
¿POR QUE CUANDO NOS PARECE QUE LA POLITICA PERUANA YA NO PUEDE ESTAR PEOR, SIEMPRE APARECE ALGUN AMPAY, DENUNCIA O ESCANDALO QUE NOS DEMUESTRA LO CONTRARIO?
Creo que esta pregunta, hecha por los chicos de SIC en un pequeño recuadro en la edición de hoy de El Comercio, resume la indignación de los peruanos en torno al caso Discover, destapado el último domingo en un canal de televisión.
Creo que a estas alturas, no resulta increible que dos personas inescrupulosas y con antecedentes que asemejarían a un prontuario hayan podido operar en la mayor de las impunidades. Tanto Rómulo León Alegría como Alberto Quimper no solo han podido medrar en esta ocasión sino que, en distintas ocasiones, se acogió a la prescripción uno, como a la lenidad de las autoridades judiciales el otro. Y no sorprende, no solo por los enlaces directos que ambos personajes han tenido (¿o aún tienen?) con el Partido Aprista Peruano y el Presidente de la República, sino también, y fundamentalmente, por la poca institucionalidad operante en el país en torno al tema de la corrupción.
La persecusión de la corrupción de la década de los noventa fue una oportunidad desaprovechada. Si bien es cierto varios de los peces gordos han purgado o purgan prisión y los principales líderes de la organización criminal Fujimori - Montesinos se encuentran en la cárcel, no se consiguieron varios de los objetivos que podían haberse trazado a partir de lo que fue dicha triste experiencia. En momentos en que impacta un escándalo que compromete a funcionarios de una empresa estatal y a los lobbistas de una empresa privada - lo que le demuestra a los Alditos y a las Patricias que la corrupción puede venir de miembros de una empresa privada o pública - , vuelve a mi mente la poca atención judicial que se le puso a los delitos económicos y financieros cometidos durante los noventa, en la que los procesos judiciales han avanzado muy poco y sus principales responsables se encuentran libres, campantes y haciendo negocios. Como Rómulo. Como Alberto.
Tampoco se debe dejar de tener en cuenta que los sistemas de prevención de la corrupción no han funcionado. Ayer Genaro Matute se quejaba de que la Contraloría no podía fiscalizar adecuadamente los procesos de concesiones porque habían normas que se lo impedían. Menudo colofón para una gestión que siempre se vio cuestionada porque el Contralor le debía el puesto a su amistad con Alejandro Toledo, pero que no ha dejado de tener ciertos avances. En las próximas semanas se deberá elegir a un nuevo Contralor, por lo que habrá que estar atentos a que la designación sea la más adecuada y, por cierto, que no se ponga a nadie cercano al Presidente de la República. Y claro, también deberán modificarse las normas que imposibilitan un mayor control por parte de instituciones como la Contraloría.
No debe olvidarse tampoco ese viejo adagio que dice que la Ley se cumple pero no se acata, que parece ser máxima del Estado peruano y de varios de sus representantes. Revisando El Pacto Infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú, me topo con el ensayo de Alfonso Quiroz “Costos históricos de la corrupcion en el Perú republicano”, en el que se hace una periodificación cuantitativa y cualitativa de la corrupción en el Perú. Encabezando los periodos más corruptos aparecen, sin duda, la década 1990 - 2000 y la época de la consolidación de la deuda de la independencia (1850’s). Pero ningún periodo de nuestra vida independiente se salva. De hecho, en otro ensayo del libro antes mencionado, Francisco Durand dice lo siguiente sobre el primer periodo del aprismo:
En el periodo 1985 - 1990, una serie de hechos generaron un contexto favorable a la corrupción política de alto nivel, tanto por lo que sucedió en el gobierno como por las alteraciones de niveles de vida asociados a un ciclo repetitivo de crisis económicas. Entre los factores políticos resaltan, principalmente, las ambiciones y la personalidad del presidente Alan García, el inusual grado de concentración de poder en el Ejecutivo, lo que incluye la apristización del Estado, la manera en como se ampliaron y manejaron los poderes de intervención económica del Estado, y las relaciones colusivas rentistas que se establecieron con cierto empresariado. La concentración de poderes y la trama de relaciones generó una falla sistémica que imposibilitó detectar, investigar, corregir y sancionar la corrupción en el momento que ocurrió o poco después. La situación de crisis fue un factor más general del contexto que alteró las formas de comportamiento y las ideas, y también coadyuvó a la formación de un gobierno cleptocrático.
(Durand, Francisco, “Dinámica política de la corrupción y participación empresarial, en Portocarrero, Felipe (editor), El Pacto Infame: estudios sobre la Corrupción en el Perú, Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2005, p. 293)
Resulta siendo increible como este diagnóstico, cambiándole el signo económico, resulta siendo aplicable al actual gobierno. Ello nos vuelve a reflejar que, cuando hablamos de corrupción en el Perú, no solo veamos el tema coyuntural de este escándalo ni tampoco creamos que con Montesinos o León Alegría la corrupción ha parido en el país. Hay una cultura de la pendejada, aceptada por muchos en el plano cotidiano, que genera este tipo de conductas. Los hampones que tenemos son su máxima expresión, puesta en un contexto de controles institucionales escasos y en el que el conocimiento de los actos de corrupción en las altas esferas parece ser alto para quienes moran en ellas.
De hecho, en este caso, la mira también apunta a Jorge del Castillo, quien también se reunió con el cuestionado empresario dominicano Fernando Caanan. Y aunque del Castillo ha negado participar en los evidentes favoritismos a Discover, pues a estas alturas resulta dificil sostener que no había conocimiento de estas reuniones en la parte más arriba del poder, más aún, cuando Alan García estuvo reunido con esta gente.
Y aunque no quisiera una interrupción del periodo constitucional, un tufo a septiembre del 2000 comienza a sentirse en el ambiente.
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