Varias preguntas que merecerían ser respondidas:
1. Veo la lista de chuponeados difundida por la prensa, considerados como agraviados del delito de interceptación de las comunicaciones en opinión del Ministerio Público. Y no solo están los implicados en el Petrogate: están los miembros de todo un Estudio de Abogados, directivos de una empresa de cemento de capital portugués, pero también el actual Ministro de Defensa, su antecesor y actual encargado de nuestra demanda de limites martímos con Chile y un ex ministro de Economía metido a pre-candidato presidencial. ¿Para quién chuponeaba Business Track? ¿Hay solo móviles empresariales o industriales? ¿Qué se buscaba con ello?
2. En entrevista con Paola Ugaz, y a pesar de su patinazo para pedir una acusación constitucional contra García, Ollanta Humala dice algo bastante cierto:
El principal responsable es Alan García Pérez, porque él equivocadamente se pone en la función de vendedor de los activos de la nación y obviamente si manda cartas me imagino que le ha enviado una o dos cartas a (empresario dominicano) Fortunato Canaan; entonces los remitentes van a buscar al remitente de la carta (se refiere a las cartas que envía el presidente a los empresarios de diversos países).
Pues creo que aquí hay un tema por debatir. Creo que buena parte de nosotros está de acuerdo con la inversión privada como motor de la economía, pero, ¿en qué condiciones debe venir? ¿Debe el Presidente dejar de ser autoridad que representa a todos los peruanos para ser casi promotor de un road show? Una cosa es buscar inversiones y otra cosa equivocar el papel que le corresponde al papel de un jefe de Estado. ¿O es que elegimos a un gerente de empresa privada?
3. El Poder Ejecutivo acaba de presentar un proyecto de Ley para elevar las penas a los chuponeadores. Hasta allí, podríamos debatir sobre si elevar las penas o no disuadirá a los delincuentes. Pero ya se presentan dos problemas. Para comenzar, y revelando las “coherencias” en el gobierno, Ántero Flores - Araoz ha cuestionado el proyecto presentado por Alan y Yehude. Digo, ¿no hubo consulta en el Consejo de Ministros para presentar esta iniciativa?
Pero aún peor, de contrabando, el proyecto introduce sanciones a quienes difundan esta información. Es decir, los periodistas no podrían difundir este tipo de conversaciones, aún cuando revelen actos de corrupción. El Consejo de la Prensa Peruana ya viene estudiando el tema, pero, de entrada, considera que es un posible atentado contra la libertad de expresión. Y no deja de ser coincidente que este proyecto entre a discusión luego que el Presidente manifestara que no le gustaba que fueran a la prensa a difundir casos de corrupción. ¿Amedrentamiento a la prensa?
4. La pregunta con la que termino el punto anterior también debería aplicarse al caso de Rosa María Palacios, difamada por el diario montesinista La Razón. Hoy Palacios reapareció en su programa de Radio Capital y señaló que denunciará por difamación al periódico de los Wolfenson y que, además, vendría siendo objeto de un seguimiento contra ella y su familia. Todo indica que alguien no soporta ni siquiera las críticas moderadas y sustentadas con documentos o las denuncias por corrupcion. Repito, ¿quién quiere amedrentar periodistas? ¿Quién será la próxima víctima de la moledora de carne que parece activarse? ¿Por qué se repiten los términos difamatorios de 1999 y 2000?
5. Finalmente, ¿alguien se acuerda de los dos informes del Congreso de la República que demostraban el faenón de Quimper, Canaán y León Alegría? (ver aquí y aquí) ¿Alguien recuerda que en los mismos se demostró que si hay elementos para investigar la comisión de delitos y no sólo escándalos, como algunas “inocentes” pretenden alegar para continuar con su carrera política? ¿Están investigando las conexiones mexicanas y el faenón en San Marcos? ¿O es que estamos esperando que regresen los cuestionados ministros que tuvieron que renunciar?
Momento de preguntas, en un tiempo en que parece que los ciudadanos no tenemos muchas certezas.
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