Desde el Tercer Piso

Bush se larga el lunes, para alegría de toda la humanidad. Pero el gobierno peruano anda desesperado por la noticia. Tanto el Canciller como Mercedes Araoz han señalado que si antes del 20 de enero no se implementa el TLC, pasará un año para que la administración Obama lo haga. Es por ello que ayer el el Congreso discutió una serie de normas que modifican la legislación peruana para adaptarla al Tratado. Y luego de ello, se aprobaron rápidamente las leyes para implementar el Tratado.

Y entre ellas, hay un contrabando bastante peligroso.

Una de las normas cuestionadas por los gringos fue el Decreto Legislativo Nº 1090, nuestra nueva Ley Forestal y de Fauna Salvaje. El aspecto más criticado por los norteamericanos era que se reducían las definiciones de “recurso forestal” y “patrimonio forestal”, con lo que se dejaban fuera de las mismas a 45 millones de hectáreas, es decir, el 60% de bosques del país. Ello hacía que esta cantidad importante de bosques no estaba protegida debidamente, en especial, frente a los pedidos para incrementar el uso de las tierras para generar biocombustibles o para cualquier otro uso que atentara contra el medio ambiente.

Para intentar salvar su norma, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 2958, que modifica la Ley Forestal para que pase la observación norteamericana y que fue aprobado ayer, en una discusión aparte dentro de la agenda TLC del Congreso. En efecto, en el proyecto se incluye ahora a todos los bosques del país, pero, como quien no quiere la cosa, ponen lo siguiente como excepción:

No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados como de interés nacional, en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.

¿Cuál es el problema? En que, previamente a la expedición de esta norma, mediante Decretos Supremos Nº 004-2008-AG (del 26 de enero de 2008) y 016-2008-AG (del 20 de julio de 2008) se declaran dos zonas del pais “de interés nacional” para la instalación de cultivos con miras a biocombustibles. Ambas normas fueron expedidas durante la gestión del Ministro Ismael Benavides. En otras palabras, dan una atribución más al Ministerio del Ambiente, pero antes salvaguardan las concesiones ya otorgadas, con lo que el uso de tierras para biocombustibles está santificada por el gobierno.

¿Cuál es el tema? Que el gobierno no ha debatido ampliamente en el país el tema, que trae no pocos bemoles. De hecho, el propio Alan García dijo en su discurso del 28 de julio de 2008 lo siguiente:

Ha comenzado una guerra de las empresas y de los países petroleros contra los pueblos. Y como para sustituir al petróleo los países cambian el uso de las tierras agrícolas para producir etanol, los precios de los alimentos mundiales que el Perú compra han subido más del doble. 

Hay otras objeciones, vinculadas tanto a los aspectos agrario, económico y ecológico, que han sido analizadas bien por los chicos de CEPES. Conclusión: hay que pensar hasta 5 veces antes de alentar este tipo de negocio o hacerlo de otra manera.

Sin embargo, en su ya tradicional política del hortelano, el gobierno insiste en vender todo, sin importar los costos. Y el TLC, una herramienta que nos puede ayudar a mejorar muchas cosas, es utilizada para los contrabandos del hortelano. El país está en remate.

DESDE OTRA PERSPECTIVA:

Mirko Lauer: Capital del Etanol

Esta entrada fue escrita el Miércoles, 14 de Enero de 2009 a las 2:58 pm y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.