comercialización de todo lo que se pueda vender es su máxima aspiración, sin importar que en el camino siembren destrucción, muerte. Los ejemplos sobran.
4 Febrero 2009 a las 8:37 am
A ver, vamos por partes Godoy. Lo importante sería entender qué se entiende por regulación. Si lo que se pretende es regular mercados marcamente imperfectos a través de organismos reguladores realmente autònomos, pues vamos en la dirección correcta.
Sin embargo, en mi opinión, el hecho de que un empresario dependa de los favores de un burócrata para hacer un negocio, no tiene que ver con la regualación. Por el contrario, si una sitruación como la descrita sucede en el país, es porque la burocracia estatal en este país aún tiene suficiente discrecionalidad para decidir cómo un inversionista que ve una oportunidad de negocio debe invertir su dinero.
Lo revelado en los escàndalos de los audios es prueba de ello.
4 Febrero 2009 a las 2:51 pm
Cirto, no tanto es el tema de regular, pues hasta donde sé, los requisitos para participar en alguna licitación o concurso son bastante complicados. recordemos que al menos en el caso de los petroaudios y en donde está metido Abel Salinas, ambas empresas NO cumplían los requisitos. Ahí recurrieron a los rómulos y a sus relaciones con el poder. No creo tampoco, como dice Juan Alfonso, que los brurócratas sean los malos de la película, en estos casos son las emporesas las que buscan canales informales (RLA) y no los legales para oncursar y ganar. Ahí, nada tiene que ver la burocracia.
4 Febrero 2009 a las 3:12 pm
Me referría a que si los procesos son bastante complicados, es más probable que burócrtas (como los que hablan y de los que se habla en los audios) vean más que factible ofrecer sus “favores” al mejor postor.
Saludos y gracias por permitirme aclarar este punto
1 Octubre 2009 a las 1:19 am
exhortando se adopten los mecanismos legales urgentes e inmediatos al no entrar en vigencia el Reglamento de la Ley N°28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada. Dicha estabilidad jurídica sin embargo, se ve amenazada cuando personas ajenas al esfuerzo desplegado por el País, pretenderían monopolizar una actividad que por espíritu de Ley ha sido promulgada con fines democráticos y participativos de carácter general, pues al no entrar en vigencia el reglamento de la Ley en cuestión, se estaría contribuyendo a esta actividad ilícita, sin tener en consideración la libre competencia que ampara y promueve nuestra Constitución
Tras la dación de la Ley N° 28879, se vertieron expectativas verdaderas de promoción de empleo, no sólo en el ámbito empresarial, sino sobre todo en el empleo a nivel de seguridad privada, teniendo como principal premisa la de perfeccionar el nivel de las personas que participan en este rubro, esto gracias, a que el espíritu de la Ley así lo forja, proclamando además la libre competencia que permitiría por obvias razones mejorar este rubro, otorgando a la ciudadanía la tranquilidad necesaria, no solo a nivel país, sino elevando la expectativa de inversión extranjera necesaria también en la competencia antes señalada
Han pasado tres años desde que esto no es posible, pues contra todo pronóstico legal se sigue dando asidero reglamentario al Decreto Supremo N° 005-94-IN que facultaba a la DISCAMEC dar capacitación a los agentes de seguridad, cuando esta atribución fue automáticamente revertida tras la promulgación de la Ley en mención, siendo acá necesario recalcar, que dicha Ley le da solamente la prerrogativa de regulación, supervisión y control
Invocamos la nulidad de los acuerdos pactados contrarios al espíritu de la presente Ley, tal como se pretendería realizar al darle legitimidad al convenio DISCAMEC – Universidad Inca Garcilazo de la Vega, pues es de conocimiento público la convocatoria para capacitar y entrenar a los agentes de seguridad, como expresamente se aprecia en la publicación del diario El Comercio de fecha 23 de Agosto del presente año y otros medios de información, debiendo tenerse presente que cualquier funcionario público, está en la obligación de declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo contrario a la Ley, tal como lo establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Igualmente, debe correr la misma suerte la Resolución Ministerial 0228-2009-IN PNP, que entre otras disposiciones, autoriza al centro de Capacitación de la Policía Nacional CECAPOL, a la capacitación de los agentes de Seguridad Privada y Serenazgos, pues resulta nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o las buenas costumbres, así como expresamente lo señala el título preliminar del Código Civil
Asimismo, se debe mencionar que existe un compromiso expreso al manifestarse al máximo organismo internacional ONU, la vigencia de la Ley en mención ante el respectivo Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios Como Medio de Violar los Derechos Humanos y de Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación, que visitara nuestro País entre los meses de enero y febrero del año 2007, como mecanismo que complementa un vacío jurídico hasta entonces existente, el cual nos compromete al ejercicio de su vigencia, no solo por la legalidad de la que está inmersa, sino por lo que representa nuestra adhesión a dicho organismo en la Convención Internacional Contra Reclutamiento, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios de 1989.