Ya allí se venía en claro que la tónica de este gobierno frente a las críticas sería la de la intolerancia y no la de la saludable distancia que debe existir entre los medios y la prensa, en todo Estado democrático.
Publico la columna completa y verán que cobra actualidad en estos días.
En una reunión con un grupo de periodistas realizada en abril del año pasado, entre la primera y la segunda vuelta, uno de los presentes sostuvo que, si hubiera que decidir el voto pensando en su efecto sobre la libertad de expresión, se debía votar por Alan García.
Yo me permití relativizar esa opinión. Estrictamente, desde el punto de vista de las condiciones para ejercer el periodismo con libertad, mencioné que lo peor que podría pasar con Ollanta Humala sería que este intentara estatizar los medios -lo que a estas alturas ya es muy difícil- o que sus militantes -que en ese momento se mostraban belicosos- te amenazaran, lo cual se podría contrarrestar con precauciones de protección personal. El problema con García es que a él le gusta establecer buenas relaciones con los propietarios de los medios, y eso, agregué, puede llegar a ser un exocet para el ejercicio libre del periodismo.
Nueve meses después de iniciado el gobierno aprista, tengo la sospecha de que, lamentablemente, no estaba tan desencaminado.
Claro, hay propietarios y propietarios. Hay los que defienden el ejercicio decente del periodismo, lo que implica independencia y autonomía frente al poder político o económico. Pero también hay los que usan un medio de comunicación como mecanismo para acercarse a los poderosos y obtener prebendas de ellos.
Yo he tenido la suerte de trabajar en el periodismo siempre bajo las primeras condiciones. Así ocurrió durante las más de dos décadas en las que estuve en Apoyo, y así ocurre ahora en Perú.21. De acuerdo con los Principios Rectores del Grupo El Comercio, preparados por Alejandro Miró Quesada Cisneros, la independencia representa el factor primordial para alcanzar la veracidad y la credibilidad, pues solo con ella el medio tendrá la autoridad necesaria para orientar a la comunidad.
Con el fin de apuntalar dicho objetivo, el mismo documento -que rige la conducta de nuestros periodistas- establece lo siguiente en relación con los directores periodísticos de los medios del grupo: “Cuentan con autonomía para plantear, aplicar y desarrollar la línea editorial del medio. Esto implica la correspondiente autonomía para decidir qué informar en sus medios. Solo así pueden ofrecer líneas informativas originales y de interés para sus lectores. Esta autonomía debe ser ejercida dentro del cumplimiento de los Principios Rectores“.
Puedo dar testimonio de que, en todo este tiempo al frente de Perú.21, desde su fundación hace más de cuatro años, esto se ha respetado cabalmente, lo cual no habla necesariamente bien de mí sino del grupo empresarial en el que trabajo.
También es así en RPP, donde me ofrecen las condiciones para preguntar a los entrevistados, cada mañana, con independencia y pensando en lo que creo que le interesa a la audiencia.
Y también me ocurrió así durante la última campaña electoral cuando participé en el programa Dos dedos de frente de Frecuencia Latina, donde tuve la posibilidad de entrevistar a casi todos los candidatos presidenciales sin que nadie me impusiera un guión.
Estoy seguro de que en los tres casos antes indicados, no siempre los propietarios coincidieron plenamente con los enfoques que desarrollé. Pero siempre los respetaron.
Lamentablemente, eso no sucede en todos los grupos editoriales peruanos, algunos de los cuales poseen una invicta vocación de ofrecerse al gobierno de turno, cualquiera que sea este, tal como se viene constatando, otra vez, en estos días.
Dicha vocación se refuerza por el hecho de que incluso los gobiernos de origen democrático, apenas se ven envueltos en problemas complejos, empiezan a establecer alianzas con medios que ponen a su servicio sus contenidos para los ataques que pretenden realizar a quienes los critican.
Este hecho lo he constatado con frecuencia cuando Perú.21 ha tenido una posición crítica frente a alguna decisión del Gobierno -el actual o el anterior-, como ha vuelto a suceder esta semana a propósito de los cuestionamientos formulados por este diario al nombramiento indebido de Alberto Pandolfi.
Antes de contestar las observaciones con argumentos, el Gobierno ha pretendido desprestigiar a sus críticos. Eso es lo que ha estado haciendo, en contra de lo que ha sido su conducta habitual, el premier Jorge del Castillo, acusándome -además de a otras personas- en diversas declaraciones de “no tener autoridad moral” para criticarlo por el hecho de haber sido miembro de una comisión del Indecopi y del consejo directivo de Osiptel durante el gobierno de Fujimori.
La justificación del premier implica desprecio por el funcionario que presta un servicio en el Estado, pues asume que cada integrante de la burocracia es un militante político.
¿El premier cree que todos los actuales integrantes del Indecopi o de los organismos reguladores de servicios públicos son responsables de la orientación política del Gobierno? ¿Eso fue lo que le pidieron a la comisión Webb que consiguiera? ¿Asume el premier que todos los que trabajan en el sector público comparten la responsabilidad por el nombramiento de alguien acusado de corrupción como Pandolfi; por la presencia cerca del Gobierno de alguien tenebroso como Juan Carlos Polar; por las sugerencias de Rafael Rey de pedirle consejos en asuntos de gobierno a Vladimiro Montesinos y Agustín Mantilla; por los robos en la compra de ambulancias y patrulleros; por el intento de debilitar a las ONG y de reimplantar la pena de muerte; o por las coincidencias sospechosas con el fujimorismo; para solo mencionar algunos problemas del Gobierno durante los primeros nueve meses? Eso no lo comparte ni siquiera buena parte del gabinete ministerial.
Para que lo sepan los que tratan de desprestigiarme injustificadamente, yo ejercí funciones autónomas e independientes en Osiptel e Indecopi, con honestidad y dedicación. En esta última, incluso, también lo hice durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y nunca me sentí ni militante ni socio de sus administraciones. Hace dos décadas, incluso, participé en el directorio de un banco estatal durante el primer gobierno aprista. Siempre tuve, además, la independencia para criticarlos en los asuntos con los cuales discrepé. Dejé toda función pública cuando opté por contribuir, desde su dirección, en el año 2002, a la fundación y el desarrollo de Perú.21.
Guardo el mejor recuerdo de las responsabilidades que he desempeñado en el Estado peruano -no en los partidos que llegaron al poder-, y por la decencia e integridad de las personas con las que tuve la suerte de compartirlas. Nunca he tenido una acusación de ninguna índole por las funciones públicas que desempeñé.
Eso debería saberlo muy bien el premier porque él se ha encargado en estos días de hacerme un file de 51 páginas con el resumen de mi participación en la administración pública, en el que aparecen nombramientos, contratos, bibliografía, etc., el cual se distribuyó, en la reunión realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros, a los congresistas de su bancada con el fin de tenerlo a la mano como estrategia de destrucción durante su presentación ante el Congreso por el caso Pandolfi.
No es la primera vez que me investigan de ese modo. Por ejemplo, ya antes lo había hecho, solicitando la misma información, el entonces congresista Jorge Mufarech -ex ministro de Fujimori- durante el gobierno de Toledo. Tampoco pudieron encontrarme nada sucio porque, sencillamente, yo no tengo rabo de paja.
Lo más curioso de todo es que el contenido de dicho file apareció la semana pasada publicado en varias páginas injuriosas de un diario de escasa circulación con el fin de desprestigiarme, del mismo modo como pretendieron hacerlo hace poco con el congresista Carlos Bruce, y como Mercedes Cabanillas alertó recientemente que iban a hacer con ella.
Las difamaciones que me han hecho esta semana se repiten de vez en cuando, desde que empecé a trabajar en Perú.21, en otros medios de comunicación y por parte de otros políticos, y coinciden con momentos en que este diario critica al Gobierno, al actual o al anterior.
Nunca quise responderlas en el pasado principalmente porque creo que los periodistas, para procesar bien las noticias, debemos evitar ser la noticia.
¿Por qué un Gobierno ataca a un periodista? Para asustarlo y, de ese modo, callarlo; para desviar su foco de atención periodístico desde los políticos hacia uno mismo; y para desprestigiarlo ante el público, haciéndolo poco creíble o confiable.
Por este motivo, por esta vez, he optado por responder las difamaciones que estoy recibiendo desde el Gobierno y medios de comunicación afines al mismo. Por respeto a los lectores, porque debo defender la credibilidad del medio que dirijo y mi trayectoria, porque no tengo rabo de paja, para dejar constancia para el futuro, porque siento que tengo una obligación con el público que cotidianamente nos sigue, porque creo que son parte de una agresión a la libertad de expresión, y para decirle a quienes hoy nos atacan que no les tenemos miedo ni lograrán que retrocedamos en nuestras convicciones y posiciones. Viniendo de quien vienen, tomo sus agravios como una condecoración a quienes trabajamos en Perú.21.
El gobierno del presidente García tiene todas las condiciones para desarrollar una excelente gestión especialmente en materia económica y social. Lo que debe impedir es caer en la tentación que seguramente algunas fuerzas le sugieren para perder el tiempo y perderse, así mismo, en teorías conspiratorias y en luchar contra fantasmas inexistentes. Y ello implica entender cabalmente el valor real de una prensa independiente.
Desafortunadamente Augusto, en esa tentación involucrado hasta el fondo este gobierno. Y justamente, el valor de la independencia de los medios es lo que este gobierno no entiende.
El domingo 15 de abril de 2007, 
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