El tema de las torturas en Majaz no debe olvidarse y desde aquí lo recordaremos cada vez que sea necesario. Que en el país se torture a un grupo determinado de personas gracias a la Policía Nacional y a una empresa privada de seguridad pagada por una empresa minera no solo es una violación de derechos humanos, es un acto que debe sancionarse drásticamente.
De lo que he visto en la blogósfera, el artículo más completo y acertado lo ha hecho Wilfredo Ardito, un conocido activista de derechos humanos que cuenta todas las aristas del caso. Lo reproduzco en su integridad:
Conmoción e indignación han generado las fotos de los actos de tortura cometidos por los policías de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) contra 28 campesinos piuranos, entre ellos dos mujeres, y el periodista Julio Vásquez de Radio Cutivalú. Lo más terrible es que no fue ni el primero ni el último crimen en el que están involucrados sean la DINOES o la empresa minera Majaz, ahora llamada Rio Blanco Copper.Las torturas se produjeron en agosto del 2005, a los pocos días que Alejandro Toledo, en su mensaje a la nación, sostuviera que su gobierno “no se había manchado las manos de sangre”. En las fotos, aparece todavía con vida Melanio García, el campesino asesinado por los policías, como otras catorce personas durante el régimen toledista.
El centro de torturas fue el campamento que Majaz ha establecido ilegalmente en dos comunidades campesinas piuranas. Desde hace seis años, esta empresa parece creer que la mejor forma de convencer sobre las ventajas de su labor a los comuneros y a otros habitantes de Piura y Cajamarca es amenazándolos, denunciándolos por terrorismo y haciéndolos detener y torturar. Como se verá después en la cronología adjunta, su trayectoria deja a empresas como Yanacocha o Doe Run como un modelo de respeto por la vida y la dignidad humana.
A quienes creen que los crímenes cometidos en Piura fueron un exceso aislado de la DINOES, debemos decirles que en marzo del año pasado, sesenta habitantes de Andoas (Loreto) denunciaron haber sufrido maltratos similares por parte de los efectivos de la DINOES, quienes en este caso usaron las instalaciones de la empresa Pluspetrol.
Tortura, golpizas, detenciones arbitrarias también fue el modus operandi de la DINOES en Puerto Maldonado en el mes de julio, después del incendio de la sede del Gobierno Regional. Las víctimas no eran los autores, sino los dirigentes indígenas o todo el que por sus rasgos físicos pareciera indígena. También el Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el empresario de origen andino Manuel Cayoquispe, fue sacado de un restaurante por los policías, quienes le patearon con sus botas repetidas veces en el rostro y el cuerpo y luego lo torturaron en la comisaría.
¿Por qué en diversos lugares del país la DINOES actúa con tanta brutalidad hacia ciudadanos indefensos? Para explicar esto habría que recordar que cuando se consolidan las fuerzas policiales, en las primeras décadas del siglo XX, no estaban pensadas para actuar al servicio de la ciudadanía, sino de los sectores dominantes, es decir para proteger a unos peruanos de otros. A la llamada “ciudadanía” pertenecían en aquellos días, muy pocos peruanos. La policía actuaba obedientemente para reprimir con toda violencia una movilización por la jornada laboral de ocho horas, o a unos campesinos descontentos con el despojo de sus tierras.
La migración, la expansión de la educación, la Reforma Agraria, modificaron la estructura de la sociedad peruana, pero, a pesar de ello, muchos uniformados todavía dividen a los ciudadanos entre aquellos a quienes se les teme y aquellos de los que se puede abusar. La peor prueba de ello ocurrió durante los años ochenta, cuando se perpetraron en Ayacucho crímenes cuyos autores jamás habrían podido cometer en Surco o Pueblo Libre. Un caso más conocido fue la detención de Abrham Nina, César Cavero, Jorge Chávez y Daniel Tavera, cerca de Larcomar y su posterior tortura practicados en la comisaría de Miraflores.
La propensión de la policía a servir a los poderosos y ensañarse con las personas más vulnerables es muy conveniente a algunos intereses económicos. Muchos habitantes de Huamachuco, Quiruvilca y Tayabamba, en la olvidada sierra de la Libertad, se encuentran inermes frente a los abigeos, mientras amplios contingentes policiales protegen a las empresas mineras que allí funcionan. El año pasado, eso sí, la policía se hizo presente para matar a los obreros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco que protestaban contra los abusos laborales de la empresa Marsa.
Naturalmente, la policía no está la única institución estatal que actúa como incondicional defensora de los intereses de algunas empresas privadas por encima de los derechos de los ciudadanos: una conveniente ley exonera a los agroexportadores de pagar CTS o gratificaciones a sus trabajadores. Las víctimas del derrame de mercurio de Choropampa siguen olvidadas por las autoridades. En Ayacucho, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado el estado de emergencia, restringiendo numerosos derechos fundamentales de los campesinos para neutralizar su oposición a la empresa Perú LNG.
En otro país, los seis años de abusos cometidos y fomentados por la empresa Majaz habrían generado que sus actividades fueran suspendidas definitivamente. En el Perú, ha gozado de la protección de dos gobiernos democráticamente elegidos. Como lo grafican las fotografías, detrás de muchas violaciones a los derechos humanos cometidas en tiempos de García y de Toledo subyacen claros intereses económicos
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Reflexiones Peruanas: Cronología del caso Majaz
Choledad Privada: A propósito de Majaz
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