6 Agosto 2008 a las 12:29 pm
De la mia, mi estimado adversario, como cualquier ciudadano común.

Parece que la tuya se ha olvidado, estimado godoy

Quien pagara por ese tramite?

Comienzo por el tema central de este post, que es que una persona que trabaje en el sector privado tenga empresas o sociedades que contraten con el Estado. Como lo comento en el post, hasta hace 35 días, eso se permitía, ahora ya no para las empresas en las que los funcionarios tengan más del 5% de acciones (antes solo era en el sector en el que el funcionario estaba directamente implicado). En el caso de la Ministra Fernandez, tiene un 30%, igual que 2 de sus socios y más que otra socia, que tiene 10% (el acta la colgaré esta noche). Y, como lo he señalado en un comentario anterior, aqui el tema, más que legal, es ético.

Se supone que un funcionario público no debe tener conductas o comportamientos que hagan cuestionar su integridad, pues va a servir al Estado y no servirse de él. Por ello es que se ponen prohibiciones como esta en la administración pública, sea en los Códigos de Etica Pública o en las Leyes de Contrataciones. El ánimo de lucro y la existencia de la empresa están sujetos a límites, incluso en una economía de mercado. Y en el caso de los contratos con la administración pública, una de las cosas que se busca cuidar es la neutralidad y la transparencia.

En los Estudios de Abogados, y esto lo digo con conocimiento de causa, todos los abogados chambean y no se la llevan fácil. Y la mayoría litiga. Por lo menos, en el Estudio en el que practiqué durante dos años y que no era precisamente pequeño en número de abogados ni en facturación, me debo haber topado varias veces con socios del Estudio en el Poder Judicial o en las entidades administrativas. Si bien los prácticantes te ayudan con mucha de la chamba administrativa o tramitaria, hay cosas que los abogados socios si ven, por ser casos importantes. Y cuando es materia estatal como ésta, siempre son apresonados en este tipo de procesos.

Ahora bien, mencionas que OSINERGMIN ha contratado con el Estudio de la Dra. Fernandez durante 3 años. Es cierto y lo puedes comprobar viendo el portal de CONSUCODE. Pero, dado lo que anteriormente te he señalado, ¿no vulnera la neutralidad en la contratación? Por lo menos, se ve o huele mal, dado el vínculo actual de una de sus socias principales con el Estado. Y si sus socios decidieron postular (en una licitación, donde, ojo, el Estudio fue el único postor), le hicieron un flaco favor a su colega, pues la metieron en un serio problema. Lo mismo se aplica a la segunda contratación.

No se infiere en el post, como señalas, que la plata se la lleve la Ministra a su bolsillo. Pero si que existe algo bastante raro y que choca con la ética pública. En ningún país del Primer Mundo, dejarían que este Estudio participe en este tipo de contrataciones, justamente, para resguardar la imparcialidad, neutralidad y pulcritud de su administración pública.

Pues eso y gracias por el comentario.

Arcano también te hace notar, con la fuente a tu disposición, que el Estudio de Rosario Fernández ya veía asuntos de Osinerg no sólo antes que ella fuera ministra, sino incluso antes que García Pérez fuese presidente. ¿O sea, Sr. Godoy, que si un Estudio de Abogados tenía al Estado como cliente y uno de los socios accede a un puesto en el Poder Ejecutivo, los demás socios deberían renunciar a sus chambas? Ya pues Godoy. Me parece que sus virtuosas e inmaculadas exigencias lindan con el delirio. Y no se pique.

Lo que me ha dejado sorprendido de tu post es la forma cómo inicias el lead. Juntar el caso de Fujimori con Fernández y con un supuesto caso de corrupción, por así decirlo, bien tirado de los pelos. Acabas de descubrir la fórmula perfecta del escándalo político: juntar las palabras “ministro”, un caso de actualidad polémico, adjuntar cuatro links a SEACE con montos astronómicos y un cierre abierto a la discusión. Eso demuestra que en nuestro país, la jeringa aún funciona. Wright was right.

Sin embargo, a pesar de ello, me deja mucho para pensar tu post. Bastantes preguntas, para ser sincero. ¿Una persona que trabaja para el Estado que tiene empresas no puede negociar con ellos por ningún motivo? Si ese fuera el caso, ningún empresario trabajaría para ellos, porque eso significaría cuantiosas pérdidas económicas.

Si bien Fernández asumió el cargo en el 2007, creo - anyway, it’s not important for this matter - ¿su empresa siguió existiendo? Por lo que vemos, no. Siguió atendiendo casos. ¿Eso hace que si aceptaran cualquiera sería caso de corrupción y los perros de caza se deben ir contra ellos? Eso es algo muy obtuso…

Algunas anotaciones para tu post.

En el primer caso. Osinergmin contrata a su estudio por una suma astronómica. ¿Por qué no detallamos más el caso? En tu mismo link está que se le ha contratado por 24 casos detallados y la suma total adjudicada es 100 mil soles menor a la que estaba presupuestada. En otras palabras, en el contrato que se ha hecho, se le está pagando 9500 soles por cada caso resuelto de hidrocarburos. Me parece raro que no lo menciones.

Además, su estudio trabaja desde el año 2005 con Osinergmin. Eso significa que si lo han vuelto a contratar por tres años consecutivos es porque mal trabajo no hace. Aquí está: http://tinyurl.com/64uuwk . Y me parece también raro que no lo menciones - claro, porque si no, no tuvieras caso -.

Por otro lado, son tres socios los que manejan ese estudio y toman las decisiones ejecutivas. Además de los dividendos, ¿Fernández ve los casos? ¿Cuál es su nivel de acciones del estudio? Porque si los otros dos socios decidieron postular a una licitación en la cual cuentan con la confianza y experiencia necesaria, ella no puede hacer nada … al menos que tenga más del 50% de las acciones. Habría que ver bien eso.

No la estoy defendiendo, constens, pero tu has trabajado en varios estudios de abogados y sabes cómo es la vainilla. No creo que te hayas olvidado, porque los casos no los ven los socios, sino los abogados que trabajan para ellos y sólo ellos dan la supervisión del tema. Tu lo sabes bien. Y más en minería e hidrocarburos: son los abogados los que viajan y hacen los litigios, no los socios. Así como en cualquier estudio. Entonces, ¿cuál conflicto de intereses, si antes de ser ministra su empresa ya gozaba de la confianza de Osinergmin?

En el segundo caso, el de los 30 mil soles por haber sido contratados por Centromin. Si vemos de nuevo a SEACE, el monto referencial era 91 mil soles. En la causa de exoneración, como se ve en este documento - http://tinyurl.com/5uta97 - se ve que esto es una decisión del directorio, en un contrato por 6 mil soles mensuales, similar al que tuvo el anterior estudio que dirigió el proceso de liquidación de Centromin: A&G Abogados y Consultores. La exoneración ocurre por servicios profesionales especializados, y el estudio de Fernández, como hemos visto antes, trabaja desde hace tres años en temas del rubro de Energía y Minas.

Que contraten al estudio no significa que contraten a la ministra ni que ella reciba toda la plata directamente a su bolsillo, como estás infiriendo.

Mi principal duda, mi estimado amigo Godoy, es que en coyuntura, es una bombaza… si no la lees bien. Y me he dado cuenta que es modus operandi. Cuidado con eso, mi estimado compañero, porque hasta el mejor cazador se dispara el pie de vez en cuando.

Tocayo: Prefiero ser cauto en mis apreciaciones. Solo registro el hecho aqui.

Hablando en serio, cuando dices ” Si la actual norma sobre Contrataciones y Adquisiciones hubiera estado vigente, la Ministra de Justicia estaría en un serio problema, ya que la misma corrigió un serio defecto de la anterior, al impedir a cualquier persona jurídica en la que un Ministro tuviera una participación mayor al 5% a contratar con el Estado.” nos damos cuenta que no siempre tiene que estar la Ley para planear una trampa… a la ética ¿no?