Desde el Tercer Piso

Al señor de la izquierda, José Guillermo del Solar, lo están buscando para que de explicaciones sobre su desastrosa campaña y para que diga a que jugadores les dijo palabras de grueso calibre.

Pero al de la derecha, lo pueden buscar por algo más oscuro.

Juvenal Silva, ex Presidente de  la Comisión Sudáfrica 2006 y Congresista de la República por el Partido Nacionalista, parece estar metido en el lío más serio de su larga carrera como dirigente deportivo.

La versión web de El Comercio acaba de sacar dos contratos de asesoría de prensa firmados por Silva por montos aparentemente inexplicables. Las empresas involucradas son PR Perú SAC y Doce Producciones EIRL.

¿Dónde están las irregularidades? En el caso de PR Perú, la Comisión Sudáfrica 2010 pagó US$ 7,500.00, más 500 dólares más por gastos de representación, para que diera asesoría de imagen y relaciones públicas. El contrato duró un mes, pero tuvo vigencia cuando ocurrió el primer incidente de este proceso: la salida nocturna de Julio César Uribe luego de perder con Japón por 2 - 0.  Peor aún, dado que se rescindió luego de un mes, se habría pagado a la empresa una penalidad de dos mensualidades, con lo que, en total, PR Perú se llevó US$ 23,000.00

Llama la atención que el contrato diga que la empresa en cuestión debía “proteger a todos los integrantes del plantel de jugadores, sobre todo a los que vienen del extranjero, para lograr una buena convivencia con la prensa nacional y así evitar absurdos enfrentamientos”. Digamos, entre eso y las mermeladas de Garrido Lecca con La Razón no hay mucho trecho de diferencia: te pago para que me levantes la imagen y que no toquen a las vacas sagradas que vienen de afuera.

El Comercio se hace las siguientes preguntas:

¿es necesario que una empresa externa a la FPF y a la Comisión se encargue de ‘proteger’ a nuestros seleccionados?, ¿Acaso esto no debe ser responsabilidad de cada uno de los miembros de la Comisión? Una más: ¿Cuál era la verdadera finalidad por la que se realizaba el ‘monitoreo’ de medios? Si el monto a pagar es, a todas luces, alto, ¿por qué aceptan pagar 500 dólares en gastos de representación?

Por cierto, Desde el Tercer Piso averiguó que PR Perú ha ganado S/. 40,000.00 en convenios de asesoría de imagen con el Gobierno Regional del Callao, durante los dos últimos años, es decir, en la gestión del controvertido Alex Kouri. Como para mirar con lupa a esta empresa.

Pero no es el único contrato controvertido. El caso de Doce Producciones tiene como protagonista a Gerardo Sosaya, ex director del diario deportivo Líbero, quien es ahora el Gerente de Selecciones. El contrato tiene casi las mismas claúsulas que el suscrito con PR Perú. Resulta rara esta contratación a una persona que se ha dedicado durante 13 años al periodismo deportivo.

El Comercio explica otro suceso raro:

En este punto vale recordar que mientras fue director de Líbero, Sosaya aclaró su vinculación con la Comisión Sudáfrica 2010 a través de un editorial en el que anunciaba que, para evitar que se asuma un conflicto de intereses, había dejado de trabajar apoyando en el área de imagen de la Comisión Sudáfrica 2010. Fue él quien reveló lo que todos los periodistas comentaban: que trabajaba para la Comisión. “Él estaba apoyándonos como imagen en su momento, y luego prefirió quedarse con nosotros en la Comisión“, nos dijo Silva. “¿Por qué lo contratamos a él? Porque tenía mucho conocimiento organizando partidos y tenía un gran acercamiento con varios de los jugadores“, refirió el titular de Cienciano.

Pero el conflicto de intereses continúa, ya que Sosaya es el actual director de la web de Ovación, dedicada al mundo del fútbol, donde también mantiene una columna.

En resumen: dos contratos de levantamiento de imagen, una empresa cuestionada, pagos bastante elevados, un periodista deportivo que es gerente de selecciones y un congresista metido en un lio bastante gordo.

Creo que ahora se explica porque el fútbol peruano anda como anda.

Hace más de un año, la Pontificia Universidad Católica del Perú entabló una demanda de amparo contra el representante del Arzobispado en la Junta Administradora de los bienes de José de la Riva Agüero, al considerar que algunos pedidos de esta persona - Walter Muñoz Cho - afectaban la violación de la autonomía universitaria y del derecho de propiedad.

Para recordarles el caso, la PUCP fue la heredera del conocido intelectual peruano, a través de una serie de testamentos sucesivos, que establecieron dos condiciones: la existencia de una Junta Administradora de los bienes y mandas que, en lo que respecta a la administración de propiedades, cesaría en sus funciones si es que la Universidad existía transcurridos 20 años desde su fallecimiento. Ello ocurrió en 1964. Sin embargo, en la práctica, la Universidad daba informes a la Junta hasta 1994, cuando la situación finalmente se regularizó en términos reales.

Independientemente de la demanda de amparo - que actualmente se encuentra en segunda instancia -, el día de ayer, la PUCP ha hecho conocer a la Comunidad Universitaria lo siguiente:

Se informa a la comunidad universitaria que el Rector, en su calidad de miembro de la Junta Administradora de los bienes de don José de la Riva Agüero y Osma, ha interpuesto una demanda dirigida contra el otro miembro de la misma Junta designado por el señor Arzobispo de Lima, con la finalidad de que los Tribunales Ordinarios de la República den oficialmente la interpretación de los documentos testamentarios en el sentido que la Pontificia Universidad Católica del Perú es heredera universal y consecuentemente propietaria de los bienes de la herencia, sin intervención de terceros.

Este proceso judicial es distinto de la acción de amparo, interpuesta en resguardo de los derechos constitucionales a la propiedad y a la autonomía universitaria en curso desde el año pasado, e independiente de ella. Su tramitación transcurrirá íntegramente a través del Poder Judicial y mantendremos a la comunidad universitaria informada sobre su desarrollo.

El Rectorado

¿Qué implica esto? Que se va a discutir, ante un juez civil, el tema de fondo, es decir, los testamentos de Riva Agûero. 

Sobre los mismos, los cuales pude revisar el año pasado, tengo la siguiente opinión: la universidad es la única propietaria de los bienes, de acuerdo con dichas claúsulas y, además, no se pone ninguna condición ideológica sobre el carácter de la Universidad, tema sobre el que muchos tememos que pueda cambiar bajo una mayor influencia del Cardenal. La Junta Administradora solo se encarga de cumplir las demás cláusulas del testamento, referidas a donaciones concretas, a celebrar misas por el alma del testamentario y a preservar los lugares de entierro del intelectual peruano y de sus familiares.

Como vemos, hay mucho en juego, pero creo que la razón asiste a mi querida PUCP.

Ojalá su luz siga brillando en las tinieblas.