La noticia más importante del día no se halla en esta parte del mundo, sino en África. El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha presentado una denuncia contra el presidente de Sudan Omar Hassan Ahmad Al Bassir, por delitos de genocidio, crimenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, debido a los sucesos ocurridos en Darfur en los últimos años. La petición del Fiscal Luis Moreno Ocampo ha venido acompañada por el pedido de detención de Al Bassir.
La trascendencia de esta noticia tiene igual relevancia internacional que la extradición de Alberto Fujimori en su momento. Es la primera vez que se solicita a la CPI el procesamiento de un Jefe de Estado en ejercicio por crímenes tan graves como los señalados en la petición fiscal. Otros mandatarios en ejercicio, como Slodoban Milosevich o Charles Taylor, han sido procesados por tribunales ad hoc, tanto para Yugoslavia como para Sierra Leona.
Pero, además, el conflicto en Darfur - aunque poco conocido en nuestro país - es un suceso al que la comunidad internacional ha puesto especial atención. Se calcula que 300,000 personas han muerto a lo largo de 5 años, además de generarse una crisis humanitaria que ha merecido la preocupación de la ONU, organizaciones no gubernamentales y distintos gobiernos.
¿En qué consiste el conflicto? El Mundo de España lo explica de la siguiente manera:
Los rebeldes - agrupados en el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y del Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJE), nota de DTP - acusan a las autoridades de Jartum (capital de Sudán, nota de DTP) de favorecer ecómicamente a las comunidades árabes del norte (islamistas), en detrimento de esta desértica región habitada por numerosas tribus de raza negra (musulmanes), así como de ejercer una fuerte represión sobre ellas condenándolas al subdesarrollo.
Ésta es la razón principal que esgrimieron el SLA y el JEM, cuando en febrero de 2003 decidieron atentar contra intereses gubernamentales, para obligar al Ejecutivo a acabar con su ‘marginación histórica’. Para responder a estos ataques, el Gobierno decidió armar a los Janjaweed (tribus árabes, nota de DTP) y les dio carta blanca para actuar.
Lo cierto es que la situación para el procesamiento del presidente sudanés es bastante compleja. De un lado, las investigaciones realizadas por Moreno Ocampo se dieron en virtud de una cláusula del Estatuto de la Corte Penal Internacional: si el Estado cuyo nacional es investigable no es parte de este tratado, se pueden realizar las investigaciones con una autorización del Consejo de Seguridad. Lo que intentará el gobierno sudanés es que el Consejo anule su decisión de investigación, para que la misma quede trunca, dado que Sudán no es parte de la CPI. Allí es donde esperan contar con el apoyo de China, quien es su principal proveedor de armas, desobedeciendo una moratoria de venta decretada por la ONU. Ello pone en difícil situación a esta potencia mundial, a pocas semanas de los Juegos Olímpicos y luego de severos cuestionamientos a su política en materia de derechos humanos. Mientas que el resto de la comunidad internacional, por el momento, no toma una postura clara y está bastante preocupada en la seguridad de la misión de la ONU presente en el país.
¿Por qué nos debería importar la CPI? No solo se debe a la trascendencia de un organismo que debe procesar a personas que cometen crímenes tan abominables, sino porque en algunos medios ha comenzado un debate sobre la posible postulación del ex Canciller y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García - Sayán a ocupar una plaza como juez de la CPI en el 2009.
La postulación de García - Sayán estaría siendo impulsada directamente por el canciller José Antonio García Belaúnde. Y claro, los enemigos mediáticos de DGS, ubicados en los diarios Expreso y Correo, han comenzado una campaña para que Torre Tagle - y sobre todo, Palacio de Gobierno - veten la postulación del ex Ministro de Justicia. Y han tenido como aliados en esta causa al Primer Vicepresidente Luis Giampietri Rojas y al parlamentario fujimorista Rolando Souza. Los argumentos son los de siempre: es de ultraizquierda, va a una corte cooptada por caviares y las ong’s y, para asustar a García - que tiene aun cuentas pendientes en materia de derechos humanos -, han llegado a señalar que en la CPI se le podría procesar.
En un acertado artículo, Mirko Lauer ha respondido a varias de las falacias emitidas por los voceros del conservadurismo más ramplon. Algunas de estas respuestas las reproduzco a continuación:
El temor del fujimontesinismo ante la CPI es porque creen que un nuevo foro de acusaciones penales podría empeorar la situación de los ya presos o comprometer la de quienes andan libres, e incluso gobernando un poco. Un temor adicional es que ingrese a la CPI un abogado anticorrupción tan decidido como García Sayán.
Pero los fujimontesinistas tienen poco que temer de este lado. La CPI no actúa ante cualquier violación de derechos humanos, sino ante atrocidades particularmente graves. Además sólo tiene competencia por hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de su estatuto, que fue el primero de julio del 2002. (esto también excluye a Alan García, nota de DTP) (…)
El fujimontesinismo plantea que la CPI es algo así como un asunto de las ONG. Pero la verdad es que 106 países del sistema de las Naciones Unidas ya pertenecen a ella, y solo hay siete países omisos. EEUU no ha firmado, como tampoco ha firmado el protocolo de Kyoto sobre medio ambiente, para no atarle las manos a su ejército.
La CPI tiene sus antecedentes en el Tribunal de Nuremberg que juzgó a los criminales nazis o, en los años 90, en los establecidos para juzgar los casos de Rwanda o la ex Yugoslavia. Fue creada en Roma en 1998 por los Estados (y no por las ONG) cuando se aprobó el llamado Estatuto de Roma por votación abrumadora de los países del planeta.
DGS tiene todas las calidades profesionales y personales para servir en esta tarea. Haría mal el gobierno dejarse llevar por sus cantos de sirena autoritarios de sus aliados políticos y mediáticos para que el país pierda la oportunidad de tener un magistrado competente en una instancia que, como vemos, va cobrando una importancia mayor en el mundo de hoy y se converte en una alerta para quienes, desde el poder, vulneran los derechos de sus ciudadanos.
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