
Para quienes vivimos en Lima, se nos hace bastante difícil entender porque se viene produciendo un conflicto social bastante serio en la selva de nuestro país, que, a estas alturas, ha hecho que el gobierno decrete el estado de emergencia en varias provincias de la Amazonía peruana.
Pero la cuestión es un poco más simple de entender, en este caso. Y tiene su respuesta en dos tipos de demandas: derogación de normas que se consideran lesivas a los intereses selváticos y un modelo alternativo de desarrollo para la selva. Perú.21 resumió el domingo cual era el pliego de reclamos de nuestros compatriotas amazónicos, el que ofrecemos a continuación:
Derogatoria inmediata de los D. Leg.1015, 1073, 994, 1020, 1064, 1081 y 1090 porque atentan contra los territorios indígenas.
El archivamiento de los proyectos de ley 840, 1770, 1900, 1992 y 2133, por no haber sido consultados con los nativos.
Modificación del Artículo 89° de la Constitución de modo que se restablezca el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas.
Puesta en marcha de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú, conforme a lo dispuesto en su artículo 42.
Restitución del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) para que se restablezcan las instituciones y los mecanismos de registro, titulación y ampliación de los territorios indígenas.
Creación de un fondo de proyectos sostenibles para los pueblos indígenas.
Restablecimiento del rango ministerial del Indepa.
Respeto al rechazo de los pueblos indígenas a las concesiones hidrocarburíferas, mineras y forestales superpuestas en sus territorios.
Los puntos centrales aqui son los referidos a los Decretos Legislativos expedidos en virtud del TLC con Estados Unidos. Hay dos problemas centrales aquí, uno legal y otro de índole política.
El inconveniente legal tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este tratado, ratificado por el Perú hace varios años, señala en su artículo 17.2 que, en caso el Estado haga modificaciones sobre la capacidad de transmitir la propiedad de los territorios indígenas, éstas deberán ser hechas en consulta con las poblaciones interesadas. Esto no se cumplió en el caso de los Decretos Legislativos 1015 y 1073, que modificaron el tema de la transmisión de propiedad dentro de las comunidades.
Si bien existen voces diversas sobre los efectos que puede tener esta norma en las comunidades - ayer, Rosa María Palacios sostenía que, en realidad, lo que se hacía con estas normas era incorporar al mercado a la población, mientras que para Roberto Bustamante estas medidas lo que hacen es priorizar al gran capital sobre el pequeño productor -, lo cierto es que el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre este tema, dado que la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra estas dos normas, por considerar que, además de violar el convenio 169, el gobierno se habría excedido en sus facultades legislativas. Lo cierto es que, dado como están las cosas en el TC, el pronóstico sobre cual será el resultado de esta demanda es reservado.
Sobre los demás decretos, si bien no hay visos de inconstitucionalidad, ciertamente, pueden existir potenciales afectaciones al medio ambiente. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha resumido estos problemas, los cuales podrían ser vistos en la comisión prometida por el Ministro Antonio Brack, antes de que el diálogo se frustrara.
En cuanto al tema político, el gobierno ha desacertado nuevamente. Se ha dejado, por enésima vez, que el conflicto crezca hasta que llegue a su punto de ebullición y, también por quincuagésima oportunidad, nos percatamos que, salvo su sonsonete de “están manipulando la protesta” o “esto es un complot”, el gobierno no tiene interés alguno en reconocer que parte de sus Decretos sí pueden ser perjudiciales para las poblaciones indígenas. De otro lado, la intransigencia de los líderes de la protesta ha provocado que cualquier posibilidad de salida se vea entrampada hasta el momento. Y ya saben ustedes cual es el repertorio de protestas que estamos viendo, el mismo de siempre: bloqueos de carreteras y tomas de locales.
Jorge Caillaux explica la raíz política del entrampamiento:
Los decretos legislativos fueron vistos como una manera de facilitar la venta de tierras, lo cual acarreó una reacción que se explica en el sustento histórico antiguo que le conceden a la tierra. Sucede que un indígena amazónico sin tierra desaparece.
Cualquier legislación que promueva decisiones más pragmáticas serán vistas por estas comunidades como una amenaza. Al respecto, no se puede afirmar que su respuesta es producto de la manipulación. En mi experiencia en materia ambiental me he encontrado con posiciones coherentes de defensa de la tierra y no solo en el Perú, sino también en todos los pueblos de la Amazonía.
Una negociación con ellos tendrá que ser diferente a la que se produce con las comunidades campesinas. Los amazónicos manejan en principio otros tiempos que no son los de nosotros; pueden esperar cualquier negociación.
En mi opinión el primer decreto legislativo, que luego se corrigió, generó desconfianza y allí puede hablarse de cualquier aprovechamiento.
Y en el medio queda una pregunta: ¿Cuál es la política de desarrollo para la Amazonía peruana? Creo que, hasta ahora, pocos se han puesto a pensar en una respuesta.
MAS SOBRE EL TEMA:
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Santiago Pedraglio: Escuchar a los pueblos nativos amazónicos
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La República: Apra denunciará a congresista Víctor Isla, a quien acusan de azuzar protestas (sobre este parlamentario ver más aquí)
Patricia Teullet: Comunicamos
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