Hace algunos meses, conversé con Santiago Pedraglio sobre la izquierda en el Perú, sobre todo, sobre dos aspectos: una visión sobre lo que fue la experiencia de la izquierda entre 1978 y 1990 y lo que ocurre con los grupos que se reclaman de izquierda en la actualidad. Pedraglio no solo aporta a la conversación la mirada del analista político y periodista, sino también la visión del militante.
Vean esta interesante conversación, no sin antes agradecer a William Vásquez y Juan Carlos Goicochea por los esfuerzos hechos para que esta entrevista (por fin) salga al aire.
Y entre ellas, hay un contrabando bastante peligroso.
Una de las normas cuestionadas por los gringos fue el Decreto Legislativo Nº 1090, nuestra nueva Ley Forestal y de Fauna Salvaje. El aspecto más criticado por los norteamericanos era que se reducían las definiciones de “recurso forestal” y “patrimonio forestal”, con lo que se dejaban fuera de las mismas a 45 millones de hectáreas, es decir, el 60% de bosques del país. Ello hacía que esta cantidad importante de bosques no estaba protegida debidamente, en especial, frente a los pedidos para incrementar el uso de las tierras para generar biocombustibles o para cualquier otro uso que atentara contra el medio ambiente.
Para intentar salvar su norma, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 2958, que modifica la Ley Forestal para que pase la observación norteamericana y que fue aprobado ayer, en una discusión aparte dentro de la agenda TLC del Congreso. En efecto, en el proyecto se incluye ahora a todos los bosques del país, pero, como quien no quiere la cosa, ponen lo siguiente como excepción:
No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados como de interés nacional, en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.
¿Cuál es el problema? En que, previamente a la expedición de esta norma, mediante Decretos Supremos Nº 004-2008-AG(del 26 de enero de 2008) y 016-2008-AG (del 20 de julio de 2008) se declaran dos zonas del pais “de interés nacional” para la instalación de cultivos con miras a biocombustibles. Ambas normas fueron expedidas durante la gestión del Ministro Ismael Benavides. En otras palabras, dan una atribución más al Ministerio del Ambiente, pero antes salvaguardan las concesiones ya otorgadas, con lo que el uso de tierras para biocombustibles está santificada por el gobierno.
¿Cuál es el tema? Que el gobierno no ha debatido ampliamente en el país el tema, que trae no pocos bemoles. De hecho, el propio Alan García dijo en su discurso del 28 de julio de 2008 lo siguiente:
Ha comenzado una guerra de las empresas y de los países petroleros contra los pueblos. Y como para sustituir al petróleo los países cambian el uso de las tierras agrícolas para producir etanol, los precios de los alimentos mundiales que el Perú compra han subido más del doble.
Hay otras objeciones, vinculadas tanto a los aspectos agrario, económico y ecológico, que han sido analizadas bien por los chicos de CEPES. Conclusión: hay que pensar hasta 5 veces antes de alentar este tipo de negocio o hacerlo de otra manera.
Sin embargo, en su ya tradicional política del hortelano, el gobierno insiste en vender todo, sin importar los costos. Y el TLC, una herramienta que nos puede ayudar a mejorar muchas cosas, es utilizada para los contrabandos del hortelano. El país está en remate.
Todos los días escucho el programa de Rosa María Palacios en Capital FM. Y si hay algo en lo que ella ha insistido desde que se descubrieron a los chuponeadores - no solo desde el sentido común, sino desde el punto de vista de quien ha sido chuponeado alguna vez - es que las únicas personas con real capacidad para poder hacer un trabajo de este tipo son los miembros de las Fuerzas Armadas, dado que son los únicos capacitados para hacer una acción de este tipo.
¿A que viene esta reflexión? A que creo que el Ministro de Defensa debería sincerar, de una vez por todas, lo que todos sabemos off the record (y ahora, con evidencias) que ha venido pasando en las Fuerzas Armadas: han interceptado teléfonos sin autorización judicial, lo que es un delito en el Perú.
¿Más evidencias? Se dieron algunas en los diarios ayer:
- Completando el círculo, se supo que Roberto Barba Daza perteneció también al staff de Business Track, la empresa del chuponeo. Como se recordará, Barba Daza le vendía información de inteligencia de la Marina a dos empresas privadas de seguridad. En el caso se encuentra involucrado también Fernando O’Phelan, abogado cercano a Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial.
- El chuponeo siguió durante varios meses. De hecho, hasta hace unas semanas. También se conoció que dos de los blancos eran una empresa cementera y el caricaturista Alfredo Marcos. No extraña. Como se recuerda, Fernando Ampuero ha contado que la investigación del Petrogate comenzó justamente por el tema del cemento. (Capítulo de esta historia que está vinculado a la competencia entre empresas del ramo, pero también a una extraña rebaja de aranceles que involucra al ministro Hernán Garrido Lecca). Y Alfredo Marcos trabajaba para Palacio como consultor comunicacional. Elías Ponce Feijóo, el pata de Giampietri, era quien ordenaba todo e incluso pasaba plata para que las empresas subsidiarias de Telefónica colaboraran con el chuponeo. (Por cierto, aquí Telefónica también nos debe una explicación sobre esto, considerando, además antecedentes anteriores).
Punto aparte merece el huidizo Vicepresidente Luis Giampietri. Varios medios decían que estaba enfermo y con descanso médico y, de hecho, esa fue la respuesta que le dieron a Carlos Hidalgo, de Prensa Libre. Pero ayer, luego de negarle entrevistas a Rosa María Palacios y a La República, apareció campante dando una complaciente entrevista en Expreso donde se despachó a su gusto. En su diario favorito, Giampietri negó todo vínculo con el chuponeo - que nadie ha afirmado, por cierto -, trata de limpiar hasta donde puede a Ponce Feijóo, niega haber tenido una oficina (pero se olvida de sus varios asesores contratados por PCM para “el despacho del primer vicepresidente”) y dice que todo es una campaña en su contra por parte de la izquierda. Que recuerde, Fernando Rospigliosi hace varios años que dejó de ser izquierdista.
Lo cierto es que aún quedan varias preguntas sueltas: ¿Quienes fueron todos los chuponeados? ¿Quién mandó a chuponear? ¿Cuál es el rol de Giampietri en todo esto? Y sobre todo, ¿qué se perseguía con estas grabaciones: un movil empresarial o un tema político?
Preguntas que, esperemos, se resuelvan en los próximos días.
No tengo las mismas ideas de Raúl Wiener. No soy de izquierda radical y alguna vez discutimos sobre el tema de la Fiscal Loayza. Y tampoco comparto sus impresiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a la que acusa, curiosamente, de reducir la cifra de muertos para no perjudicar a las Fuerzas Armadas.
Pero este no es un espacio para citar la larga lista de cosas que me separan del jefe de investigación de La Primera, sino para expresar mi solidaridad por la persecución que viene siendo objeto, al pretender acusársele de terrorista internacional. Desde hace buen tiempo, este gobierno parece empeñado en volver a los dirigentes de izquierda radical, quienes tienen derecho a pensar como les venga en gana, en una suerte de conspiradores contra la democracia a los que hay que meter entre rejas.
Lamentablemente, ese sentido común se invadió a algunos medios de comunicación que tejieron reportajes en torno a una sola hipótesis. Fue el caso de la hoy fenecida La Ventana Indiscreta pero más peligroso aún es que sea el pensamiento guía de buena parte de los miembros de un gobierno que se supone es democrático. O, como alguna vez se dijo, estas tesis intentan ser la respuesta policial ante las presiones para mostrar algo de orden ante la opinión pública.
Sea como fuere, tachar como terrorista a una persona por el simple hecho de pensar distinto es una estupidez. Una estupidez que años atrás nos costó a cientos de inocentes encarcelados (y que el año pasado le costó la libertad a 8 personas). Una estupidez que es contraproducente para luchar contra los terroristas de verdad.
Este tema, realmente, es indignante y merece toda nuestra atención como peruanos y como ciudadanos.
En primer lugar, independientemente de si estamos a favor o no de la inversión minera, lo cierto es que deben respetarse los derechos de las comunidades que se encuentran en las inmediaciones de las zonas mineras. Y por ello, la actitud de las empresas debe ser la de dialogar y entablar acuerdos con la población, no la de recurrir al Estado o a privados para reprimir y, en este caso, vulnerar los derechos humanos de comuneros y comuneras que fueron vejados no solo por las torturas, sino que incluso existieron actos contra el pudor en contra de varias de las mujeres presentes (amenazas de violación incluidas).
En segundo lugar, debe entenderse que la protesta es un derecho de cada persona. Por algo en el Perú existe la libertad de expresión y opinión. Y que existan personas que se opongan a la actividad minera per se es algo totalmente válido en el país. No es mi opinión, pero debo respetarla y no por ello hacer lo que una empresa minera hizo en este tiempo.
Tambien vale la pena reflexionar, en tercer lugar, sobre los métodos utilizados por la Policía para su labor. No es un secreto para nadie que la tortura sigue siendo una práctica usual en determinado tipo de interrogatorios y que el Estado peruano no ha activado un mecanismo de prevención de la tortura tal como lo mandan los tratados internacionales de los que el Perú es parte. Hay aquí todo un trabajo que hacer en torno a las prácticas que tienen nuestras fuerzas de seguridad frente a ciudadanos como nosotros.
Pero esto no es nuevo, la responsabilidad de la empresa Forza, vinculada a marinos y al inefable almirante Giampietri, que prestan servicios a empresas mineras en la detención y tortura de 29 personas, dos de ellas mujeres, líderes de las rondas campesinas de Tayacaja y Huancabamba a fines de julio del 2005 cuando iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera Minera Majaz, hoy Río Blanco (caso defendido por organizaciones de derechos humanos), nos revela también el poder que tienen estas empresas de seguridad y la subordinación a ellas de nuestra Policía Nacional, sirviendo intereses privados. Hace un tiempo, se denunció las amenazas y el “reglaje” al padre Marco Arana, líder de la lucha ambientalista en el Perú por parte de esta empresa Forza.
Ya que ahora todos estamos interesados en saber sobre las prácticas de espionaje telefónico de este tipo de empresas, también valdría la pena que nos interesemos en las vejaciones a los derechos humanos que miembros de algunas de estas empresas habrían incurrido. Tan importante como el derecho al secreto de las comunicaciones es el derecho a la integridad física.
Las fotos exhibidas demuestran que no hubo inventos, ni exageraciones ni manipulaciones, como algunos seguramente esgrimieron en el pasado. Y nos demuestran la necesidad de mejorar, tanto en los organismos encargados de hacer justicia como en la prensa, los mecanismos de investigación de violaciones de los derechos humanos. No puede ser posible que pasen 3 años sin que el Fiscal no haya denunciado los hechos antes mencionados ni haya efectuado una investigación decente. Lamentablemente, ello también viene ocurriendo con los casos denunciados por la CVR.
Pero también nos hace falta mucha sensibilidad. Es sintomático que solo pocos medios - La República, El Comercio y Prensa Libre - y blogs hayan tocado el tema. Quizás sea por esa poca sensibilidad que alguna vez se describió de esta manera:
(…) la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.
La defensa de los DDHH no es un pasatiempo, es un deber de cada ciudadano en un país democrático. Si los mismos no son garantizados, entonces ¿de qué sociedad estamos hablando? Y después las empresas mineras se preguntan por el descontento frente a su trabajo; acá tienen una respuesta.
Una respuesta que el Estado tiene la responsabilidad de sancionar e investigar. Y nosotros de no ser indiferentes. Son peruanos, son compatriotas, pudimos haber sido nosotros.
Durante la tarde, he podido leer el Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Petrogate, firmado por los congresistas Rafael Yamashiro, Carlos Raffo y Miguel Guevara. La web del Congreso aun no cuelga el Informe en Minoría suscrito por Daniel Abugattas y Edgar Raymundo, por lo que aún no puedo hacer las comparaciones entre ambos.
Lo cierto es que este informe en mayoría resultó ser más interesante de lo que pensaba, pues trae varios elementos que nos ayudan a entender mejor lo que fue el Petrogate. Pero hoy solo quiero resaltar dos:
1. EL PAPEL DE MARIO DIAZ LUGO
El personaje de más perfil bajo de esta historia era el empresario mexicano Mario Diaz Lugo. Lo único que se sabia sobre este ingeniero geólogo era su vinculación con Petro Marker, la empresa gemela de Discover. Esta es la única foto que se conoce en el Perú sobre él (es el penúltimo contando desde la izquierda):
Pero el Informe Parlamentario da varias luces sobre Diaz Lugo y su real papel en esta operación. Los datos más relevantes son los siguientes:
a. Mario Díaz Lugo estuvo 4 veces en nuestro país: 22 al 24 de enero de 2008, 25 al 30 de abril de 2008, 1 al 3 de junio de 2008 y 7 al 11 de septiembre de 2008. Las dos primeras venidas son coincidentes con dos estancias de Fortunato Canaán y las tres últimas con presencias de Jostein Kjerstad, el presidente de Discover.
b. El contacto en Madrid: El 1 de diciembre de 2007, Discover hizo el contacto con Fortunato Canaán, en el Estudio Garrigues. El representante enviado por la empresa noruega era Mario Diaz Lugo. Allí acordaron sostener reuniones con el Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y el Presidente de Petroperú, César Gutiérrez. La reunión con Valdivia se produjo el 24 de enero de 2008 y en ella se trató el proyecto para quitarle peso al crudo de petróleo.
El 20 de febrero el empresario dominicano Fortunato Canaán firma un convenio de colaboración con el empresario mexicano Mario Díaz Lugo a fin de vender a Petro-Perú tecnología de exploración petrolífera a través de las empresas Fortluck y Dilum.
Una copia de este convenio fue encontrado en el disco duro de León Alegría, en el cual se da cuenta de que Perú-Petro les había remitido a estos empresarios una carta de intención para la “posible adjudicación de ciertas aéreas de exploración de hidrocarburos”.
Según el informe, Dilum es una empresa de Mario Diaz Lugo y el contrato, en realidad era:
un convenio privado entre las partes con participación en el mercado de influencias políticas para la obtención de proyectos de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos en lotes terrestres o marinos, ya sea a través de Petromarker, Geoprobe o Discover Petroleum. En el acuerdo se señaló que cada parte aportaría sus respectivas relaciones contractuales, precontractuales y de confianza con compañías públicas y privadas, Organismos Gubernamentales y autoridades, incluyendo una mención sobre el avance de las gestiones para la adjudicación de lotes en tierra y en la plataforma off shore del Perú.
De hecho, el 4 de febrero de 2008 Díaz Lugo envia una carta como representante de Discover a Perú Petro, para pedir formalmente concesiones en bloque en plataforma peruana fuera de costa.
Pero hay más. Hace algunos meses, recogiendo informaciones de Perú.21 y El Comercio, comentamos que habían intenciones de Canáan y Díaz Lugo para entrar al negocio gasífero y que Rómulo León Alegría quería hacer negocios con COMESA, la subsidiaria de exploraciones de la empresa petrolera estatal mexicana PEMEX. El informe confirma estas cuestiones e indica, por cierto, que Diaz Lugo fue director de Pemex. Y, de hecho, COMESA envia una carta a fines de julio de 2008 para ser el tercer socio entre Discover y Petroperú, ofrecimiento que queda en el aire.
Posteriormente, cuando Canáan y Diaz Lugo rompen relaciones, el mexicano es la persona a la que Rómulo León Alegría envía los informes de sus gestiones en el tema petrolero.
Ello confirma que la pista mexicana era realmente clave e importante en este negocio. Pero también en otros, como los de celulares, banca y cemento. Un tema que el Poder Judicial y la prensa deberá seguir indagando.
Sobre este tema, el Informe Parlamentario dice algo bastante serio:
Queremos resaltar que la Empresa ICUATRO S.A. sin tener la calidad de Ejecutor de Obra de acuerdo al análisis de la entidad competente; fué designada en calidad de Contratista Principal en la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento “llave en mano” del nuevo Hospital Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por Resolución Rectoral Nº 00433-R-08 del 12 de febrero del 2008, por el Rector de dicha Casa de Estudios.
Esa fue la Resolución Rectoral que presentamos el 29 de diciembre en DTP. Un dato adicional. Icuatro no había iniciado siquiera su trámite ante CONSUCODE para ser contratista del Estado peruano, cuestión que recién hizo en abril de 2008. Todo ello nos indica que aquí hubo algo bastante raro y que el Rector Luis Izquierdo tendrá que explicar a su comunidad universitaria y a las autoridades en general.
El informe también registra como se hizo la operación del petróleo y demuestra que hubo corrupción en el mismo. Y varios cabos sueltos quedan en relación con la situación de Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo, los dos altos funcionarios más involucrados en este caso. Pues cuando ponen los textos en relación con los ministros, se dicen muchas cosas que debieron llevar a una acusación y no lo hacen (ejemplo: el “podría haber gestionado intereses privados de Fortunato Canaán” se repite en los casos de los ministros antes mencionados). ¿Los acusan o no? Digamos que lo dejan a criterio del pleno. ¿Cómo votarán? Solo Dios sabe.
Sin duda, este es un faenón que recién comienza a destaparse.
No todo es malo en el Congreso, afortunadamente. Revisando noticias, me encuentro con un informe de ejecución de inversiones de las Municipalidades limeñas elaborado por el parlamentario Juan Carlos Eguren, quien hace pocos meses hizo un estudio similar en torno a los Ministerios.
Este tipo de informes es necesario para poder mejorar la calidad del gasto en los gobiernos locales, que ahora cuentan con mayores recursos, no solo como producto de la bonanza económica, sino, en el caso de Lima Metropolitana, gracias a las transferencias por efecto de la descentralización y, además, por contar con los distritos en los que más se recauda por concepto de tributos municipales.
Aquí, varios datos del informe que merecen resaltarse:
1. En promedio, los gobiernos locales gastan más en inversión (57.6% de lo presupuestado) que el gobierno nacional (54.1%) y los gobiernos regionales (50.4%). Aquí cabría preguntarnos si es que eso se debe a una mayor calidad de gerencia o a cantidad de obras. Una segunda discusión competería a ver cuáles de estas obras son realmente necesarias para la población.
2. La Municipalidad Metropolitana de Lima gasta menos de lo presupuestado por los demás gobiernos locales, tanto de Lima como del país, en promedio. Solo utiliza el 47.4% de esta partida. Algo que Luis Castañeda Lossio tendría que explicarnos (sí, él y no Marco Parra, a quien usa cada vez que se cuestiona algo en la Municipalidad).
3. Más rochoso para Castañeda es saber que, dentro del tema inversiones, hay otros rubros de su presupuesto que tienen una ejecución bastante baja: industria, comercio y servicios (5.4%), vivienda y desarrollo humano (6.1%) y protección y previsión social (8.9%). Si a ello se le suma la poca visión que tiene sobre Lima - ver la carta de Augusto Ortiz de Zevallos a Mirko Lauer sobre la Costa Verde - tenemos una gestión que, además de gastar poco, lo hace mal y sin un plan claro.
4. Según el informe, son 14 las municipalidades distritales que registran un porcentaje mayor al 75% de gasto de inversión ejecutado. El ranking lo encabezan Chorrillos, Ancón y San Miguel, que superan el 95% de gastos ejecutados. Esta es solo una variable a considerar en la evaluación de la gestión municipal, dado que no se contempla en este estudio los modos para medir la calidad del gasto, cuestión que Eguren (u otro congresista por Lima, quienes muchas veces se olvidan de fiscalizar a las municipalidades de nuestra ciudad) deberían considerar en una próxima medición.
5. Resulta curioso que las dos municipalidades que ejecutan menos sus presupuestos de inversión sean La Molina y San Isidro, dado que son de las que más recursos recaudan. Aunque no es la única variable, lo cierto es que las gestiones de Luis Dibós y Antonio Meier ha sido cuestionadas por los vecinos por diversos motivos. Y ojo, que municipalidades como Miraflores, Chaclacayo, San Martín de Porres, Santa Anita y Pachacamac gastan menos del 50% de sus presupuestos de inversión.
Sin duda, los alcaldes deberán dar mayores explicaciones sobre estos gastos, los rubros en los que se utilizan y las necesidades de la población que deben ser cubiertas. Para ello, un mayor acercamiento de los ciudadanos hacia nuestros municipios es necesario, a fin de saber si nuestros tributos son empleados de la mejor forma y si es que el vecindario es quien sale ganando.
Eso sí, en el caso de quienes gastan menos, sean los propios alcaldes quienes den la cara. No manden a sus segundos. El síndrome Parra ya supone una burla para los limeños. Que otros alcaldes no se sumen.
Winston Churchill decía que la guerra era un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los militares. Creo que lo mismo puede aplicarse a los servicios de inteligencia, aparatos controvertidos por sus actuaciones en distintos momentos de la historia, pero necesarios para para garantizar la seguridad del país, siempre que sean controlados por las instituciones de la democracia, tengan sus límites claros y no sean utilizados con fines políticos.
1) Los servicios de inteligencia deben estar en manos de los militares porque ellos son los que saben de esa materia, son los profesionales de la inteligencia. 2) Los servicios de inteligencia siempre espían a lo políticos y a toda clase de personaes e institucuiones, en cualquier gobierno. Eso es normal. Así es que todo gobierno debe aprovechar eso en su propio beneficio. 3) Desde el gobierno de Fujimori y Montesinos se ha añadido uotro tema a las “capacidades” que se atribuyen a los servicios de inteligencia: deben realizar operativos “psicosociales” de manera encubierta y con fondos secretos. Se entiende por psicosociales a maniobras de distracción para engañar a la población y desviar su atención de un tema que el gobierno no quiere que se conozca o que destaque.
Ese es el pensamiento que ha primado durante los últimos 50 años en el Perú. Desde 1960 tenemos un servicio de inteligencia que se maneja bajo estas reglas y que supone que la ingerencia en la política es clave para el desarrollo del país. Esa fue la clave del proyecto de Velasco y también la de Fujimori. Y durante gobiernos democráticos, se ha pensado que controlar la inteligencia podría acarrear réditos políticos o acallar protestas.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo se pensó en una reforma y se elaboró una nueva norma del Sistema de Inteligencia, pero, luego de varios cambios de mando, en el que se alternaron conocedores de la materia con personas que no tuvieron nunca que estar en dicha institución, todo quedó como estaba antes: sin control civil democrático y con el control militar, sin cumplir su real función dentro del sistema de seguridad del país.
Durante este gobierno, también han sido pocos los esfuerzos por “desmilitarizar” la inteligencia, pero si han existido cierto intentos de profesionalizar el servicio. El problema es que la política de inteligencia no se debate de modo público y, cuando se hace, es a partir de los escándalos que cada cierto tiempo se producen a su alrededor.
A ello debe sumarse un fenómeno que debería ser puesto con mayor atención: la privatización de la inteligencia. Desde hace varios años operan en el país diversas compañías de seguridad vinculadas a militares en actividad o en retiro que prestan servicios de poligrafía, barridos electrónicos e información y análisis de inteligencia política, social y empresarial a diversos tipos de compañías.
El hecho de que esta semana hayamos sabido que en el Perú se chuponea a través de empresas de seguridad vinculadas a oficiales en actividad y retiro de la Marina de Guerra del Perú - uno de ellos, bastante vinculado al Primer Vicepresidente de la República - no es un asunto a minimizar o a desviar a través de la discusión sobre los clientes de estas empresas. Es necesario aclarar hasta que punto todas estas compañías utilizan a personal y equipos de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo sus operaciones y quienes son los políticos o poderosos que las protegen para realizar sus actividades sin ningún tipo de regulación.
Discutir abiertamente sobre el rumbo de la inteligencia en el Perú no es afectar a la seguridad nacional. Por el contrario, es asegurarnos que la misma sirva para los fines que realmente le competen.
A su llegada al campamento minero el 1º de agosto del 2005 los comuneros no fueron recibidos por la esperada comisión de diálogo, sino por un fuerte contingente policial que los reprimió con brutalidad, lanzando bombas lacrimógenas desde helicópteros, realizando disparos al cuerpo de las personas, incluso cuando estas huían.
En esas circunstancias, 29 personas, incluyendo dos mujeres y el periodista Julio Vázquez Calle, fueron interceptadas y conducidas al interior del campamento minero. Allí permanecieron secuestrados durante tres días, siendo además sometidos a diversas formas de tortura psicológica y física. Además de ser salvajemente golpeados, durante estos días se les mantuvo encapuchados con sacos roceados con polvo lacrimógeno y con los ojos vendados, desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas.
Según testimonio de los comuneros cada cierto tiempo les colocaban un polvo tóxico en la cara, debajo de los sacos y los vendajes, lo que les hacía vomitar y no les dejaba respirar. Las mujeres fueron sometidas a diversas vejaciones de carácter sexual. Además a todos se les infligieron diversas humillaciones verbales y amenazas.
Los responsables de la tortura fueron miembros de la Policía Nacional del Perú y parte del personal de seguridad de Minera Majaz.
Las fotografías que vemos a continuación confirman la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Piura, por tortura, secuestro y actos contra el pudor. Además, cabe indicar que se encuentra pendiente de una mayor investigación la muerte del comunero Melanio García, fallecido por una herida de bala durante la marcha al campamento minero.
Sin duda, este es un hecho que no debe quedar impune y al que debemos prestar mayor atención. Y así podamos entender que el tema de las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades no solo debe quedar en el membrete de “responsabilidad social empresarial”, sino que se encuentra en el ámbito de los derechos humanos.
No hay duda alguna que el país vive momentos en que la indignación en torno a los escándalos de corrupción es bastante fuerte y hay motivos para la misma. Para muestra, dos botones.
Anoche, luego de presentar su informe en minoría, el congresista Daniel Abugattas hizo una denuncia bastante seria (vía El Comercio):
El presidente de la comisión que investiga el Caso ‘Petroaudios’, Daniel Abugattás, reveló que unas 822 cajas con archivos del Ministerio de Salud desaparecieron antes de ser revisadas por el órgano de control de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el legislador, parte de estos documentos guardan relación con los convenios firmado por el ministerio para la construcción de hospitales y que son investigados en su grupo de trabajo.
Un documento al que tuvo acceso El Comercio revela que el titular del sector, Óscar Ugarte, remitió un oficio a la contralora Rosa Urbina en el que precisa que fueron 822 las cajas que desaparecieron del archivo del Minsa y que este caso ya fue puesto en conocimiento de la autoridad policial.
”.. este despacho en salvaguarda de los intereses institucionales solicita la intervención de la Policía de la Contraloría General de la República con la finalidad de realizar las acciones investigatorias que ameritan el caso, debido a que la documentación sustrañida corresponde a documentos materia de acciones de control”, precisa el oficio remitido por Ugarte.
Durante la conferencia de prensa en la que presentó el informe en minoría de las investigaciones que realizó la comisión de los “Petroaudios”, Abugattás dijo que entre los documentos robados se encuentran los que corresponde a los convenios que suscribió el Ministerio de Salud con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI ) sobre la construcción de hospitales.
Según informa el diario, serían 41,000 los documentos que se habrían robado durante el feriado largo de Año Nuevo. Y aunque el Ministro Oscar Ugarte asegura que entre los documentos no se encuentran los papeles que comprometen a Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos en el tema de hospitales (sobre todo, al primero de los nombrados), ya resulta sumamente grave la sustracción de un alto número de documentos que están siendo verificados por la Contraloría. Y si se comprueba que entre los papeles están los vinculados a los discutibles tratos con la OEI - ya documentados por los fax de Canaán y un audio - estaríamos ante la operación de encubrimiento más descarada de los últimos años, solo comparable a la sustracción de expedientes de Palacio de Justicia, luego del golpe de 1992.
Pero hay más. Luego de varios meses, la periodista Heidi Grossmann reactivó su blog La Pura Purita y ha escrito un post sobre el chuponeo telefónico que recomiendo leer completo. Aquí, algunos extractos que comienzan a corroborar lo dicho por Fernando Rospigliosi el jueves (los resaltados y links son mios):
En enero del 2007, cuando trabajaba como reportera en La Ventana Indiscreta, me fue encargado un informe sobre los hambres que bullían tras bambalinas en el organismo de inteligencia nacional, que ha cambiado tantas veces de nombre que ya nadie sabe cómo llamarlo. La DINI, como finalmente ha quedado bautizada la CIA peruana, era un botín. Y un botín por el que se afilaba los dientes todas las mañanas el siempre recordado Almirante Luis Giampietri, hombre de armas tomar -desde los tiempos del Frontón- que un día me tomó por las muñecas en un pasillo del Congreso para que lo dejara en paz con el asunto del IDL, ONG de derechos humanos a la que odia con tempestuosidad marina.
El Almirante, se desgañitaban ciertas fuentes de inteligencia, quería como fuera dirigir la DINI. Pero no con su nombre y apellido, evidentemente, sino a través de su hombre de confianza: Elías Manuel Ponce Feijoo. Se decía, por esos días -y esto era sumamente complicado de probar- que el buen almirante le llevaba las ultimitas a sus amigos poderosos gracias a que contaba con información “privilegiada”. Por esos días también se dedicó, decían las fuentes, a asustar al presidente con supuestos planes para asesinarlo. Una de las personas que sabía de esto era Fernando Rospigliosi, lo sé porque me reuní con él varias veces pero compartíamos la dificultad para probar el embrollo.
En mi intento por avanzar en la investigación acudí a citas con extraños personajes que me daban el encuentro en centros comerciales supuestamente para darme información -ese era el gancho- pero que pretendían, clarísimamente, averiguar más bien qué tanto sabía yo. No era difícil saber en qué andaba, bastaba con pinchar mi humilde celular. Por más que no solté prenda por teléfono, el asunto se cerró en cierto punto del camino. Los chuponeadores pertenecen a una especie de cofradía en la que se aplica una ley sangrienta: cae uno, caemos todos. Al cabo de medio mes, no había manera de patearle la puerta a nadie. Sólo con una orden judicial, y tratándose encima de políticos poderosos que protegen desde el Olimpo a sus “informantes” hubiera sido humanamente imposible irrumpir en una central y encontrarlos con el chupón entre los dedos.
Lo que sí me quedó clarísimo es que había una guerra intestina por el control de la DINI y que Giampietri se relamía por controlarla. Cada mañana alguien le llevaba un sobre al Almirante, casi casi como alcanzarle el periódico, con información que seguramente él administraba bien. Pero de ahí a probar en televisión nacional y a lanzarme con hipótesis sobre la clase de información que llevaba el sobre era una aventura temeraria.
Como vemos, el tema del espionaje telefónico y sus posibles vinculaciones con las disputas existentes por el control de los aparatos estatales de inteligencia aun da para mucho. Y, como indica Heidi, lo cierto es que las actividades de chuponeo se han venido realizando en total impunidad, con amenazas a periodistas incluidas. Y las mismas no se hacen si es que no existe alguna protección de por medio.
Lo que queda claro también es que quienes están involucrados en estos dos asuntos - el chuponeo y la corrupción - están dispuestos a todo para ocultarlo. Estemos alertas.
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