Cada vez que se acerca un aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, arrecian los ataques contra quienes conformaron este grupo de trabajo o las organizaciones de defensa de derechos humanos, dado que la fecha resulta siendo propicia para recordarle al Estado - y en realidad, a todos nosotros - la necesidad de implementar las recomendaciones dadas para conformar un nuevo pacto social y recordar que las víctimas del conflicto estuvieron en los sectores más excluidos del país tema que, viendo una polémica sobre la Ley de la Selva y la visión sobre las comunidades, resulta siendo bastante actual.
Pero volvamos al tema. Este año, quien se “lleva las palmas” en una actitud anti - CVR ha sido el Ministro de Defensa Ántero Flores Araoz. Ayer volvió a atacar a los ex comisionados, dado que algunos de ellos han pedido mayor celeridad en las respuestas que el Ministerio de Defensa debiera dar en torno a los pedidos solicitados por el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre casos de derechos humanos y también han solicitado que el Estado reconozca su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos y pida disculpas por las mismas. Olvida Flores Araoz los ejemplos de Martin Balza en Argentina y Juan Emilio Cheyre en Chile, quienes hicieron actos públicos de reconocimiento en sus países en torno a actos atroces cometidos por las Fuerzas Armadas de ambos Estados.
Pero también olvida el Ministro de Defensa que los mismos sectores a los que hoy ataca le dieron una mano al gobierno en la sentencia de interpretación del caso Castro Castro, la cual varios ministros han considerado como una victoria.
El Instituto de Defensa Legal presentó un amicus curiae en este caso, para que se considerara el carácter terrorista de Sendero Luminoso, como parte de las consideraciones de la Corte en dicha sentencia. Para los legos en derecho, un amicus curiae es un escrito presentado por un tercero que no es parte en el proceso, sobre temas jurídicos, para que el tribunal pueda resolver con mayores elementos de juicio.
Veamos algunos extractos de dicho escrito, los cuales también utilizan parte lo señalado por la CVR en su Informe Final:
14. Si bien, la distinguida Corte ya ha hecho mención al contexto en parte de su sentencia (entre los párrafos 197.3 y 197.5), creemos que la misma se puede complementar a fin de que se tenga en cuenta también, el accionar de la agrupación terrorista Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso (PCP-SL). Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que la honorable Corte cita en varios pasajes de su sentencia, los agentes estatales (miembros del ejército y de la policía) no fueron los principales responsables de las víctimas fatales durante el conflicto armado interno (1980-2000), sino que fue el PCP-SL.
(…)
16. Y es que sus acciones terroristas han causado mucho dolor y muerte en nuestro país. Sobre ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que “las manifestaciones de violencia terrorista en las Américas, además de plantear una grave amenaza a la protección de los derechos humanos, con frecuencia han afectado a gobiernos e instituciones democráticas”, señalando además que “tanto el Estado como actores no estatales, han estado ampliamente involucrados en la instigación, el respaldo y la consumación del terrorismo contra la población del hemisferio, por medio de prácticas infames como los secuestros, las torturas y las desapariciones forzadas“. Por lo que el rechazo a este tipo de actos —vengan de donde vengan—, podría ser un elemento más del análisis del contexto histórico, que podría ser tomado en cuenta en el presente caso.
17. Específicamente en Perú, los terroristas integrantes del PCP-SL no sólo afectaron “las vidas y futuros de miles de peruanas y peruanos, sino que también contribuyó significativamente al envilecimiento moral de la Nación. Sus acciones y su fundamento ideológico terrorista privaron al país de oportunidades de desarrollo en democracia”, estado al que regresábamos luego de doce años de dictadura militar en la década de los setenta, época en la que Sendero Luminoso iniciaba sus acciones.
18. Debido a esto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación —órgano plenamente reconocido y valorado por la ilustre Corte— en su Informe final señalaba respecto al accionar de Sendero Luminoso y la guerra interna peruana:
“La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Siendo “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno […] la decisión del PCP-SL de iniciar la «lucha armada» contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres”. Por ello, “La CVR constata que, a diferencia de otros países de América Latina por esa misma época, entre 1980 y 1992, el conflicto armado interno se desarrolló mientras imperaba en el Perú un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. El PCP-SL […] se autoexcluy[ó] de manera unilateral del sistema democrático y, más bien, socav[ó] con sus acciones armadas el régimen político democrático instaurado en 1980.
19. A su vez, a diferencia de lo ocurrido en otros contextos nacionales, la CVR comprobó que el PCP-SL fue un grupo terrorista de singular accionar, debido al carácter sangriento y genocida de la organización. Sendero Luminoso fue el causante del 54% de las víctimas del conflicto armado, siendo los pobres e indefensos la población más afectada. Según cifras de la CVR, las principales víctimas de la guerra interna fueron: (i) los analfabetos o con educación primaria incompleta (68%); (ii) los quechuahablantes o de otra lengua nativa (75%); los residentes en zonas rurales (79%).
“Entre 1977 y 1979 el PCP-SL llevó a cabo una ruptura radical con la dinámica social y política predominante en el país y se transformó en un proyecto fundamentalista, de potencial terrorista y genocida”. “[E]n mayo de 1980 [el PCP-SL] desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos. A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido“. EL PCP-SL “Fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR” (subrayado nuestro).
Como podemos ver, la posición de quienes defienden el Informe Final es bastante clara. Nadie puede avalar las conductas atroces cometidas por los miembros de Sendero Luminoso, pero tampoco se puede, en base a ello, justificar las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. Por ello, Flores - Araoz termina sobrereaccionando ante pedidos que, antes que injustificados, se encuentran avalados por investigaciones comprobadas y, ahora, por sentencias judiciales.
Pero parece que en el gobierno tienen pocas ganas de entender todo esto.
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