Desde el Tercer Piso

Luego que me rechazaran mi solicitud de pedido de información pública sobre los gastos operativos del vicepresidente Luis Giampietri y de escuchar al Presidente del Congreso de la República burlarse del país, me salió el abogado y, a fin de continuar con este esfuerzo de transparencia, viene la siguiente salida legal: un recurso de apelación contra el rechazo de la solicitud,a presentarse ante el Oficial Mayor del Congreso de la República.

¿Por qué ante este funcionario? De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las apelaciones se presentan ante el superior jerárquico de quien negó la información, en este caso, el Director General de Administración del Congreso. Su jefe es el Oficial Mayor, principal responsable administrativo del Congreso.

¿Y qué argumentos tenemos? Luego de revisar las normas invocadas por el Congreso, la Ley de Transparencia y el Informe Defensorial 96 sobre acceso a la información pública, y de consultar con algunos abogados (a los que les doy las gracias desde aquí), los mismos se resumen en los siguientes:

1. El acceso a la información pública es un derecho constitucional, que solo puede ser restringido cuando hay un fin superior que defender. Y cualquier limitación a este derecho debe ser interpretada del modo más restrictivo posible. Además, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República la que debe interpretarse en consonancia con la Constitución y no el derecho constitucional en torno a dicha Ley.

2. Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República señala, como principio de control gubernamental, la reserva en el procedimiento de control, pone dos condiciones para ello: que pueda existir daño o que se obstáculice dicho procedimiento. Como se señala en el Informe Defensorial antes mencionado:

La reserva de las acciones de control no es de naturaleza absoluta, es decir, no opera respecto de todo tipo de información, sino únicamente con relación a aquella cuya revelación tenga potencialidad dañosa para la entidad sometida al control, su personal, el sistema – debe entenderse al sistema nacional de control – o dificulte el ejercicio de las funciones del control. Ciertamente la capacidad dañosa de revelar una información determinada, debe ser evaluada y sobre todo fundamentada en cada caso.

En este caso, ambas condiciones son inválidas. No hay un fin superior que sea invocado para la negativa de la información. Y, yendo ya a los puntos específicos, no se indica cual es el daño que puede conocer el conocimiento de esta información. Por el contrario, el conocimiento parcial de la información de los gastos operativos del congresista José Anaya permitió destapar un escándalo de corrupción que le puede causar su salida del Congreso, lo que más bien le hará un bien a dicha institución. Y tampoco hay dificultad alguna para el Congreso, salvo los gastos propios de fotocopiar la información, para brindarla.

3. La Directiva N° 003-2004-CG/SGE, mencionada por el Congreso, no puede ser invocada, dado que va contra una norma de mayor rango, en este caso, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Dicha directiva infringe la Constitución al regular excepciones al derecho de acceso a la información pública, vulnerando la reserva de ley formal, y establece, además, reglas que desconocen el desarrollo de dicho derecho en la legislación peruana.

4. El Tribunal Constitucional ha establecido que la única manera de restringir el derecho de acceso a la información pública es exponiendo argumentos o razones que demuestren la presencia de riesgos para algún derecho fundamental o bien constitucional por la divulgación de la información. La mera invocación de la norma no es suficiente para ello, pues se deben brindar argumentos de la presencia de algún riesgo para un derecho fundamental u otro bien constitucional. Esto no ocurre en este caso, por lo que la restricción hecha por el Congreso deviene en inconstitucional.

Con lo antes mencionado y los argumentos que da Enrique Torres Castro en su blog, tenemos un sustento bastante sólido para que el Congreso peruano deje de hacerse el sueco.

Bueno, luego que les rechazaran las solicitudes a Rosa María Palacios y Perú.21, la respuesta a este blogger era más que cantada. Llegando a casa ayer vi esta carta, enviada el mismo día que aprobaron la acusación constitucional contra José Anaya, cuyo caso inició la indignada respuesta de periodistas y ciudadanos sobre la poca transparencia parlamentaria.

Hoy estoy avergonzado del Congreso que tenemos. De su poca transparencia. De sus ganas de no considerar a los ciudadanos como tales. De parlamentarios que - con la solitaria excepción de Javier Valle Riestra, a quien con todas las diferencias que tengo con él, debo reconocer su acto de transparencia - se niegan a transparentar cuentas que son pagadas con nuestros impuestos. Están haciendo todo lo posible por legarnos al siguiente outsider o al siguiente autoritario instalado en Palacio de Gobierno. Y de una administración del Congreso de la República que es cómplice de los otorongos que no quieren que sus cuentas se transparenten.

Me quedo con la respuesta anticipada que Catalina da en Cuaderno de Borrador:

Por otro lado, es lamentable que se refieran a nuestra campaña como una burla. Si tuviera oportunidad de hablar con alguno de ellos sobre el tema sólo le diría dos cosas: Una, Rosa María Palacios no llamó a los bloggers para que armemos la campaña “Adopte un congresista”, esa iniciativa es nuestra, y le pusimos ese nombre porque de alguna manera tenía que llamarse si queríamos llamar su atención. ¿Tal vez preferían que se llame Adopte un Otorongo? Y dos, ¿les parece una burla que un ciudadano trate de hacer cumplir una ley?

La falta de costumbre, supongo…

La falta de costumbre y, añado, la falta de vergûenza. Realmente, un asco. Pero, creánme, amigos lectores, esto no se va a quedar aquí.  Estén atentos.

ACTUALIZACION (11:40 AM):

Bueno, hoy en RPP cuadraron a Javier Velásquez Quesquén en Ampliación de Noticias. El Presidente del Congreso dijo cosas como estas, bastante incómodo por la campaña iniciada en los blogs:

“Si nosotros vamos a remplazar a los blogs por los electores, entonces habría que modificar la Constitución y el sistema político“, opinó respecto a la campaña “Adopta un Congresista”.

Esta iniciativa cívica difundida a través de blogósfera local busca que cada autor de una bitácora personal “adopte un congresista”, es decir, que amparado en la Ley de Transparencia envíe una carta al Parlamento solicitando que determinado padre de la patria revele sus gastos operativos.

“Creo que es parte del humor de la gente que también nosotros lo interpretamos, pero no podemos desplazar a los órganos constitucionalmente elegidos (…) La percepción y la lógica es remplazar al sistema de control por los blogs“, apuntó.

Asimismo, aseguró que darán la información requerida por los ciudadanos, pero esta función es de la contraloría.

“No nos negamos a dar esa información, estamos haciendo una auditoria en el sistema de personal, porque se detecta un hecho de irregularidad, no significa que el manto de sospecha se lance sobre los 120 señores congresistas”, expresó.

Por otro lado, estimó que se ha actuado rápidamente contra las irregularidades de algunos parlamentarios, como los legisladores, José Anaya y Margarita Sucari, entre otros.

Así, aseguró que las acusaciones constitucionales contra ambos parlamentarios ante el Pleno del Congreso serán sesiones públicas.

“Decir que como la Contraloría esta haciendo una auditoria, que era lo primero que había que hacer, se comienza a decir, se sospecha (sic). Mejor que la Contraloría lo hagan los blogs, creo que estamos erosionando el sistema institucional“, refirió.

Esta última frase también fue repetida por Aurelio Pastor en Radio San Borja. (Además, este congresista pidió que quienes lo adopten lo acompañen a sus viajes en provincias).

Francamente, creo que aquí nadie tiene vocación de Fiscal de la Nación. El ejercicio de un derecho ciudadano es justamente eso, el ejercicio de un derecho que nadie, por más Congresista que fuere, puede conculcarnos. Bien lo decía un amigo mío, nuestros congresistas, más que representantes, se toman demasiado a pecho eso de Padres de la Patria.

La única solitaria excepción parece ser Javier Valle Riestra, quien ha pedido que le abran sus cuentas. Claro, el congresista aclara que no ha recibido gastos operativos, pero como gesto vale. Y veo que otros parlamentarios entrevistados en Útero.tv estuvieron dispuestos a dar ese paso. ¿Abrirán sus cuentas ahora, luego del papelonazo del Presidente del Congreso?

Finalmente, veo que mi congresista adoptado está metido en un grueso lío por tráfico de influencias, que, como señalan en el Utero de Marita, le puede costar una temporada en San Jorge (4 años, para ser exactos). Quizás, en aras de demostrar su supuesta probidad, el almirante explique esa extraña carta enviada al Presidente de Esssalud y, por supuesto, entregue a los ciudadanos que lo hemos requerido su informe de gastos operativos. Digo, nomás.

MAS SOBRE EL TEMA

La comprensible indignación de ciudadanos que pidieron información: William Vásquez, Katherine Subirana, Pamela Acosta, Marco Sifuentes.  

Rosa María Palacios: El otoronguismo se viste de oscuro