Los trabajos de exhumación realizados en Putis no solo nos han confirmado que la estimación de la cifra de muertos y desaparecidos emitida por la CVR era correcta - y hasta podría quedarse corta - sino que también ha evidenciado las dificultades que tienen las autoridades civiles y castrenses en aceptar responsabilidades.
Quizás el mejor ejemplo de ello sea el general Edwin Donayre, Comandante General del Ejército, quien cuando salió este caso a la luz se despachó con las siguientes declaraciones:
“Los excesos y violaciones de Derechos Humanos deben tratarse en el momento y la coyuntura en que se dieron. ¡Qué fácil es hablar ahora después de 20 años!”
Digamos, la actitud de Donayre no me sorprendía. Se trataba del mismo general que censuró la exposicion de Piero Quijano por un dibujo que aludía justamente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, el que se ha convertido en productor de una película de ficción sobre el conflicto armado interno con la visión castrense por delante y el que quiso condecorar a La Razón, el medio de comunicación que más brega por la impunidad en nuestro país.
Claro, no sorprenderse no implica dejar de indignarse y así lo entendió Augusto Alvarez Rodrich en su editorial del martes:
Lo insólito es que el Ministerio de Defensa no esté cooperando como debiera con la investigación de esta masacre. Y peor aún es que el comandante general del Ejército, el general Edwin Donayre, sostenga que “ahora es fácil hablar de lo sucedido hace más de veinte años y se opine sin tomar el contexto de entonces”.
En una democracia que se respete, sus autoridades elegidas ya lo habrían mandado a su casa. ¿O es que el gobierno aprista coincide con este general en que hay ciertos ‘contextos generales’ que justifican una matanza como esta?
Efectivamente, en una democracia que se respete, Donayre ya no sería Comandante General. Pero tampoco Antero Flores - Araoz sería Ministro de Defensa. Según me refiere un amigo periodista, el ex líder del PPC se incomodó con las preguntas que le hicieron sobre el caso Putis mientras se encontraba en Tumbes y, hasta el día de hoy, no ha dado respuestas satisfactorias sobre la falta de entrega de información.
Pero quien ha respondido es el general Donayre a través de una carta que publica hoy Perú.21:
Señor director de Perú.21, Augusto Álvarez Rodrich, le manifiesto, en primer término, que el Ejército comparte con usted y con el pueblo peruano la consternación e indignación por los lamentables sucesos acaecidos en Putis; y tengo el pleno convencimiento que nada justifica la matanza de campesinos ni siquiera de uno solo, al igual que jamás se justificará el asesinato de un soldado, policía o ciudadano en cualquier lugar del Perú.
Deseo precisar a usted que el contexto que evoqué en las declaraciones vertidas por mi persona se refieren a la dura y caótica realidad que se vivía en todo el país en ese entonces. Putis era una más de cientos de localidades que vivían el drama del conflicto y violencia social, caracterizado por los asesinatos selectivos, genocidios, atentados contra la propiedad pública y privada, apagones, coches bomba, entre otros; en síntesis, desesperanza total.
Miles de peruanos -al margen de sus ideologías- encontraron la muerte en una guerra fratricida sin precedentes en nuestra historia, realidad conocida por todos los peruanos que vivimos y participamos activamente en la recuperación de la pacificación nacional, el fortalecimiento del orden democrático y de la libertad, que estuvieron a punto de ser destruidos por las organizaciones terroristas.
Es en ese contexto que mis expresiones no buscan ni se orientan a justificar actos que claramente atentan contra los derechos fundamentales de la persona humana; actos que vienen siendo investigados por los órganos jurisdiccionales competentes y que en su momento determinará a los responsables del caso; hechos que, en particular, no convergen con mis convicciones cristianas, patrióticas y humanas.
Hoy, se opina con gran amplitud, acerca de un hecho aciago y lamentable, y se sensibiliza a la población, que con comprensible lógica, puede adoptar una actitud negativa contra la institución supuestamente involucrada. No se habla de contextos ni realidades ni de responsabilidades personales, solo se menciona el drama y el dolor, sentimientos que, le aseguro, todos los miembros del Ejército Peruano compartimos.
Sería justo para las instituciones armadas, que en su momento enfrentaron y continúan afrontando dicha problemática, que no se las califique ni sentencie por eventos que no responden al verdadero sentido de entrega, desprendimiento y sacrificio que miles de soldados aprobaron en defensa de la democracia y libertad, por la paz y tranquilidad que hoy todos vivimos.
Por último, quiero reiterarle que mi intención no es de impunidad, se orienta al trato justo y digno a la institución y a sus integrantes. Además, manifestarle a usted que mi condición de soldado peruano, oriundo de las entrañas de nuestra serranía, me permite asegurarle que la institución que me honro en comandar continuará otorgando, aún ante las incomprensiones y contrariedades, su esfuerzo por la paz, la seguridad, la defensa nacional y verdadera reconciliación, en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos, leyes y orden democrático.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a usted mi deseo de éxitos en su dirección y testimoniarle los sentimientos de mi consideración y estima.
Reconocer que hubieron violaciones de los derechos humanos en Putis por parte del Comandante General del Ejército es un gran paso. Y también lo es el hecho de decir que no son justificables desde ningún punto de vista. Digamos, le ataja el paso a todos aquellos que - ojo, en su mayoría civiles - siguen justificando estos hechos desde la lógica de “haber derrotado a Sendero Luminoso” o que “en toda guerra hay costos”. Quitarle el piso a los negacionistas del horror no ha sido un paso pequeño, sin duda alguna.
Sin embargo, la carta de Donayre adolece de un error: seguir pensando que las Fuerzas Armadas no deben ser criticadas. Lo cierto es que, procurando entender el drama de combatir a un enemigo silencioso y con pocas facilidades logísticas, si bien hay responsabilidades individuales que aclarar - y de ello, Donayre no dice nada sobre las acciones que emprenderá su comando para, de una vez por todas, entregar todos aquellos documentos que permitan separar a héroes de asesinos - los institutos armados sí tienen una responsabilidad institucional, sobre todo, tomando en cuenta que, en algunos lugares y momentos, sucesos como los de Putis no fueron simples excesos, sino que respondieron a una lógica.
Y quizás por ello sea necesaria una segunda carta, cuyo contenido Carlos Basombrío ha indicado con puntos y comas:
Compatriotas:
El Ejército del Perú -forjado en el ejemplo de honor, valor y sacrificio de Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres y Leoncio Prado- debió enfrentar, en las décadas finales del siglo XX, la más fanática, brutal y cobarde insurrección que país alguno en este hemisferio haya sufrido. El Ejército se enorgullece de haber contribuido de manera muy importante, junto con otras instituciones del Estado y con miles de civiles, a la derrota del flagelo, mal llamado Sendero Luminoso.
En esos años sufrimos una presión inmensa. Vimos morir a cientos de nuestros compañeros de armas en ataques cobardes por enemigos que no daban la cara. Por eso demandamos que el Perú reconozca ese sacrificio y, a la vez, se comprenda que en un contexto así puedan haber habido situaciones en las que se diesen excesos lamentables y punibles.
Pero lo que ocurrió en Putis escapa totalmente a esas situaciones. No puede llamarse un exceso. Es un hecho injustificable que nos avergüenza como soldados. Putis, pobrísima comunidad campesina de Ayacucho, venía siendo martirizada por Sendero Luminoso desde 1983 y, por ello, en noviembre de 1984 se instaló una base militar. Los comuneros se sintieron protegidos y regresaron. Poco tiempo después, sin embargo, les pidieron que cavaran una fosa para construir una piscigranja. En verdad, los hicieron cavar sus propias tumbas. Ya se ha exhumado 60 cuerpos y se estima que cuando menos 123 personas, incluyendo 19 niños, fueron asesinadas allí por miembros de nuestra institución.
El Ejército, en resguardo de la memoria y del buen nombre de tantos de sus miembros, que dieron su vida con valor y generosidad enfrentando al terrorismo, abomina -públicamente y sin ambigüedades- de quienes cometieron esas atrocidades contra compatriotas humildes e indefensos y los considera totalmente ajenos a sus valores y convicciones. Se compromete a apoyar a las autoridades judiciales en todo lo que les sea requerido y pide sanción ejemplar para los culpables.
Firmado
Comandante General del Ejército.
Si tanto queremos alcanzar a Chile, tal vez el general Donayre deba verse en el espejo del General Juan Emilio Cheyre, quien pidió perdón por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Es decir, no solo Putis, sino todos los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales que el país ha venido conociendo durante estos años. Ello no le quitará hombría a los generales ni hará que las Fuerzas Armadas sean melladas en su honor. Por el contrario, se habrán ganado nuestro respeto.
Y tal vez allí comience un nuevo tiempo en el país, en el que empecemos a reconocernos como ciudadanos con derechos iguales para todos.
MAS SOBRE EL TEMA:
Asociación Paz y Esperanza: Justicia para Putis
Francisco Eguiguren: Falta de compromiso con los DD.HH.
El blog de Cayo: La derecha y los derechos
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