Archivo de 11 Noviembre 2008

Hace algunos meses ví Il Duce, una obra de teatro escrita por Mateo Chiarella sobre el facismo y uno de sus máximos exponentes: Benito Mussollini. La obra alternó escenas claves del ascenso, apogeo y caída de uno de los peores dictadores de la historia con la búsqueda del cadaver del Duce por parte de tres de sus seguidores, quienes piensan que, desenterrándolo, podrán reinstaurar lo que consideraban era su mundo ideal. De hecho, las dictaduras suelen crear ese tipo de ilusiones a quienes creen en ellas. Y los totalitarismos, que venden la idea de un mundo librado a la lógica más simple, son aún más vendedores de este tipo de ficciones. Sobre todo en los momentos en que los gobernantes parecen estar en otra en tiempos de crisis.

Pero también se denomina como facista no solo a los simpatizantes de ese tipo de régimen, sino a todos aquellos que están en contra de los derechos humanos y a favor de cualquier tipo de represión militar. De aquellos que consideran que solo a sangre y fuego se podrá mantener el orden y la seguridad en nuestros países.

Dos ejemplos de este tipo los he podido ver el día de hoy. Se llaman Aldo Mariátegui y Uri Ben Schmuel y son los directores de Correo y La Razón respectivamente. Ambos han defendido, en sus respectivas columnas, la impunidad a favor de los militares que violaron los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Solo quiero detenerme en la reflexión en torno a dos párrafos - uno de cada artículo - a fin de ver las limitaciones de este tipo de pensamiento.

Comienzo por el director de La Razón. Más que amnistía, apunta a una Ley a la argentina: un Punto Final. Sus argumentos:

Bueno, nosotros también creemos que una ley de amnistía es un error. La amnistía es un olvido legal de delitos. Aquí lo que hace falta es una Ley de Punto Final. Porque las FF AA no cometieron delito alguno. Hubo, no lo olvidemos jamás, una guerra desatada por dos bandas terroristas. Los militares y policías, por orden del Estado, salieron a combatir. Y ganaron. Una lástima si hubo excesos. Así son las guerras, pues. War Means Fighting, and Fighting Means Killing. De manera que los triunfadores no deben ser castigados y mucho menos obligados a pedir perdón. Corten los juicios y den de una vez vuelta la página. Debe cesar ahora y para siempre la persecución a los uniformados.

Digamos, lo más similar a esto es lo dicho por el almirante Emilio Massera, uno de los miembros de la Junta Militar Argentina que dejó un saldo de, aproximadamente, 30,000 desaparecidos:

No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa.

Lo curioso es que este no es el pensamiento dentro del Ejército Peruano. Hace 5 años, Gustavo Gorriti entrevistó a varias fuentes militares en torno al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y describió lo que los miembros de las Fuerzas Armadas concebían como “jerarquía de perpetradores”. En resumidas cuentas, esta era la siguiente, en lo que respecta al Ejército:

- Colina, que para ellos no es Ejército (en el juicio a Fujimori ha quedado probadisimo que si son Ejército)

- “Casos indefendibles”: Aca colocan a Cayara, Bustíos o Accomarca. Aquí se aceptan juicios y condenas en el fuero civil y en cárceles civiles.

- “Casos por probar”: A estos casos apuntarían las ayudas para la asistencia legal, básicamente.

Es decír, el Ejército aceptaba que existían casos que, definitivamente, tenían que ser sancionados, lejos de la lógica de Ben Schmuel. Y de hecho, es lo que ha expresado incluso un ex Comandante General del Ejército como José Graham. También lo han hecho otros militares en retiro, como Roberto Chiabra y Jorge Rivas Domínguez.

En la Marina, la cuestión es más compleja. Solo aceptan un año y un caso por investigar: 1984 y Alvaro Artaza (a) “Comandante Camión”. Ya se imaginarán que sucesos como El Frontón no están en su lista de “casos judicializables”. Pero aún así, lo cierto es que miembros de estos institutos armados - e incluso, los proponentes de las controvertidas normas de impunidad - aceptan que hay sucesos que deben castigarse. Digamos, a la derecha de Ben Schmuel solo queda el abismo.

Pero ahora vayamos a lo que dice el nieto del Amauta. En su estilo Aldo M habla de restringir el debate solo a los mayores de 30 años:

Y éste es un tema generacional. No vengan los chiquillos de ahora, los universitarios, los menores de 30 años, los que no la vieron de cerca, a ponerse exquisitos con los derechos humanos, pues a ellos no les han explotado cincos bombas cerca como a mí, no han tenido que gatear por el suelo de su casa mientras zumbaban las balas y el pánico surgía cuando atacaban la embajada de la esquina, ni asistir a un montón de velorios, ni experimentar apagones con ráfagas de disparos por todos lados, ni sentir booms lejanos que revelaban algún bombazo más en la ciudad, ni redadas diarias encañonados por uniformados nerviosos. Lo que para ellos es una cuestión lejana y abstracta es algo muy presente para los supervivientes, para aquellos que escuchamos el Terror a través de las paredes, como bien escribió el poeta Ginsberg.

Yo tengo menos de 30 y recuerdo perfectamente algunas de las cosas de las que habla Aldo M. Recuerdo que han reventado bombas cerca de mi casa, los bloqueos de las comisarías por el temor de que las fueran a volar (de hecho, tenía una a apenas 2 cuadras), los vidrios de las casas o de entidades públicas con cinta adhesiva para contrarrestar la onda expansiva de los coches bomba, los apagones, el temor de que los viejos no llegaran a casa. Recuerdo las noticias y las imágenes de los atentados. No olvido a un primo cuyos males se agravaron por las llamadas amenazadoras que le hacían a su papá, un oficial de la Policía. Y tampoco olvido como mi mamá lloró el día que el juez Ernesto Giusti era velado, dado que su viuda tuvo una relación bastante cercana con ella durante el tiempo en que tuvimos la crisis de los rehenes. Viví esa guerra desde la niñez, mi generación lo hizo, en distintos grados, en distintas formas. No me la han contado ni solo la he leido en el Informe Final de la CVR. Fue parte de mi y de las vidas de todos los peruanos.

Por ello, cuando escribo algo sobre la guerra interna y me dicen que no entiendo nada, por defender los derechos humanos, por condenar la insanía senderista y emerretista al igual que los crímenes cometidos por agentes del Estado, por decir que las amnistías y los indultos no tienen cabida, siento parte de la soledad que puede tener una persona que perdió a alguien en ese conflicto. Porque parece que nos acordamos de nuestros militares y policías caídos solo para decir que no procesen a nadie. Porque se habla en nombre de las víctimas del terrorismo para justificar excesos. Porque nos hemos demorado en reparar a todos y sentir que somos parte del mismo país. De ello, en realidad, se trata la reconciliación. 

Por ello es que resulta pertinente esta cita hecha hoy por Martín Tanaka:

La CVR considera que aquellas personas que hayan resultados heridas, lesionadas y muertas en enfrentamientos armados y que pertenecían en ese momento a una organización subversiva terrorista no pueden ser consideradas víctimas. Estas personas tomaron las armas contra el régimen democrático y, como tales, se enfrentaron a la represión legal y legítima que las normas confieren al Estado. Por otro lado, los miembros de las FF.AA., policiales o comités de autodefensa que son heridos, lesionados o muertos en enfrentamientos armados sí son considerados víctimas en este esquema. Estas personas fueron dañadas como consecuencia de un acto legal y legítimo de defensa del orden democrático y merecen el reconocimiento y respeto del Estado y la sociedad” (tomo IX, capítulo 2).

Me causa alergia y nausea el uso de los verdaderos héroes, de las viudas, de los huérfanos, como escudo para poder amparar la impunidad. Y sobre todo cuando esos soldados no son amparados por quienes se llenan la boca hablando de los derechos de nuestros uniformados. Mezclar a héroes y víctimas con asesinos es lo peor que le puede ocurrir al Ejército Peruano y al país. La fórmula es simple: fortalezcamos al Poder Judicial, reparemos a todas las víctimas y dejémonos de propuestas absurdas. Pero parece que lo simple en el Perú se complejiza cada vez más.

Mientras tanto, los anoñadores de los dictadores, en sus escritorios de directores de medios de comunicación, seguirán pensando que la gente no tiene memoria.

MAS SOBRE EL TEMA:

Beatriz Merino: Solo hay cuatro procesados por ejecuciones luego de operación Chavín de Huantar

Utero de Marita: Por qué el gobierno quiere el indulto / la amnistía para los militares

El Blog del Morsa: Más sobre la impunidad

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Desde hace un año, no dejo de preguntarme con frecuencia sobre los modos en que se puede mejorar la educación superior universitaria en el país. Creo que para todos es claro que, salvo honrosas excepciones, nuestras universidades no resistirían una evaluación a cabalidad de sus capacidades para formar mejores profesionales y, menos aún, en lo que se refiere a la investigación académica y aplicada.

Ayer, en El Comercio, el Tema del Día fue la Acreditación Universitaria, en un artículo preparado por Katherine Subirana y Ralph Zapata. Si revisan el artículo, les quedará claro que aun estamos en pañales en lo que se refiere a esta materia. Si bien contamos con una norma que instala todo un sistema de acreditación para la educación en el país, la misma viene demorando en implementarse. Y en lo que se refiere a universidades, solo se ha contemplado la obligatoriedad de la acreditación de dos carreras: Educación y Ciencias de la Salud (Medicina y afines). La situación en torno a los estándares sobre estas carreras es como sigue:

En el caso de la carrera de educación, de acuerdo con la Resolución Ministerial 0173-2008-ED, publicada el 31 de marzo de este año en el boletín de normas legales del diario oficial “El Peruano”, el Coneau tenía 90 días calendario de plazo para establecer y publicar los estándares de calidad a los que tienen que adecuarse. Y, aunque el plazo vencía en julio, recién en octubre pasado (tres meses después) se ha terminado de establecer y ahora están redactando los procedimientos para la acreditación, según señala el presidente del Coneau, José Viaña.

 

En el caso de los estándares para las Facultades de Ciencias de la Salud (que agrupa 12 carreras), aún no se ha empezado a trabajar.

El tema es que esta demora ocasionará un retraso en los procesos de acreditación, que no son otra cosa que la comprobación de la calidad de la enseñanza, medida a través de criterios cuantitativos y cualitativos, sobre la base del rendimiento de los alumnos, la infraestructura, los egresados, las investigaciones de los docentes y el grado académico obtenido.  Y si ocurre esto en estas dos carreras - que son las que, a nivel latinoamericano y mundial, se solicitan para iniciar este tipo de procesos - imaginemos lo que ocurrirá con las demás. 

En el caso de Derecho, que es el ejemplo más a la mano que tengo, existe una iniciativa del Colegio de Abogados de Lima para acreditar las Facultades de Derecho y detener el crecimiento en número de las mismas. Para ello se quiere presentar un Proyecto de Ley destinado a que se obligue a la acreditación de la carrera de Derecho y se eleven los requisitos para ser Bachiller en Derecho y Abogado. Hasta allí, todo bien. Pero mis dudas vienen por el hecho de que, si hay cambio de Decano en el CAL, pues esta iniciativa podría quedar trunca, debido a esa mala costumbre peruana de no continuar lo bueno que hizo el precedesor. En otras palabras, si no es por esfuerzos individuales o por un cambio normativo, parece que el tema de la acreditación puede quedar en la misma precaria situación de estos momentos.

Pero todo ello parte de algo que me parece central. Y es que no estamos entendiendo que la reforma de la universidad peruana es vital para muchos aspectos: contar con profesionales capacitados para ejercer sus respectivas profesiones (y que, por supuesto, tengan un compromiso ético y con su entorno social), generar verdaderos centros de conocimiento académico y aplicado, incentivar la investigación para generar mejoras en ciencias, tecnología, artes, humanidades y ciencias sociales. Todo ello destinado a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, en el marco de un proceso de descentralización que no debe quedar trunco. Y, por supuesto, no olvidemos que estamos hablando de un derecho humano, que no debiera ser menospreciado por el Estado ni por los privados que se asocian para dar este tipo de servicio.

De hecho, esta poca preocupación se traduce en el desdén con el que las instituciones tratan a las universidades, sobre todo a las públicas. Roberto Bustamante comenta, a raíz de los atropellos del alcalde Castañeda Lossio a San Marcos y a la UNI:

Por otro lado, tenemos a la Universidad Pública (no Universidad para los pobres, sino la Universidad, idealmente hablando, de todos), desprestigiada, sin recursos, sin presupuesto. La educación superior pública termina siendo una suerte de privilegio concedido, y no un derecho.

Así, claro, a recortarles el terreno, qué se han creído ellos, si esto es por el bien de la ciudad. Nada de ir pensando cómo se articula dicho espacio social y cultural con el resto de la urbe, cómo funciona todo. Para la Municipalidad (y en general para el país) la Universidad Pública no es funcional, sino es más bien una suerte de buffer zone, donde los que no pueden acceder al sistema privado puedan acceder a algún título.

En mi opinión, es necesaria una nueva Ley Universitaria que repiense en serio (entre otros tópicos):

1. El tema de los Títulos: si no te acreditas o no pasas la acreditación, ¿por qué tendrías que dar un título “a nombre de la Nación”? Y claro, ello obliga a que todas las carreras y universidades deban acreditarse.

2. El gobierno universitario: procurando establecer normas que eviten que las universidades públicas se transformen en feudos de facciones.

3. Transparencia: Portales electrónicos con toda la información de actas de Consejo y Asamblea Universitarios y el presupuesto colocado íntegramente, tanto en universidades públicas como privadas.

4. Regular a las universidades privadas con fines de lucro: No desaparecerlas, pero si ajustarlas a criterios básicos: acreditación de sus carreras, portales de transparencia en el que coloquen sus accionistas, porcentajes obligatorios de investigación, no beneficios tributarios.

5. Pasar a las filiales de todas las universidades por un serio filtro de calidad.

6. Ir hacia un modelo de universidades regionales que potencien las carreras más necesarias en cada región, de modo tal que se conviertan en centros de formación e investigación que puedan dotar de conocimiento y profesionales en determinadas áreas a todo el país (no me olvido tampoco de los estudios de post grado). Aca se requiere del concurso de los gobiernos regionales, la empresa privada y el sector sin fines de lucro.

7. Incentivar la investigación, a través de beneficios para los profesores dedicados a la misma, porcentajes mínimos a dotar para este campo y coordinar con los mecanismos de propiedad industrial y derechos de autor las garantías legales de las nuevas invenciones y conocimientos.

8. Contar con un ente rector de la Universidad, que sustituya a la ya caduca Asamblea Nacional de Rectores. Y que sea un organismo regulador de verdad.  

Pero claro, uno sabe que las leyes no lo cambian todo. Para ello, es necesario comenzar a pensar y actuar en serio en relación con la universidad peruana. Si no cambia la educación, pocas cosas en el Perú podrán cambiar. Aunque claro, también soy consciente que de esta administración, sobre todo en el tema educativo, pocas cosas pueden esperarse.

Comencemos a exigir un derecho que nos corresponde a todos los peruanos.

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