Desde el Tercer Piso

Gracias a Paola Ugaz me entero de la última investigación que ha hecho el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, dirigida por Gustavo Gorriti, que involucra a una camioneta, al Presidente de la República, a un conocido abogado, al Secretario General de Palacio de Gobierno y a una familia cuestionada por sus vínculos con el narcotráfico.

La historia va como sigue:

Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4×4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.

Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001. (Ver boleta de venta )

El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao (ver).

Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. (Ver documento).

El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria. (Ver).

Hasta aquí, la historia relativamente normal de una transacción comercial - aunque dan que pensar esas variaciones en el precio - en la que está involucrado el patrimonio del ahora Presidente de la República, pero varios detalles llaman la atención. Volvamos al reportaje.

Detalle número 1:

Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.

En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez. (Ver).

De hecho, Belisario Esteves fue descubierto por uno de los reportajes de Américo Zambrano para la revista Caretas, que han sido premiados en el exterior. Esteves también está investigado por sus vínculos con el clan Sánchez Paredes.

Detalle número 2:

Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez. (Ver)

Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.

De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007 (Ver). El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.

Es decir, la empresa de fachada de los Sánchez Paredes, representada por un ex ministro aprista, fue la que le compró la camioneta al hoy Presidente. Y para estrechar más los vínculos, aparece en escena José Humberto Abanto Verástegui, ex asesor de Alva Castro, abogado de Moisés Wolfenson y de Baruch Ivcher y de carnet aprista.

Detalle número 3:

El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.

De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).

Tres personas bastante cercanas al partido de gobierno - y al entorno presidencial - involucradas en este tema. Si bien, como concluye Gorriti y Sheila Diaz en su investigación, es bastante probable que García haya ignorado estas relaciones al momento de vender su vehículo - no se tienen hasta ahora pruebas de lo contrario -, bien valdria que las investigaciones lleguen hasta las propias entrañas del Partido Aprista Peruano. Hace algunos meses, informamos sobre vínculos de miembros del PAP en Trujillo con los Sánchez Paredes, uno de los clanes familiares más cuestionados del país.

Hace 28 años, una investigación periodística reveló que un narcotraficante había llegado a controlar parte del APRA, lo que supuso una revolución dentro de Alfonso Ugarte. Tal vez, si se ahonda más, se pueda llegar a otra renovación que, esta vez, esperemos, pueda limpiar al partido más antiguo del país de vínculos poco santos, a fin que no se diga más que, por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

DESDE PALACIO: Alan dice que vendió su auto por avisos en el periódico

Damas y caballeros que leen este blog, hoy vamos a cruzar la última línea en lo que a You Tube se refiere. Si pensaron que la caída de Edgar, la Tigresa del Oriente o Delfin Quisphe cantando Torres Gemelas era lo más bajo en que podía caer la red, pues no han visto lo que viene a continuación.

Si de promoción turística se trata, el Perú ha tenido grandes exponentes. Luego que el ex Presidente Alejandro Toledo hiciera The Royal Tour, pues este gobierno no ha querido quedarse atrás. Pero como parece que son poco afectos a los viajes al interior del país, optaron por un presentador en Palacio, alternado con imagenes de Prom Perú. Todo en inglés.

Con ustedes, the Minister of Production and Official Guide of Peruvian Government, Rafael Rey Rey (in English 7.9):

Y yo que pensé que Tongo y Cipriani hablaban mal el idioma de Shakespeare… 

Todo indica que la fase de favorecimiento a personajes que, aparentemente independientes, terminan siendo fichas del gobierno, no venía de hace unas semanas atrás. El caso de Alfredo Marcos no es un lunar y, como se demostró ayer, ha tenido en un controvertido funcionario público y a un congresista cuestionado a los protagonistas de una nueva perla de este gobierno.

Prensa Libre presentó ayer una denuncia realmente grave: Carlos Arana contrató irregularmente al hijo del congresista José Anaya Oropeza cuando fue jefe de Agua para Todos. Del prontuario de Arana ya conocemos todos y al parlamentario Anaya lo vimos falsificando facturas para justificar sus gastos operativos.

El vástago del congresista se llama José Antonio Anaya Hilario y sigue siendo funcionario de Agua Para Todos. Pero su ingreso a esta entidad es cuestionable. Según reveló el programa conducido por Rosa María Palacios, Anaya Hilario fue contratado en marzo de 2007 para un puesto que corresponde a un ingeniero sanitario, cuando él es ingeniero civil. Esta es la información que aparece en el Registro Nacional de Proveedores del Estado sobre su experiencia laboral:

CONSULTORIA EN SEGURIDAD, CHARLAS COMO PREVENCION DE INCENDIOS, TEMAS DE 5 PUNTOS, PRESUPUESTOS, PLANOS, TODO LO REFERENTE A INGENIERIA CIVIL

Quien hizo la denuncia fue el ingeniero Samuel Guzmán Prado, un profesional que tenía amplias calificaciones y que era bien considerado por sus superiores. Fue despedido abruptamente para dar paso al hijo del congresista. Guzmán declaró lo siguiente:

“Solo me dijeron que era una decisión que venía del más alto nivel y que la nueva persona que iba a venir en mi reemplazo, era por una decisión ya tomada y no había nada que hacer. Esa persona es el hijo de José Anaya“.

Y, como señaló el reportaje, a partir de ese momento, las votaciones de Anaya comenzaron a ser proclives al partido de gobierno.

Creo que a estas alturas no cabe otra cosa que dos salidas: la de Arana de su puesto y de Anaya del Congreso.  Pero también una reflexión mayor.

El gobierno ha entrado a una fase de descomposición bastante severa. No se trata aquí de posiciones con las que se pueden estar a favor o en contra, como en el caso de la Ley de la Selva y la visión única sobre la modernidad que tiene el Presidente de la República. Aquí estamos hablando de un asunto de sanidad política elemental, en el que independientemente de la posición política del gobierno, debieramos todos presionar para que esta situación no se agrave.

En las últimas semanas, ante varias revelaciones aparecidas en la prensa y en los blogs, hemos conocido declaraciones juradas poco claras del Presidente de la República, contrataciones irregulares, caricaturistas puestos en planillas para proyectos estatales, entre otras perlas. Y creo que la sensación de asco y hartazgo frente a esta situación es cada vez mayor.

Si se logró que se volteara el partido en la controvertida norma sobre la selva, ¿se podrá hacer lo mismo en la lucha contra la corrupción?  Por el bien de todos, espero que así sea.