Se que estoy juntando dos palabras que, en apariencia, podrían ser antinómicas. De hecho, la mayor parte de los chistes sobre abogados nos pintan como una raza de personajes sin escrúpulos, que están dispuestos a hacer todo lo posible por conseguir un cliente o para obtener un resultado favorable al mismo.
Desafortunadamente, los casos de abogados que nos hacen esta mala fama a todos aquellos que hemos pasado por una facultad de Derecho acumularían una lista tan larga como la guía telefónica. Dos ejemplos recientes nos podrían hablar de ello: en el Petrogate, hay dos abogados directamente comprometidos en el negociado: Alberto Quimper y Ernesto Arias Schereiber. Se trata de hombres de leyes que ya tienen un largo recorrido vital y profesional y que verán como final de su carrera una condena judicial por corrupción y otros delitos.
Su actuación resulta ser sintomática de como puede utilizarse a la profesión de abogado como canal de corrupción: Discover contrata como abogado y mandatario de la empresa a Arias Schereiber. Hasta allí, estamos ante una figura bastante común, donde abogados de estudios importantes son directores de empresas, debido a su conocimiento del sector de mercado al que apuntan. Pero, aca viene lo grave, la petrolera noruega le pide a Arias Schereiber que subcontrate abogados para otras áreas, entre ellos a Quimper, a quien consideran un buen tributarista, pero conociendo que es el director de la empresa estatal encargada de la concesión. Y Quimper, además, les prepara los documentos necesarios para pasar las etapas del concurso por los lotes. Además, Arias Schereiber se encarga de manejar la plata para “aceitar” personas, tal como le encargó Rómulo León Alegría.
Pues bien, este es el extremo más delictivo de una mala praxis de los abogados. Pero hay otro tipo de malas prácticas que son igualmente perjudiciales: la falta de compromiso con la democracia de varios abogados - basta ver la actuación de varios de ellos durante el gobierno de Fujimori -, la poca diligencia que se tiene en llevar un caso, la serie de abogados que engañan a jubilados y fonavistas con un rápido incremento en sus ingresos, la gama de conflictos de intereses que surgen, la revelación del secreto profesional, en fin, varias cuestiones que afectan directamente a los usuarios del sistema de justicia y a cualquier ciudadano que requiere de asesoría legal. E incluso podríamos incluir el trato de los abogados a los practicantes, algo que varios de mis amigos podría relatar de mejor forma que yo.
Por ello, un instrumento importante para regular estas conductas es un Código de Ética de los Abogados. Tenemos uno actualmente, pero el mismo tiene dos importantes problemas. El primero, el de siempre, casi nunca se cumple como toda regla en el Perú. El segundo, es que resulta ser poco adecuado a una gestión moderna y competitiva de la profesión de abogado, además de no tener un procedimiento claro para las sanciones a imponer en cada caso.
Dentro de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha trabajado un Proyecto de Código de Ética, a partir de un Grupo de Estudio encabezado por Beatriz Boza y en el que han participado las asociaciones de estudiantes de Derecho de la mencionada Facultad, abogados de los estudios más importantes de abogados y de las gerencias legales de las empresas más importantes del país.
Este Proyecto, que he podido revisar, cuenta con varias herramientas destinadas para una mejor práctica del Derecho. Se llegan a regular los distintos tipos de conflicto de intereses en los que podemos incurrir los abogados, se incorporan reglas generales que permiten cualqueir tipo de publicidad de la profesión sin que ello implique dejar de lado la ética, se regula el tema de las prácticas pre profesionales en conjunción con las normas laborales, se establecen las reglas de responsabilidad de los estudios de abogados y los casos en los que ellos como los abogados independientes no pueden patrocinar un caso, entre otros temas.
Este martes 4 de noviembre al mediodía, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP, se presentará este Proyecto de Código de Ética de los Abogados a las más altas autoridades del sistema de justicia: el Presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, la Presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, la Defensora del Pueblo y el decano del Colegio de Abogados de Lima. Con ello se iniciará el debate en Lima y provincias sobre las reglas éticas que deben guiar las conductas de los abogados.
Considerando la importancia de este tema para todos los peruanos, dado que en algún momento requeriremos de un abogado, este blog irá abordando, en las próximas semanas, varios de los temas contenidos en el Proyecto de Código de Ética de los abogados, a fin de recoger las opiniones quienes visitan esta web y, como todos, están empeñados en que nuestro país avance, pero esta vez, de verdad.
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