Un debate pendiente a partir de los sucesos de Moquegua está vinculado a que hacer frente a cuestiones como la toma de carreteras o de personas, que constituyen delitos establecidos en el Código Penal.
En este blog ya hubo una discusión a partir de un punto del post Lecciones de Moquegua:
4. Apliquemos la ley y sancionemos a quienes bloquean carreteras y secuestran personas
La mayor parte de reclamos sociales en el país son justificados. Vivimos en una sociedad injusta, poco incluyente y que crece económicamente en un país donde los servicios básicos aun no son cubiertos en su totalidad.
Pero ello no lleva a justificar lo que son delitos como los ocurridos en Moquegua esta semana. El bloqueo de carreteras está penado hasta con 8 años de prisión y la privación de la libertad otro tanto, por lo que no sancionar a los responsables de estas violaciones de la ley y de derechos fundamentales básicos, como son la libertad de tránsito y la libertad personal. Se comete un delito, se sanciona. Punto. Aquí no hay justificación sobre la base de lo que puede ser un reclamo social justo. Cuando la protesta social se desborda de los cauces legales, comienza a deslegitimarse.
Si, ya se que algunos me dirán: “pero si no se toman medidas extremas nadie los escucha”. Perdónenme, pero eso no justifica violar la ley, ni tampoco lo hacen las bravatas lamentables de Del Castillo. Y claro, poner orden y autoridad no implica meter bala, como Aldo Mariátegui y Uri Ben Schmuel reclaman en editoriales recientes.
A partir de este punto, se me puso como argumentos los bloqueos de carreteras en Francia cuando hay huelgas de productores, la necesidad de hacer escuchar la voz de los protestantes - cosa que, según los defensores de esta tesis, es algo válido en un país centralista como éste - o que me había convertido en un promotor de la represión de la protesta social.
Vayamos por partes. Creo yo que la protesta social en nuestro país tiene muchas justificaciones, que se resumen en una situación ya conocida de crecimiento con exclusión y la desigualdad entre diversas zonas de nuestra patria. Pero ello no lleva a justificar, en nombre de que te escuchen, a vulnerar los derechos de los demás. Parecemos olvidar que el derecho a la libertad de tránsito está garantizado por la Constitución y que nadie debería violentarlo.
Sin embargo, ello no implica dar una carta blanca a la represión. Y es allí donde el gobierno y sus aliados mediáticos meten la pata cuando alientan que se use la fuerza o se meta bala cada vez que haya una protesta social. Esta solo puede ser utilizada en situaciones extremas. Y de hecho, debe usarse con inteligencia.
Carlos Basombrio resume muy bien este debate ideológico:
¿Cómo se debe actuar en situaciones como la de Moquegua? Partamos del principio de que todo gobierno democrático tiene el derecho legítimo de restaurar el orden público; en particular, la obligación de garantizar el libre tránsito, más todavía cuando ello está ocasionando un daño enorme a otra gente. Eso no debiera estar en discusión, pero hay sectores radicales que consideran que eso es, en cualquier circunstancia, “reprimir al pueblo”. No comparto para nada ese punto de vista. Tampoco, por supuesto, el de los extremistas del otro lado que reclaman que las carreteras se abran de inmediato, “cueste lo que cueste”. ¿Qué habría pasado con García si hubiera hecho caso a los termocéfalos que lo adulan y hoy tuviésemos 50 muertos en el puente Montalvo?
Una muestra de este debate - con matices - fue la entrevista de Cecilia Valenzuela a Carlos Tapia en La Ventana Indiscreta, y en la que la conductora refleja la segunda postura a la que Basombrío aludio en su columna del domingo:
En realidad, la solución está más equidistante de los extremos de algunos de los comentaristas de este blog y de las ideas de Chichi. Rosa María Palacios plantea que no se negocie mientras se mantenga el bloqueo de carreteras y que la Policía no reprima salvo cuando exista peligro inminente de pérdida de vidas. Martín Tanaka coincide con este punto de vista, pero añade:
Sin embargo, tengo también algunas dudas. Para que una posición como esta tenga éxito, el supuesto es que los actores sociales tienen una racionalidad mínima, en el sentido de que desarrollan estrategias que responden a incentivos, premios y castigos. Esta manera de ver las cosas sí podría funcionar con gremios más consolidados, con dirigentes más experimentados y representativos, como los de la CGTP o el Sutep, por ejemplo. Sin embargo, en Moquegua vimos a una población profundamente convencida tanto de la legitimidad de sus demandas como de los medios que utilizaron para defenderlas. Allí se expresó una frustración profunda y una gran distancia frente al Estado, que comparten amplias regiones del país. En este caso, imponer el orden puede tener consecuencias catastróficas sobre la legitimidad del Gobierno y del régimen político. Desde este punto de vista, el resultado final no ha sido tan malo como pudo haber sido.
Con lo que, como resultado final, podríamos concluir que debe haber sanción a los delitos cometidos en la protesta, pero la aplicación de la represión policial, como primer paso para la misma, debe ser aplicada con inteligencia, cosa contraria a la que el gobierno hizo en este caso. También tenemos claro que la identificación de los líderes de la protesta no es importante por la estigmatización a la que el gobierno los somete, sino para saber con quien se negocia y para definir responsabilidades en el éxito o fracaso de dicha solución pacífica.
De no hacerlo, seguiremos en el mismo círculo vicioso.
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