Desde el Tercer Piso

Bush se larga el lunes, para alegría de toda la humanidad. Pero el gobierno peruano anda desesperado por la noticia. Tanto el Canciller como Mercedes Araoz han señalado que si antes del 20 de enero no se implementa el TLC, pasará un año para que la administración Obama lo haga. Es por ello que ayer el el Congreso discutió una serie de normas que modifican la legislación peruana para adaptarla al Tratado. Y luego de ello, se aprobaron rápidamente las leyes para implementar el Tratado.

Y entre ellas, hay un contrabando bastante peligroso.

Una de las normas cuestionadas por los gringos fue el Decreto Legislativo Nº 1090, nuestra nueva Ley Forestal y de Fauna Salvaje. El aspecto más criticado por los norteamericanos era que se reducían las definiciones de “recurso forestal” y “patrimonio forestal”, con lo que se dejaban fuera de las mismas a 45 millones de hectáreas, es decir, el 60% de bosques del país. Ello hacía que esta cantidad importante de bosques no estaba protegida debidamente, en especial, frente a los pedidos para incrementar el uso de las tierras para generar biocombustibles o para cualquier otro uso que atentara contra el medio ambiente.

Para intentar salvar su norma, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 2958, que modifica la Ley Forestal para que pase la observación norteamericana y que fue aprobado ayer, en una discusión aparte dentro de la agenda TLC del Congreso. En efecto, en el proyecto se incluye ahora a todos los bosques del país, pero, como quien no quiere la cosa, ponen lo siguiente como excepción:

No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados como de interés nacional, en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.

¿Cuál es el problema? En que, previamente a la expedición de esta norma, mediante Decretos Supremos Nº 004-2008-AG (del 26 de enero de 2008) y 016-2008-AG (del 20 de julio de 2008) se declaran dos zonas del pais “de interés nacional” para la instalación de cultivos con miras a biocombustibles. Ambas normas fueron expedidas durante la gestión del Ministro Ismael Benavides. En otras palabras, dan una atribución más al Ministerio del Ambiente, pero antes salvaguardan las concesiones ya otorgadas, con lo que el uso de tierras para biocombustibles está santificada por el gobierno.

¿Cuál es el tema? Que el gobierno no ha debatido ampliamente en el país el tema, que trae no pocos bemoles. De hecho, el propio Alan García dijo en su discurso del 28 de julio de 2008 lo siguiente:

Ha comenzado una guerra de las empresas y de los países petroleros contra los pueblos. Y como para sustituir al petróleo los países cambian el uso de las tierras agrícolas para producir etanol, los precios de los alimentos mundiales que el Perú compra han subido más del doble. 

Hay otras objeciones, vinculadas tanto a los aspectos agrario, económico y ecológico, que han sido analizadas bien por los chicos de CEPES. Conclusión: hay que pensar hasta 5 veces antes de alentar este tipo de negocio o hacerlo de otra manera.

Sin embargo, en su ya tradicional política del hortelano, el gobierno insiste en vender todo, sin importar los costos. Y el TLC, una herramienta que nos puede ayudar a mejorar muchas cosas, es utilizada para los contrabandos del hortelano. El país está en remate.

DESDE OTRA PERSPECTIVA:

Mirko Lauer: Capital del Etanol

Todos los días escucho el programa de Rosa María Palacios en Capital FM. Y si hay algo en lo que ella ha insistido desde que se descubrieron a los chuponeadores - no solo desde el sentido común, sino desde el punto de vista de quien ha sido chuponeado alguna vez - es que las únicas personas con real capacidad para poder hacer un trabajo de este tipo son los miembros de las Fuerzas Armadas, dado que son los únicos capacitados para hacer una acción de este tipo.

¿A que viene esta reflexión? A que creo que el Ministro de Defensa debería sincerar, de una vez por todas, lo que todos sabemos off the record (y ahora, con evidencias) que ha venido pasando en las Fuerzas Armadas: han interceptado teléfonos sin autorización judicial, lo que es un delito en el Perú.

¿Más evidencias? Se dieron algunas en los diarios ayer:

- Completando el círculo, se supo que Roberto Barba Daza perteneció también al staff de Business Track, la empresa del chuponeo. Como se recordará, Barba Daza le vendía información de inteligencia de la Marina a dos empresas privadas de seguridad.  En el caso se encuentra involucrado también Fernando O’Phelan, abogado cercano a Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial.

- El chuponeo siguió durante varios meses. De hecho, hasta hace unas semanas. También se conoció que dos de los blancos eran una empresa cementera y el caricaturista Alfredo Marcos. No extraña. Como se recuerda, Fernando Ampuero ha contado que la investigación del Petrogate comenzó justamente por el tema del cemento. (Capítulo de esta historia que está vinculado a la competencia entre empresas del ramo, pero también a una extraña rebaja de aranceles que involucra al ministro Hernán Garrido Lecca). Y Alfredo Marcos trabajaba para Palacio como consultor comunicacional. Elías Ponce Feijóo, el pata de Giampietri, era quien ordenaba todo e incluso pasaba plata para que las empresas subsidiarias de Telefónica colaboraran con el chuponeo. (Por cierto, aquí Telefónica también nos debe una explicación sobre esto, considerando, además antecedentes anteriores).

Punto aparte merece el huidizo Vicepresidente Luis Giampietri. Varios medios decían que estaba enfermo y con descanso médico y, de hecho, esa fue la respuesta que le dieron a Carlos Hidalgo, de Prensa Libre. Pero ayer, luego de negarle entrevistas a Rosa María Palacios y a La República, apareció campante dando una complaciente entrevista en Expreso donde se despachó a su gusto.  En su diario favorito, Giampietri negó todo vínculo con el chuponeo - que nadie ha afirmado, por cierto -, trata de limpiar hasta donde puede a Ponce Feijóo, niega haber tenido una oficina (pero se olvida de sus varios asesores contratados por PCM para “el despacho del primer vicepresidente”) y dice que todo es una campaña en su contra por parte de la izquierda. Que recuerde, Fernando Rospigliosi hace varios años que dejó de ser izquierdista.

Y contradiciendo a Giampietri en aquello de “ascender a Ponce Feijóo estuvo bien”, Alan anuló dicho ascenso y que regularicen todo lo referido a las cuestiones pensionarias que generó dicho ascenso. Se le vino la noche a alguien.

Lo cierto es que aún quedan varias preguntas sueltas: ¿Quienes fueron todos los chuponeados? ¿Quién mandó a chuponear? ¿Cuál es el rol de Giampietri en todo esto? Y sobre todo, ¿qué se perseguía con estas grabaciones: un movil empresarial o un tema político?

Preguntas que, esperemos, se resuelvan en los próximos días.