Desde el Tercer Piso

A principios del año pasado, se destató una fuerte polémica en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Penal Castro Castro.  Para quienes no recuerdan el caso, se trata de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del develamiento de un motín ocurrido en dicha cárcel, en mayo de 1992, un mes después del golpe del 5 de abril de 1992 . La controversia se debió a dos hechos fundamentales: 1. que varios de los asesinados eran miembros de Sendero Luminoso y 2. a que la Corte Interamericana ordenó una serie de reparaciones a favor de sus familiares.

Esta discusión provocó que el Estado peruano interpusiera lo que se conoce como una demanda de interpretación sobre el caso.  La demanda tenía como puntos centrales que la Corte estableciera su posición frente a Sendero Luminoso, que respondiera sobre si las indemnizaciones podían ser compensadas con las reparaciones civiles que debían pagar los senderistas y ver lo relativo a las reparaciones simbólicas, punto éste que fue uno de los más controvertidos de la sentencia.

Ayer, la Corte Interamericana dio a conocer su sentencia de interpretación en el caso Castro Castro. Luego de leerla anoche, creo que es hora de responder a tanto cuervo que ronda por algunos medios de comunicación.  Lo resuelto por la Corte, se puede resumir en lo siguiente:

1. Sobre Sendero Luminoso:

La Corte hace bien en aclarar que lo que se procesaba en este caso era la responsabilidad del Estado en un suceso puntual y no todo lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Sin embargo, no queda duda alguna de que el sistema interamericano no avala las acciones de grupos como Sendero Luminoso cuando señala lo siguiente:

41.     Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana por Sendero Luminoso. En efecto, como se lee en su Sentencia en el presente caso, el Tribunal no desconoce que dicho grupo armado actuaba al margen de la ley, y tampoco desconoce los efectos del accionar de dicho grupo.

42.     Esta Corte ha afirmado en anteriores ocasiones su más enérgico rechazo a la violencia terrorista, particularmente en casos respecto de Perú al indicar que:

 

“un Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, aunque debe ejercerlos dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana. Obviamente, nada de esto conduce a justificar la violencia terrorista -cualesquiera que sean sus protagonistas- que lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad y que merece el más enérgico rechazo”[1].

43.     Finalmente, el Tribunal tampoco desconoce que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en relación con la atribución de responsabilidad en el conflicto vivido en el Perú, concluyó que Sendero Luminoso “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales [reportadas a dicha Comisión]”

3. Y sobre las reparaciones simbólicas

En este punto, la Corte puntualiza que el Estado debe reconocer publicamente su responsabilidad en este caso, pero que la forma de hacerlo quedaba en completa libertad para que Perú definiera la forma y condiciones de hacerlo. En otras palabras, cualquier riesgo de que esto no sea un “homenaje” a senderistas quedará a cargo del Estado peruano y, en particular, del Ministerio de Justicia, encargado de cumplir las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. 

Finalmente, sobre el tema de los hechos, sobre el que la Corte ya no podía pronunciarse en esta sentencia aclaratoria, creo que sigue siendo pertinente una reflexión elaborada durante el momento más álgido de la discusión:

Un primer aspecto a tener en cuenta es que la vida humana debe respetarse, sea cual fuere la persona de la que se trate. Nadie tiene derecho a decidir cuando cesa la vida de una persona, menos aún por la fuerza. Eso nunca lo entendió Sendero Luminoso, agrupación que utilizó la violencia y el terror para tomar el poder y cuyos miembros no dudaron en asesinar a sus propios compatriotas. De ello no hay duda y por eso se exige la mayor sanción posible, dentro de la ley y los compromisos internacionales asumidos por el Perú, para quienes iniciaron un conflicto que le costó al país cerca de 70 mil víctimas.

Pero el Estado no se puede colocar al mismo nivel que aquellos a los que busca combatir. La forma de derrotar a la subversión es con las de la legalidad y la Constitución. No se logra cometiendo violaciones a los derechos humanos ni menos aún ejecutando personas, por más delincuentes que estas hayan sido. Esa es la lección que hasta ahora la clase política peruana, buena parte del empresariado y de la sociedad no aprende: la famosa mano dura que tanto se reclama, los costos a pagar de los que hablaba Raúl Romero en aquella infeliz declaración en Caretas siempre terminan siendo mayores que los objetivos que se buscan conseguir. Como decía Henry Pease en mi clase de Realidad Social Peruana, siempre el medio condiciona la resultante. Este caso en particular ha sido la clara demostración de ello.

Y ello, también es una verdad. ¿Si o no, Aldito?

Me da gusto cuando en el país se dicen las cosas claras. Sobre todo en tiempos en que muchos de los que estaban dentro del bando de los demócratas pactan con los autoritarios. Por ello es que escuchar y leer opiniones contundentes es algo que refresca el ambiente.

Ya sabrán todos que el Congreso tiene 9% de aprobación. ¿Los motivos? Creo que sería ocioso abundar en ellos pues ya los conocen. Pero el último de ellos ha sido bendecido por el APRA: el fujimorismo presidirá la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Error? Horror, dado que esta Comisión puede sancionar desde el Presidente de la República hasta vocales y fiscales supremos…como los que vienen procesando a Fujimori.

Y cuando yo pensé que nadie diría nada, aparece Henry Pease, persona con la que se puede estar de acuerdo o no, pero que es uno de los políticos más íntegros que ha tenido el país y llama, al pan pan y al vino vino:

“A mí me escandaliza que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esté en manos del fujimorismo. Entendámoslo, los fujimoristas que están en el Congreso, son defensores de un delincuente. Ese señor (Alberto Fujimori) ya fue declarado delincuente, ha sido condenado por uno de los delitos (usurpación de funciones en el Caso Allanamiento) en el Poder Judicial”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Quien defiende a un corrupto, es un corrupto. Seamos claros, mientras no seamos claros el país no va a cambiar y la gente no quiere que se generalice la corrupción. (…) Esto debe llamar a reflexión, porque tienen que darse cuenta que tienen que dar un golpe de timón. Y que con los corruptos no se puede ir ni a misa, como dice el refrán”, puntualizó.

Pues bien, esta es una lección que los apristas no han entendido. Curiosamente, hace 8 años atrás, no podían ver a Fujimori ni en pintura y, junto con Pease, luchaban para acabar con la dictadura de un delincuente. Hoy pactan con él, le dan cargos importantes a sus geishas y terminan arrejuntados en la coalición más conservadora desde tiempos del APRA - UNO de los años sesenta. Pobre gente.

Pero yendo más al fondo de lo que ocurre en el Congreso - y que explica más de una conducta otoronguil - Rosa María Palacios escribió el sábado una columna que deja en claro a todos porque nuestros parlamentarios se comportan como se comportan y que, además, pone el tema de la docencia política como prioritario:

Sin embargo, son los propios congresistas los que, aburridos de legislar
(poco y mal) y fiscalizar (casi nada), promueven esta extendidísima corruptela. Los más frescos creen que las gestiones directas para conseguir el colegio, la posta, la pista o el puesto de trabajo les darán futuros votos. Desarrollan así una miserable relación clientelista dado que no tienen poder para ofrecer nada. Sus votantes serán engañados una y otra vez.

Pero hay peores. Son los que bajo la etiqueta de “representar” gestionan
contratos de particulares con el Estado, intervienen en pleitos privados y hacen el más descarado lobby cubriéndose las espaldas con el argumento de que realizan gestiones en beneficio del pueblo.

Hay que decir que los ciudadanos tienen responsabilidad en esto. Largas colas se forman en las oficinas parlamentarias para pedir de todo. Sin embargo, la obligación de un político es instruir a sus votantes, con honestidad, sobre lo que puede y no puede hacer. Habrá caras largas, pero se dejará de mentir y desprestigiar al Congreso.

Y aunque estos tres párrafos de Rosa María son lo suficientemente claros como para eximirme de una explicación, solo añadiré algo más. El elevar en demasía las expectativas sobre lo que se puede o no hacer en el Congreso es, desde hace tiempo, una de las explicaciones que tengo para su baja popularidad. Círculo vicioso alentado desde campañas electorales excesivamente localistas y que prometen cumplir con obras concretas que los parlamentarios no están autorizados a hacer o gestionar. Y al no tenerse una idea clara de lo que puede o no hacer un congresista, tenemos a varios ciudadanos rondando las oficinas parlamentarias todos los días. Si a esto le sumamos el efecto pernicioso del voto preferencial, que individualiza el voto hasta hacer creer al futuro (a) padre (madre) de la Patria que tiene propiedad privada sobre su curul, pues encontramos los incentivos para estas prácticas son bastante altos.

La pregunta es, ¿hasta cuando tendremos un Congreso sin reformarse?