Desde el Tercer Piso

Uno de los personajes más enigmáticos de la década de 1990 es Rafael Merino Bartet. No se sabe mucho de él, salvo que es abogado de profesion, con formación también en ciencias sociales, fue compañero de carpeta de Mario Vargas Llosa en la UNMSM, conoce mucho sobre Sendero Luminoso - de hecho, fue consultado por Gustavo Gorriti para su libro - y, en los años del fujimorato, bien podría ser sindicado como el número 2 del SIN de Montesinos.

Merino era quien se encargaba de dar cubrimiento legal a lo que Montesinos hacía y Fujimori consentía, además de elaborar discursos claves para el gobierno dictatorial de aquellos años.

Ayer el ex hombre de confianza de Montesinos estuvo en el juicio a Fujimori. El mejor resumen de sus declaraciones está en El Comercio. De allí saco algunos extractos, que iré comentando.

Rafael Merino Bartet, ex asesor político del desaparecido Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), aseguró que Vladimiro Montesinos Torres llegó a tener un gran poder durante el gobierno de Alberto Fujimori y fue el jefe real del SIN. “Yo recibía órdenes de él. Se reunía con los jefes de inteligencia de los institutos armados. Todos lo obedecían”, declaró ayer durante su presentación como testigo en el juicio que se le sigue al ex mandatario.

Merino refirió que cuando Montesinos le anunció que iba a nombrar como jefe del SIN al general Julio Salazar Monroe, le dijo a este: “Ese general tiene un cerebro cero kilómetros, no conoce nada de inteligencia“. La respuesta del ‘Doc’ fue: “Es la persona que necesito“. Merino dijo que a comienzos del régimen fujimorista Montesinos fue nombrado sub jefe del SIN y ejerció el cargo un mes. Luego, ejerció el poder sin el título.

Merino confirma un hecho real: Montesinos era quien mandaba en el SIN. Los jefes nominales eran responsables porque eran finalmente quienes firmaban - y por eso es que Julio Salazar Monroe está condenado a 35 años de prisión por los sucesos de La Cantuta - y, claro, necesitaba gente con cerebro con kilometraje en blanco por dos motivos: 1. le debían el puesto a Montesinos y 2. firmarían o acatarían cualquier cosa sin chistar o hacer preguntas. El perfecto títere para los crímenes del Doc.

El testigo reveló que en el SIN, por encargo de Montesinos, tanto él como Pedro Huertas Caballero se encargaban de elaborar normas, disposiciones, discursos y planes de operaciones de inteligencia. Aseguró que redactó varios discursos de Fujimori, los decretos supremos dictados tras el autogolpe del 5 de abril, las órdenes de detención de los opositores al régimen y hasta las cartas que firmó Abimael Guzmán después de su captura y que presentó como suyas.

En mi barrio y en la China esto se llama gobierno paralelo. Y es que eso fue lo que existió durante el fujimorato. Los ministros eran solo responsables por firmar, pero las verdaderas decisiones se tomaban en una estructura paralela de poder. Por eso es que la defensa de Nakazaki basada en pedir documentos que justifiquen matanzas o directivas que santifiquen a Fujimori es, a estas alturas, jurídicamente errada. Y claro, también confirma que lo de las cartas de Guzmán fue un psicosocial para ganar el referéndum de 1993.

En otro momento explicó que cuando Fujimori dispuso el desmantelamiento del SIN, se ordenó incinerar toda la documentación de ese organismo y desaparecer las informaciones de los discos duros de las computadoras. Sin embargo, él consiguió sacar copias en 11 disquet del contenido de su computadora y de la de Huertas Caballero. Aseguró que después entregó copias de ese material al Congreso, así como al fiscal Tomas Gálvez Villegas y al juez Saúl Peña Farfán.

Y esos son los documentos que obran en el Poder Judicial y que confirman muchas cosas sobre la relación entre Fujimori y Montesinos. Documentos que, como señala La República, van “desde resoluciones fiscales hasta resoluciones de la justicia castrense, hasta declaraciones de los jefes de la cúpula militar negándolo todo sobre La Cantuta”.

Vaya, Merino resultó siendo toda una caja de sorpresas. Ahora, que vengan los peritos.

Jose Oriol Anaya Oropeza es un parlamentario de la “facción pro oficialista” de esa entelequia llamada Unión Por el Perú, quien no se destaca precisamente por su producción parlamentaria y, menos aún, por su afán fiscalizador.

Recordemos que pasó con él, exactamente hace un año:

El último domingo, un programa televisivo reveló que Anaya contrató como asistente a Nancy Sandoval Quispe, conviviente de su asesor principal, José Luis Venegas Medina, con quien tiene una hija, y además se dedica a labores domésticas en el horario en el que debería estar en el Congreso.

De acuerdo a la denuncia periodística, Anaya también ha llevado a su despacho al vecino de Venegas en Chimbote, Segundo Silva Miranda, quien comparte domicilio en Lima con Sandoval y Venegas Medina.

Pues bien, si Anaya ha seguido cobrando su sueldo de parlamentario durante estos meses porque, simple y llanamente, sus colegas le perdonaron la vida.  Incluso quisieron hacerlo entrar como accesitario a la Comisión de Fiscalización, cuestión felizmente corregida a tiempo.

Lo que no sabemos es si nuestros parlamentarios podrán disculpar el delito cometido por Anaya y que fuera revelado ayer por Prensa Libre. Informa La República:

Facturas y boletas de venta de negocios cuyos propietarios niegan haber emitido a nombre del legislador José Anaya Oropeza detectó la administración del Congreso en la rendición de cuentas de los gastos operativos que el Poder Legislativo le asigna al parlamentario de UPP que representa a Áncash.

Cada congresista recibe mensualmente 7 mil 500 soles como concepto de gastos operativos y tiene la obligación de justificar hasta el 90 por ciento de lo que ha consumido con dicho dinero.

De acuerdo con la documentación presentada por el legislador José Anaya, el 16 de abril de 2007 consumió 369 soles en la pollería “YorLas”, ubicada en la cuadra 13 de la avenida México, en La Victoria. Sin embargo, la dueña del restorán, Laura Lozano Vargas, sostiene que jamás emitió una boleta con dicha suma porque nunca ha vendido tanta cantidad de platos. Con 369 soles alcanza para pagar 62 porciones de un cuarto de pollo a la brasa. Laura Lozano indicó que lo que más vendía era un menú económico de 5 soles.

Además de “consumir” pollos a la brasa, Anaya puso también como parte de sus facturas falsas un pasaje por vía terrestre a Huaraz - que nunca compró, dado que viajó por otra línea -, consumos “compulsivos” de gasolina de todos los octanajes y hasta solicitó el reintegro de un pasaje aéreo que, en realidad, había sido adquirido por la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano - Europea.  Todo un “experto” en el arte de la defraudación al Estado peruano.

Nuestra Ley Penal Tributaria establece lo siguiente:

Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa

Es decir, Anaya Oropeza debería ir a la cárcel por este delito, al que deberíamos sumar el de falsificación de documentos. Pero para ello debemos pasar por el trámite parlamentario de acusación constitucional - cuya subcomisión respectiva presidiría, ay, Martha Moyano -, que, como sabemos, termina en el pleno.  Y esperemos que los parlamentarios no se recuerden favores en este caso. Recordemos que Anaya votó por la lista oficialista para la Mesa Directiva del Congreso. Y ya se han visto rebajas de sanciones a parlamentarios que le dieron su voto a Velásquez Quesquén.

Por una vez, dejen de ser otorongos.