Una de las personas más cuestionadas del Gabinete es la Ministra de Justicia Rosario Fernández. Desde su nombramiento por parte del gobierno aprista - cuestionado por haber sido la defensora de Ernesto Schutz Landázuri, prófugo en Suiza -, hasta su reciente defensa de la reunión entre Alva Castro y Fujimori, así como el Barbadillo - Gate, en el que resulta incomprensible que un sentenciado - ojo, en doble instancia - tenga un régimen penitenciario que le permita recibir cantantes, adivinas y demás chupes como si estuviera en el Marriot y no en una cárcel, como el delincuente que es.
Hasta allí, estos son cuestionamientos de gestión bastante serios y que, en otro país, habrían merecido que la Ministra vaya al Congreso a dar explicaciones detalladas o, si tuviera algo de sangre en la cara, presentara su carta de renuncia.
Pero hay otro detalle que la Ministra no le ha contado al país.
DTP encontró que el Estado peruano, a través de dos entidades, ha contratado los servicios del Estudio de la Ministra de Justicia, luego de que ella asumiera el cargo. El detalle de las contrataciones efectuadas al Estudio Fernández, Heraud & Sanchez Abogados es el siguiente:
1. Osinergmin contrata servicios de patrocinio judicial para los procesos del subsector hidrocarburos. Éste fue un concurso público en el que el Estudio fue el único postor y ganó la suma de S/. 226,116.10.
2. Centromin, empresa estatal en liquidación, contrata servicios legales para procesos civiles y penales. Aquí estamos hablando de un proceso exonerado de competencia, por el que se ganó la suma de S/. 30,000.00
Si la actual norma sobre Contrataciones y Adquisiciones hubiera estado vigente, la Ministra de Justicia estaría en un serio problema, ya que la misma corrigió un serio defecto de la anterior, al impedir a cualquier persona jurídica en la que un Ministro tuviera una participación mayor al 5% a contratar con el Estado. La Ley anterior solo restringía esto al sector directamente relacionado con el Ministro. Y es que, con la experiencia de estos años, queda bastante claro que el conflicto de intereses tiene un ámbito más amplio que el sector al que el Ministro tiene acceso. Y aunque la Ministra esté de “licencia”, sigue siendo la co-propietaria del Estudio, para decirlo en términos coloquiales.
Porque, de ello se trata, de un serio conflicto de intereses. ¿O no, señora Ministra?
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