Desde el Tercer Piso

No tengo las mismas ideas de Raúl Wiener. No soy de izquierda radical y alguna vez discutimos sobre el tema de la Fiscal Loayza. Y tampoco comparto sus impresiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a la que acusa, curiosamente, de reducir la cifra de muertos para no perjudicar a las Fuerzas Armadas.

Pero este no es un espacio para citar la larga lista de cosas que me separan del jefe de investigación de La Primera, sino para expresar mi solidaridad por la persecución que viene siendo objeto, al pretender acusársele de terrorista internacional. Desde hace buen tiempo, este gobierno parece empeñado en volver a los dirigentes de izquierda radical, quienes tienen derecho a pensar como les venga en gana, en una suerte de conspiradores contra la democracia a los que hay que meter entre rejas.

Lamentablemente, ese sentido común se invadió a algunos medios de comunicación que tejieron reportajes en torno a una sola hipótesis. Fue el caso de la hoy fenecida La Ventana Indiscreta pero más peligroso aún es que sea el pensamiento guía de buena parte de los miembros de un gobierno que se supone es democrático. O, como alguna vez se dijo, estas tesis intentan ser la respuesta policial ante las presiones para mostrar algo de orden ante la opinión pública.

Sea como fuere, tachar como terrorista a una persona por el simple hecho de pensar distinto es una estupidez. Una estupidez que años atrás nos costó a cientos de inocentes encarcelados (y que el año pasado le costó la libertad a 8 personas). Una estupidez que es contraproducente para luchar contra los terroristas de verdad.

Una estupidez que tiene un nombre: arbitrariedad.

MAS SOBRE EL TEMA:

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En Facebook también se solidarizan con Wiener

Hasta Aldo Mariátegui no deja de preocuparse por su rival político-periódístico

En medio de las denuncias sobre el chuponeo telefónico y el Petrogate, parece empequeñecida la denuncia sobre tortura en Majaz, que está respaldada por un conjunto de fotografías que nos recuerdan a los tiempos del conflicto armado interno, o, en tiempos más recientes, a las cárceles montadas por Estados Unidos en medio de la “guerra contra el terrorismo”.

Este tema, realmente, es indignante y merece toda nuestra atención como peruanos y como ciudadanos.

En primer lugar, independientemente de si estamos a favor o no de la inversión minera, lo cierto es que deben respetarse los derechos de las comunidades que se encuentran en las inmediaciones de las zonas mineras. Y por ello, la actitud de las empresas debe ser la de dialogar y entablar acuerdos con la población, no la de recurrir al Estado o a privados para reprimir y, en este caso, vulnerar los derechos humanos de comuneros y comuneras que fueron vejados no solo por las torturas, sino que incluso existieron actos contra el pudor en contra de varias de las mujeres presentes (amenazas de violación incluidas).

En segundo lugar, debe entenderse que la protesta es un derecho de cada persona. Por algo en el Perú existe la libertad de expresión y opinión. Y que existan personas que se opongan a la actividad minera per se es algo totalmente válido en el país. No es mi opinión, pero debo respetarla y no por ello hacer lo que una empresa minera hizo en este tiempo.

Tambien vale la pena reflexionar, en tercer lugar, sobre los métodos utilizados por la Policía para su labor. No es un secreto para nadie que la tortura sigue siendo una práctica usual en determinado tipo de interrogatorios y que el Estado peruano no ha activado un mecanismo de prevención de la tortura tal como lo mandan los tratados internacionales de los que el Perú es parte. Hay aquí todo un trabajo que hacer en torno a las prácticas que tienen nuestras fuerzas de seguridad frente a ciudadanos como nosotros.

Pero no son los únicos torturadores. Hace unos días, Susana Villarán puntualizó:

Pero esto no es nuevo, la responsabilidad de la empresa Forza, vinculada a marinos y al inefable almirante Giampietri, que prestan servicios a empresas mineras en la detención y tortura de 29 personas, dos de ellas mujeres, líderes de las rondas campesinas de Tayacaja y Huancabamba a fines de julio del 2005 cuando iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera Minera Majaz, hoy Río Blanco (caso defendido por organizaciones de derechos humanos), nos revela también el poder que tienen estas empresas de seguridad y la subordinación a ellas de nuestra Policía Nacional, sirviendo intereses privados. Hace un tiempo, se denunció las amenazas y el “reglaje” al padre Marco Arana, líder de la lucha ambientalista en el Perú por parte de esta empresa Forza.

Ya que ahora todos estamos interesados en saber sobre las prácticas de espionaje telefónico de este tipo de empresas, también valdría la pena que nos interesemos en las vejaciones a los derechos humanos que miembros de algunas de estas empresas habrían incurrido. Tan importante como el derecho al secreto de las comunicaciones es el derecho a la integridad física.

Las fotos exhibidas demuestran que no hubo inventos, ni exageraciones ni manipulaciones, como algunos seguramente esgrimieron en el pasado. Y nos demuestran la necesidad de mejorar, tanto en los organismos encargados de hacer justicia como en la prensa, los mecanismos de investigación de violaciones de los derechos humanos. No puede ser posible que pasen 3 años sin que el Fiscal no haya denunciado los hechos antes mencionados ni haya efectuado una investigación decente. Lamentablemente, ello también viene ocurriendo con los casos denunciados por la CVR.  

Pero también nos hace falta mucha sensibilidad.  Es sintomático que solo pocos medios - La República, El Comercio y Prensa Libre - y blogs hayan tocado el tema. Quizás sea por esa poca sensibilidad que alguna vez se describió de esta manera:

(…) la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.

Como bien me recuerda una muy buena amiga:

La defensa de los DDHH no es un pasatiempo, es un deber de cada ciudadano en un país democrático. Si los mismos no son garantizados, entonces ¿de qué sociedad estamos hablando? Y después las empresas mineras se preguntan por el descontento frente a su trabajo; acá tienen una respuesta.

Una respuesta que el Estado tiene la responsabilidad de sancionar e investigar. Y nosotros de no ser indiferentes. Son peruanos, son compatriotas, pudimos haber sido nosotros.

MAS SOBRE EL TEMA:

Notas desde Lenovo: Hacia la colonización china de la frontera norte.

Durante la tarde, he podido leer el Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Petrogate, firmado por los congresistas Rafael Yamashiro, Carlos Raffo y Miguel Guevara.  La web del Congreso aun no cuelga el Informe en Minoría suscrito por Daniel Abugattas y Edgar Raymundo, por lo que aún no puedo hacer las comparaciones entre ambos.

Lo cierto es que este informe en mayoría resultó ser más interesante de lo que pensaba, pues trae varios elementos que nos ayudan a entender mejor lo que fue el Petrogate. Pero hoy solo quiero resaltar dos:

1. EL PAPEL DE MARIO DIAZ LUGO

El personaje de más perfil bajo de esta historia era el empresario mexicano Mario Diaz Lugo. Lo único que se sabia sobre este ingeniero geólogo era su vinculación con Petro Marker, la empresa gemela de Discover. Esta es la única foto que se conoce en el Perú sobre él (es el penúltimo contando desde la izquierda):

Pero el Informe Parlamentario da varias luces sobre Diaz Lugo y su real papel en esta operación. Los datos más relevantes son los siguientes:

a. Mario Díaz Lugo estuvo 4 veces en nuestro país: 22 al 24 de enero de 2008, 25 al 30 de abril de 2008, 1 al 3 de junio de 2008 y 7 al 11 de septiembre de 2008. Las dos primeras venidas son coincidentes con dos estancias de Fortunato Canaán y las tres últimas con presencias de Jostein Kjerstad, el presidente de Discover.

b. El contacto en Madrid: El 1 de diciembre de 2007, Discover hizo el contacto con Fortunato Canaán, en el Estudio Garrigues. El representante enviado por la empresa noruega era Mario Diaz Lugo. Allí acordaron sostener reuniones con el Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y el Presidente de Petroperú, César Gutiérrez. La reunión con Valdivia se produjo el 24 de enero de 2008 y en ella se trató el proyecto para quitarle peso al crudo de petróleo.

c. El otro negocio: Hace algunos meses, El Comercio mencionó lo siguiente:

El 20 de febrero el empresario dominicano Fortunato Canaán firma un convenio de colaboración con el empresario mexicano Mario Díaz Lugo a fin de vender a Petro-Perú tecnología de exploración petrolífera a través de las empresas Fortluck y Dilum.

Una copia de este convenio fue encontrado en el disco duro de León Alegría, en el cual se da cuenta de que Perú-Petro les había remitido a estos empresarios una carta de intención para la “posible adjudicación de ciertas aéreas de exploración de hidrocarburos”.

Según el informe, Dilum es una empresa de Mario Diaz Lugo y el contrato, en realidad era:

un convenio privado entre las partes con participación en el mercado de influencias políticas para la obtención de proyectos de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos en lotes terrestres o marinos, ya sea a través de Petromarker, Geoprobe o Discover Petroleum. En el acuerdo se señaló que cada parte aportaría sus respectivas relaciones contractuales, precontractuales y de confianza con compañías públicas y privadas, Organismos Gubernamentales y autoridades, incluyendo una mención sobre el avance de las gestiones para la adjudicación de lotes en tierra y en la plataforma off shore del Perú.

De hecho, el 4 de febrero de 2008 Díaz Lugo envia una carta como representante de Discover a Perú Petro, para pedir formalmente concesiones en bloque en plataforma peruana fuera de costa.

Pero hay más. Hace algunos meses, recogiendo informaciones de Perú.21 y El Comercio, comentamos que habían intenciones de Canáan y Díaz Lugo para entrar al negocio gasífero y que Rómulo León Alegría quería hacer negocios con COMESA, la subsidiaria de exploraciones de la empresa petrolera estatal mexicana PEMEX. El informe confirma estas cuestiones e indica, por cierto, que Diaz Lugo fue director de Pemex. Y, de hecho, COMESA envia una carta a fines de julio de 2008 para ser el tercer socio entre Discover y Petroperú, ofrecimiento que queda en el aire.

Posteriormente, cuando Canáan y Diaz Lugo rompen relaciones, el mexicano es la persona a la que Rómulo León Alegría envía los informes de sus gestiones en el tema petrolero.

Ello confirma que la pista mexicana era realmente clave e importante en este negocio. Pero también en otros, como los de celulares, banca y cemento. Un tema que el Poder Judicial y la prensa deberá seguir indagando.

2. EL HOSPITAL DE SAN MARCOS

A finales del año pasado, Desde el Tercer Piso presentó los documentos que probaban uno de los planes del Proyecto Perú de Fortunato Canáan: la construcción del Hospital de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a traves de Icuatro, una empresa vinculada al empresario dominicano y a familiares de Rómulo León Alegría.

Sobre este tema, el Informe Parlamentario dice algo bastante serio:

Queremos resaltar que la Empresa ICUATRO S.A. sin tener la calidad de Ejecutor de Obra de acuerdo al análisis de la entidad competente; fué designada en calidad de Contratista Principal en la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento “llave en mano” del nuevo Hospital Universitario Docente de la Universidad  Nacional Mayor de San Marcos, por Resolución Rectoral Nº 00433-R-08 del 12 de febrero del 2008,  por el Rector de dicha Casa de Estudios.

Esa fue la Resolución Rectoral que presentamos el 29 de diciembre en DTP. Un dato adicional. Icuatro no había iniciado siquiera su trámite ante CONSUCODE para ser contratista del Estado peruano, cuestión que recién hizo en abril de 2008. Todo ello nos indica que aquí hubo algo bastante raro y que el Rector Luis Izquierdo tendrá que explicar a su comunidad universitaria y a las autoridades en general.

El informe también registra como se hizo la operación del petróleo y demuestra que hubo corrupción en el mismo. Y varios cabos sueltos quedan en relación con la situación de Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo, los dos altos funcionarios más involucrados en este caso. Pues cuando ponen los textos en relación con los ministros, se dicen muchas cosas que debieron llevar a una acusación y no lo hacen (ejemplo: el “podría haber gestionado intereses privados de Fortunato Canaán” se repite en los casos de los ministros antes mencionados). ¿Los acusan o no? Digamos que lo dejan a criterio del pleno. ¿Cómo votarán? Solo Dios sabe.

Sin duda, este es un faenón que recién comienza a destaparse.