Desde el Tercer Piso

Desde hace un año, no dejo de preguntarme con frecuencia sobre los modos en que se puede mejorar la educación superior universitaria en el país. Creo que para todos es claro que, salvo honrosas excepciones, nuestras universidades no resistirían una evaluación a cabalidad de sus capacidades para formar mejores profesionales y, menos aún, en lo que se refiere a la investigación académica y aplicada.

Ayer, en El Comercio, el Tema del Día fue la Acreditación Universitaria, en un artículo preparado por Katherine Subirana y Ralph Zapata. Si revisan el artículo, les quedará claro que aun estamos en pañales en lo que se refiere a esta materia. Si bien contamos con una norma que instala todo un sistema de acreditación para la educación en el país, la misma viene demorando en implementarse. Y en lo que se refiere a universidades, solo se ha contemplado la obligatoriedad de la acreditación de dos carreras: Educación y Ciencias de la Salud (Medicina y afines). La situación en torno a los estándares sobre estas carreras es como sigue:

En el caso de la carrera de educación, de acuerdo con la Resolución Ministerial 0173-2008-ED, publicada el 31 de marzo de este año en el boletín de normas legales del diario oficial “El Peruano”, el Coneau tenía 90 días calendario de plazo para establecer y publicar los estándares de calidad a los que tienen que adecuarse. Y, aunque el plazo vencía en julio, recién en octubre pasado (tres meses después) se ha terminado de establecer y ahora están redactando los procedimientos para la acreditación, según señala el presidente del Coneau, José Viaña.

 

En el caso de los estándares para las Facultades de Ciencias de la Salud (que agrupa 12 carreras), aún no se ha empezado a trabajar.

El tema es que esta demora ocasionará un retraso en los procesos de acreditación, que no son otra cosa que la comprobación de la calidad de la enseñanza, medida a través de criterios cuantitativos y cualitativos, sobre la base del rendimiento de los alumnos, la infraestructura, los egresados, las investigaciones de los docentes y el grado académico obtenido.  Y si ocurre esto en estas dos carreras - que son las que, a nivel latinoamericano y mundial, se solicitan para iniciar este tipo de procesos - imaginemos lo que ocurrirá con las demás. 

En el caso de Derecho, que es el ejemplo más a la mano que tengo, existe una iniciativa del Colegio de Abogados de Lima para acreditar las Facultades de Derecho y detener el crecimiento en número de las mismas. Para ello se quiere presentar un Proyecto de Ley destinado a que se obligue a la acreditación de la carrera de Derecho y se eleven los requisitos para ser Bachiller en Derecho y Abogado. Hasta allí, todo bien. Pero mis dudas vienen por el hecho de que, si hay cambio de Decano en el CAL, pues esta iniciativa podría quedar trunca, debido a esa mala costumbre peruana de no continuar lo bueno que hizo el precedesor. En otras palabras, si no es por esfuerzos individuales o por un cambio normativo, parece que el tema de la acreditación puede quedar en la misma precaria situación de estos momentos.

Pero todo ello parte de algo que me parece central. Y es que no estamos entendiendo que la reforma de la universidad peruana es vital para muchos aspectos: contar con profesionales capacitados para ejercer sus respectivas profesiones (y que, por supuesto, tengan un compromiso ético y con su entorno social), generar verdaderos centros de conocimiento académico y aplicado, incentivar la investigación para generar mejoras en ciencias, tecnología, artes, humanidades y ciencias sociales. Todo ello destinado a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, en el marco de un proceso de descentralización que no debe quedar trunco. Y, por supuesto, no olvidemos que estamos hablando de un derecho humano, que no debiera ser menospreciado por el Estado ni por los privados que se asocian para dar este tipo de servicio.

De hecho, esta poca preocupación se traduce en el desdén con el que las instituciones tratan a las universidades, sobre todo a las públicas. Roberto Bustamante comenta, a raíz de los atropellos del alcalde Castañeda Lossio a San Marcos y a la UNI:

Por otro lado, tenemos a la Universidad Pública (no Universidad para los pobres, sino la Universidad, idealmente hablando, de todos), desprestigiada, sin recursos, sin presupuesto. La educación superior pública termina siendo una suerte de privilegio concedido, y no un derecho.

Así, claro, a recortarles el terreno, qué se han creído ellos, si esto es por el bien de la ciudad. Nada de ir pensando cómo se articula dicho espacio social y cultural con el resto de la urbe, cómo funciona todo. Para la Municipalidad (y en general para el país) la Universidad Pública no es funcional, sino es más bien una suerte de buffer zone, donde los que no pueden acceder al sistema privado puedan acceder a algún título.

En mi opinión, es necesaria una nueva Ley Universitaria que repiense en serio (entre otros tópicos):

1. El tema de los Títulos: si no te acreditas o no pasas la acreditación, ¿por qué tendrías que dar un título “a nombre de la Nación”? Y claro, ello obliga a que todas las carreras y universidades deban acreditarse.

2. El gobierno universitario: procurando establecer normas que eviten que las universidades públicas se transformen en feudos de facciones.

3. Transparencia: Portales electrónicos con toda la información de actas de Consejo y Asamblea Universitarios y el presupuesto colocado íntegramente, tanto en universidades públicas como privadas.

4. Regular a las universidades privadas con fines de lucro: No desaparecerlas, pero si ajustarlas a criterios básicos: acreditación de sus carreras, portales de transparencia en el que coloquen sus accionistas, porcentajes obligatorios de investigación, no beneficios tributarios.

5. Pasar a las filiales de todas las universidades por un serio filtro de calidad.

6. Ir hacia un modelo de universidades regionales que potencien las carreras más necesarias en cada región, de modo tal que se conviertan en centros de formación e investigación que puedan dotar de conocimiento y profesionales en determinadas áreas a todo el país (no me olvido tampoco de los estudios de post grado). Aca se requiere del concurso de los gobiernos regionales, la empresa privada y el sector sin fines de lucro.

7. Incentivar la investigación, a través de beneficios para los profesores dedicados a la misma, porcentajes mínimos a dotar para este campo y coordinar con los mecanismos de propiedad industrial y derechos de autor las garantías legales de las nuevas invenciones y conocimientos.

8. Contar con un ente rector de la Universidad, que sustituya a la ya caduca Asamblea Nacional de Rectores. Y que sea un organismo regulador de verdad.  

Pero claro, uno sabe que las leyes no lo cambian todo. Para ello, es necesario comenzar a pensar y actuar en serio en relación con la universidad peruana. Si no cambia la educación, pocas cosas en el Perú podrán cambiar. Aunque claro, también soy consciente que de esta administración, sobre todo en el tema educativo, pocas cosas pueden esperarse.

Comencemos a exigir un derecho que nos corresponde a todos los peruanos.

Esta entrada fue escrita el Martes, 11 de Noviembre de 2008 a las 12:37 pm y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.