A estas alturas, ya sabemos que el prestigio del Congreso de la República y del Poder Judicial andan por niveles casi de sótano. Basta darle una mirada a la encuesta en Lima y Callao de la Universidad de Lima correspondiente a agosto, para ratificar esta opinión bastante generalizada y que, en los casos de congresistas y magistrados que hacen bien su trabajo - sí, existen - parece ser injusta.
En cuanto al Congreso, los últimos escándalos, para recordar, han girado en torno a un congresista blogger que gusta de grabar a sus colegas - y ahora pide la disolución del parlamento -, a un tránsfuga que no sabe explicar como un lobbista entró a su oficina durante 4 meses, una madre de la patria que le recorta el sueldo a sus asesores para pagar a otros por lo bajo - y ahora parece que podría ser salvada por los apristas - y un parlamentario que falsifica facturas para quedarse con sus gastos operativos (amen de otras perlas que han venido siendo destapadas en las últimas semanas).
En lo que respecta al Poder Judicial, la imagen general es de corrupción y lentitud en la resolución de procesos, con honrosas excepciones que salvan el honor, como es el caso de los jueces que procesan a Fujimori o los encargados de los casos de terrorismo, derechos humanos y anticorrupción. Resulta ser sintomático que un personaje cuestionado por sus vínculos con el fujimontesinismo como Javier Villa Stein sea, según fuentes judiciales, el favorito para ganar la Presidencia del Poder Judicial.
Por ello creo que la ciudadanía podría apoyar dos iniciativas bastante certeras en pedir transparencia a estos dos poderes del Estado.
La primera de ellas ha sido lanzada por Rosa María Palacios en Prensa Libre y consiste en que los ciudadanos solicitemos al Congreso de la República que nos entregue, en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los recibos que los congresistas han entregado para sustentar sus gastos operativos. Rosa María pidió, en un inicio, los correspondientes a 4 parlamentarios, pero el Oficial Mayor del Congreso le ha respondido que no puede entregarlos, debido a que hay una auditoría en el Congreso. Lo curioso es que ésta no es una causal contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para denegar este tipo de pedidos.
¿Cómo presentar el pedido? Pues es sencillo. Hacer una carta simple al Congreso de la Republica, en la que se indique, bajo nombre y DNI, la información que se requiere, enunciando que se pide en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por cierto, esperamos que el programa de Rosa María Palacios coloque cuanto antes en su web unos formatos que también pueden ayudar en esta tarea.
La segunda iniciativa recoge lo que trabajó el Consorcio Justicia Viva en la elección del Presidente del Poder Judicial en el 2006, para lo que los ciudadanos deberíamos estar atentos a que se cumpla lo siguiente y, en caso se incumpla, exigirlo:
Se debería trabajar, en primer lugar, un verdadero reglamento de elección, donde el proceso y las reglas queden claras no sólo para los miembros de la Corte Suprema, sino para todo el país.
En segundo lugar, debería formalizarse la figura de aspirantes o candidatos a la Presidencia de la Suprema. ¿Por qué no?
(…)
También nos parece que se debería acceder con relativa facilidad a las sentencias -por lo menos de los últimos años- en las que han participado los candidatos, a fin de conocer la fundamentación sobre las posiciones asumidas en los diferentes casos, algo que en la actualidad es casi imposible.
Esta no es una elección que solo compete a los jueces o a los abogados, sino que, dado que todos caemos o estaremos por los pasillos judiciales alguna vez en nuestra vida, o nos interesamos en que se garantice la inversión privada - hablen, chicos de la CONFIEP - y los derechos de todos y todas, esta elección, generalmente poco conocida y transparente, debe ser vigilada por quienes finalmente somos los usuarios de este servicio público: los ciudadanos.
Aquí creo que cabe también las solicitudes escritas dirigidas a Francisco Távara, presidente del Poder Judicial, para que se percate que este no es un tema que solo importa a algunas organizaciones no gubernamentales o a los Colegios de Abogados.
Veamos que tal resulta esto.
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