Desde el Tercer Piso

ADOPTE A UN CONGRESISTA: EL BLOG:

William Vasquez a.k.a. El Paki abrió la bitácora oficial de la campaña Adopte a un Congresista, a la que puede sumarse todas las personas que hayan adoptado a su parlamentario. De arranque, bien jugado que se hayan puesto las reglas claras para la participación y comentarios. Las inscripciones, aquí.  

Y para quienes aún no captan la importancia de la campaña, además de los posts ya publicados en este nuevo blog, recomiendo leer Información Cero, en Menos Canas, la columna de Pedro Salinas en Correo y el comentario de Katherine Subirana en El Comercio (al final del artículo linkeado).

UNA SOLUCION PARA LOS GASTOS OPERATIVOS

Dentro de lo más sensato que he escuchado en estos días en los que la solución parlamentaria a los gastos operativos parece ser el aumento de sueldo, es el artículo de hoy de Francisco Eguiguren en Perú.21. Lo más saltante:

Los parlamentarios deben percibir una remuneración adecuada, a fin de dedicarse exclusivamente a su función; siendo así, habría que reformar la Constitución y disponer que su labor sea a dedicación exclusiva, sin que puedan realizar actividad laboral o comercial alguna.

El personal de apoyo debe ser remunerado por el Congreso. Para los legisladores provenientes de los distintos departamentos del país, el Parlamento debe cubrir directamente el costo de su pasaje y viáticos para el traslado periódico a su localidad de origen, pero solo cuando, efectivamente, se realiza dicho viaje.

En otras palabras, que los congresistas ganen su sueldo actual, chau gastos operativos, los asesores solo serían los que puede pagar el Congreso - osea, chau empleados fantasmas - y los viajes a los parlamentarios de provincias serían pagados por el Congreso cuando ellos se realicen (y con rendición de cuenta de los pasajes y demás costos).  Si se adoptara “la solución Eguiguren”, pues el Congreso podría ahorrarse más desprestigio y debatir normas importantes, como tanto reclaman que nos fijemos aquellos que venimos criticando su gestión administrativa.

EL VIAJE DE LOS ROMANOS

Ayer Prensa Libre volvió a encontrar una nueva perla del Congreso, sobre la base de una pista poco indagada del caso Anaya. Bueno, como se sabe, Anaya se fue a Italia, supuestamente pagado por una Liga de Amistad Parlamentaria.  Sin embargo, en el viaje se anotaron 8 congresistas y el pago fue al contado. Cuenta El Comercio:

Según el programa periodístico de América Televisión, los congresistas upepistas Elizabeth León, José Anaya, Karina Beteta, Margarita Sucari, José Saldaña, Antonio León Zapata, Roger Nájar y Álvaro Gutiérrez dijeron en su momento que estuvieron en Italia gracias a una invitación de la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú-Parlamento Europeo, que les cursó pasajes entre el 4 y el 11 de mayo de dicho año. Sin embargo, eso no sería del todo cierto.

 

El informe de Prensa Libre señaló que a la fecha son 48 las Ligas Parlamentarias con diversos países que se encuentran registradas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Asimismo, una de las características de estas “ligas” es que ninguna maneja presupuesto propio del Parlamento, por lo que cualquier viaje de una delegación de congresistas se efectúa de acuerdo a las invitaciones que puedan llegar del exterior. En el caso de los upepistas, no hubo ninguna invitación.

Peor aún, Carlos Roca, nuestro embajador en Italia, señala que tal Liga no existe. Ni siquiera existe una Liga entre Perú e Italia, por lo que la invitación parlamentaria sencillamente no existió. ¿Quién pagó los pasajes? ¿Y para que se fueron 8 parlamentarios de tour a Venecia, Roma y El Vaticano?

Dato adicional: llaman la atención tres de los involucrados junto a Anaya en este escándalo: el Tercer Vicepresidente del Congreso Álvaro Gutiérrez, la ex presidenta de la Comisión de Ética Elizabeth León y Margarita Sucari, la parlamentaria que se salvó de ir a juicio por sacarle parte del sueldo a una de sus asesoras.

¿Podremos estar alguna vez orgullosos del Congreso?

Para nadie es un secreto que el almirante y primer Vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas le tiene animadversión al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuestión que, al margen de las alergías militaristas del almirante, me resulta un tanto curiosa, dado que la CVR no indicó que estuviera en las ejecuciones extrajudiciales de El Frontón. 

Sin embargo, el Almirante insiste en irse contra los organismos de derechos humanos y contra la CVR cada vez que puede. El tema le remueve el corazoncito castrense, a pesar que la Comisión dijo que Sendero Luminoso era el principal responsable de lo ocurrido.

La última giampietrada ha ocurrido en la Comisión de Defensa del Congreso. Una comisión que tiene a personajes tan “proclives” a la defensa de los derechos humanos como Lourdes Alcorta, Mercedes Cabanillas, Cecilia Chacón, Luisa María Cuculiza o la segunda Vicepresidenta de la República Lourdes Mendoza del Solar. El grupo de trabajo es presidido por el compañero Edgar Nuñez.

Bueno, luego de 5 años de haber concluido su trabajo, los miembros de la CVR han sido citados a la Comisión de Defensa para dentro de dos semanas, a fin que puedan explicar a esta comisión parlamentaria su metodología de trabajo, como llegaron a determinar el número de víctimas y sus conclusiones.  Digamos que irán a una cancha en contra, con el arbitro comprado y la tribuna muy caliente.  De alguna manera sorprende esta invitación, cuando el Informe Final explica por sí solo la metodología y sus propias conclusiones. Leerlo - o al menos, revisar su versión abreviada - es algo que los señores Congresistas deberían hacer antes de hablar zandeces. Aunque claro, hablar de la CVR sobre la base de prejuicios es ya un clásico de la política peruana.

Pero lo realmente extraño es como se tomó esta decisión. Informa Perú.21:

La decisión fue adoptada hace más de una semana, pero recién se conoció ayer por boca del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Édgar Núñez, quien señaló que el acuerdo se logró nada menos que en Palacio de Gobierno, donde sesionó su grupo de trabajo “en forma reservada”.

Cabe recordar que hace más de una semana, el señor Presidente de la República se fue a visitar a Lula a Brasil, por lo que Luis Giampietri quedó encargado del Despacho Presidencial. ¿Ya adivinan cuando se dio la reunión?

No es de extrañar. Giampietri ya hecho esto antes con el Instituto de Defensa Legal. Y su poder incluso ya es cuestionado por medios aun cercanos al gobierno, como La Ventana Indiscreta:

Una investigación de Gustavo Gorriti para Seguridad IDL pone los puntos sobre las ies respecto a las responsabilidades por el Moqueguazo. Como recordarán, el general Alberto Jordán fue declarado como el chivo expiatorio de una pésima actuación policial en dicho conflicto.

Lo que se revela es el Informe de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú sobre lo ocurrido en Moquegua. Y las responsabilidades son bastante altas, tanto, que llegan al Director General de la Policía, Octavio Salazar, y al Jefe de Operaciones Policiales, Julio Vergara. ¿Motivos?

El documento contiene informes policiales y también recopila los testimonios de todos los generales y oficiales de las distintas unidades que participaron en el operativo. De acuerdo con ellos, la orden para lanzar granadas lacrimógenas sobre el puente Montalvo, que no lograron otra cosa que enardecer a la gente, fue dada por Salazar.

Es decir, el propio Director de la Policía fue quien dio una orden que casi mata gente y elevó la protesta.

El problema es que nadie puede investigar a Salazar dentro de la Policía. El ente a cargo de la investigación ahora es la Oficina de Asuntos Internos, ente creado en el intento de reforma policial hecho durante el gobierno pasado, y que debería tener cierta independencia. Sin embargo…

Su jefe, Carlos Alberto Chávez, es uno de los hombres de confianza del ministro del Interior. Fue regidor durante la gestión del aprista José Murgia como alcalde de Trujillo. Más tarde, en abril de 2007, Alva Castro lo habría traído desde Trujillo para designarlo como director de esa oficina clave del Mininter.

Bueno, este señor, además, tiene una denuncia en Trujillo por cobrar dietas de más en la época en que fue regidor, allá por inicios de los noventa. Y en este caso, el hecho de ser cercano a Alva Castro lo condena, dado que Salazar es un hombre de entera confianza de LAC.

Sin duda, este es un caso a investigar. Se trata de una negligencia policial que pudo costar vidas y que le costó la carrera a un oficial que cumplió con su deber. Además, compromete al jefe policial de más alto rango, que ha dado varias muestras de inoperancia y, ahora, de ineptitud. Y, sin duda, nuevamente deja a la gestión de Luis Alva Castro como una de las más desastrosas que se recuerde al frente del Ministerio del Interior.