Desde el Tercer Piso

Rómulo León Romero es uno de los personajes sobre los cuales la investigación sobre el Petrogate podría centrarse más. De hecho, es mencionado en los audios como una de las personas que enviaba misivas a nombre de Discover Petroleum y el descubrimiento de la empresa Clatel hace ver que, de los vástagos de Rómulo León Alegría, era quien tenía mayor cercanía a las actividades de su padre.

Ayer Reporte Semanal emitió un reportaje en el que evidencian los signos de riqueza de Romulito, con recientes adquisiciones de inmuebles utilizados por su padre como viviendas y oficinas y un acelerado incremento en sus créditos solicitados. Todo ello luego de las conversaciones entre su padre y Fortunato Canaán:

Como vemos, Rómulo León Romero debería dar una explicación mayor sobre este problema. 

ACTUALIZACION (11:35 PM):

Rómulo León Romero se presentó en el Congreso, finalmente. Aunque parte de la sesión ha sido reservada por cuestiones de seguridad - el hijo del ex ministro aprista arguyó amenazas de muerte -, ha señalado lo siguiente. Vía El Comercio:

Rómulo León Romero aseguró que su padre, el ex ministro aprista Rómulo León Alegría, se encuentra en el país y que se presentará ante la justicia cuando se le otorguen las garantías de un juicio justo.

A su salida de la sesión de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la concesión de cinco lotes de petróleo a favor de la empresa noruega Discover Petroleum, León Romero consideró que los audios difundidos no incriminan a su padre en algún delito de corrupción.

Mi padre está en el Perú y no ha salido en el país si no se presenta hasta el momento es porque no existen las garantías de un juicio justo, sostuvo el empresario de comunicaciones.

En diálogo con la prensa, León Romero acusó al empresario dominicano Fortunato Canáan de haber traicionado no sólo a su padre, sino a todo el país, y de ser el causante de la crisis política que empujó la renuncia del Gabinete Ministerial presidido por Jorge del Castillo.

En ese sentido, dijo que Canáan fue quien contrató los servicios de una compañía privada para interceptar y grabar de manera ilegal las conversaciones telefónicas de su padre.

“Canaán contrató una empresa privada para que haga la ilícita labor de interceptación telefónica y concertó también su entrega a través de otras manos”, mencionó.

Cuando los integrantes de la comisión le solicitaron que brinde mayores detalle sobre su afirmación, León mencionó que prefería no hacerlo, pues temía por su seguridad personal y la de su familia. Minutos después, la presidencia de la comisión decidió que la sesión pase a reserva.

Del mismo modo, León Romero descartó tener vinculación alguna con la empresa noruega Discover Petroleum. “Quien habla no mantiene ninguna relación con esta empresa, ni representante legal, vinculo comercial o amistad”, recalcó.

No obstante, León Romero reconoció que firmó una carta dirigida a la máxima autoridad de Perupetro, Daniel Saba, agradeciéndole luego de que Discover Petroleum ganara la concesión. Según explicó, firmó la carta a pedido de su padre, pero nunca conoció el contenido de la misma.

Sin embargo, cuando los congresistas le pidieron que se explicara más, evitó precisar si firmó el documento en blanco o si lo hizo sin leer la misma y sólo se limitó a señalar que no conocía el contenido de la misiva.

“Actué de buen fe a solicitud y pedido de mi padre, yo confié en que este documento no era un documento ilegitimo de contenido deshonroso, no encontré nada cuestionable y colaboré en la firma de este”, dijo.

Por otro lado, lamentó que este escándalo haya afectado -dijo- a personas honorables como el ex jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo y la empresaria Ingrid Yrribarren.

En otro momento de la extensa sesión, León Romero denunció ser  víctima de un seguimiento por parte de policías encubiertos que vigilan su domicilio y el de sus familiares.

Dicen que las institutos armados son las únicas instituciones donde las órdenes se acatan sin dudas ni murmuraciones. Creo que no es así. Por un lado, militares valientes se opusieron a órdenes que violaban derechos humanos, el orden democrático o la honestidad y probidad, o denunciaron actos que se habían cometido en este sentido. De otro lado, parece ser que el Partido Aprista Peruano es otra de las instituciones en las que se pretende que la obediencia debida sea casi un artículo más de sus estatutos.

El señor de la foto se llama Edgar Nuñez Román, es congresista del APRA por Ica y actualmente preside la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Nuñez es un parlamentario bastante cercano a las Fuerzas Armadas, dado que es Vicerector Adjunto de la filial Ica de la Universidad Alas Peruanas, una casa de estudios cuya promotora es una cooperativa a la que pertenecen miembros de los institutos armados. Además, Nuñez participó como actor en Vidas Paralelas, la película sobre el conflicto armado interno financiada por la UAP y con guión elaborado por el Ejército Peruano. Es decir, solo le falta el quepí y el uniforme.

Pues bien, mientras el Petrogate estaba en su fase más álgida, en pleno día de la Marina de Guerra, el Presidente de la República esbozó la posibilidad de una amnistía para los militares que violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno. Se habló - sin conocimiento de causa - de persecusiones a militares, cuestion que fue respondida de modo enérgico y claro por el Presidente del Poder Judicial.  

Y hoy Perú.21 informa que Nuñez es el encargado de cumplir el encargo presidencial:

¿Sincera preocupación o consolidación de la impunidad? Atendiendo al pedido que formulara el presidente Alan García y otros miembros del oficialismo, la Comisión de Defensa del Congreso presentará, en los próximos días, un proyecto de ley para amnistiar a los militares y policías que afrontan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos como consecuencia de la lucha contra el terrorismo.

Así lo aseguró ayer a Perú.21, Edgar Núñez Román (Apra), titular de dicho grupo de trabajo parlamentario, quien precisó que la iniciativa está dirigida al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y de la Policía que, pese a haber obedecido órdenes superiores, ha sido procesado judicialmente.

“Esta semana presentaremos el proyecto multipartidario. Estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad”, explicó.

Según Núñez, el proyecto de Ley de Amnistía podría beneficiar a 600 militares y policías de los más de 3 mil que actualmente se encuentran procesados en diferentes instancias del Poder Judicial.

Sin embargo, en entrevista concedida hoy en Canal N, Nuñez no fue capaz de señalar con claridad si el proyecto de Ley en cuestión solo comprendería a los subalternos con lo que, ojo, alguna puerta abierta hay para que se comprenda a más gente. De hecho, la conformación de la Comisión de Defensa hace pensar en que este proyecto puede ser más amplio: en dicha comisión se encuentra voces tan proclives a la impunidad como las de los vicepresidentes de la República Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar, la congresista de Unidad Nacional Lourdes Alcorta y las parlamentarias fujimoristas Cecilia Chacón y Luisa María Cuculiza.

Se argumenta que las Fuerzas Armadas no son suficientemente defendidas o son maltratadas por la lentitud de los procesos y no faltan las voces que dicen que las acciones que implicaron violaciones de derechos humanos eran costos a pagar por la guerra.  La mejor defensa que tanto el Ejército como la Marina pueden hacer de sus oficiales probos es dejar que los juicios continuen su curso y así se definan cada una de las responsabilidades existentes. De hecho, en los procesos en los que ya se emitió sentencia, se respetó el debido proceso de los oficiales comprometidos. Y si no quieren que la cosa se dilate más, pues es tiempo que el Ministerio de Defensa entregue la información requerida por los jueces y fiscales en este tipo de casos.

Asimismo, si hablan de preocupación por los militares, pues le recomendaría al señor Nuñez y a los miembros de su comisión que se preocupen por las familias de los 14 soldados fallecidos en estas semanas por incursiones senderistas. Por los cuales, por cierto, las organizaciones de defensa de derechos humanos han sacado la cara, lejos de los discursos y los flashes de las cámaras.

Finalmente, y ya en el aspecto puntual de la amnistía, cabe recordar su imposibilidad de acuerdo al derecho internacional, debido a tres motivos centrales:

- La existencia de un conjunto de derechos que no pueden ser limitados en ningún tiempo o circunstancia, al que llamamos núcleo duro de derechos, frente al cual ninguna norma interna o externa puede establecer una norma que los vulnere. ¿Què derechos encontramos allì? La vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura, debido proceso. Todos estos derechos fueron vulnerados a través de asesinatos, desapariciones, torturas o violaciones del debido proceso.
- La existencia de derechos independientes que implican el cumplimiento de la obligación estatal de investigar y sancionar violaciones de los derechos humanos. Me refiero aquí al derecho a la verdad y a las garantías judiciales de las víctimas y sus familiares.
- En el caso de conflictos armados internos, como el vivido por el Perú entre 1980 y 2000, la jurisprudencia internacional ha ido sosteniendo que las vulneraciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra - aplicable a nuestro caso, sin que ello otorgue otro estatus jurídico a SL y al MRTA - deben ser procesadas por el Poder Judicial.

Termino, recordando algo que dijo juiciosamente Jorge Lanata, cuando dieron el indulto a los represores de la Junta Militar Argentina:

Solo el tiempo podrá dar una idea clara del error; los rostros de los indultados han sido pintados de blanco por decreto. Ellos creen que es posible. Aunque solo podrán verse peligrosos payasos con la cara pintada de cal.

No volvamos a repetir el error de 1995.

ACTUALIZACION (03:20 PM)

Ya se produjeron reacciones sobre el tema. En declaraciones que no llegan a establecer una opinión sobre la propuesta del congresista Nuñez (aunque algo se esboza), Yehude Simon dijo:

“Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud”, dijo Simon sobre el tema. “Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional”, añadió.

Por su parte, Aurelio Pastor ha indicado que el proyecto no es una iniciativa aún presentada y que es a título personal del parlamentario por Ica. En cuanto al fondo del asunto, manifestó:

“En principio no estamos en contra, el país tiene que estar preparado para ir superando etapas, y eso es parte de un proceso de reconciliación, pero tendríamos que ver naturalmente cuál es el alcance del proyecto, porque tampoco se trata de promover leyes de impunidad ni que traten de salvar a quiénes de manera fehaciente han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Situación bastante delicada la de los apristas, quienes ahora pretenden - en apariencia - limitar el proyecto el mínimo. De hecho, estas son las nuevas declaraciones de Edgar Nuñez:

“No voy a amnistiar con esta iniciativa al señor Telmo Hurtado ni a los señores que hicieron la locura del Andahuaylazo, menos a gente que desquiciada en su actividad, hicieron matanzas masivas”, afirmó.

Agregó que su intención, con este proyecto, es “tratar de recuperar la moral de los valerosos soldados del Perú, que nos han salvado de los criminales de Sendero Luminoso y nos han dado lo que hoy vivimos, libertad y democracia, y están siendo maltratados”.

Dijo que para que no quede duda de esta intención, su proyecto contendrá los nombres de los amnistiados, de tal manera que no exista ninguna posibilidad de filtrarse nombres a los que no les corresponde.

Tres preguntas: si quieren que los juicios se aceleren: 1. ¿por qué los militares acusados no se presentan en las fechas en los que los citan a declarar?, 2. ¿por qué el Ministerio de Defensa no entrega la información que se le solicita en las instancias judiciales? y 3. si se quiere diferenciar a héroes de asesinos, ¿por qué no dejar que acaben los juicios?

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