Un aspecto de la transición democrática que nunca se terminó de completar fue la reforma militar. Recuerdo que Augusto Álvarez Rodrich decía, allá por el 2001, que había que acelerar lo que se pudiera en los gobiernos de transición, pues aquellos que vendrían después serían los de “transacción”.
Algo se avanzó en tres gestiones ministeriales clave: la de Aurelio Loret de Mola, la de Roberto Chiabra y la reciente de Allan Wagner. En la primera, se dio la Ley del Ministerio de Defensa y se comenzó a implementar parte de lo establecido por la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas. En la segunda, se recibió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y se elaboró el mayor mecanismo de transparencia del sector: el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas. En la tercera, se avanzó con la reforma del Ministerio de Defensa y su fortalecimiento.
Sin embargo, a pesar de lo avanzado en estas tres gestiones, se ha recuperado cierto sentido común compartido por civiles y algunos militares - sobre todo, los que están en retiro - que siguen pensando que los temas de seguridad y defensa son patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas y que, por tanto, a ellas debe rendirseles una serie de prerrogativas que exceden los límites de su función.
El ejemplo más clásico era la necesidad de una libreta militar. Recientemente el Congreso aprobó una norma que eliminaba dicha libreta para quienes no presten servicio militar voluntario, lo que hará que ya no sea obligatoria como requisito para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Sin embargo, el cambio no ha sido completo, pues aún los jóvenes de 17 años tendrán que ir a los institutos armados a registrarse. Las posibles consecuencias las comenta Álvarez Rodrich:
Es decir, ya no debes sacar la libreta militar pero no te salvas de ir a registrarte. Con la creatividad e ingenio que siempre caracteriza a la voracidad burocrática, más temprano que tarde nos iremos enterando de algunos cobros que irán reapareciendo mientras los muchachos hacen la cola para este registro que es absurdo porque duplica el trámite que ya se hace para obtener el DNI.
Si ya se tiene un Registro Nacional de Identidad, pues lo lógico es que sea el RENIEC quien proporcione esta información a las Fuerzas Armadas y quienes vayan a hacer los exámenes físicos y médicos de rigor sean, únicamente, aquellos que van a cumplir con el servicio militar voluntario. Como aún el Poder Ejecutivo no ha promulgado la norma, este debería ser un aspecto a ser observado y contemplado por el Congreso.
Sin embargo, no dudo que las presiones castrenses estén a la orden del dia, dado que el Comandante General del Ejército mantiene una relación bastante estrecha con el Presidente de la República y el Primer Vicepresidente parece el jefe del sindicato de los militares que protestan cada vez que se les quiere poner bajo las reglas del Estado de Derecho.
No es el único aspecto en el que sigue residiendo una disputa de este tipo. El tema de la justicia militar ha llegado al sistema interamericano de derechos humanos, luego de varias sentencias del Tribunal Constitucional que han sido incumplidas por el Congreso. Los congresistas, alentados por el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, han malentendido que las reformas planteadas en torno a que los jueces militares no sean oficiales en actividad y que su nombramiento debe ser hecho por el Consejo Nacional de la Magistratura - o la entidad que lo reemplace - significan la desaparición de este fuero excepcional. Esta cuestión no ha sido planteada.
Otro tema del que ya hemos tratado anteriormente es la educación militar, no solo entendida como el currículo oficial - que por cierto, también debería ser visto por el Ministerio de Educación, ente que no tiene vela en un entierro que debería tenerlo -, sino también como un currículo oculto que hace que se vean como tolerables las violaciones de los derechos humanos o que se siga viendo a las Fuerzas Armadas como “entes tutelares de la Nación”, cuando somos mayores de edad que no requerimos de ninguna tutela.
Finalmente, la falta de transparencia en el sector Defensa es otro aspecto a reformar. El escándalo de la gasolina que involucra al actual Comandante General del Ejército es solo una muestra de como se maneja con una cultura del secreto los gastos que se hacen en las Fuerzas Armadas.
Pero para que ello cambie, no solo es necesario que los militares tengan claro cual es su rol, así como su sujección a la autoridad civil y democrática. También lo es que nuestros políticos civiles se lo crean y comiencen a actuar en consecuencia. Pues a algunos solo les falta cuadrarse, ponerse el uniforme y hacer el saludo castrense.
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