Archivo de 10 Enero 2009

Tortura. No en Abu Ghraib o en Guantánamo. Es aquí en el Perú y no por el conflicto armado interno.

Hace un año y tres meses estuve por Chulucanas, Piura. Allí tuve la oportunidad de conocer más sobre el conflicto entre las comunidades agrícolas piuranas y quienes llevan adelante el proyecto Majaz - Río Blanco. Un conflicto que va más allá de los maniqueismos desde los cuales vemos muchas veces desde Lima este tipo de realidades, pero que, además, produjo fuertes hechos de violencia en el año 2005.

En realidad, la situación fue bastante fuerte. Comenta el blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

A su llegada al campamento minero el 1º de agosto del 2005 los comuneros no fueron recibidos por la esperada comisión de diálogo, sino por un fuerte contingente policial que los reprimió con brutalidad, lanzando bombas lacrimógenas desde helicópteros, realizando disparos al cuerpo de las personas, incluso cuando estas huían.

En esas circunstancias, 29 personas, incluyendo dos mujeres y el periodista Julio Vázquez Calle, fueron interceptadas y conducidas al interior del campamento minero. Allí permanecieron secuestrados durante tres días, siendo además sometidos a diversas formas de tortura psicológica y física. Además de ser salvajemente golpeados, durante estos días se les mantuvo encapuchados con sacos roceados con polvo lacrimógeno y con los ojos vendados, desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas.

Según testimonio de los comuneros cada cierto tiempo les colocaban un polvo tóxico en la cara, debajo de los sacos y los vendajes, lo que les hacía vomitar y no les dejaba respirar. Las mujeres fueron sometidas a diversas vejaciones de carácter sexual. Además a todos se les infligieron diversas humillaciones verbales y amenazas.

Los responsables de la tortura fueron miembros de la Policía Nacional del Perú y parte del personal de seguridad de Minera Majaz.

Las fotografías que vemos a continuación confirman la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Piura, por tortura, secuestro y actos contra el pudor. Además, cabe indicar que se encuentra pendiente de una mayor investigación la muerte del comunero Melanio García, fallecido por una herida de bala durante la marcha al campamento minero.

Sin duda, este es un hecho que no debe quedar impune y al que debemos prestar mayor atención. Y así podamos entender que el tema de las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades no solo debe quedar en el membrete de “responsabilidad social empresarial”, sino que se encuentra en el ámbito de los derechos humanos.

MAS SOBRE EL TEMA:

El blog del Morsa: Majaz como Guantánamo

La República: En Majaz sí se torturó el año 2005

Martha Meier Miró Quesada: Minería y Derechos Humanos

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No hay duda alguna que el país vive momentos en que la indignación en torno a los escándalos de corrupción es bastante fuerte y hay motivos para la misma. Para muestra, dos botones.

Anoche, luego de presentar su informe en minoría, el congresista Daniel Abugattas hizo una denuncia bastante seria (vía El Comercio):

El presidente de la comisión que investiga el Caso ‘Petroaudios’, Daniel Abugattás, reveló que unas 822 cajas con archivos del Ministerio de Salud desaparecieron antes de ser revisadas por el órgano de control de la Contraloría General de la República.

 De acuerdo con el legislador, parte de estos documentos guardan relación con los convenios firmado por el ministerio para la construcción de hospitales y que son investigados en su grupo de trabajo.

Un documento al que tuvo acceso El Comercio revela que el titular del sector, Óscar Ugarte, remitió un oficio a la contralora Rosa Urbina en el que precisa que fueron 822 las cajas que desaparecieron del archivo del Minsa y que este caso ya fue puesto en conocimiento de la autoridad policial.

 ”.. este despacho en salvaguarda de los intereses institucionales solicita la intervención de la Policía de la Contraloría General de la República con la finalidad de realizar las acciones investigatorias que ameritan el caso, debido a que la documentación sustrañida corresponde a documentos materia de acciones de control”, precisa el oficio remitido por Ugarte.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó el informe en minoría de las investigaciones que realizó la comisión de los “Petroaudios”, Abugattás dijo que entre los documentos robados se encuentran los que corresponde a los convenios que suscribió el Ministerio de Salud con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI ) sobre la construcción de hospitales.

Según informa el diario, serían 41,000 los documentos que se habrían robado durante el feriado largo de Año Nuevo. Y aunque el Ministro Oscar Ugarte asegura que entre los documentos no se encuentran los papeles que comprometen a Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos en el tema de hospitales (sobre todo, al primero de los nombrados), ya resulta sumamente grave la sustracción de un alto número de documentos que están siendo verificados por la Contraloría. Y si se comprueba que entre los papeles están los vinculados a los discutibles tratos con la OEI - ya documentados por los fax de Canaán y un audio - estaríamos ante la operación de encubrimiento más descarada de los últimos años, solo comparable a la sustracción de expedientes de Palacio de Justicia, luego del golpe de 1992.

Pero hay más. Luego de varios meses, la periodista Heidi Grossmann reactivó su blog La Pura Purita y ha escrito un post sobre el chuponeo telefónico que recomiendo leer completo. Aquí, algunos extractos que comienzan a corroborar lo dicho por Fernando Rospigliosi el jueves (los resaltados y links son mios):

En enero del 2007, cuando trabajaba como reportera en La Ventana Indiscreta, me fue encargado un informe sobre los hambres que bullían tras bambalinas en el organismo de inteligencia nacional, que ha cambiado tantas veces de nombre que ya nadie sabe cómo llamarlo. La DINI, como finalmente ha quedado bautizada la CIA peruana, era un botín. Y un botín por el que se afilaba los dientes todas las mañanas el siempre recordado Almirante Luis Giampietri, hombre de armas tomar -desde los tiempos del Frontón- que un día me tomó por las muñecas en un pasillo del Congreso para que lo dejara en paz con el asunto del IDL, ONG de derechos humanos a la que odia con tempestuosidad marina.

El Almirante, se desgañitaban ciertas fuentes de inteligencia, quería como fuera dirigir la DINI. Pero no con su nombre y apellido, evidentemente, sino a través de su hombre de confianza: Elías Manuel Ponce Feijoo. Se decía, por esos días -y esto era sumamente complicado de probar- que el buen almirante le llevaba las ultimitas a sus amigos poderosos gracias a que contaba con información “privilegiada”. Por esos días también se dedicó, decían las fuentes, a asustar al presidente con supuestos planes para asesinarlo. Una de las personas que sabía de esto era Fernando Rospigliosi, lo sé porque me reuní con él varias veces pero compartíamos la dificultad para probar el embrollo.

En mi intento por avanzar en la investigación acudí a citas con extraños personajes que me daban el encuentro en centros comerciales supuestamente para darme información -ese era el gancho- pero que pretendían, clarísimamente, averiguar más bien qué tanto sabía yo. No era difícil saber en qué andaba, bastaba con pinchar mi humilde celular. Por más que no solté prenda por teléfono, el asunto se cerró en cierto punto del camino. Los chuponeadores pertenecen a una especie de cofradía en la que se aplica una ley sangrienta: cae uno, caemos todos. Al cabo de medio mes, no había manera de patearle la puerta a nadie. Sólo con una orden judicial, y tratándose encima de políticos poderosos que protegen desde el Olimpo a sus “informantes” hubiera sido humanamente imposible irrumpir en una central y encontrarlos con el chupón entre los dedos.

Lo que sí me quedó clarísimo es que había una guerra intestina por el control de la DINI y que Giampietri se relamía por controlarla. Cada mañana alguien le llevaba un sobre al Almirante, casi casi como alcanzarle el periódico, con información que seguramente él administraba bien. Pero de ahí a probar en televisión nacional y a lanzarme con hipótesis sobre la clase de información que llevaba el sobre era una aventura temeraria.

Como vemos, el tema del espionaje telefónico y sus posibles vinculaciones con las disputas existentes por el control de los aparatos estatales de inteligencia aun da para mucho. Y, como indica Heidi, lo cierto es que las actividades de chuponeo se han venido realizando en total impunidad, con amenazas a periodistas incluidas. Y las mismas no se hacen si es que no existe alguna protección de por medio.

Lo que queda claro también es que quienes están involucrados en estos dos asuntos - el chuponeo y la corrupción - están dispuestos a todo para ocultarlo. Estemos alertas.

MAS SOBRE EL TEMA:

Un buen análisis del escándalo del chuponeo en Menos Canas

La República: Una de las involucradas en chuponeo estuvo en reunión para alertar a AGP sobre atentado

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