Winston Churchill decía que la guerra era un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los militares. Creo que lo mismo puede aplicarse a los servicios de inteligencia, aparatos controvertidos por sus actuaciones en distintos momentos de la historia, pero necesarios para para garantizar la seguridad del país, siempre que sean controlados por las instituciones de la democracia, tengan sus límites claros y no sean utilizados con fines políticos.

Sin embargo, en el Perú, esa no ha sido la tendencia corriente. De hecho, como bien lo apuntan Carlos Basombrío y Fernando Rospigliosi en su evaluación de las políticas de seguridad durante el quinquenio de Toledo, el modelo de inteligencia aplicado en nuestro país se resume en esta fórmula cuya concepción comparten civiles y militares:

1) Los servicios de inteligencia deben estar en manos de los militares porque ellos son los que saben de esa materia, son los profesionales de la inteligencia. 2) Los servicios de inteligencia siempre espían a lo políticos y a toda clase de personaes e institucuiones, en cualquier gobierno. Eso es normal. Así es que todo gobierno debe aprovechar eso en su propio beneficio. 3) Desde el gobierno de Fujimori y Montesinos se ha añadido uotro tema a las “capacidades” que se atribuyen a los servicios de inteligencia: deben realizar operativos “psicosociales” de manera encubierta y con fondos secretos. Se entiende por psicosociales a maniobras de distracción para engañar a la población y desviar su atención de un tema que el gobierno no quiere que se conozca o que destaque.

Ese es el pensamiento que ha primado durante los últimos 50 años en el Perú. Desde 1960 tenemos un servicio de inteligencia que se maneja bajo estas reglas y que supone que la ingerencia en la política es clave para el desarrollo del país. Esa fue la clave del proyecto de Velasco y también la de Fujimori. Y durante gobiernos democráticos, se ha pensado que controlar la inteligencia podría acarrear réditos políticos o acallar protestas.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo se pensó en una reforma y se elaboró una nueva norma del Sistema de Inteligencia, pero, luego de varios cambios de mando, en el que se alternaron conocedores de la materia con personas que no tuvieron nunca que estar en dicha institución, todo quedó como estaba antes: sin control civil democrático y con el control militar, sin cumplir su real función dentro del sistema de seguridad del país.

Durante este gobierno, también han sido pocos los esfuerzos por “desmilitarizar” la inteligencia, pero si han existido cierto intentos de profesionalizar el servicio. El problema es que la política de inteligencia no se debate de modo público y, cuando se hace, es a partir de los escándalos que cada cierto tiempo se producen a su alrededor.

A ello debe sumarse un fenómeno que debería ser puesto con mayor atención: la privatización de la inteligencia. Desde hace varios años operan en el país diversas compañías de seguridad vinculadas a militares en actividad o en retiro que prestan servicios de poligrafía, barridos electrónicos e información y análisis de inteligencia política, social y empresarial a diversos tipos de compañías.

La falta de regulación sobre estas empresas - que, por realizar actividades que en principio competen al Estado, deberían tener un marco claro de actuación - provoca que las mismas se dediquen a actividades irregulares.  No solo ocurre con el caso del espionaje telefónico. Hace un par de años, se descubrió que la empresa de seguridad Forza hacía un reglaje sistemático al sacerdote Marco Arana, conocido por su labor en favor del medio ambiente. Forza está vinculada a oficiales en retiro de la Marina y al empresario Ricardo Vega Llona y, como se recuerda, ha sido la empresa que alertó a Alan García sobre un supuesto atentado en su contra que resultó siendo inverosímil.

El hecho de que esta semana hayamos sabido que en el Perú se chuponea a través de empresas de seguridad vinculadas a oficiales en actividad y retiro de la Marina de Guerra del Perú - uno de ellos, bastante vinculado al Primer Vicepresidente de la República - no es un asunto a minimizar o a desviar a través de la discusión sobre los clientes de estas empresas. Es necesario aclarar hasta que punto todas estas compañías utilizan a personal y equipos de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo sus operaciones y quienes son los políticos o poderosos que las protegen para realizar sus actividades sin ningún tipo de regulación.

Discutir abiertamente sobre el rumbo de la inteligencia en el Perú no es afectar a la seguridad nacional. Por el contrario, es asegurarnos que la misma sirva para los fines que realmente le competen.

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4 Respuestas a “DESINTELIGENCIAS”
  1. Juan Alfonso dice:

    Definitivamente es màs que evidente que la responsabilidad de salvaguardar el secreto de la comunicaciones le queda grande al Estado peruano. Prueba de ello es lo que tu llamas “privatizaciòn de la inteligencia”, pues mientras exista riesgo de ser “chuponeado” siempre habrà alguien que vea en esta situaciòn una oportunidad de negocio.

  2. Angel dice:

    El tema propuesto nos remite a la naturaleza del estado peruano. El nuestro no es un estado democrático. Éste solo puede constituirse desde una sociedad efectivamente nacional y democrática cuyos miembros, en tanto ciudadanos, se encuentren en capacidad de configurar un estado que los represente y sobre el cual puedan ejercer el control respectivo. ¿Cómo es posible que algunas veces los servicios de inteligencia transgredan las leyes y normas que regulan su funcionamiento? Por la precariedad del estado y los gobiernos. Todo gobierno debil queda a merced de los poderes fácticos, factor que coadyuva de modo importante a una perdida de legitimidad (la ausencia de un norte claro, el incumplimiento de las promesas, la corrupción, la demagogia, también hacen lo suyo). Así las cosas se produce una alianza tácita, que deriva de las exigencias para preservar un orden básico. ¿Cómo constituir gobiernos fuertes, democráticos, que impulsen la tan reclamada, por los más diversos sectores, transformación del estado? El tema queda planteado. Pregunta final ¿es posible transformar los poderes fácticos? Por supuesto que desde luego que sí, diría la chimoltrufia. Es más, los primeros interesados deberían ser sus miembros. En esa perspectiva imagino que los miembros de la Marina de Guerra deben encontrarse profundamente indignados por la ocurrencia de hechos ilegales cometidos por algunos de sus miembros. Presidente García: no maldiga, actúe, aún le queda algo de tiempo. No piense solo en durar y garantizar un continuismo que, en el mediano y largo plazo, puede terminar por hundir al país ¿donde está la intelligentsia? Según Jean Franco, de la Universidad de Columbia, remitiendose a su vez a Inmanuel Wallerstein “nos encontramos en un período negro que comenzó simbólicamente en 1989…y que continuará al menos por 50 años” En el Perú y en América Latina toda existen intelectuales muy capaces, están por lo tanto en condiciones de refutar en los hechos augurios nada alentadores.

  3. Julio César Zarate dice:

    ¡¡Brother, por favor!! Esa frase la dijo Georges Clemenceau: “La guerre! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires”, NO LA DIJO CHURCHILL

    Por favor corregir…

  4. CLAUDIO dice:

    Es delito esto de chuponerar?

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