Hablar de crisis económica mundial no es hacer futurología o hacer gala del mayor pesimismo. Los economistas de todas las tendencias - desde Adrianzén hasta Campodónico - ya están hablando de lo que debería hacer el gobierno peruano para no verse tan afectado por la crisis. Porque, seamos, claros, el cuento de que estamos blindados contra sus efectos es tan falso como un billete de 30 soles.
Ahora bien, ¿qué consecuencias nos trae la crisis? Dos bloggers han enfatizado en los aspectos globales y geopolíticos de la misma. Con la mira puesta en los efectos en la visión que se tenía sobre el mercado, a partir del rescate financiero hecho a los bancos de inversión y grandes hipotecarias, Andrés Paredes comenta:
Nada de “Voilá!”. Siempre lo supimos, pero desde que cayó la URSS nos hacemos los locos y miramos a otro lado, porque nadie ha pensado en un sistema alterno que funcione. El corporativismo fascista murió en 1945, ahogado en toda la sangre que derramó en su cuarto de hora de fama. El centralismo económico comunista animó la carne del proletariado solo para transformarla en un muerto viviente en todos y cada uno de los experimentos frankensteinianos que realizó el siglo XX. El capitalismo triunfó en el siglo pasado, porque no fue producto de una revolución planeada sino de una evolución natural de la economía, pero la muerte de sus rivales ocasionó una extremización de sus postulados.
No es el fin del capitalismo, pero, quizá, sí el fin de un ciclo salvaje y talibán dentro de él. Vivimos una situación parecida a la de 1929, con el mercado desregulado y dejado a su libre albedrío, como un dragón suelto en una aldea, que mata gente, incendia casas, pero cuyo estiércol fertiliza los campos. En 1929, cuando el dragón quemó demasiadas casas y mató demasiada gente, a una aldea le importó una mierda el estiércol y mandaron a un tipo llamado Franklin Delano Roosevelt a que se encargara del asunto. Roosevelt ató al dragón, pero no lo mató, porque sin el estiércol no había cosecha. La aldea prosperó, pero tiempo después, se olvidó de la etapa de la destrucción y soltó al dragón otra vez. ¿Quién podrá atarlo de nuevo? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Fabber también hace un comentario bastante interesante sobre lo que consideran los estados contemporáneos como “populismo económico”. A una bodega o a un pequeño negocio no se le rescata, pero a un banco grande si. De hecho, ejemplos de ello hemos tenido en las últimas dos décadas (remember el rescate del Banco Wiese, que casi nos cuesta 300 millones de soles). La pregunta que el ciudadano común es si este tipo de movidas son justas o no. Yo al menos tengo mis serias dudas de que sea así. En otras palabras, hay algo en la lógica del modelo - o, mejor dicho, en la forma como opera - que se resiste al análisis del sentido común.
Ya entrando a lo que puede ocurrir por casa, Roberto Bustamante apuesta por un cambio de relaciones económicas internacionales:
Los críticos del capitalismo tampoco pueden sentirse felices. Es un momento demasiado incierto y con demasiadas fichas en juego. Para el Perú, por lo pronto, con tanto apostado hacia el mercado norteamericano, significará mirar hacia otros lugares, China (y Brasil como ya ocurrió), por ejemplo. Y empezar a desdolarizar la economía local. Claro, eso también implicará que termine el largo coqueteo entre las sucesivas administraciones norteamericanas y los respectivos gobiernos peruanos. Posiblemente, el fin de un largo noviazgo. Pasará también por revisar también conflictos con los “gobierno anti-sistema” de la región. Veamos qué resulta de esas conversaciones García-Da Silva, donde no creo que la posición de Brasil transcurra por un tratado bileteral y más bien tratará de jalar al Perú al Mercosur.
De hecho, el eje Brasilia - Lima se intensificó en actividad desde la administración Toledo. Y aunque García no le ha puesto el mismo ímpetu a la relación - en realidad, no ha mirado hacia América Latina, salvo Colombia y tímidamente Chile -, lo cierto es que en la última semana García estuvo con Lula y que varios negocios fuertes podrían concretarse. El problema para el gobierno es que hay visiones diferenciadas sobre que hacer en torno a los mercados regionales ya formados - Comunidad Andina y Mercosur -, lo que hace más difícil la relación. Allí García tiene más presente que nunca la dicotomía entre el tradicional integracionismo del aprismo y sus asesores y amigos que le recomiendan de cuando en cuando apostar por ir solos en el rumbo sudamericano, camino en el que Chile ya está de vuelta.
Pero vayamos a lo que viene haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo pronto, todo parece limitarse a recortes. Algunos de ellos bastante escandalosos. Por ejemplo, al gobierno regional de Huancavelica o al Poder Judicial. Ello demuestra la poca prioridad que tiene Luis Valdivieso con la lucha contra la pobreza - Huancavelica es uno de los departamentos más pobres del Perú - y con la mejora del sistema de justicia. En ambos casos, Valdivieso se da de narices con las propias metas del gobierno, es decir, la reducción de la pobreza y la seguridad jurídica para las inversiones. Si, son visiones limitadas - deberíamos hablar en realidad de reducción de la desigualdad y de apertura del sistema judicial para todos los ciudadanos -, pero, incluso dentro de ellas los recortes hechos parecen ser bastante contraproducentes para la marcha cotidiana de ambas instituciones.
Y una visión solo limitada a recortes de presupuesto, incluso para un lego en economía como yo, resulta ser bastante limitada. Preguntas sueltas: ¿qué rol le compete al Banco Central de Reserva? ¿Qué puede hacer la Superintendencia de Banca y Seguros en torno al fenómeno del sobreendeudamiento de la clase media? ¿Y cuando sale el ministro Valdivieso ante la prensa a explicar lo que pasa realmente con la economía del país?
Si alguien puede responder esto, se lo agradecería bastante.
¿Por qué ante este funcionario? De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las apelaciones se presentan ante el superior jerárquico de quien negó la información, en este caso, el Director General de Administración del Congreso. Su jefe es el Oficial Mayor, principal responsable administrativo del Congreso.
1. El acceso a la información pública es un derecho constitucional, que solo puede ser restringido cuando hay un fin superior que defender. Y cualquier limitación a este derecho debe ser interpretada del modo más restrictivo posible. Además, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República la que debe interpretarse en consonancia con la Constitución y no el derecho constitucional en torno a dicha Ley.
2. Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República señala, como principio de control gubernamental, la reserva en el procedimiento de control, pone dos condiciones para ello: que pueda existir daño o que se obstáculice dicho procedimiento. Como se señala en el Informe Defensorial antes mencionado:
La reserva de las acciones de control no es de naturaleza absoluta, es decir, no opera respecto de todo tipo de información, sino únicamente con relación a aquella cuya revelación tenga potencialidad dañosa para la entidad sometida al control, su personal, el sistema – debe entenderse al sistema nacional de control – o dificulte el ejercicio de las funciones del control. Ciertamente la capacidad dañosa de revelar una información determinada, debe ser evaluada y sobre todo fundamentada en cada caso.
En este caso, ambas condiciones son inválidas. No hay un fin superior que sea invocado para la negativa de la información. Y, yendo ya a los puntos específicos, no se indica cual es el daño que puede conocer el conocimiento de esta información. Por el contrario, el conocimiento parcial de la información de los gastos operativos del congresista José Anaya permitió destapar un escándalo de corrupción que le puede causar su salida del Congreso, lo que más bien le hará un bien a dicha institución. Y tampoco hay dificultad alguna para el Congreso, salvo los gastos propios de fotocopiar la información, para brindarla.
3. La Directiva N° 003-2004-CG/SGE, mencionada por el Congreso, no puede ser invocada, dado que va contra una norma de mayor rango, en este caso, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Dicha directiva infringe la Constitución al regular excepciones al derecho de acceso a la información pública, vulnerando la reserva de ley formal, y establece, además, reglas que desconocen el desarrollo de dicho derecho en la legislación peruana.
4. El Tribunal Constitucional ha establecido que la única manera de restringir el derecho de acceso a la información pública es exponiendo argumentos o razones que demuestren la presencia de riesgos para algún derecho fundamental o bien constitucional por la divulgación de la información. La mera invocación de la norma no es suficiente para ello, pues se deben brindar argumentos de la presencia de algún riesgo para un derecho fundamental u otro bien constitucional. Esto no ocurre en este caso, por lo que la restricción hecha por el Congreso deviene en inconstitucional.
Con lo antes mencionado y los argumentos que da Enrique Torres Castro en su blog, tenemos un sustento bastante sólido para que el Congreso peruano deje de hacerse el sueco.
Hoy estoy avergonzado del Congreso que tenemos. De su poca transparencia. De sus ganas de no considerar a los ciudadanos como tales. De parlamentarios que - con la solitaria excepción de Javier Valle Riestra, a quien con todas las diferencias que tengo con él, debo reconocer su acto de transparencia - se niegan a transparentar cuentas que son pagadas con nuestros impuestos. Están haciendo todo lo posible por legarnos al siguiente outsider o al siguiente autoritario instalado en Palacio de Gobierno. Y de una administración del Congreso de la República que es cómplice de los otorongos que no quieren que sus cuentas se transparenten.
Por otro lado, es lamentable que se refieran a nuestra campaña como una burla. Si tuviera oportunidad de hablar con alguno de ellos sobre el tema sólo le diría dos cosas: Una, Rosa María Palacios no llamó a los bloggers para que armemos la campaña “Adopte un congresista”, esa iniciativa es nuestra, y le pusimos ese nombre porque de alguna manera tenía que llamarse si queríamos llamar su atención. ¿Tal vez preferían que se llame Adopte un Otorongo? Y dos, ¿les parece una burla que un ciudadano trate de hacer cumplir una ley?
La falta de costumbre, supongo…
La falta de costumbre y, añado, la falta de vergûenza. Realmente, un asco. Pero, creánme, amigos lectores, esto no se va a quedar aquí. Estén atentos.
ACTUALIZACION (11:40 AM):
Bueno, hoy en RPP cuadraron a Javier Velásquez Quesquén en Ampliación de Noticias. El Presidente del Congreso dijo cosas como estas, bastante incómodo por la campaña iniciada en los blogs:
“Si nosotros vamos a remplazar a los blogs por los electores, entonces habría que modificar la Constitución y el sistema político“, opinó respecto a la campaña “Adopta un Congresista”.
Esta iniciativa cívica difundida a través de blogósfera local busca que cada autor de una bitácora personal “adopte un congresista”, es decir, que amparado en la Ley de Transparencia envíe una carta al Parlamento solicitando que determinado padre de la patria revele sus gastos operativos.
“Creo que es parte del humor de la gente que también nosotros lo interpretamos, pero no podemos desplazar a los órganos constitucionalmente elegidos (…) La percepción y la lógica es remplazar al sistema de control por los blogs“, apuntó.
Asimismo, aseguró que darán la información requerida por los ciudadanos, pero esta función es de la contraloría.
“No nos negamos a dar esa información, estamos haciendo una auditoria en el sistema de personal, porque se detecta un hecho de irregularidad, no significa que el manto de sospecha se lance sobre los 120 señores congresistas”, expresó.
Por otro lado, estimó que se ha actuado rápidamente contra las irregularidades de algunos parlamentarios, como los legisladores, José Anaya y Margarita Sucari, entre otros.
Así, aseguró que las acusaciones constitucionales contra ambos parlamentarios ante el Pleno del Congreso serán sesiones públicas.
“Decir que como la Contraloría esta haciendo una auditoria, que era lo primero que había que hacer, se comienza a decir, se sospecha (sic). Mejor que la Contraloría lo hagan los blogs, creo que estamos erosionando el sistema institucional“, refirió.
Esta última frase también fue repetida por Aurelio Pastor en Radio San Borja. (Además, este congresista pidió que quienes lo adopten lo acompañen a sus viajes en provincias).
Francamente, creo que aquí nadie tiene vocación de Fiscal de la Nación. El ejercicio de un derecho ciudadano es justamente eso, el ejercicio de un derecho que nadie, por más Congresista que fuere, puede conculcarnos. Bien lo decía un amigo mío, nuestros congresistas, más que representantes, se toman demasiado a pecho eso de Padres de la Patria.
La única solitaria excepción parece ser Javier Valle Riestra, quien ha pedido que le abran sus cuentas. Claro, el congresista aclara que no ha recibido gastos operativos, pero como gesto vale. Y veo que otros parlamentarios entrevistados en Útero.tv estuvieron dispuestos a dar ese paso. ¿Abrirán sus cuentas ahora, luego del papelonazo del Presidente del Congreso?
Finalmente, veo que mi congresista adoptado está metido en un grueso lío por tráfico de influencias, que, como señalan en el Utero de Marita, le puede costar una temporada en San Jorge (4 años, para ser exactos). Quizás, en aras de demostrar su supuesta probidad, el almirante explique esa extraña carta enviada al Presidente de Esssalud y, por supuesto, entregue a los ciudadanos que lo hemos requerido su informe de gastos operativos. Digo, nomás.
Resulta curioso que HGL haya pedido la renuncia de Alan al partido porque hay serios indicios de que el entonces ex presidente había cometido hechos dolosos, e incluso pidió que Colombia acelerara trámites de extradición. Humm. ¿Seguirá pensando lo mismo 13 años después?
Cabe recordar que en esa época Garrido Lecca encabezaba una corriente dentro del partido que proponía su aggionamiento al libre mercado. De alguna manera, ha ganado. Y ya sabemos cuales serían las consecuencias (Leer a Andrés Paredes, explicando efectos de la crisis internacional)
PRESENTE: Los exabruptos verbales
A estas alturas, ya todos deben haber escuchado en Pepitas el audio de HGL refiriéndose en malos términos a un funcionario del Ministerio de Salud. La crudeza de las palabras me eximiría de mayor comentario - que ya lo han hecho en otros blogs -, pero si añadiría algo. La verdad es que en pocos gobiernos peruanos se ha tenido una procacidad comunicacional como en éste. El viernes con unos amigos hacíamos comparación sobre la variación de los discursos apristas y como los mismos han ido perdiendo, además de sustancia, un mínimo de respeto por el idioma y por los interlocutores.
Además, el incidente Garrido Lecca no solo debe verse como un incidente aislado, sino como parte de una forma de hacer política de la que este gobierno es un gran exponente: no escuchar a los demás, no dialogar, creer que el insulto y la prepotencia son sinónimos de ser duro o de firmeza en la posición. Este estilo es al que al gobierno le ha traido problemas durante estos dos años de gestión y, además, al propio Ministro le ha costado caro, al no ser incluido en las negociaciones para solucionar la huelga médica.
FUTURO: Los nuevos funcionarios del Ministerio de Vivienda
Que, en realidad, resultan siendo viejos conocidos de Garrido Lecca. Otra primicia de Pepitas, en la que el currículum vitae de un funcionario resulta siendo especialmente relevante:
El diario informó: “(…) en Huamanga es conocido por su cuestionado desempeño en la Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho durante la gestión de Omar Quesada. En concreto, el fiscal provincial de la zona, Alfonso Carrillo Flores, lo denunció penalmente, junto con otras 39 personas, por el presunto delito de peculado al supuestamente haber permitido un uso irregular de los fondos públicos”.
Esquivel también también fue director municipal de Huamanga bajo el mando del alcalde fujimorista Felix del solar. Según una denuncia que en ese entonces recogió Aprodeh, el Frente de Defensa de Ayacucho, exigía su destitución por haber sido sancionado con una “suspención de un año sin goce de haber” cuando dirigió el CTAR fujimorista.
Pero Garrido Lecca hizo caso omiso a sus antecedentes y lo mantuvo en el cargo. Pero aquí viene lo más grave. En enero de este año, una investigación periodística de Cuarto Poder descubrió que en la gestión de Garrido Lecca se había otorgado la licitación para la instalación de mil 200 módulos de vivienda temporales en Pisco a una empresa que no contaba con la idoneidad y la experiencia necesarias para las labores de reconstrucción.Entonces saltó el chupo. Y el nuevo ministro de Vivienda aprista, Enrique Cornejo, tuvo que anunciar la instalación de una comisión especial de la Contraloría de la República para investigar el caso y determinar las eventuales sanciones a los responsables.
La agencia Andina recogió sus declaraciones. Cornejo admitió que “luego de una primera indagación” encontró serias irregularidades por lo que anunció que había decidido retirar del cargo al director general de la Oficina General de Administración, Edmundo Esquivel Vila. O sea, el 29 ener 2008 botaron al funcionario que contrató Garrido Lecca. (Que quede claro que Cornejo no insultó ni maltrató a su compañero Esquivel Vila).
Y como pueden ver, Garrido Lecca volvió a reclutar al cuestionadísmo compañero Esquivel ahora. Ahora figura en el Ministerio de Salud como Director General de la Oficina General de Administracion (OGA), el mismo cargo clave, que tiene que ver con las licitaciones del Estado.
Pues el nombramiento no es poca cosa. Recordemos que uno de los baldones que tuvo el sector Salud fue el tema de las contrataciones y adquisiciones: Ambulancias, negocios con la reconstruccion de Pisco, otros tantos con el Censo, presuntas coimas. En fin, varias cuestiones que, sumadas, dan serios indicios de que algo no huele bien en el sector ahora comandado por el experto en dibujos animados e ingeniero de profesión.
Lo peor es que para el Presidente de la República, ni siquiera hay discusión sobre si debe irse o no el Ministro de Salud. Es uno de sus titulares inamovibles. Y mientras el DT García lo mantenga en la cancha, va a seguir enviándolas todas fuera del estadio.
Ayer César Hildebrandt, en su programa El Perro del Hortelano, presentó dos documentos realmente valiosos para desenmascarar una mentira dicha por Genaro Delgado Parker la semana que pasó: que las deudas de Panamericana serían cubiertas mediante Bonos de Desarrollo, documentos emitidos durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y el primer gobierno de Alan García. Los documentos son los siguientes:
1. La Directiva Nº 004-2002/SUNAT, que señala que los Bonos de Desarrollo no constituyen medios de pago de deudas tributarias. Esta decisión se debe a no existe norma alguna que autorice a la administración tributaria a reconocer dichos papeles como forma de pago de tributos.
2. El Comunicado Nº 006-2007-EF/75.01, emitido por la Dirección General de Endeudamiento Público. El Comunicado señala que el Estado peruano no pagará suma alguna a quienes requieran el pago de documentos que ya se encuentran caducos, como los Bonos de Desarrollo. Es decir, dichos papeles no tienen valor alguno para nadie. Estos comunicados son de carácter periódico, dado que se publican cada cierto tiempo en la web del MEF. De hecho, encontré el Comunicado Nº 003-2006-EF/75.01, suscrito por Guillermo Garrido Lecca del Río, entonces Director General de Endeudamiento Público y quien, curiosamente, fue quien le dio posibilidad de refinanciar a GDP la deuda que tiene con el Estado desde 1982 por un prestamo otorgado en dicha época, con aval de todos los peruanos.
Dato adicional a los proporcionados por Hildebrandt. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un comunicado como los antes mencionados, señalando que esta información proporcionada por el MEF no afectaba derecho constitucional alguno, dado que no se afectaba el derecho de propiedad sobre los bonos, pero que se procuraba advertir a la ciudadanía sobre la caducidad de los mismos, cuestión que era de interés público.
En otras palabras, GDP no puede pagar sus deudas con documentos que no tienen valor alguno para el Estado peruano. A ello, en todos los países del mundo, se le llama estafa. ¿Lo entenderá así el “Zar de las Telecomunicaciones”?
El gobierno de Chávez proclama un compromiso de inclusión política, pero discrimina abiertamente contra quienes no comparten sus puntos de vista. Algunos funcionarios del gobierno han removido del empleo público de carrera a una gran cantidad de detractores, depurado a la compañía petrolera estatal de empleados disidentes, negado a determinados ciudadanos el acceso a programas sociales debido a sus opiniones políticas y acusado a sus críticos de subversivos que merecen un tratamiento discriminatorio. La exclusión y el acoso del gobierno de Chávez a quienes disienten contradicen su bandera del pluralismo democrático.
La discriminación política en el gobierno de Chávez fue más pronunciada luego del referendo revocatorio de 2004 para decidir sobre la continuidad de Chávez como presidente. Los ciudadanos que ejercieron su derecho de convocar a referendo—sobre la base de uno de los nuevos mecanismos de participación que Chávez defendió durante la redacción de la Constitución de 1999—fueron amenazados con sufrir represalias y con ser incluidos en listas negras para impedirles el acceso a empleos y servicios del gobierno. Luego de calificar a la iniciativa del referendo como un acto “contra la patria”, Chávez ordenó a las autoridades electorales que le proporcionaran al diputado Luis Tascón una lista con todos los nombres de quienes habían firmado la petición de referendo, que se hizo pública a través de Internet. La “lista Tascón”, así como una lista aún más detallada de las afiliaciones políticas de todos los venezolanos llamada el “programa Maisanta”, fueron usadas para discriminar políticamente a opositores al gobierno.
(…)
La discriminación política ha sido respaldada y practicada abiertamente en la industria del petróleo, que es una de las fuentes de empleo más importantes del país, así como el pilar de la economía nacional. Después de una huelga de dos meses, en diciembre de 2002 el gobierno despidió a casi la mitad de los trabajadores de la compañía petrolera del estado, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y creó listas negras de los empleados despedidos para impedirles el acceso a futuros empleos en el sector petrolero. Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2006, el ministro de energía (quien también es el presidente de PDVSA) se jactaron de que la compañía había “saca[do] de esta empresa [petrolera a] 19,500 enemigos de este país” y que estaban dispuestos a seguir haciéndolo. En esa oportunidad, también les dijeron a los empleados de PDVSA que “es necesario” que quien estuviera en desacuerdo con el gobierno “le ceda su puesto a un bolivariano”. Si bien el ministro emitió un memorándum casi un año después en el cual prohibía la discriminación política, existen evidencias convincentes de que la mentalidad discriminatoria que reflejaban sus comentarios iniciales también se plasmó en las políticas sobre empleo de algunas divisiones de PDVSA.
PODER JUDICIAL
Lamentablemente, desde entonces el gobierno de Chávez ha despreciado el principio de independencia judicial. En 2004, el presidente y sus partidarios en la Asamblea Nacional, disgustados con algunas sentencias controversiales, se dispusieron a copar el Tribunal Supremo con sus aliados. Para tal fin, sancionaron una nueva ley que incrementó el número de integrantes del tribunal de 20 a 32. La ley habilitaba al poder legislativo a elegir a los nuevos magistrados a través de una mayoría simple, lo cual permitió a la coalición gobernante usar su estrecha mayoría en la Asamblea Nacional para obtener una abrumadora mayoría de integrantes en el tribunal. (En ese entonces, se estimaba que el tribunal estaba dividido en partes iguales entre los aliados de Chávez y sus opositores). La ley otorgaba a la Asamblea Nacional, además, la facultad de remover a los magistrados de sus cargos con una mayoría simple de votos, en vez de la mayoría de dos tercios que exige la Constitución de 1999. En resumen, la ley permitió que la coalición gobernante depurara al máximo tribunal del país y nombrara a sus aliados, modificando significativamente su composición a favor del gobierno.
Los partidarios de Chávez trataron de justificar la ley, argumentando que se trataba de una respuesta a los intentos de la oposición de quebrantar el estado de derecho. Sostuvieron, en particular, que los magistrados del Tribunal Supremo que se oponían a Chávez no tomaban en cuenta las leyes y decidían los casos de manera tal que permitieran avanzar la agenda política de la oposición.
Es cierto que algunos miembros de la oposición quebrantaron el estado de derecho durante el golpe de 2002. Es posible también que algunos jueces hayan permitido que sus convicciones políticas influyeran incorrectamente en su forma de administrar justicia. Pero, aun en este caso, la respuesta adecuada hubiera sido adoptar medidas para limitar esta injerencia política y promover la independencia judicial. En lugar de esto, Chávez y sus aliados optaron por manipular el sistema para favorecer sus propios intereses.
MEDIOS DE COMUNICACION
Después de nueve años durante los cuales el país ha estado polarizado entre los partidarios de Chávez y sus detractores, en Venezuela aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno pueden hacer oír sus críticas y aquellos afines a Chávez expresan su defensa del gobierno, y ambos lo hacen enérgicamente. Sin embargo, en sus esfuerzos por ganar terreno en esta “guerra mediática”, el gobierno ha recurrido a acciones discriminatorias contra los medios que expresan puntos de vista opositores, ha reforzado la capacidad del estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren. Si el gobierno decidiera iniciar investigaciones más activamente utilizando las disposiciones legales ampliadas que penalizan expresiones y la incitación, el actual debate político podría verse seriamente restringido.
Chávez y sus partidarios han intentado justificar las restricciones a los medios de comunicación como una respuesta a un periodismo que consideran irresponsable y a una cobertura excesivamente partidaria que realizan periodistas y prestadores de servicios de radio y televisión. Acusan a los medios de la oposición de conspirar para destituir a Chávez de su cargo e, incluso, de participar directamente en el breve golpe contra Chávez en el año 2002. También justifican las medidas como parte de un esfuerzo más amplio de “democratizar” los medios para que estos reflejen puntos de vista que, en gran medida, estaban excluidos de los medios comerciales en el pasado.
Los estados tienen derecho a sancionar a los medios que inciten a la violencia, a la comisión de delitos o a violaciones del orden público. Sin embargo, según el derecho internacional sobre libertad de expresión, los reglamentos que rigen la difusión de radio y televisión deben ser definidos con precisión para evitar que los funcionarios responsables recurran a interpretaciones excesivamente amplias o arbitrarias que restrinjan la libertad de expresión y opinión, así como el acceso del público a información. En ningún caso las restricciones a la libertad de expresión permitidas pueden incluir sanciones por expresar críticas sobre funcionarios de gobierno, por muy ofensivas que sean.
También existe una plena justificación para que los gobiernos intenten regular la concentración de la propiedad de los medios y apoyen a los medios de comunicación de servicio público y comunitario, a fin de promover un debate público más diverso y pluralista. Sin embargo, los gobiernos no deben abusar de su control de las frecuencias radioeléctricas para discriminar contra los medios de comunicación cuya línea editorial no es de su simpatía.
(…)
Los funcionarios de gobierno habitualmente rechazan o no responden a solicitudes de información de la prensa y del público. Esta falta de transparencia infringe la obligación internacional de Venezuela de garantizar el derecho de “buscar, recibir y difundir” información, lo cual incluye una obligación positiva de brindar acceso a información pública de una manera oportuna y completa. El acceso a información pública es fundamental para asegurar el control y la transparencia democráticos, así como para promover la rendición de cuentas dentro del gobierno.
(…)
En varias oportunidades desde el golpe de 2002, Chávez ha amenazado directamente a los canales que simpatizan con la oposición con revocarles sus concesiones. Tales amenazas parecen haber causado que algunos prestadores de servicios de radio y televisión modificaran su línea editorial, generando, de esta manera, un panorama mediático más favorable a Chávez. En procedimientos poco transparentes, la autoridad nacional de telecomunicaciones bloqueó solicitudes para obtener frecuencias adicionales presentadas por Globovisión, un canal de noticias que se rehusó a ceder ante tales presiones, pero se las otorgó rápidamente a canales estatales que habían sido creados recientemente.
El ejemplo más evidente de esta política de discriminación fue el trato que el gobierno otorgó a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de televisión más antiguo de Venezuela y un constante crítico de Chávez. Cumpliendo órdenes del presidente, el gobierno le dio un trato diferencial a RCTV—uno de los cuatro canales que Chávez había acusado de haber estado involucrados en el golpe—al negarse a renovar su concesión cuando ésta venció en mayo de 2007. Al mismo tiempo, el gobierno renovó la concesión de Venevisión, un canal rival al cual también había acusado en reiteradas oportunidades de haber estado involucrado en el golpe pero que, desde entonces, había recortado su programación abiertamente crítica de Chávez.
SINDICALIZACION
El gobierno del presidente Chávez ha intentado rehacer el movimiento sindical del país de formasque violan los principios básicos de libertad de asociación. El gobierno ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones que surgen de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al promover la injerencia estatal en elecciones sindicales, negarse a negociar colectivamente con los sindicatos existentes y manifestando favoritismo hacia sindicatos alineados con el gobierno. También ha castigado a los trabajadores que han llevado a cabo huelgas legítimas mediante despidos y la inclusión de sus nombres en listas negras. Además, ha apoyado la creación de organizaciones alternativas de trabajadores, lo cual socava las leyes laborales del país, puede debilitar a los sindicatos existentes y deja a los trabajadores especialmente vulnerables a la discriminación política.
El presidente Chávez y sus aliados han intentado justificar estas violaciones como parte de una iniciativa más amplia para “democratizar” el movimiento sindical, ya que se estarían protegiendo los derechos de los trabajadores de acciones de supuestos dirigentes sindicales corruptos y sin independencia. Específicamente, el gobierno ha sostenido que los sindicatos no han celebrado elecciones periódicas, lo cual ha permitido a los dirigentes sindicales monopolizar el poder y sacrificar los intereses de los trabajadores en beneficio de sus propias agendas políticas.
Sin embargo, nada tiene de “democrático” despedir a trabajadores por ejercer su derecho de huelga, denegarles su derecho de negociación colectiva o discriminarlos debido a su ideología política.
CONTRA LAS ONG’S
El gobierno de Chávez y sus aliados han promovido leyes que, si se sancionaran, permitirían la interferencia arbitraria del gobierno en las operaciones de las organizaciones de derechos humanos, incluidas las actividades de recaudación de fondos.
En junio de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la versión preliminar de un anteproyecto que apuntaba a que las actividades de las ONGs venezolanas que recibían fondos extranjeros fueran vigiladas y controladas más de cerca por el gobierno. Presentado por el Comité de Relaciones Exteriores, el anteproyecto exigía que las ONGs se inscribieran ante un organismo gubernamental para poder recibir fondos de fuentes extranjeras, ya fueran públicas o privadas.
En el blog de Martín Tanaka y otros espacios, ha circulado un artículo escrito por la regidora metropolitana Marisa Glave sobre el Tren Eléctrico, al que habría que ponerle bastante atención, dado que tiene que ver con algunas cuestiones claves sobre la ciudad y el manejo de los recursos públicos de Lima.
Comencemos por lo segundo. Veamos que es lo que se estaría poniendo como fondos para concluir esta controvertida obra, iniciada durante el primer gobierno de García, y, además, la poca garantía que se tiene para recuperarlos:
Si alguien se ha preguntado qué es lo que estaríamos dispuestos a dar para que el proyecto finalmente (más de 20 años después) se concrete, la respuesta es la siguiente: a los 300 millones de dólares ya invertidos, se piensa invertir sin expectativa de retorno (es decir que ese dinero no se recuperará de ninguna manera, con lo que se convierte en un gasto y no en una inversión) más de 300 millones de dólares adicionales. El Estado, según las bases aprobadas, invertirá, por un lado, 220 millones de dólares en infraestructura adicional para el Tren. Por otro lado, transferirá a la Municipalidad 87 millones de dólares para que genere un Fondo de Garantía de la Inversión Privada (FONGAPRI) que compensará a la empresa privada si es que no se garantizan 300 mil pasajeros al día en el Tren por los próximos 30 años.
Esta promesa de “usuarios” no es tan cierta. El estudio de factibilidad del proyecto señala que por el tipo de transporte que tiene Lima (más de 500 líneas autorizadas) es poco probable que se logre un mínimo de 300 mil pasajeros al día y mucho menos si el costo del pasaje no es subsidiado parcialmente. Esta es la razón por la cual los inversionistas exigen un fondo de garantía.
En otras palabras, tenemos una obra que 1. resulta siendo onerosa para la ciudad, dado que su mantenimiento y operatividad representa un alto costo para el Estado y 2. tampoco resulta siendo un negocio rentable, dado que no se prevee una recuperación del costo de la obra. Visto en términos estrictamente de mercado, pues estamos ante un proyecto que, sin duda alguna, carece de viabilidad y de atractivo lucrativo para quien quiera operarlo.
Pero allí no queda la cuestión, Glave también advirtió sobre lo poco que ayudaría el bendito tren a aliviar el caótico tránsito de Lima.
En suma, el Tren Eléctrico no soluciona el problema del transporte en Lima. La línea 1, que va de Villa el Salvador a la Av. Grau, se convertirá en una suerte de alimentadora o línea paralela del verdadero proyecto de reforma del transporte público: El Metropolitano. El costo aproximado del corredor que une Chorrillos con Comas es de 130 millones de dólares, incluyendo la estación central. ¿Cómo es posible entonces que la comuna limeña permita un gasto adicional de 300 millones de dólares del Estado en el Tren eléctrico, cuando con ese presupuesto se podrían construir dos corredores más del Metropolitano e incluso subsidiar la compra de buses a gas? Esa pregunta aún nadie la logra responder coherentemente. Los más avezados sostienen que esa es plata del Estado y no de la Municipalidad, argumento bastante esquizofrénico o poco conciente de la unidad del Estado pese a sus ámbitos descentralizados.
El segundo argumento es de otro calibre. Y tiene que ver con la visión de Castañeda sobre la ciudad. Mi pregunta, ¿cómo se articula el Tren Eléctrico con una concepción de un transporte adecuado para Lima?, creo que Castañeda no la puede responder. En un agudo análisis, Hans Ruhr indica porque tenemos tan pobre visión de nuestra ciudad por parte del encargado de administrarla:
Para cuestiones prácticas, la comparación con Palm Beach es idónea: Ahí la red vial es fluida y bien mantenida, pero el transporte público es casi inexistente; El automovil, muchas veces usado por apenas un pasajero, es el medio de transporte común y corriente por excelencia. No es sorprendete que sea así, un lugar que pude ser urbanizado gracias a los drenajes mecánicos para los pantanos y el aire acondicionado para el calor que suele llegar los 35 C° en verano; Salir caminando a comprar una botella de agua puede ser una odisea si la tienda más cercana se encuentra a 500 metros del lugar de residencia, detrás de puertas eléctricas y comunidades cerradas. Los lugares públicos, que suelen representar el punto de encuentro de los ciudadanos de a pie, están casi privatizados: Las playas del litoral, debido a su alto valor inmobiliario, sólo son accesibles en pocas zonas; Los parques y plazas sólo pueden ser usados si uno cruza con su vehículo de transporte la red de calles y avenidas.
¿Una megápolis puede funcionar así? En la mente de varias personas, creo que esa es la meta a llegar. Cuando a Alberto Andrade, el anterior Alcalde de Lima se le criticaba por sólamente mejorar el ornato de la ciudad, más allá de ciertas limitaciones, la crítica era absurda: Mejorar la apariencia de la ciudad en la que vive -Y a esto se dedicó a analizar Benjamin en varias páginas- ayuda a que la gente se sienta más segura y consciente de ella. Afirma la necesidad de espacios de encuentro, reunión e intercambio, que a su vez sean de fácil acceso. Un ejemplo en Lima que me queda claro es el Jirón Quilca: Durante años fue centro de reunión de personas de carácter alternativo y artístico; La administración de Castañeda decidió “limpiar” la zona, cerrar negocios que permitían esa libre expresión y dejar que otros abran con la temida frase “derecho de admisión”: Así es como se aniquiló un lugar público.
Dudo que el Tren Eléctrico sea un espacio público, un servicio público y una obra viable. Creo que quedaría mejor como escenario para cuadros o graffitis. Y como monumento a lo que fue dos de los peores gobiernos de nuestra historia: uno es presidencial y el otro municipal. Ya saben a quienes me refieron.
¿Por qué? Ensayo una respuesta. Pues básicamente porque en el Perú nuestros funcionarios públicos, electos y no electos, no están acostumbrados a rendir cuentas a la población que los eligió y/o paga sus sueldos con sus impuestos. La carencia de ciudadanía efectiva en el país, sumada a la situación casi de impunidad con la que parecen vivir el Presidente, los Congresistas y demás, hacen que se generen temores una vez que se produce una campaña para que se hagan más transparentes las cosas en la política peruana.
Pero, ¿qué es lo que ocurre que incluso con ley incluida la información se guarda bajo siete llaves? Por un lado podría pensarse que el gobierno se muere de miedo ante la palabra transparencia no solo por lo que ella implica, sino por las consecuencias que podría tener que la ciudadanía realmente tenga presente los derechos que tiene. Si me pongo en los zapatos de García (¡que desastre!) debo admitir que se empieza por una campaña que pide gastos operativos, lo cual es legal y legítimo, pero que de hechos no queda solo en eso ya que, logrado ese primer objetivo, uno piensa en lo que se puede avanzar. Y ello es positivo para nosotros, pero incomodísimo para el gobierno de turno.
El problema para los políticos es que algo ha cambiado en el Perú y, por lo menos para un grupo de ciudadanos, la transparencia en el ejercicio del poder sí importa. Ya vemos los costos de lo que fue una dictadura corrupta como la de Alberto Fujimori. Y, en democracia, con todos los controles activos, es necesario que cada uno de nosotros pueda tomar conciencia de que, si no controlamos al poder, nos van a estafar de lo lindo.
A raíz de lo que sería una posible negativa al pedido masivo de bloggers que se han sumado a la campaña Adopte a un Congresista, Alfredo Vanini ha dejado un comentario bastante interesante sobre que hacer ante una respuesta como ésta:
¿Qué hacer? Una idea podría ser contraatacar por el lado legal y demostrar la ilegalidad de este rechazo e insistir e insistir. Esto por el lado jurídico. Por el lado periodístico se podría investigar a fondo y por otras vías los gastos de estos señores para demostrar que se encubre algo al negarse a dar la información (cosa que es lo más probable). Tres, y por el lado ciudadano, se podría empapelar la ciudad con la foto de cada uno de estos congresistas con el texto: “Congresista que no cumple con la ley” o “Se niega a responder al pueblo” o “¿Cuánto plata de los peruanos gasta usted? o algo así. Así como nos llenan la ciudad cuando hay elecciones, creo que también nosotros podríamos pegar afiches exigiéndoles nuestro derecho y desenmarcararlos. Hágamos una chancha para los afiches: yo me apunto encantado. En fin, acciones simples, directas y constantes hasta obtener de ellos lo que nos corresponde saber por ley. Las leyes están hechas para cumplirse, y mucho del drama peruano es que las leyes no se cumplen.
Sobre lo primero, es claro y aquí lo reiteramos. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo restringe el acceso cuando se trata de: a) información cubierta bajo seguridad nacional, b) intimidad personal o c) un procedimiento sancionador. Ello no ocurre en el caso de una auditoría, por lo que la excusa dada por el Congreso es inválida y, tanto el Presidente del Poder Legislativo como el Director de la Oficina de Administración - ahora, el señor Víctor Guerrero de los Ríos - son responsables por ello. Por cierto, nos queda la demanda de hábeas data. En su momento, ya les comentaré sobre esta alternativa.
En cuanto a lo segundo, Prensa Libre obtuvo la información por otras vías que no eran la Ley de Transparencia. Y tal parece que será la buena voluntad de funcionarios del Congreso la que nos brinde más información.
Y referido a lo tercero, bueno, por lo pronto, creo que iremos preparando nuestros banners con un nuevo mensaje: Congresista poco Transparente.
Luego los otorongos se quejan sobre porque el Congreso tiene la aprobación que tiene. Ahí tienen una respuesta.
Paola Ugaz ha indagado más sobre el tema y, de lo escrito por ella, hay varias preguntas que quedan sueltas, en relación a esta posible operación que, como ella misma dice, fue alertada a los Schutz por un rival económico de Lorenzo Souza Debarbieri, el posible comprador de Panamericana. Veamos cada interrogante.
1. ¿Quién es el verdadero dueño de Panamericana Televisión?
Ugaz señala claramente que, a estas alturas, es díficil saberlo. Y ello porque entre Genaro Delgado Parker y los Schutz se han licuado varias veces las acciones de modo mutuo.
Lo cierto es que la versión más verosimil sobre las acciones la tuvo Fernando Vivas hace algunos años, en la que señaló que Ernesto Schutz Landázuri se asoció con la sucesión Héctor Delgado Parker y con Manuel Delgado Parker para sacar del camino a un hijo extramatrimonial de Héctor, cuyo porcentaje de acciones, sumados a los de Genaro, hacían que tuviera el ex mandamás de Panamericana tuviera que ejercer su derecho de preferencia. Como Martín Delgado Salinas fue sacado de esta operación por un proceso sobre sus acciones, GDP no ejerció la opción de compra y Schutz se hizo de las acciones.
2. ¿Cómo fue la operación de negociación?
En Reportaje al Perú se indica que la operación habría sido recomendada por gente allegada a Delgado Parker, del siguiente modo:
El grupo (asesor de GDP, nota de DTP) elaboró un informe en el que se realizaba una valorizacióndel canal que ascendió a 100 millones de dólares y en la elaboración de una propuesta de contrato de 5 páginas, en la que se determinaba la “venta gradual” del canal de la avenida Arequipa donde el primer pago iría a GDP, luego a Shutz y la tercera parte, consistía en la compra de un porcentaje que GDP tenía la opción de retener con la idea de no desprenderse del canal de sus amores, y convertirse en el socio del futuro comprador.
Así, desde enero pasado, GDP ha ofrecido el canal 5 a diversos grupos interesados entre los que han desfilado, Brany Zavala, Azteca TV ( a través de Ricardo Ghibellini), O’Globo de Brasil, el grupo La República, el grupo Dyer y el propio Lorenzo Souza, que en un principio se presentó solo ante los chicos de Panamericana.
Desde ese momento, Souza se vendió como el hombre ideal para lograr lo que se veía como imposible: que GDP y Shutz lleguen a un acuerdo económico, pero le pidió tiempo para concretar dicha tarea.
Souza habría llegado ya a un preacuerdo con Delgado Parker. Pero aquí vino el suceso extraño:
Lo que le ocultó Souza a GDP, es que cuatro días antes, el 6 de setiembre, entre sashimis y sushis del Costanera 700, se había reunido con Simón Sánchez Alayo que llegó en el vehículo ROP-403 (BMW blanco X-5), con Orlando Sánchez Miranda en el vehículo ROS-580 y Augusto Larco; donde finiquitaron un supuesto trato de compra de acciones que ascendía a 42 millones de dólares.
El nexo entre los Schutz y los Sanchez Paredes, existiría a través de una pareja sentimental de uno de los hermanos Sánchez Alayo.
De acuerdo a los allegados a Souza, esta operación fue planificada a la perfección y en la que todos salían ganando: Schutz se queda con su plata y sale del casi eterno litigio con GDP, Genaro también se iría y los Sánchez Paredes tendrían –por fin- un medio a su disposición.
El tiro a Souza, que ha dado mas de tres versiones, de esta supuesta compra: que lo pagaría con su plata; que lo harían dos empresas norteamericanas ó que aún no tiene nada concreto, parece que le salió por la culata; porque el caso Panamericana es tan enmarañado, que la única salida legal posible es elaborar nuevos documentos donde se plasme el acuerdo Schutz-GDP y se parta en dos partes iguales, la posesión del canal para que cada uno reciba la mitad de la futura compra.
– “Lorenzo Souza y Peruval. Kroll investiga con énfasis a ese empresario peruano. Sobre todo el papel de su empresa en las privatizaciones durante los años 90. “Las fuentes señalan con certeza que existían relaciones comerciales y de amistad entre el Grupo Peruval y Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros funcionaros del gobierno”, dice el informe”.
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