Archivo de 6 Noviembre 2008

Hoy la Organización de Estados Iberoamericanos emitió un comunicado oficial sobre su participación en el proceso de licitación para la construcción de hospitales, cuestionado por los correos y audios que vinculan a este proceso y a la participación de esta entidad como administradora de recursos con Rómulo León Alegría y Fortunato Canaán. De este comunicado, me interesan resaltar dos párrafos:

7. En virtud de un convenio con el Ministerio de Salud, éste encargó a la OEI la licitación pública para la construcción de dos hospitales: el de San Juan de Dios de Pisco y el de Santa María del Socorro de Ica. Pese a que las convocatorias fueron publicadas en dos medios periodísticos, en la primera licitación se presentó un solo postor en forma de Consorcio siendo adjudicado con la buena pro; en la segunda licitación se presentó nuevamente un solo postor, uno de los conformantes del consorcio anterior, siendo el resultado del proceso la declaratoria de desierto. Las empresas que, según los medios estarían cuestionadas, ni siquiera compraron bases en ninguno de los dos procesos.

8. Hemos dicho, y lo reiteramos, que mantuvimos contactos con el Sr. Rómulo León como una forma más de acercamiento para acceder a la posibilidad de firmar un Convenio Marco con el Ministerio de Salud e informarle de algunos términos y condiciones de nuestro trabajo. No hubo ilícito en ello. De estos contactos, analizados objetivamente, no se puede deducir que estuviesen encaminados a cometer actos ilícitos ni que alguien tenga dominio alguno sobre las decisiones de la OEI pese a las afirmaciones de terceros.

Sin embargo, existen dos problemas con lo expresado por la OEI.

El primero de ellos es mencionado nada menos que por el Ministro de Salud, Oscar Ugarte:

El Ministerio de Salud (Minsa) decidió anular el contrato de administración de recursos que firmó con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la construcción del hospital de Pisco y del hospital Socorro de Ica, sobre todo porque no se han acelerado los procesos para la edificación de los nosocomios.

 

Desde nuestro punto de vista (la OEI) no ha aligerado nada en plazos, ni ha acortado caminos en el sentido de abreviar los tiempos para ejecutar las obras y ahora estamos en una situación en la cual todavía no tenemos los expedientes técnicos para poder efectuar la construcción. Por lo tanto, eso tomaría seis u ocho meses más para tener los expedientes técnicos y poder iniciar ello”, afirmó a ideeleradio el ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz, quien hizo el anuncio.

 

Ugarte también informó que la suspensión del contrato implica que la OEI  devuelva los 41 millones de soles que se le adelantaron para la ejecución de los proyectos de inversión que no podían postergarse. “Nos han comunicado que van a devolver el dinero y están de acuerdo en rescindir el contrato y se avienen a la decisión de mi despacho, que requiere una resolución suprema que será firmada en los próximos días“, aseguró.

 

El titular de la cartera también anunció que su portafolio constituirá una comisión veedora de todos los procesos que convoque el Ministerio de Salud y que en el caso particular de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007, se reunirá con la población para explicar este nuevo procedimiento.

En otras palabras, el Ministro comprobó que la administración hecha por OEI no sirvió para los fines adecuados y se ha retrasado el inicio de obras necesarias para las localidades más afectadas por el terremoto del año pasado. Dos preguntas: ¿por qué no se menciona esto en el comunicado de la OEI? y ¿por qué hubo tanta demora con los procedimientos?

El segundo punto tiene que ver con el audio revelado la semana pasada por Caretas. La conversación entre León Alegría y el director de la OEI, José Ignacio López Soria reveló que el lobbista concertó con el funcionario internacional los términos de presentación de las condiciones con las que la OEI se presentaría ante el Ministerio de Salud como la entidad encargada de administrar la concesión de la construcción de varios hospitales. En esta conversación se concerta desde los términos exactos hasta la comisión a cobrar por parte del organismo internacional.

Por tanto, cuando se señala que León Alegría solo fue informado de términos y condiciones del contrato es incurre en una inexactitud, dado que se concertan varios puntos y, además, es el hoy prófugo quien prepara los documentos necesarios para que OEI pueda participar como administrador de la licitación.

Ello, nos deja, como colofón, la necesidad de nuevas aclaraciones en este caso, que, sin duda, deben ir más allá de un simple comunicado.  

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Cuidadoso lector, recordará usted que en un post anterior de este blog contamos la historia de lo que había ocurrido en el diario El Comercio en torno al Petrogate. A fin de afinar su memoria, le suministramos una ayuda al recuerdo:

1. La Unidad de Investigación de El Comercio, dirigida hasta hace unas semanas por Fernando Ampuero, venía trabajando el tema del Petrogate en semanas previas a la difusión de los petroaudios. En ello tenían el apoyo del entonces director del diario Alejandro Miró Quesada Cisneros.

2. Una vez que se produjo el relevo en El Comercio, el nuevo director, Francisco Miró Quesada paralizó la publicación de los audios. Los audios llegaron por otra mano a Fernando Rospigliosi, quien a su vez se los dio a América Televisión. Y otro lote llegó a Perú.21. Ambos medios, como recordamos, están dentro del grupo El Comercio.

3. Ante el peso de las evidencias presentadas en Cuarto Poder, El Comercio recién se animó a publicar lo investigado dos días después del escándalo. Quien firmó las notas fue el periodista Pablo O’Brien.

4. Se desata una sorda pugna entre, de un lado, Francisco Miro Quesada y el editor de Opinión de El Comercio Hugo Guerra, y, de otro lado, Augusto Álvarez Rodrich, director de Perú.21, en torno a si se debían difundir conversaciones grabadas ilícitamente.

5. En medio de la pugna, Fernando Ampuero es despedido de El Comercio y la Unidad de Investigación del diario comienza a ser investigada internamente para saber la fuente de los petroaudios. Lo único bueno resulta ser la designación del periodista Miguel Ramírez como nuevo director de la UI.

Pues bien, retomemos la historia en este punto. Hoy en Caretas salen dos artículos que revelan más entretelones de esta pelea, que, como veremos al final, importa mucho más que el mero “periodismo sobre periodistas” (como elegantemente lo ha bautizado Rosa María Palacios).

El primero, firmado por Fernando Ampuero, tiene un detalle más que interesante sobre el papel de uno de los personajes ya mencionados:

Imaginemos, por el contrario, al editor de un diario que debe afrontar casos de corrupción que involucran a funcionarios de gobierno. Imaginemos que ese editor, de quien sabemos que ha trabajado en los últimos años con ministros de Estado y hasta con el vicepresidente de la República del actual régimen, observa la paja y no la viga de un negociado. No dijo que no haya que mirar la paja, que es también condenable. Digo solamente que la viga maestra, la corrupción, debería captar mayor atención. Pero si en ese trance, invocando la decencia, el editor decide poner el énfasis en la paja y no en la viga, ¿qué pensará usted, suspicaz lector? Indudablemente concluirá que el editor de ese diario ha optado por ser un servil ayayero del gobierno de turno, por defender intereses ocultos y, lo peor de todo, por no cumplir con su deber de hacer buen periodismo.

A quien Ampuero alude pero no menciona es a Hugo Guerra, de quien, en nuestro post anterior sobre el tema, hemos señalado claramente que es el defensor de los intereses del Primer Vicepresidente de la República, tanto en temas de derechos humanos como de presupuesto del sector Defensa. Y de quien el ex jefe de investigación del decano no se equivoca: en efecto, el Estudio de Abogados del cual es socio Guerra ha sido contratado por la Comisión Organizadora de APEC, en tres ocasiones, para dar servicios legales (ver aquí, aquí y aquí). Recordemos que esta comisión es presidida por Giampietri y, además, está exenta en sus contrataciones de los controles de CONSUCODE, gracias a las Leyes de Presupuesto 2007 y 2008. Hecho que, como bien señala el escritor y periodista, despierta las alarmas del suspicaz lector.

El segundo hecho vinculado a Guerra es relatado en la columna de Gustavo Gorriti:

El lunes 3, Hugo Guerra, el recientemente retornado subdirector de facto de El Comercio, pidió a Pablo O’Brien, a través de intermediarios, la entrega de todos los petroaudios en su poder. O’Brien es el periodista que por más tiempo investigó el caso de corrupción que terminó en los petroaudios. Por razones que reseñaré aquí, O’ Brien nunca llegó a publicar su investigación.

Al recibir la petición, orden más bien, de Hugo Guerra, O’ Brien contestó que ya no tenía los audios, que los había devuelto a la o las fuentes que los entregaron.

El martes 4, O’Brien recibió la indicación de acercarse a la oficina de recursos humanos del periódico, para recoger su carta de despido. Con ello continuó la purga de la unidad de investigación, iniciada con el despido de su editor, Fernando Ampuero.

Es decir, Guerra le pide a O’Brien los audios, él no se los da porque ya no los tiene y lo botan del diario. Menudo pago a quien investigó el caso desde el inicio. De hecho, El Comercio no solo venía investigando el caso del petróleo, sino una pista más grande. Señala Gorriti:

La investigación de El Comercio - a cargo de Pablo O’ Brien - sobre la relación de grupos mexicanos (Banco Azteca y Cemex fundamentalmente) con algunos funcionarios de este gobierno, empezó desde septiembre u octubre de 2007. Esos casos llevaron a los de hospitales y el de los petroaudios. Periodistas de América TV y de Perú.21 tuvieron acceso a la información del caso varios días y posiblemente semanas antes de hacerlo público.

El golpe de estado en la dirección de El Comercio impidió que la investigación fuera publicada. Mientras tanto, AméricaTV y Perú21 corroboraban la información. Cuando lo lograron, la publicaron.

En otras palabras, y tal como lo hemos dicho desde hace algún tiempo, tenemos un mega caso de corrupción, con cuatro aristas claras:

1. El Petrogate en sí, con Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, los noruegos y Fortunato Canaán de protagonistas.

2. El tema de hospitales, con Canaán, Rómulo, Garrido Lecca y la OEI de protagonistas.

3. Obras en provincias, donde aparecen, nuevamente, Canaán, León Alegría y la OEI. Hablamos, hasta ahora, de Ancash y Moquegua.

4. Los negocios mexicanos, con Rómulo León y Garrido Lecca de protagonistas. Pero como actores secundarios aparecen Jaime Carbajal y José Antonio Chang.

Salta a la vista una pregunta. ¿Por qué Hugo Guerra quiere los audios? No hay que olvidar que: 1. trabaja en la universidad del Ministro socio de Garrido Lecca y 2. su estudio de abogados ha sido contratado por el Vicepresidente de la República, a quien defiende columna tras columna. Y la otra interrogante:  ¿Qué intereses hay detrás de todo esto y de que no haya salido la investigación sobre los negocios mexicanos en El Comercio?

En medio de esta pugna, aparentemente de periodistas, aparece claro que aun queda mucho por investigar.

MAS SOBRE EL TEMA:

Utero de Marita: ¿De dónde salieron los audios?

Los Principios Rectores del Grupo Periodístico El Comercio

La OEI emite comunicado de descargos sobre su participación en el tema Hospitales

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