Lo dice el subnormal de Mariátegui.

Tengo 27 años, y he sufrido directamente lo que es el terrorismo. Mi padre estuvo en Ayacucho en 1988 y 1989, y yo también estuve ahí por un par de meses en 1988 y fue una experiencia traumática. Mi tío muy querido también fue militar y también estuvo en Ayacucho por mucho tiempo. Asesinaron a gente que yo conocía (un general muy amigo de mi familia fue asesinado en Lima y dejado en la playa los delfines, una amiga de la familia fue asesinada en Ayacucho, y mil cosas más). Sin contar que una vez salió en el periódico que mi padre había sido asesinado, dato que felizmente fue mentira. Por eso que no venga con estupideces y decir que los menores de 30 no debemos opinar.

Es cierto, hay que agradecer a los militares, a los que valientemente lucharon por la paz. Pero hay también los asesinos, los criminales, los que creen que estar en una guerra es tener carta blanca para hacer lo que les daba la gana, los que se ponían al mismo nivel que los terroristas que combatían. A esos hay que castigarlos, hay que aplicarles la ley como a cualquier ciudadano que la infringe.

¿Podemos perdonar a un militar que viola a una mujer indefensa o que asesina a un pobre niño? ¿Podemos perdonar a un asesino que aprieta un gatillo y revienta un cráneo inocente sólo porque “así es la guerra” y “los excesos pasan”? ¿Se puede perdonar a alguien que después de asesinar a una persona, la desaparece y amplía por siempre dolor de la familia? ¿Podemos perdonar a aquellos que desaparecieron pueblos completos y generaron más resentimiento en la población? ¿Podemos? ¿Debemos? ¿Queremos?

Separemos las cosas, a los héroes militares, que son la mayoría en efecto, démosle el aplauso y agradecimiento que se merecen. A los asesinos, que son los menos, hay que aplicarles el castigo también merecido. Hay que entender una cosa, en la guerra contra el terrorismo no todos fueron héroes ni todos fueron asesinos, hay que definir quién fue quién, por el bien de los propios militares vistos individualmente, de las FFAA y de la sociedad en su conjunto.

Hay que decirle no a la impunidad, no al abuso, que la historia no se vuelva a repetir.

Saludos,
Gonzalo.

Bueno, los peruanos estamos acostumbrados a esos ‘ARGUMENTOS JURIDICOS” para justificar grotescamente lo evidente, eso ya es mas bajo aun del promedio general, es la cultura chicha, la soboneria, “la cojudez” como dijera el santo varon Cipriani (faro y guia luminnoso del Pais de terokal) Es el pais de fujirata ensu carcel 5 estrellas, de don vladi que se burla del tribunal que lo juzga, de antauro humala, que hace monandas en el juicio, es el pais del que todo el mundo hace lo quiere dependiendo en que posicion este para joder al projimo y cagarse en la ley (ouch, dije ley -esa que se manosea con el “argumento juridico) .

Proyecto de Ley 2844/2008- CR
- Presentado por el congresista Edgar Nuñez y respaldado por congresistas del Partido Aprista, del fujimorismo y de Unidad Nacional.
- Plantea la concesión de una amnistía a los comandos que participaron en el operativo militar Chavín de Huantar, que a la fecha de la publicación de la norma, estén en calidad de denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por las acciones derivadas u originadas con ocasión de dicho operativo.
- Se considera, además, la creación de una Comisión Ad – Hoc encargada de evaluar, calificar y proponer la concesión de la amnistía al personal militar ty policial en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se encuentre denunciado o procesado por la presunta comisión de delitos militares o contra los derechos humanos.

Comentarios jurídicos al Proyecto de Ley:
- La amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal, mediante el cual la pluralidad de personas que son procesadas o han sido condenadas por un determinado delito son considerados inocentes por la desaparición de la figura delictiva. En principio, la figura actúa sobre los que cometieron un delito y no sobre personas concretas.
- En lo que respecta al derecho interno, las amnistías deben tener en cuenta dos principios. El primero de ellos es la interdicción de la arbitrariedad, por el cual las decisiones estatales están sujetas a límites formales y materiales dados por la Constitución, lo que convierte a la amnistía en un mecanismo excepcional. El segundo es el respeto a los derechos fundamentales, que constituye la principal limitación a la actividad estatal, sobre la base de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
- El Derecho Internacional de los Derechos Humanos fija claras limitaciones al establecimiento de leyes de amnistía sobre conductas que vulneren los derechos humanos. Estos límites son mayores para el núcleo duro de los derechos humanos , que constituye una norma de ius cogens frente a la cual ni siquiera un tratado internacional puede ir en su contra. Asimismo, la adopción de leyes de amnistía supone la violación de derechos humanos, como el derecho a la verdad, las garantías judiciales, así como la infracción a la obligación estatal de investigar y sancionar violaciones de los derechos humanos.
- El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ya se han pronunciado en varias ocasiones en contra de la procedencia de las amnistías en casos de derechos humanos.
- Existen tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Bulacio y Almonacid) en las que se señala que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
- En el caso de conflictos armados internos, el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra – que rige los mismos - es una norma de ius cogens, por lo que ninguna norma de derecho interno puede infringirla. La jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc consagra que la no penalización de conductas que vulneran normas de ius cogens es incompatible con este tipo de disposiciones. Además, dado que las violaciones al artículo 3 común constituyen crímenes de guerra, existen crímenes en los que es aplicable la jurisdicción universal, por lo que su persecución en otros estados es posible, a pesar de existir una norma que declare la amnistía en este tipo de casos.

Proyecto de Ley N° 2848/2008-CR:
- El proyecto contempla la creación de una Comisión Ad Hoc encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión de indulto y conmutación de la pena para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que, en el “marco de la lucha por la paz” hayan sido sentenciados por el fuero común o militar, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido.
- También se contempla que esta Comisión evalúe, califica y proponga al Presidente, en forma excepcional, el ejercicio del derecho de gracia, para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que, en el “marco de la lucha por la paz” estén procesados por el fuero común, militar o policial, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido.
- El proyecto excluye a hechos que constituyan grave violación de los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Comentarios jurídicos al Proyecto de Ley:
- El proyecto no considera que el derecho de gracia no es una figura vinculada al establecimiento de si una persona es responsable o no por un delito cometido, sino que, como lo señalan las normas que regulan la materia y la propia Constitución, está específicamente circunscrita para los internos procesados, en los casos en la que su etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, más su ampliatoria.
- Se intenta establecer una figura similar o parecida a las establecidas en torno al problema de inocentes en prisión, sin considerar que:
a) Se trataba de la única salida legal a un problema legal y social, considerando las características autoritarias del régimen de Alberto Fujimori.
b) Los indultos concedidos implicaron, a diferencia de la figura típica del indulto, la anulación de los antecedentes penales y carcelarios de la persona.
c) Se trataba de personas comprobadamente inocentes, que fueron encarceladas sin pruebas y por juzgados que no reunían las garantías suficientes para hacer valer situaciones de indefensión o violaciones del debido proceso. Esta situación fue comprobada en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
d) La figura aquí planteada solo se circunscribiría a los casos ya sentenciados y a quienes habrían excedido el plazo de instrucción. Debe considerarse que muchos de estos procesos recién se encuentran en etapa de investigación fiscal y otros en fase de juicio oral, cerca a dictarse una sentencia.
- Debe considerase, de modo análogo, lo señalado para la amnistía por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: se señala que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
- Se otorga a una comisión del Poder Ejecutivo la facultad de resolver, en el fondo, la inocencia o culpabilidad de una persona, cuestión que solo debe competer al Poder Judicial, en principio, y que, además, se realizan sobre procesos que reúnen todas las garantías para la defensa de los procesados.