Hace algunas semanas, comentamos la venta del local del Ministerio de Educación, venta que se hizo de modo sorpresivo y convirtiendo al ente rector de uno de los sectores más importantes del país en una entidad partida en varios locales. Una muestra de la “preocupación” del gobierno actual por la mejora en la calidad de la educación.
Sobre las motivaciones para vender la antigua sede ministerial, Chang señaló que ese local no reunía las condiciones apropiadas para el funcionamiento de la sede del Ministerio ni para el crecimiento orgánico del personal derivado de la fusión con Organismo Públicos Descentralizados y la creación de nuevos programas.
Asimismo, dijo que luego del terremoto de agosto del 2007 las condiciones de seguridad de las instalaciones del local ministerial tenían deficiencias calificadas de riesgo grave y moderado, lo cual fue constatado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Pero otra cosa que se dijo - y que fue apuntada por el parlamentario Isaac Mekler - es que, si el local reunía fallas, ¿por qué quedaron 9 meses trabajando en esas condiciones e hicieron una venta apurada? Y yo añado, dicho local no tiene más de 40 años de construido, como buena parte de las casas que lo circundan y, créanme, tanto el suelo como las construcciones de la zona (cercana a donde vivo) han aguantado bien el terremoto. ¿Podría el Ministro colocar en la web del Ministerio los respectivos informes de Defensa Civil que justifican su afirmación?
Sin duda, ya este no es un asunto que escandaliza por la desidia, sino, a este punto, por los pobres argumentos para justificar una venta, que no olvidemos, está marcada dentro de una política de vender cuanto local del Estado se pueda. Mucho ojo con posibles faenones. La educación peruana no los merece.
En efecto, Elías Ponce Feijóo - el amigo de Giampietri - y Carlos Tomasio de Lambarri, dos de los detenidos en este caso estuvieron vinculados al entorno más cercano a Américo Ibárcena Amico y Manuel Arriarán Medina, los dos jefes de la Dirección de Inteligencia Naval en esos años, en los que Vladimiro Montesinos dominó la escena.
Es más, Tomasio participó en dos eventos bastante extraños: la compra de equipos de chuponeo en el año 2000 - cuestión que ha sido corroborada por Gustavo Gorriti - y en 1996 era visitante frecuente del narcotraficante Vaticano y de Abimael Guzmán, en sus celdas de la Base Naval. El ex oficial habría participado en el “ablandamiento” al narcotraficante, quien había declarado que le daba cupos a Montesinos para poder operar su negocio con normalidad.
En sus columnas de Caretas de las últimas semanas, Gorriti también ha revelado varios detalles que llaman la atención y que van completando un marco bastante amplio de investigación:
- Ponce Feijóo no solo tenía conexiones con Giampietri, quien no puede negar la cercanía al investigado. Gorriti señala que era fuerte el lobby, no solo por parte del vicepresidente, para que el hoy detenido chuponeador sea el jefe de inteligencia del país. Algunos dirigentes apristas también lo habrían apadrinado.
- Las hipótesis sobre el chuponeo. Hay dos fuertes, que pueden incluso coincidir o, mejor dicho, superponerse. La primera, es la hipótesis política, en la que la grabación y aparición de los petroaudios habría tenido por finalidad desestabilizar al gobierno, para crear un vacío de poder. Aquí resulta sintomático el hecho de que sea la DINANDRO, cuyo jefe es cercano al Presidente, quien se haya encargado de la investigación. La segunda, tiene que ver con espionaje industrial, en la que varias empresas habrian estado solicitando información de sus competidoras, para saber cuales son sus secretos y, también, trampas empresariales. Ello configura, en verdad, un cuadro nada halagueño, dado que, de ser cierta una o otra (o ambas hipótesis), establecería que en el Perú hay muchos intereses poco santos alrededor del poder.
Como vemos, todos estos datos nos van configurando un tema bastante amplio de investigar, con muchas aristas, pero en el que será bueno conocer la verdad, de lo contrario, ahí si la gobernabilidad del país podría salir bastante dañada.
Hace un par de días, Martín Tanaka mencionaba que la política peruana parece estar marcadas por visiones complotistas. De hecho, el acucioso científico social mencionaba que gobierno, oposición, líderes sindicales y periodistas se acusan mutuamente de estar complotando, lo que, sin duda, le hace mal a la convivencia pacífica en el país.
Como ejemplo de ello, Tanaka menciona en su blog la irónica columna del último domingo de Juan Carlos Tafur en Perú.21, la cual, ficcionando sobre la posibilidad de “nuevos petroaudios”, decía cosas como ésta:
-Nunca seré tu enemigo, jajajaja. ¿Y cuándo arranca el carnaval?
-Esta semana la Policía le cae encima a los marinos. Y cuando pasen al Poder Judicial manejamos las cosas. Pero, por lo pronto, ya se han paporreteado el guion: el ‘bigotón’ es el autor intelectual, eso de cajón. Y ‘pulgoso’, los pitucos de Ampuero y O’Brien y la chinche de la Palacios sabían todo y fueron sus cómplices. -¡Claro! Yo me encargo del manejo psicosocial.
-Fácil. Tú eres casi corresponsal de varios medios, jajaja, así que úsalos. Te aseguro que el tontín se presta normal nomás.
-(se escucha manos frotándose y palmadas) Así quedamos. “En el dolor, hermanos”, jajaja.
Pero parece que la realidad supera a la ficción.
Hoy Marco Sifuentes y Fernando Valencia advirtieron la coincidencia de mensajes entre Caretas, El Comercio y La Razón acerca del viaje de Alberto Varillas Cueto, directivo de Petro-Tech Peruana y socio del Estudio Aurelio García Sayán, y su esposa, la conocida periodista Rosa María Palacios. Palabras más, palabras menos, los tres medios de comunicación antes mencionados daban cuenta casi de una fuga, dadas las acusaciones que en dichos medios se han ventilado en contra de Petro-Tech, empresa a la que se procura vincular al chuponeo telefónico. Y a Rosa María la acusan de ser quien filtró los audios a América Televisión. Ya en ocasiones anteriores, la conductora de Prensa Libre ha negado ambas acusaciones.
Cabe señalar que tanto Caretas como La Razón han tomado como una de sus fuentes principales contra Petro-Tech a Daniel Saba, presidente de Peru Petro y uno de los procesados en el Poder Judicial por el Petrogate. Revisando los 2 informes del Congreso de la República, en los que queda mal parado, me da la impresión que el funcionario (el único del faenón que se ha quedado en su puesto) intenta desviar la atención.
“Ni qué decir, claro, de aquellos que inclusive tienen parientes involucrados en el lío, pero carecen de ética como para, por lo menos, abstenerse de abogar en programas que más que informativos se están convirtiendo en instrumentos de lobby personal”.
Hoy, en comunicación con Marco Sifuentes, Rosa María Palacios respondió desde México a todos estos ataques:
Marco:
Estoy en Guadalajara de vacaciones por una semana. Mi esposo está representando al Estudio en un Congreso de Abogados convocado hace seis meses. Te llevo el programa cuando regrese. Los tickets los compre con fecha de salida y llegada hace mas de un mes, exactamente el 15 de diciembre. Pedí permiso a Laura Puertas en Noviembre para que no haya problemas de agenda. Gozo, por contrato de un mes de vacaciones y jamás he tenido que rendir cuentas a nadie sobre mi vida privada. Tengo buenos amigos aquí y dado que enero es un mes flojo me pareció razonable acompañar a mi esposo como lo he hecho en otras ocasiones.
Anuncie el viernes que me iba y sali el lunes, por el Aeropuerto Jorge Chavez. No existe contra mi, ni contra mi esposo siquiera una citación, no te digo una investigación o requisitoria. ¿De qué o quién me puedo estar fugando?
He llamado al Director de La Razón a decirle que es un miserable y a exigirle disculpas públicas. Tal vez, por una vez en la vida deje de mentir y tenga algún sentido del honor. Tiene hasta mañana. Llego el domingo y el lunes a primera hora me ocuparé de la denuncia por difamación que se merece. Si a Magaly Medina le dieron 5 meses de prisión por cambiar la hora de la salida de Paolo Guerrero, ¿cuánto merece quien dice que eres un delincuente fugado cuando todo es falso?
Yo tengo 5 hijos que pueden creer que sus padres los han abandonado, gracias a este sinvergüenza. Esta vez no va a quedar impune. Ha cruzado una línea que jamás debio cruzar.
No pensaba, ilusamente, que podría haber una gestión peor en Interior que el desastre de Luis Alva Castro.
Lamentablemente, la gestión de Remigio Hernani Meloni ha discurrido entre la mediocridad absoluta, la venganza personal y el desastre operativo con varios policías fallecidos durante su gestión. Y en pocos meses, ha condensado y, en algunos casos aumentado, los vicios de su predecesor.
Lo ocurrido el martes en el bosque del Pómac fue, a todas luces, un desastre de inteligencia y de operatividad. Carlos Basombrío comenta los errores más serios:
La primera falla monumental fue de inteligencia. Se requería saber qué tipo de respuestas se iban a encontrar y no actuar a ciegas. Si había francotiradores, la Policía tenía el derecho y la obligación de usar proporcionalmente sus armas y su fuerza para acabar de raíz con la amenaza, antes del desalojo propiamente dicho. La segunda falla fue operativa. Ya el general a cargo ha reconocido que hubo un despliegue inadecuado de la fuerza y que en el terreno no hubo un mando unificado. La tercera es de especialización: cómo es posible que policías recién salidos de las escuelas (uno de los muertos tenía 22 años) sean destinados a este tipo de funciones y no a la función policial básica en comisarías -como se diseñó en la época de la reforma policial- para que luego con especialización y experiencia asumieran otras funciones. El cuarto de logística: los policías, según se ha informado, no tenían que comer ni donde dormir, lo que es inhumano.
Estos cuatro errores se han acentuado con el transcurrir de las horas. De hecho, hoy se conoció que desde el 2005 se conocía que existía un grupo armado reclutado por traficantes de tierras. Y, Roberto Ochoa, editor de La República en el norte del país, ha indicado que quienes han incitado desde hace varios años a la toma de tierras son personas con gran poder económico e incluso militares en retiro. La versión de que se trata de personajes con mucho dinero también ha sido ratificada por El Comercio.
En efecto, el conflicto alrededor del bosque del Pómac aparece más complejo, debido a otros factores de nuestra cultura política. Roberto Bustamante los ha resumido bien - y habría que prestar atención al clamor por ordenar los límites y zonas de expansión urbana y rural - pero me quedo con uno de ellos, que, además, ha sido parte del sentido común de varios de los comentaristas de este blog:
Siguiendo, lo que tenemos es una población marginal que circula en los límites de lo lícito y lo ilícito, o, donde “lo ’socialmente lícito’ domina lo ‘formalmente ilegal’” (Lins Ribeyro, 2008). Población marginal, que, además puede negociar con el estado desde una posición privilegiada (ya que puede, al final, decidir una elección). El cuidado de las áreas protegidas, frente al acceso a la vivienda y a servicios básicos, se vuelve no solamente un problema secundario, sino, además, una cuestión de la clase media. Es decir, el reclamo por la protección del medio ambiente y del patrimonio arqueológico, frente al reclamo por servicios, es un reclamo básicamente de la pequeña burguesía y no de la población marginal. Sin embargo, el estado necesita responder a los reclamos de esta población marginal, porque es la que en estos momentos tiene mayor poder de negociación, frente a la clase media.
Pero volvamos a Hernani, quien, como Ministro del Interior, es encargado de la seguridad interior y, por tanto, debe atender no solo a una respuesta meramente policial, sino que, en tanto cuenta con un servicio de inteligencia que debería operar suministrándole información que le explique la complejidad del conflicto, debería ir un paso más allá y alertar a sus colegas y al Presidente sobre el tipo de respuesta política y técnica que debería darse al problema de fondo y, con ello, evitar la respuesta represiva que, no olvidemos, siempre debe ser la última ratio en un Estado democrático de Derecho.
Pero ello no parece solucionar los problemas de una policía que no se ha reformado y a la que tanto los Ministros del Interior de este gobierno como el Presidente le prestan poca atención. Allí tenemos los resultados. Dos familias hoy lloran a sus hijos muertos.
ACTUALIZACION (02:25 PM): En efecto, se escudaron en el operativo de hoy para respaldar a Hernani. Lo hizo su jefe, el Presidente, esta tarde. Y sobre el problema de ordenamiento territorial, el tema de fondo en toda esta historia, ni una sola palabra.
Tradicionalmente, elSantuario Histórico de Pomac en Lambayeque - también conocido por ser la sede del Museo Nacional Sicán - tiene esta vista apacible. De hecho, es un lugar que atrajo el año pasado a 12,000 turistas peruanos y extranjeros.
Pero ayer se intentó desalojar a los invasores de una amplia zona de este santuario, desalojo que no se produjo y que terminó con la muerte de dos policías. Dos hechos raros: los pobladores tenían fusiles AKM (¿suministrados por quién? Para detectar esto debería servir un servicio de inteligencia moderno) y los policías no tenían armamento, a pesar que se conocía ya en el 2004 (cuando se quiso hacer otro desalojo) que los invasores tenían armamento de largo alcance. Enlace Nacional nos presenta un informe sobre lo ocurrido:
César Hildebrandt, a quien no se puede acusar de ser un reaccionario, opina hoy:
En Lambayeque, una turba de traficantes disfrazados de pobres y de pobres convertidos en traficantes de terreno toma dominio de un boscoso santuario histórico, resiste todas las invocaciones judiciales y, finalmente, mata a balazos a tres policías que integraban el desarmado pelotón que iba a desalojarlos por mandato de una jueza. ¿Policías sin armas enfrentándose a delincuentes que invocan la pobreza como licencia de la Dicscamec? ¿Invasores profesionales a los que se le requisa munición de un AKM? ¿Y el fronterizo ministro del Interior, en qué discurso plagado de promesas se traspapeló? Lima se hace a punta de invasiones. Ahora Ferreñafe, la tierra de Castañeda Lossio, el jefe de la ocupación de Lima, se suma a esa manera cancerosa de ser y de crecer. ¿Será justicia divina?
Aclaremos conceptos. Respetar los derechos humanos no es sinónimo de lenidad ni ejercer la autoridad implica meter bala cuando se le de la gana. Eso es lo que algunos conservadores disfrazados de liberales pretenden hacernos creer. Justamente, el Estado, por tener el monopolio del ejercicio legal de la fuerza, debe ser lo suficientemente inteligente en saber cuando emplearla y como emplearla, sabiendo que tiene como límite los derechos de los demás y, a su vez, la necesidad de garantizar el orden en el país. Y esa, creo yo, es la línea del comentario - acertado, esta vez - de Hildebrandt. No podemos ser un Estado en el que se vulneren los derechos fundamentales de los demás, pero tampoco, en nombre del paternalismo, dejar que los califatos y el desorden cunda en el país.
Una vez más, las precariedades del Estado en el Perú. Una vez más, vidas humanas cuya pérdida hay que lamentar. ¿Hasta cuando?
(Disculparán que me ponga personal, pero las circunstancias lo ameritan)
Una de las campañas más recordadas de la década se llamó A la Policía se le Respeta. Impulsada durante la estancia de Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior, se procuraba que los ciudadanos dejen de coimear a los miembros de la Policía Nacional, sobre todo, al momento que eran detenidos por una infracción de tránsito. Sí, aquellas que comúnmente se arreglan con 10 a 30 soles, dependiendo de “la voluntad” del infractor y de la presión del policía. El slogan pegó, mucha gente sí tomó conciencia de la campaña, pero otras personas, tanto dentro como fuera de la Policía, siguieron en las andadas.
Esta mañana, mi hermano de 16 años iba en una coaster por Javier Prado. Batida. Un policía para el auto y el chofer le pide al cobrador, enfrente de los pasajeros, “20 lucas” para lo que ustedes ya suponen que haría. El chofer baja y de modo caleta le entrega el soborno - llamemos a las cosas por su nombre - al supuesto “agente del orden y la ley”. Mi hermano aprecia toda la escena, ya que se encuentra sentado en el asiento detrás del chofer, pegado a la ventana.
A los pocos segundos, comienza una pieza digna de montar por Alberto Ísola. El policía comienza a increparle al chofer por su mala conducta y el chofer le dice, “jefe, pero si no he hecho nada”. El “jefe” continúa la farsa, pero comete un error: le pregunta a un avispado joven de 16 años: “Oiga, ¿y usted está de acuerdo con la conducta del chofer?”. El joven responde: “Bueno, si me dieran los 20 soles que le acaban de dar…”. El policía se pica e intenta detener a un menor de edad, por supuesto “desacato a la autoridad”, pero, afortunadamente, los otros pasajeros que también habían visto el soborno, reaccionan, le reclaman tanto al chofer como al policía por su actitud y, finalmente, el guardia deja partir al vehículo.
Como vemos, varias inconductas: recibir un soborno, montar un espectáculo teatral, hacerse el ofendido, pretender arrestar a un menor de edad que le increpó irónicamente su mala conducta. Digamos, ese no es el tipo de personas que quisieramos en la Policía, ¿verdad?
Lo peor es que esta escena se repite todos los días en Lima y, a diferencia del chico que le increpó su conducta al mal oficial - y que, por casualidades del destino, vive en mi casa - muchos no nos atrevemos a decirles tanto a sobornador como a sobornado que lo que están haciendo es un acto de corrupción. Y luego tenemos la gran con…ciencia (por no decir una expresión más fuerte) de condenar los faenones de Rómulo y Canaán.
Indignarse es una capacidad que no debemos perder y la de actuar menos. Quizás sea la única actitud coherente para vivir decentemente en el Perú de estos tiempos.
(Y, gracias hermano por la lección de hoy. Te estás haciendo todo un hombre y un ciudadano. Ojalá todos tengamos la fuerza de los 16 años para seguir diciendo a los malos funcionarios el asco que nos causan).
Ha sido sorpresivo el regreso de Luis Carranza al Ministerio de Economía y Finanzas, luego de los 6 meses de gestión de Luis Valdivieso, caracterizados por la creación del Plan Anticrisis para enfrentar las dificultades que trae la economía internacional al Perú. Hasta el mediodía de ayer, la permanencia de Valdivieso era un hecho ni siquiera discutido en el país, por lo que este relevo ha cogido de sorpresa a muchos.
¿Cuáles son las razones del cambio? Aunque oficialmente se han arguido motivos personales y una probable estancia en Washington de Valdivieso - aunque no se sabe aún si en la Embajada del Perú en EEUU o en el Banco Mundial -, tanto El Comercio como La República han señalado que han sido varios los factores que influenciaron en el Presidente para hacer el relevo: una mala relación con los ministros y presidentes regionales, cuestionamientos a la rebaja del gasto público, su demora en aplicar el Plan Anticrisis e incluso fallas en la comprensión del aparato del Estado.
Y es allí donde Carranza tiene que superar una gran tara de los Ministros de Economía de García II: su laconismo verbal similar al de Luis Castañeda Lossio. El país requiere de explicaciones serias, sensatas y simples sobre lo que pasa en la economía y sobre lo que se puede o no hacer desde el Estado para paliar la crisis. Esa cuota de confianza, que no inspira el Presidente, es la que deberá tener un Ministro al cual no se le va a dar un tiempo de gracia, porque se conoce ya buena parte de su libreto.
Carranza retorna en medio de grandes dudas. Esperemos que sepa despejarlas.
El tema de las torturas en Majaz no debe olvidarse y desde aquí lo recordaremos cada vez que sea necesario. Que en el país se torture a un grupo determinado de personas gracias a la Policía Nacional y a una empresa privada de seguridad pagada por una empresa minera no solo es una violación de derechos humanos, es un acto que debe sancionarse drásticamente.
De lo que he visto en la blogósfera, el artículo más completo y acertado lo ha hecho Wilfredo Ardito, un conocido activista de derechos humanos que cuenta todas las aristas del caso. Lo reproduzco en su integridad:
Conmoción e indignación han generado las fotos de los actos de tortura cometidos por los policías de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) contra 28 campesinos piuranos, entre ellos dos mujeres, y el periodista Julio Vásquez de Radio Cutivalú. Lo más terrible es que no fue ni el primero ni el último crimen en el que están involucrados sean la DINOES o la empresa minera Majaz, ahora llamada Rio Blanco Copper.
Las torturas se produjeron en agosto del 2005, a los pocos días que Alejandro Toledo, en su mensaje a la nación, sostuviera que su gobierno “no se había manchado las manos de sangre”. En las fotos, aparece todavía con vida Melanio García, el campesino asesinado por los policías, como otras catorce personas durante el régimen toledista.
El centro de torturas fue el campamento que Majaz ha establecido ilegalmente en dos comunidades campesinas piuranas. Desde hace seis años, esta empresa parece creer que la mejor forma de convencer sobre las ventajas de su labor a los comuneros y a otros habitantes de Piura y Cajamarca es amenazándolos, denunciándolos por terrorismo y haciéndolos detener y torturar. Como se verá después en la cronología adjunta, su trayectoria deja a empresas como Yanacocha o Doe Run como un modelo de respeto por la vida y la dignidad humana.
A quienes creen que los crímenes cometidos en Piura fueron un exceso aislado de la DINOES, debemos decirles que en marzo del año pasado, sesenta habitantes de Andoas (Loreto) denunciaron haber sufrido maltratos similares por parte de los efectivos de la DINOES, quienes en este caso usaron las instalaciones de la empresa Pluspetrol.
Tortura, golpizas, detenciones arbitrarias también fue el modus operandi de la DINOES en Puerto Maldonado en el mes de julio, después del incendio de la sede del Gobierno Regional. Las víctimas no eran los autores, sino los dirigentes indígenas o todo el que por sus rasgos físicos pareciera indígena. También el Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el empresario de origen andino Manuel Cayoquispe, fue sacado de un restaurante por los policías, quienes le patearon con sus botas repetidas veces en el rostro y el cuerpo y luego lo torturaron en la comisaría.
¿Por qué en diversos lugares del país la DINOES actúa con tanta brutalidad hacia ciudadanos indefensos? Para explicar esto habría que recordar que cuando se consolidan las fuerzas policiales, en las primeras décadas del siglo XX, no estaban pensadas para actuar al servicio de la ciudadanía, sino de los sectores dominantes, es decir para proteger a unos peruanos de otros. A la llamada “ciudadanía” pertenecían en aquellos días, muy pocos peruanos. La policía actuaba obedientemente para reprimir con toda violencia una movilización por la jornada laboral de ocho horas, o a unos campesinos descontentos con el despojo de sus tierras.
La migración, la expansión de la educación, la Reforma Agraria, modificaron la estructura de la sociedad peruana, pero, a pesar de ello, muchos uniformados todavía dividen a los ciudadanos entre aquellos a quienes se les teme y aquellos de los que se puede abusar. La peor prueba de ello ocurrió durante los años ochenta, cuando se perpetraron en Ayacucho crímenes cuyos autores jamás habrían podido cometer en Surco o Pueblo Libre. Un caso más conocido fue la detención de Abrham Nina, César Cavero, Jorge Chávez y Daniel Tavera, cerca de Larcomar y su posterior tortura practicados en la comisaría de Miraflores.
La propensión de la policía a servir a los poderosos y ensañarse con las personas más vulnerables es muy conveniente a algunos intereses económicos. Muchos habitantes de Huamachuco, Quiruvilca y Tayabamba, en la olvidada sierra de la Libertad, se encuentran inermes frente a los abigeos, mientras amplios contingentes policiales protegen a las empresas mineras que allí funcionan. El año pasado, eso sí, la policía se hizo presente para matar a los obreros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco que protestaban contra los abusos laborales de la empresa Marsa.
Naturalmente, la policía no está la única institución estatal que actúa como incondicional defensora de los intereses de algunas empresas privadas por encima de los derechos de los ciudadanos: una conveniente ley exonera a los agroexportadores de pagar CTS o gratificaciones a sus trabajadores. Las víctimas del derrame de mercurio de Choropampa siguen olvidadas por las autoridades. En Ayacucho, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado el estado de emergencia, restringiendo numerosos derechos fundamentales de los campesinos para neutralizar su oposición a la empresa Perú LNG.
En otro país, los seis años de abusos cometidos y fomentados por la empresa Majaz habrían generado que sus actividades fueran suspendidas definitivamente. En el Perú, ha gozado de la protección de dos gobiernos democráticamente elegidos. Como lo grafican las fotografías, detrás de muchas violaciones a los derechos humanos cometidas en tiempos de García y de Toledo subyacen claros intereses económicos
Todo indica que las elecciones para la Secretaría General del Partido Aprista van a implicar no solo un cambio de dirigentes, sino también la comprobación de, hasta que punto, este grupo político piensa renovarse en serio y hacer un deslinde claro con la corrupción.
En una pascana partidaria celebrada ayer en el Rímac, Facundo Chinguel dijo lo siguiente:
El ex ministro del Interior Agustín Mantilla debería retornar al Apra por haber sabido mostrar su “consecuencia” con el partido, planteó el dirigente Miguel Facundo Chinguel al lanzar oficialmente su candidatura a la secretaría general de dicha agrupación.
“Mantilla puede aportar al partido su experiencia organizacional y su mensaje de fraternidad”, señaló Chinguel a La República, después de postularse como candidato durante una actividad partidaria en el Club de Tiro del Rímac.
Esta idea es sintomática de lo que algunos apristas piensan sobre Mantilla: que fue un sacrificado militante que se comió 5 años en San Jorge por lealtad al partido, lealtad que incluye no revelar quien era el beneficiario de cuentas bancarias sospechosas y seguir negando su participación en el comando paramilitar de fines de los ochenta (caso por el que actualmente está procesado). De hecho, consigna la noticia de La República que lo propuesto por Facundo Chinguel fue aplaudido por centenares de miembros de las bases apristas. Entre eso y la frase “Mantilla es un hombre honorable“, solo hay un paso.
Desde la otra orilla, Salgado Tantte se manda con todo:
Salgado Tantte, quien se desempeñara como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, consideró que el partido afronta “la peor crisis de su historia”, motivada – indicó– por la cercanía con el fujimorismo.
”Fue un error convocar como vicepresidentes a Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar por los antecedentes que tenían. La relación con el fujimorismo le hace enorme daño al partido. Confunde a la juventud”, dijo Salgado a este diario.
Ambas declaraciones apuntan hacia un parteaguas que, además de la disputa económico - doctrinaria, debería ser materia del Congreso Nacional del APRA. ¿De qué lado finalmente estará Alan García?
Esta imagen ha sido sacada del blog Pueblo y Sociedad. El blog pertenece a un programa radial que se difunde en las ondas de la AM, por Radio Moderna. En el post al que acompaña la imagen, se vuelve con la cantaleta de que los 4 personajes arriba puestos (Fernando Rospigliosi, Rosa María Palacios, Alberto Varillas Cueto y José Ugaz) son los que encargaron el chuponeo en un complot para tirarse abajo al gobierno. Digamos, casi casi la hipótesis de Caretas.
Hasta allí, pues la cosa no sería rara, pues cada quien tiene el derecho a opinar lo que le venga en gana. Pero, revisando en Internet, hay algunas cosas sobre el staff del programa de marras:
Pero el Apra no solo logró desactivar la responsabilidad ministerial de los petroaudios, buscando que la pita se rompa por el lado más débil de los funcionarios de menor nivel. Conscientes de que la mejor defensa es el ataque, su estrategia también quiere poner contra la pared a los que presentaron la denuncia, lo que se constata en la arrogancia y matonería de los que ahora amenazan con juicios y acciones cuyo fin no es otro que notificar a todos aquellos que, en adelante, se les ocurra crearle algún dolor de cabeza al gobierno.
Cuentan para ello con un séquito de políticos, abogados y periodistas que construyen, todos juntos, el guión oficial que, en este caso, fue limpiar a quienes cometieron graves faltas a la decencia y a la ética con la que deben manejarse los funcionarios del sector público peruano.
Y ayer, dos cartas de tono matonesco aparecieron en La República: una de Hugo Guerra y otra de Luis Giampietri. El mensaje: “no te metas conmigo, porque si no, te enjuicio.”
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