La alerta dada no ha sido la primera, aunque si la más grave. En el blog Menos Canas, hace poco más de un mes, se comentó sobre la recurrencia del fenómeno y su relación directa con dos cuestiones bastante claras: su ocurrencia en las zonas más pobres de nuestro país y la falta de previsión de las autoridades - tanto del Ministerio de Salud como de los gobiernos regionales - frente a un comportamiento climático que se viene poniendo cada año peor con el deterioro del medio ambiente.
Y es a este punto al que quería llegar: la falta de planificación. Resulta claramente escandaloso que todos los años suceda exactamente lo mismo: llega el frio y quienes más se perjudican son los que menos tienen, principalmente los niños.
De hecho, ya el año pasado se ha tocado el tema. Dos ejemplos bastan. El primero, un texto de Gerardo Seminario:
Y mientras, sin que el cambio climático sea ninguna novedad, Puno se congela. En la foto que adjunto Milagritos (5 años) “llora de frío”. Es de día y hay menos 10 grados, en la noche llegará a menos 20. Sus padres han ido a la ciudad a pedir ayuda y ella intenta pastar sus animales, espera que el agua se descongele para que beban algo. El presidente, con la misma dicharachería con que entregó el presupuesto a las regiones, ahora anuncia millones de soles para palear la emergencia, como si la realidad hubiera saltado de la nada, como si esto no se repitiera todos los años.
¿Qué hace el Estado? Pues lo de siempre: esperar a que ocurra la emergencia, a que los corresponsales de prensa informen como se mueren niños, ancianos y animales para recién reaccionar y convocar a masivas campañas de donación de ropa y abrigo para colaborar con nuestros compatriotas. Y claro, está muy bien que apoyemos y seamos solidarios con quienes lo necesitan. Sin embargo, todo este discurso de solidaridad presidencial y estatal parece tardío frente a algo que es un mal común del Estado peruano: la falta de previsión, pues todos sabemos que en esta época del año se producen las heladas, cada vez más frecuentes por la forma en como hemos ido maltratando nuestro planeta.
Se que la palabra planificación es difícil de pronunciar para quienes consideran que la libertad de mercado debe llevar a una reducción del Estado a su mínima expresión. Pero si algo nos demuestra la experiencia es que requerimos de un aparato estatal eficiente - el tamaño, a fin de cuentas, es algo que se adecua en cada caso específico -, de un centro de planificación (ya a punto de crearse oficialmente, como se anunciaría el 28 de julio en el Mensaje Presidencial) y, sobre todo, de preocupación por sus ciudadanos.
Pero todo indica que lo último es aquello de lo que más carece este gobierno.
En medio de estas cuestiones que irritan al ciudadano común y corriente, que ve estos pleitos como una perla más de una clase política que no se preocupa por sus problemas, el Congreso de la República elegirá a su nuevo Presidente. Y, como ya se imaginan, la prensa viene colocando su atención en los cubilteos habituales, en los pre – candidatos, en las disputas internas dentro de cada bancada y en lo que se vienen ofreciendo unos a otros para lograr ser quien encabece la lista o no quedarse fuera de la repartición de puestos. Y ya vemos que los ofrecimientos - que llegan incluso a retirar acusaciones constitucionales -pueden terminar grabados en un blackberry.
Sin embargo, una interrogante que debemos plantearnos a conciencia es la real dimensión de esta elección y que es lo que implica para el país.
A mi modo de ver, buena parte de la importancia de la Presidencia del Congreso tiene un carácter meramente simbólico, dado que, en términos reales, la cuota de poder que ostenta no es mucha, dado que nos encontramos ante un órgano que toma decisiones colectivamente. Este cargo implica, básicamente, la conducción del debate y la dirimencia del voto en situaciones de empate. Nada más, tampoco nada menos. La llegada de una agrupación u otra a este puesto es parte del juego político entre gobierno y oposición, un pulseo de fuerzas, antes que otra cosa.
Lo que si nos debería importar es la agenda de trabajo que lleve cada lista. Ese es el verdadero tema de fondo, pues, de lo contrario, nos quedaríamos en la cuestión simbólica antes anotada. Así, los congresistas deberían pensar ¿qué leyes priorizamos? ¿qué temas vamos a fiscalizar en cada comisión en esta legislatura? ¿qué reformas de fondo vamos a apoyar o a plantear? Eso es construir una agenda parlamentaria y no sujetarse en todo a lo que proponga el Poder Ejecutivo.
Así que, más allá de los nombres – Velásquez Quesquén, Yamashiro o García Belaúnde -, lo que el país espera es que el Congreso mejore su producción, su ética y su imagen. ¿Estarán listos para dicho reto? Pues se requerirá de un esfuerzo mayor para ello. Lo ocurrido en estos días, francamente, es para desilucionar a cualquiera.
Ayer, viendo Cuarto Poder, me pregunté si realmente la vida es un carnaval. Porque luego de revisar hasta donde llegan las miserias de algunos de nuestros parlamentarios, francamente, da ganas de embarcarse en un crucero hasta el 2011 y regresar cuando todo esto haya pasado.
Pero vayamos por partes. Comencemos por los protagonistas del duelo de acusaciones más patético que he visto en años:
Bueno, este par de caballeros (ejem, ejem, cof, cof) están enfrentados desde que Espinoza dejó abandonado a Torres Caro en la mini bancada que habían formado, para - luego de coqueteos con el fujimorismo y el aprismo - unirse con la gente de Renovación e integrar un grupo parlamentario más, que haría más complicada la convivencia en el Congreso de lo que ya es.
El pleito comenzó con la acusación constitucional presentada por Torres Caro en contra de Espinoza, porque supuestamente no declaró al Congreso que no había concluido sus estudios universitarios. El asunto tuvo como seguidilla un coprolálico poema de Espinoza en su blog y una golpiza al asesor parlamentario Humberto Landeo, quien trabaja con CTC. Landeo acusó a Espinoza de estar detrás de esta agresión.
Lo peor es lo que siguió a continuación. Reporta Perú.21:
Pero eso no es todo, porque el reportaje también reveló la afición que Espinoza parece tener por grabarlo todo. Este legislador también registró con una cámara oculta al empresario Sergio Cayrús, cuando revelaba que Torres Caro quiso cobrarle 10 mil dólares para contactarlo directamente con el presidente Alan García. Al margen de la gravedad de esta denuncia, estas acusaciones cruzadas revelan el nivel que tienen algunos parlamentarios.
En otras palabras, un congresista que graba a las personas con las que dialoga al mero estilo de Vladimiro Montesinos y otro parlamentario que va a tener que aclarar si es que cobra por hacer lobby o engaña a empresarios con supuestas conexiones con Palacio de Gobierno. (Amen de supuestos descuentos a sus trabajadores para pagarle a su seguridad).
Es francamente vergonzoso que el Congreso de la República venga siendo utilizado para intereses personales. Pues si a estos hechos le sumamos los empleados fantasmas o los asesores ilegales, nos encontramos con varios parlamentarios que no se dedican a su labor principal: legislar y fiscalizar.
Y luego se preguntan porque tienen tan poca aprobación.
Estimado ocraM:
Hay cosas que no se dijeron en el reportaje, por ejemplo, cuando Torres Caro menciona que me olvide del Perú y que sólo nos preocupemos por nosotros. Bueno esa clase de congresistas tenemos, y como lo dije en un anterior artículo de mi blog: ninguno de los congresistas, incluído yo, pensamos en el Perú. Ahora eso de montesinista es un chiste, tuve que grabarlo por que si no lo contaba nadie me iba a creer, ahora la prensa me rogaba por ese video y luego se rasga las vestiduras junto con el sistema por haber grabado la pendejada de Torres Caro de querer chantajearme, espero los comentarios estimado ocraM para seguir respondiendo a las inquietudes de tus internautas. Ah, me olvidaba, el culpable de la grabación, es un telefonito de Black Berry de Movistar -Teléfonica, que me asignó el Congreso, como vez no fue ningún aparato sofistificado tipo montesinesco. En todo caso estoy disponible para la teléfonica para hacer un spot televisivo con la teléfonica, al estilo Tongo.
Y si. añado algo más - no pude con mi genio -: yo si creo que hay gente en el Congreso que si trabaja por el país. Y los hay en todas las bancadas. Se podrá discrepar con ellos muchas veces, pero no dudo que existe un puñado de parlamentarios que si se preocupan por algo más que cobrar su sueldo a fin de mes. Solo este comentario que daña la imagen del parlamento - amen de sus filmaditas a lo Montesinos con blackberry - le debería costar a Espinoza una sanción donde le duele: en su interés de bolsillo (Dionisio Romero dixit).
Por su parte, Torres Caro sigue negando lo de los lobbies, aunque no pudo explicar muy bien porque es que el ¿empresario? Sergio Cayrus pudo entrar como Pedro por su casa. Y también ha dicho que Velásquez Quesquén no intervino para ganar votos en la carrera por la Presidencia del Congreso. Esto último es tan creible como el interés patriótico de Espinoza.
Luego de dos años de cierta cercanía, en las últimas semanas, varios analistas han hecho eco del supuesto rompimiento o distanciamiento entre el APRA y el fujimorismo.
Dicho distanciamiento se habría reflejado en la presentación del Presidente Jorge del Castillo ante el Congreso, en la que les recordó a los fujimoristas su supuesta responsabilidad en el asesinato del líder sindical Pedro Huilca. En respuesta, los partidarios del reo de Barbadillo en el Congreso condicionan su apoyo a la candidatura de Javier Velásquez Quesquén a que Del Castillo deje el premierato y desde el vocero de la mafia se viene hablando abiertamente de una ruptura con el actual gobierno.
Pero para hablar sobre este tema, creo que es primero necesario establecer que tipo de relación tienen el gobierno con el fujimorismo.
Para comenzar, no nos hallamos ante una alianza. La alianza supone un entendimiento programático - por lo menos en el papel - y un vínculo transparente y abierto sobre determinadas acciones de gobierno. Ello fue lo que tuvieron durante cuatro años Perú Posible y el FIM, con los resultados ya por todos conocidos. Así que hablar de la ruptura de una alianza que nunca existió es jugar a la política - ficción.
Entonces, ¿qué tipo de relación ha existido entre el APRA y el fujimorismo? Es una relación bastante compleja, pero caracterizada por dos tipos de explicaciones.
La primera, es la de la mutua conveniencia. De un lado, los apristas necesitaron de los votos fujimoristas para mantener el control del Congreso y la aprobación de determinadas leyes. Del otro lado, se tenía la seguridad de que un acercamiento con el gobierno influiría en el proceso a Alberto Fujimori. Sin embargo, como indica Mirko Lauer, las necesidades de ambas agrupaciones ahora son otras y requieren de un distanciamiento claro entre ambas. Añado yo, la presencia cercana del fujimorismo le ha impedido tener al APRA un juego más abierto en el Congreso y los fujimoristas no han podido convencer a los apristas a que intervengan en el proceso a Fujimori. A lo sumo, lo que han conseguido es que se pongan de perfil, tal como lo revela el reciente libro del ex procurador Omar Chehade así como la ausencia de representantes del gobierno en el entierro de los fallecidos de La Cantuta.
La segunda es la del sentido común conservador. Si algo comparten el APRA y el fujimorismo en la actualidad es una mirada bastante común acerca de lo que requiere el país y de los temas que no son de su interés. El discurso gira alrededor del crecimiento económico y la atracción de las inversiones, así como la satanización de los supuestos enemigos del capital o cuestionadores de la acción de gobierno. En dicha lógica, los problemas sociales, las reformas institucionales y los derechos humanos - en los que ambos partidos tienen algunas cuentas pendientes - aparecen como temas bastante lejanos de sus intereses y agendas. ¿Cómo es que el fujimorismo intentará alejarse de este sentido común compartido? Pues es bien simple: el énfasis en lo social y las ideas de orden y seguridad, dos de los elementos que han procurado convertir en parte de su capital político.
Sin duda, la Presidencia del Congreso va a ser el primer campo en el que se definirá si es que se acaban estas coincidencias - aunque, a decir verdad, tener dicha presidencia parece ser un presente griego - o si es que se mantienen. Por lo demás, la permanencia de un sentido común conservador en el gobierno no producirá mayores cambios en las votaciones parlamentarias ni en la mirada de perfil al proceso de Fujimori.
El problema para el gobierno es que el poco prestigio que le queda y su aceptación popular estarían bastante melladas si es que continuan con una política de ese estilo.
Si, todos, desde quien ve este blog en una cabina pública hasta el señor de la foto, pueden participar de 20 Blogs Peruanos, la elección preparada por Páginas Amarillas y Perúblogs para saber cuáles son las bitácoras de mayor preferencia por parte del público.
Así que si Alan y todos los demás quieren emitir su voto, pueden hacerlo aquí o pueden hacer “click” - como Tula - en el banner que tenemos abajo.
Ya existe una lista preliminar de nominados. Gracias a los dos gatos que han votado por este espacio cuyo único mérito es ser producto de los pensamientos de su autor. Y creo que eso es la esencia de un blog: expresar lo que sentimos, pensamos y somos.
Los resultados los sabremos el 29 de agosto en el Blog Day 2008. Y sí, esta vez estaré por allí.
Esta semana entró en vigencia la controvertida Ley de Justicia Militar Policial, una norma que repite muchos de los defectos de sus predecesoras - los que comentaremos más adelante - y que ha causado gran controversia.
¿Cuáles son los errores de la norma? Varias instituciones los han resumido en los siguientes:
En primer lugar, el hecho que los jueces y fiscales del fuero militar policial sean personal en actividad de las Fuerzas Armadas, lo que les quita independencia a estos magistrados, cuya permanencia en el puesto depende de lo que establezcan sus superiores jerárquicos en grado dentro de los institutos castrenses.
En segundo lugar, las personas a ser nombradas como magistrados pertenecen a un cuerpo jurídico militar policial, que solo pueden integrar abogados que hayan recibido formación castrense, lo que atenta contra el principio de igualdad ante la ley, dado que solo aquellas personas que pertenezcan a los institutos armados cuentan con esta formación.
En tercer lugar, la independencia de estos magistrados es nuevamente contradicha con la disposición de la Ley de Justicia Militar Policial, que señala que los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son directamente nombrados por el Presidente de la República. En el caso de las demás instancias, el Tribunal Supremo nombra a los magistrados. En otras palabras, se deja completamente de lado el sistema de nombramiento de jueces a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, ente que, de acuerdo a la Constitución, debe encargarse de esta tarea.
Además, se establece un Ministerio Público Militar Policial autónomo, lo que no permite la Constitución como si se hace en el caso de la justicia militar.
¿Y quiénes son los perjudicados?
Para comenzar, el país en pleno, que ve como se repiten normas que anteriormente han sido declaradas como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y ojo, que el caso ya se encuentra en el sistema interamericano de derechos humanos.
Otro perjudicado sería el Presidente de la República, quien estaría cumpliendo una norma inconstitucional, con el severo desprestigio que le ocasionaría a su ya maltrecha imagen pública.
Pero, sin duda, los principales perjudicados, serían los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esta norma rige quienes los van a procesar por determinados delitos de función y los deja sin algunas de las garantías básicas para el debido proceso en este tipo de casos. Y resulta curioso - por no decir cínico - que los principales defensores de la norma se aupen bajo las botas militares para defenderla, cuando, en realidad, a quienes se perjudica son a los mismos a quienes supuestamente se defiende.
Dado que el primer deber presidencial es cumplir la Constitución, García no debería nombrar a estos magistrados hasta que se diga la última palabra sobre este tema. Y el Congreso debería modificar, de una vez por todas, esta normativa, para no seguir haciendo papelones nacionales e internacionales. La justicia militar es un campo excepcional, que no debe ser nuevamente manoseado en nombre de un mal entendido espíritu de cuerpo.
No hay mucho que decir. Ya expliqué varias cosas en un post anterior sobre este mismo tema. Solo vean las imágenes captadas por Marco Sifuentes en Piscoy veamos como el gobierno de Alan Garcia entiende la preocupación por los más necesitados.
Y si esto es lo que significa que El Perú Avanza, francamente, estamos como el cangrejo.
Dijeron que habían participado en el atentado de Tarata y que por ello los mataron. Nunca lo demostraron, pues los verdaderos actores de ese acto de barbarie senderista fueron otros.
Decían que era la única forma de combatir a la subversión, que era mejor eliminar antes que interrogar y juzgar. Por ello no dudaron en hacer un golpe de Estado y crear un destacamento dentro del Ejército para cumplir con su verdadera política.
No creían en la dignidad del ser humano. Por eso es que sacaron los restos, los calcinaron, los volvieron a enterrar, los desperdigaron por las afueras de Lima. Y cuando finalmente los encontraron, tuvieron la cobardía de entregarlos en cajas de leche Gloria. Como si la vida humana se pudiera equiparar a una lata de leche evaporada, quizás un símbolo de que pretendían que la verdad se evapore.
No querían que la verdad se conociera. Por ello es que amenazaron a los periodistas que investigaron el caso desde las páginas de Sí y de Caretas. Fue por esa razón que sacaron a los tanques a la calle para atemorizar a una comisión parlamentaria y a un general victorioso en el arte de robar y de matar.
Pretendían que la justicia fuera una palabra vacía y hueca. Así, llevaron el caso a la justicia militar, dieron una sentencia arreglada con los ejecutores para que solo tuvieran que esperar a que saliera la norma que fue la más grave de todas las dictadas en materia de impunidad en América Latina.
Y, en su fuero interno, creían que todo se olvidaría. Que Raida, Gisela y los demás familiares, los de derechos humanos y los ciudadanos que creemos que los derechos fundamentales no son un tema ideológico le echarían tierra a todo ello. Que todo estaba bien atado y nunca más se volvería a tocar el tema.
Y hoy tenemos: Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró sin efectos a la amnistía, otra similar que declara la responsabilidad del Estado en este caso. Dos sentencias a los miembros de Colina y a algunos altos mandos a penas bastante altas por su participación en estos hechos. Un proceso judicial en curso a Montesinos, Hermoza y otros mandos militares. Y el autor intelectual, el que consintió todo, en el banquillo de los acusados.
Mañana podrán enterrarlos, por fin podrán descansar en paz.
En la octava temporada de The Simpsons, uno de los capítulos con mayor recordación se llama Homer vs. The Eighteenth Amendment. La trama es simple y graciosa a la vez: Luego de una fiesta de San Patricio en la que Bart resulta accidentalmente ebrio, se recuerda una añeja ley de hace dos siglos mediante la cual se prohibe el alcohol en Springfield. Llega al pueblo Rex Banner (ver foto arriba, se le conoció como “Eliot Pez” en la versión en castellano) para reemplazar al jefe Gorgory y controlar la prohibición, la cual es vulnerada por Homero, convertido en el “Barón de la Cerveza”. Al final, como se imaginarán, la ley absurda es vulnerada y, oh casualidad, se demuestra que había sido abolida al poco tiempo de su aplicación.
Pues bien, aquí tenemos un jefe de policía con cuerpo de Gorgory que ahora se cree Rex Banner.
En lugar de publicitar lo que puede ser la reforma de la estructura policial, don Octavio Salazar se juega el título del premio anual “Pensar en Grande” con una propuesta de 1920. Informa Andina:
El director general de la Policía Nacional del Perú, Octavio Salazar, opinó que la venta de bebidas alcohólicas al público debería prohibirse desde las 14:00 horas en establecimientos de venta libre, por ejemplo bodegas y supermercados, como una forma de evitar que el consumo de licor en exceso contribuya a generar conductas violentas y delincuenciales.
El titular de la PNP refirió que esta medida evitaría que el alcohol esté al alcance de todos en cualquier momento, y disminuiría la violencia que suele producirse tanto en las calles o en los hogares tras el consumo descontrolado de alcohol.
Igualmente, dijo que deben fijarse horas tope para la venta de licor en discotecas, pubs, salsódromos, entre otros locales de diversión; así como en conciertos, eventos deportivos u otros espectáculos en los que se consume masivamente grandes cantidades de bebidas alcohólicas.
Salazar cita el ejemplo de Bogotá y el plan zanahoria, pero parece haberlo leido mal o incompleto. Lo aplicado por Antanas Mockus y sus sucesores no se trató sólo de limitar las horas de venta de alcohol - y por cierto, no lo hicieron de modo extremo como lo plantea el jefe policial -, sino que esta medida fue acompañada de campañas de cultura ciudadana, para aprender a respetar los derechos de los demás (Ver reportaje de Marco Sifuentes para mayor relleno).
Lo curioso es que tamaña propuesta, que nos hace volver casi a los tiempos de la prohibición en Estados Unidos - y ya saben ustedes lo que trajo -, tiene como seguidor al alcalde de Surquillo Gustavo Sierra. Para quienes no ubican a este señor, fue el que, en plena campaña electoral, causó un apagón en medio Lima por los festejos de su cumpleaños. Es decir, quien era el alcalde jaranero, que cerró media avenida Angamos para su tono, ahora es el aliado de una propuesta que, a todas luces, parece excesiva.
En ninguna parte del mundo las prohibiciones generalizadas o amplias como esta han servido. Por el contrario, incentivan el mercado negro y la criminalización de una conducta social que, en el peor de los casos, merece otro tipo de tratamiento, distinto al que se le quiere dar.
Y pensar que este sujeto está en el bolo para suceder a Alva Castro.
Pues bien, hoy El Comercio logró la versión de ambos políticos y estos fueron sus descargos:
El jefe del Gabinete aseguró que la audiencia con Landa no tuvo que ver con la renuncia de este. “Le digo que no tuvo que ver, pero pregúntelea Landa, quien tiene que confirmar o no la versión. Reconozco que sí estuve en el TC porque no tengo nada que ocultar. Fue una reunión que él pidió, por eso lo visité. Le corresponde a él revelar el tema”, apuntó.
Del Castillo agregó que la reunión solo fue con Landa, quien aún no ha dado explicaciones públicas sobre su renuncia.
Por su parte, Flores dijo que su visita fue netamente profesional: “Al TC voy como litigante, específicamente por dos acciones de amparo, una que corresponde a un asunto de pensiones de un primo hermano mío y la otra a un litigio sobre la nulidad de una transferencia de acciones. Son causas sin ninguna connotación política”.
La lideresa del PPC dio su parecer sobre el cambio en la cabeza del TC: “Creo que surgieron desavenencias internas no por un caso puntual, sino por la aparición de bloques entre magistrados, frente a lo cual la renuncia de Landa allanó el camino”.
Vayamos por partes. El caso de Lourdes Flores parece ser más o menos claro: su actuación como abogada litigante fue la que habría motivado la reunión con Landa. Es práctica común en el TC que los abogados se reunan con los magistrados y también lo es en el Poder Judicial. Ello no implica irregularidad alguna ni mucho menos, sino la intención de conocer el avance del caso a través de la persona que lo va a resolver.
En cuanto a la hipótesis dada por la presidenta del PPC sobre la salida de Landa, la versión parece encajar con la versión dada por José Saldaña, practicante del TC, quien ha señalado la existencia de dos tendencias en el TC, una de las cuales, la minoritaria, es encabezada por el renunciante presidente y habría perdido posiciones en las últimas sentencias importantes dadas por este colegiado. El problema, como alerta bien Saldaña, es que esta situación implicaría la pérdida de impulso de control activo que ha tenido el Tribunal en estos años, elemento que le dio el prestigio que actualmente goza. Y ojo, no solo se viene el caso El Frontón para ser resuelto, sino también los posibles cuestionamientos a los Decretos Legislativos recientemente emitidos por el gobierno.
En cuanto a las explicaciones del Presidente del Consejo de Ministros, las mismas continuan dejando en el limbo el tono de una conversación que pudo ser clave para la toma de una decisión que muchos han visto como abrupta.
Fuentes consultadas por DTP señalan que, en los próximos días, el doctor Landa estaría explicando al país las razones de su renuncia. A estas alturas, reiteramos, es necesario que lo haga. Ya no se trata solo de la preocupación por la posible apristización del TC, sino de la pérdida de impulso fiscalizador de este organismo, lo que podría dejarnos en el desamparo judicial a millones de ciudadanos y, claro, a merced de las “maravillas” legislativas que se perpetran tanto desde la Av. Abancay como en Palacio de Gobierno.
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