Desde el Tercer Piso

Si algo debo agradecerles a los lectores de este blog es que, además de los comentarios que dejan, también envían buenos datos que, una vez que puedo corroborarlos, se pueden lanzar por esta vía.

El dato va como sigue. El País de España sacó un editorial sobre las primeras medidas del nuevo presidente paraguayo Fernando Lugo, sacerdote proveniente de la Teología de la Liberación. El texto es del jueves 22 de agosto de 2008:

Hace hoy justo una semana el ex obispo Fernando Lugo asumió la presidencia de Paraguay, con dos principios fundamentales de credo político: honestidad y austeridad. Lugo, que venció las elecciones presidenciales el pasado abril al frente de una heterogénea coalición de izquierdas llamada Alianza Patriótica para el Cambio, con lo que se puso fin a 61 años de poder absoluto del Partido Colorado, quiere, al parecer, moverse con prudencia sin precipitar choques con la minoría político-empresarial que controla el depauperado país suramericano de seis millones de habitantes.

Es inteligente de su parte no provocar inmediatamente grandes convulsiones -la prudencia quizás venga influida de su pasado eclesiástico-, pero debe ser consciente de que si realmente quiere realizar las transformaciones radicales de transparencia y honradez que Paraguay necesita, y que el nuevo jefe del Estado ha prometido, va a tener que enfrentarse a los sectores privilegiados.

De momento, el nuevo presidente ha constituido Gobierno y relevado al jefe nacional de la policía. Antes de su investidura anunció que tenía intención de decretar una subida de impuestos, llevar a cabo una reforma agraria (apenas 200 familias poseen el 70% de la tierra), perseguir el contrabando y mejorar el nivel de vida del funcionariado y de la policía para tratar de erradicar el gran cáncer de la corrupción rampante generada por el poder omnímodo del Partido Colorado.

Las expectativas que ha generado el cambio son enormes. Más del 75% de los paraguayos cree que el país mejorará con el Gobierno de coalición y el 60% piensa que los resultados de la gestión del nuevo presidente se notarán muy pronto. Así, pues, la presión social va a hacer muy difícil a Lugo moverse con cautela, pero tendrá que bregar duro para sacar leyes de un Parlamento en el que los colorados siguen siendo la primera formación.

Lugo pretende moverse en la ambivalencia de un modelo de izquierda que no será copia exacta del de Venezuela, Bolivia o Ecuador, pero tampoco de Brasil, Argentina o Chile. Con los brasileños tendrá que resolver, como ya anticipó durante la campaña, la delicada papeleta de revisar la tarifa de suministro eléctrico que prácticamente Paraguay vende a sus vecinos a precio de coste. El nuevo mandatario paraguayo quiere acabar con ese privilegio que goza Brasilia desde 1973.

Pues bien, hoy lunes 25 de agosto de 2008 La República se manda con un editorial también sobre Fernando Lugo. Y si bien no utiliza exactamente los mismos términos, pues queda claro que las ideas y el orden de enunciar las mismas son bastante parecidos:

Se cumplen 10 días desde que Fernando Lugo –ex obispo católico que colgó la sotana para dedicarse a la política en beneficio de los pobres– asumió la presidencia de Paraguay con un mensaje en el que definió como pilares de su gobierno los principios de honestidad y austeridad. Como se sabe, Lugo venció en las elecciones generales de abril a la cabeza de una heterogénea coalición de izquierda, la Alianza Patriótica para el Cambio.

El triunfo de Lugo acabó con 61 años de poder absoluto del Partido Colorado, el más cercano equivalente al PRI cuando era partido identificado con el Estado, pero con todos los defectos de la agrupación mexicana y ninguna de sus virtudes. Lugo, con un mensaje político de cambio, ha de moverse con cuidado para avanzar sin alienarse por ahora a la minoría político-empresarial que es dueña del país y la maquinaria burocrática del coloradismo.

Este inicio con cautela para no abrirse frentes innecesarios acaso sea imprescindible en este momento de transición, pero el nuevo mandatario ofreció transformaciones marcadas en la sociedad paraguaya y si decide hacerlas deberá chocar, más temprano que tarde, con los intereses de los sectores minoritarios privilegiados. Por el momento, el nuevo Presidente ha constituido un Ejecutivo plural y ha destituido al jefe nacional de la policía, implicado en casos de corrupción.

En la plataforma electoral de Fernando Lugo figuran la realización de una reforma agraria (200 familias de la oligarquía poseen el 70% de las tierras cultivables del país), la persecución del contrabando –que es un vicio nacional a partir de las amplias zonas fronterizas de este país mediterráneo– y erradicar la corrupción tolerada y auspiciada por el poder inmenso acumulado por el Partido Colorado.

La expectativa que provoca Lugo en los seis millones de paraguayos puede medirse en función de ese 75% que considera que el país mejorará con su gobierno y ese 60% que espera que los primeros resultados de la nueva gestión presidencial se hagan sentir muy pronto. Pero esta espera puede resultar contraproducente en su afán de pretender resultados inmediatos. Máxime si se recuerda que el gobierno no es mayoritario en el Congreso, en el que los Colorados siguen siendo la primera fuerza. Por lo pronto, ya se han registrado invasiones de tierras

Si bien el gobierno de Lugo forma parte de los regímenes de izquierda elegidos por vía democrática en el continente, el antiguo obispo intenta situarse en un camino intermedio similar al de Uruguay. No busca una repetición de Venezuela o Bolivia y tampoco siente atracción por Argentina, Chile o Brasil, con quien tiene un contencioso por resolver, pues quiere revisar los costos de la energía eléctrica generada por Itaipú, que vende desde 1973 a su gigante vecino a precio de costo. Lugo quiere invertir la nueva cuota en desarrollo. Le deseamos suerte.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Esta semana (para ser más precisos, el jueves 28) se cumplirá el quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La fecha, además de las ceremonias de recuerdo a las víctimas de dos décadas de conflicto armado interno, motiva una serie de reflexiones sobre lo que fue su trabajo y el cumplimiento de sus recomendaciones.

Puede decirse, en líneas generales, que la CVR cumplió con tres de sus objetivos centrales. El primero, dar voz a las víctimas de la violencia, a través de los cerca de 17,000 testimonios recogidos a lo largo del todo el país. El segundo, fue presentar los hechos tal como ocurrieron de modo claro y directo: De un lado, Sendero Luminoso fue el mayor responsable de la violencia y de un envilecimiento general del país y Abimael Guzmán el mayor responsable penal de lo ocurrido. De otro lado, los gobiernos no supieron enfrentar a la violencia y permitieron - en el caso de Fujimori, participó - violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, algunas de las cuales configuraron prácticas sistemáticas o generalizadas en algunos lugares y momentos.  El tercero, fue poner en palestra temas que estuvieron en la base del conflicto, en particular, la exclusión, la ausencia del Estado y la discriminación.

Donde se han encontrado mayores dificultades es en la formación de una memoria colectiva que tome en cuenta lo dicho por la CVR. Allí han arreciado los ataques feroces por parte de quienes fueron encontrados como responsables políticos y penales de lo ocurrido, sobre todo, en los partidos políticos y los institutos armados, acompañados de sectores conservadores que consideran que las violaciones de los derechos humanos fueron un costo a pagar en pos de la pacificación. Pero tampoco ha existido una estrategia de comunicaciones y de vinculación con la población por parte de los sectores proclives a respaldar el Informe Final a fin de contrarrestar la serie de mentiras que se han repetido cual letanía durante 5 años (sobre este último punto, recordar el debate sostenido en el blog de Martín Tanaka, el año pasado). 

En lo que se refiere a la implementación de las recomendaciones para la reconciliación, hay que mencionar, de modo inicial, que tampoco se ha entendido el sentido conceptual de la misma. La visión de reconciliación que muchos tienen se remite a la visión cristiana del perdón, elemento que fue mencionado por la CVR, pero solo referido a las relaciones interpersonales y, además, como una potestad de cada víctima. El sentido real de la reconciliación es la formación de un nuevo pacto social, dado que el que teníamos antes - si es que contábamos con algo así - no impidió que el país se desangrara.

Han avanzado varios procesos penales, es cierto. Se han logrado condenas bastante severas a las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA, respetando el debido proceso y en democracia. Lo mismo ha ocurrido en el caso La Cantuta con algunos de los integrantes del grupo Colina y con el general Julio Salazar Monroe, la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Paez y los asesinatos del periodista Hugo Bustíos y de autoridades comunales en Chuschi. A estos logros debe sumarse el actual procesamiento penal a Alberto Fujimori.  Sin embargo, existen dificultades en el avance, debido a la lentitud en las investigaciones, la falta de dedicación exclusiva de los juzgados que habían sido creados para esta materia, la carencia de un programa de protección a testigos, la poca colaboración del Ministerio de Defensa en muchos de estos casos y, además, la no implementación de un Plan de Investigaciones Antropológico Forenses, problemas que son reflejados, por ejemplo, en el caso Putis.

Las reparaciones han avanzado en algo, sobre todo las colectivas, pero sin un plan que las sostenga ni apoyo técnico para su mejor implementación.  Y la creación del Consejo de Reparaciones que elabora el Registro Único de Víctimas puede quedar en nada, si es que no se destinan los fondos necesarios para su mantenimiento.

Finalmente, el rubro con menos apoyo es el referido a las reformas institucionales. Como mencionó Álvarez Rodrich hace unos días:

Un objetivo de la CVR era llamar la atención sobre los profundos desequilibrios sociales, así como sobre las reformas indispensables para avanzar en su corrección. Por ejemplo, en los sistemas de educación, salud, justicia o seguridad, lo cual no ha ocurrido. El camino por recorrer es significativo.

Varias tareas pendientes en un gobierno poco proclive a la defensa de los derechos humanos o a temas que no sean los vinculados a la inversión. Y de allí las dudas en que los avances sean mayores en los siguientes tres años, a menos que, realmente, los sectores que defienden el Informe Final de la CVR vayan más allá de un pequeño círculo y, esta vez, puedan articular alianzas con sectores que, lejanos en algunos temas, puedan apoyar con la tarea de un nuevo pacto social, que no solo compete al gobierno, sino a todos los peruanos. 

Pues es tiempo de evitar una nueva barbarie.

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