El proceso judicial que se sigue a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos entra a una fase decisiva. Están por culminar las declaraciones de los testigos - luego de Jesús Sosa, se presentarán Máximo San Roman, Benedicto Jiménez y Rafael Merino Bartet - y luego comenzarán a desfilar los peritos técnicos y expertos internacionales, para luego pasar a la lectura de documentos y alegatos finales de las partes. Se calcula que en noviembre tendríamos la sentencia de primera instancia en este importante caso.
Antes de señalar como consideramos que va el proceso, es bueno dar cuenta de dos informaciones aparecidas en medios de comunicación durante el día de hoy y que nos hacen preocupar sobre las condiciones de encarcelamiento de Alberto Fujimori.
Cabe indicar que, como toda persona, Fujimori tiene sus derechos humanos garantizados. Y, de hecho, los fujimoristas no pueden acusar ni al gobierno ni al Poder Judicial de un maltrato o recorte en los derechos del sentenciado, más allá de los que la ley permite a un reo condenado por la administración de justicia.
Sin embargo, ello no nos impide señalar dos hechos raros en la celda de Fujimori.
El primero de ellos ya es conocido: la visita de Luis Alva Castro a Fujimori, negada hasta la saciedad por los representantes del partido de gobierno e incluso por los fujimoristas. Hoy Caretas confirma la versión de la visita:
Leonardo Caparrós, presidente del Inpe, dijo a CARETAS que el director del centro de reclusión de Fujimori, coronel Alejandro Castro Ángeles, negó que Alva Castro haya visitado al ex jefe de Estado, pero diversos testigos presenciales sostienen lo contrario. Estas fuentes indican que Alva Castro ingresó a la miniprisión y conversó con Fujimori 15 minutos, aproximadamente. Salazar y su escolta de seguridad aguardaron afuera.
La pregunta es: ¿qué han negociado? Jorge del Castillo, el más duro de los apristas frente al fujimorismo, sigue con un régimen de estabilidad laboral en la PCM que los trabajadores sindicalizados envidiarían. De otro lado, la opción de la amnistía es inviable, considerando tratados y sentencias emitidas por tribunales internacionales y papelones globales que AGP quisiera evitar, en tiempos en que Serbia envía a sus criminales de guerra a Holanda para que el TPI para la ex Yugoslavia los procese. (A menos que su conducta de asociado, como la llama Gustavo Gorriti, sumado a sus temores de estar en la misma ubicación que Fujimori hoy, le lleven a García a mandar al diablo años de evolución del derecho internacional de los derechos humanos). Queda solo la opción de cierta blandura en sus condiciones carcelarias, lo cual parece confirmarse el día de hoy con el suceso extraño número 2.
Perú.21 informa hoy que Fujimori recíbió la visita de dos de los miembros de Los Iracundos en vísperas de su cumpleaños, el pasado domingo 27. Como se supo durante su estancia en Chile, el ex dictador es aficionado a la música de Radio Felicidad o La Inolvidable y claro, en lugar de escuchar la radio, Kenji le llevó al cantante y al guitarrista principal del grupo uruguayo. El diario recrea la escena:
La falta de instrumentos no fue impedimento para que los dos ‘iracundos’ se animaran a cantar, a capela, dos de sus temas del recuerdo para el agasajado. Entonaron Río Verde (…buscar algún lugar donde yo/pueda ser libre así como tú…) y Puerto Montt (…salgamos a correr/busquemos el ayer/que yo te hice feliz…).
Fujimori les agradeció el gesto y, en el devenir de la conversación, les mostró las pinturas que hace en los momentos cuando no recibe visitas, y también les contó que por ahora se dedica a cultivar plantas.
La celebración terminó a las 5 de la tarde, no sin antes cantar el Happy Birthday y esperar a que Fujimori soplara las velas de su torta.
Tanto el jefe del INPE, Leonardo Caparrós, como el vocero fujimorista, Carlos Raffo, han señalado que esta visita está dentro de los límites del régimen carcelario de Fujimori. Mi pregunta es, ¿qué interno en el Perú recibe a un grupo musical de forma exclusiva en su celda para que le canten en vísperas de su cumpleaños? Como diría el propio Chino, no nos crean caídos del palto.
Ahora bien, ¿cómo va el juicio?
Hasta el momento, lo que se encuentra suficientemente probado son los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, ocurridos en 1992, y que, no olvidemos, forman parte de este proceso. Revisando la norma penal vigente en la época en la que ocurrieron los hechos, Fujimori podría tener entre 10 a 20 años de prisión por ambos secuestros.
En lo que respecta a los casos La Cantuta y Barrios Altos, se ha podido demostrar fehacientemente que Colina existió y que fue un destacamento del Ejército. Asimismo, se ha evidenciado su doble dependencia: admnistrativamente dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército - y por ello es que lo conformaban agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército -, pero funcionalmente tenía al SIN y a la Comandancia General del Ejército como quienes indicaban las acciones a ejecutar (literalmente). Y tanto Vladimiro Montesinos como Nicolás Hermoza (y antes, Pedro Villanueva) solo podían rendir cuentas a una sola persona: Alberto Fujimori Fujimori.
Es por ello que la defensa de Fujimori va a jugar a utilizar la carta de los gobiernos anteriores. Y hacia ello iría el testimonio de Jesús Sosa, que se basa en hechos ciertos: el cambio de estrategia contrasubversiva empezó en 1989, durante el gobierno de Alan, y como lo demostró el libro de Uceda, desde tiempos de Fernando Belaúnde operaban destacamentos del Ejército para eliminar personas. Allí operaría la siguiente premisa: si durante los gobiernos de AGPy FBT se mató más gente (y la propia CVR lo dice), ¿por qué condenar a Fujimori? Premisa bastante elaborada y basada sobre algunas verdades, pero que tiene un serio defecto.
Y es que, como lo hemos señalado, Fujimori tenía control directo sobre Colina y ese hecho lo diferencia de los otros gobiernos (la única excepción podría ser el caso de los sucesos de los penales en el primer gobierno de García). Además, se debe tomar en cuenta que no nos encontrábamos ante un régimen democrático que, incluso desde 1990, había formado una camarilla de poder, que concentraba todo hacia la Presidencia de la República y el Servicio de Inteligencia Nacional.
Esto es lo que se ha podido comprobar. El tema es que la Fiscalía se puso una valla bastante alta para la demostración de la culpabilidad de Fujimori, la cual se puede bajar en los alegatos finales o, en todo caso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema puede considerar otro standard de prueba que permita tener la culpabilidad de Fujimori en este caso. Con todo, ya está suficientemente demostrado que Fujimori sabía, avalaba y encubría los crímenes de su escuadrón de la muerte afincado en el Ejército Peruano.
Pero, como vemos, la política puede comenzar a interferir en un proceso que, hasta ahora, viene siendo llevado de modo pulcro. Esperemos que en noviembre sea la justicia la que prevalezca.
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